nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

C.A. de Santiago Santiago, cinco de noviembre de dos mil veinticuatro.

Al escrito folio 20: a lo principal y primer otrosí, téngase presente. Al segundo otrosí, a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente, Primero: Que, comparece nombre reservado, ciudadano de nacionalidad colombiana, quien deduce recurso de protección en su favor y en contra del Departamento de Migración y Policía Internacional y el Servicio Nacional de Migraciones, por la Resolución Exenta N° 332715, de fecha 17 de octubre de 2018, notificada el día 11 de julio de 2024, mediante la cual se decretó su expulsión del territorio nacional, acto que considera ilegal y arbitrario, el que vulnera sus derechos fundamentales de igualdad ante la ley y libertad personal, consagrados en el artículo 19 números 2 y 7 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto la orden de expulsión.

Fundando su recurso, expone que desde el año 2018, vive en Chile junto a su familia, compuesta por su esposa y sus dos hijos chilenos, manteniéndose económicamente gracias a un negocio propio de barbería, la cual cuenta con Rut en el servicio de impuestos internos y mantiene al día sus cotizaciones previsionales, sin embargo, el pasado 11 de julio fue notificado por la Policía de Investigaciones, de una orden de expulsión decretada en el año 2018.

Hacer presente que desde que llegó a Chile fue condenado, sin embargo, en la actualidad todas sus condenas han sido cumplidas a cabalidad, por lo que no cuenta con problemas legales en Chile.

Segundo: Que, informando al tenor del recurso, el Servicio Nacional de Migraciones solicita su rechazo, por improcedente ante la inexistencia de acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, perturbe o vulnere las garantías constitucionales alegadas.

Expone que, don nombre reservado ingresó al territorio nacional por la Carretera Chacalluta, paso fronterizo habilitado, con fecha 18 de julio de 2015, en calidad de turista.

Mediante Resolución Exenta N°630 de fecha 14 de febrero de 2017 se le cursó una multa por haber residido en forma irregular en el país, otorgándole el plazo de 10 días para hacer abandono del mismo o regularizar su situación migratoria. La multa fue debidamente pagada.

Con fecha 23 de febrero de 2017, el recurrente solicito ante la Gobernación Provincial de El Loa visa temporaria, la cual fue otorgada mediante Resolución Exenta N°3341 de fecha 26 de abril de 2017 por el periodo de un año desde el 15 de mayo de 2017 al 15 de mayo de 2018 en calidad de titular.

Posteriormente, con fecha 23 de febrero de 2018, el recurrente solicitó la permanencia definitiva ante la Gobernación Provincial de El Loa, la cual fue otorgada mediante Resolución Exenta N°332715 de fecha 17 de octubre de 2018.

Sin embargo, mediante Oficio Ordinario Nº771 de fecha 29 de noviembre de 2018, el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Antofagasta informó a la autoridad migratoria que el amparado fue detenido por el delito de tráfico de drogas, siendo condenado por sentencia definitiva de fecha 30 de julio de 2019, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, en causa RUC N°1801128529-1, RIT N°197-2019, a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, al pago de una multa de 20 unidades tributarias mensuales, y a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena, como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, por lo que mediante Oficio Ordinario Nº12.974 de fecha 26 de mayo de 2020 fue citado por el Departamento de Extranjería y Migraciones, a fin de informar al extranjero que se había iniciado el procedimiento sancionatorio en su contra, a fin de que remitiera documentos específicamente aclarar sus antecedentes judiciales junto con los antecedentes de vínculo familiar y sustento económico en Chile, el amparado no concurrió a la cita ni acompañó documentación solicitada.

Destaca que, la conducta ejecutada por el amparado vulneró los bienes jurídicos de la seguridad y la salud públicas, con graves consecuencias sociales que afectan los intereses resguardados por el Estado, por lo que se emitió el Decreto Exento N°5207 de fecha 30 de diciembre de 2021 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el cual se ordenó su expulsión del país, contra la cual el extranjero no interpuso recurso administrativo.

Argumenta que la medida de expulsión se fundó en causales legales expresas, dado que el artículo 17 del Decreto Ley N°1.094 de 1975, Ley de Extranjería establece que podrán ser expulsados del territorio nacional los extranjeros que durante su residencia incurran en alguno de los actos u omisiones señalados en los números 1, 2, 3 y 6 del artículo 15 de dicho cuerpo normativo. Por su parte, el referido artículo 15 en su numeral 2°, establece que se prohíbe el ingreso al país de los extranjeros que se dediquen al comercio o tráfico ilícito de drogas.

Agrega que es una facultad de la soberanía del Estado chileno expulsar del territorio nacional a los extranjeros que no cumplen con la normativa interna, lo que se ajusta a los Tratados Internacionales ratificados por Chile y a la propia Constitución Política de la República.

En cuanto al arraigo familiar que el extranjero acusa vulnerado arguye que, en su oportunidad la autoridad lo citó a fin de que acompañase antecedentes necesarios para tomar una decisión respecto a su situación migratoria, y fue el propio extranjero quien no se presentó.

Finalmente, indica que el mentado Decreto fue dictado por autoridad competente, dentro de la esfera de sus atribuciones, con estricto apego a la Constitución y a las normas establecidas conforme a ella, por lo que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República, y no existe por tanto perturbación alguna a los derechos del recurrente.

Tercero: Que, asimismo, informó la Policía de Investigaciones de Chile, reiterando que el amparado tiene una orden de expulsión vigente, por Decreto N° 5207, emitida el 30 de diciembre de 2021 por el Ministerio del Interior en atención a que fue detenido transportando en su equipaje 15 kilos 600 gramos de marihuana y condenado el 30 de julio de 2019 por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta. Esta orden fue notificada al amparado el 11 de julio de 2024. La notificación se realizó conforme a lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, informando al amparado sobre sus derechos, recursos judiciales y plazos para interponer una reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Agrega que no se registran órdenes de aprehensión, arresto, ni arraigos vigentes en su contra.

Finalmente, concluye que la existencia de una orden de expulsión y su notificación fue en conformidad a la ley, por tanto, no existe ningún acto arbitrario o ilegal, ni tampoco se han visto vulneradas las garantías constitucionales que este señala.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, el hecho que motiva la presente acción constitucional fue la emisión de una orden de expulsión en contra del protegido, según Decreto Exento N° 5207 de 30 de diciembre de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y consta en autos que el recurrente fue condenado a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo como autor del delito de tráfico de estupefacientes.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo que se viene señalando, esta Corte ha tomado conocimiento durante la presente vista y con el alegato de la recurrida, única compareciente, que con fecha 30 de octubre de 2024 ya se resolvió en este mismo tribunal de alzada, un recurso de amparo seguido en el Ingreso Corte N° 2889-2024 sobre los mismos hechos relacionados en esta acción de protección de nombre reservado, dejándose debida constancia en lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones de que el recurrente fue condenado el 30 de julio de 2019 como autor de un delito de tráfico de estupefacientes, ordenándose su expulsión por Decreto Exento N° 5207 de 30 de diciembre de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, lo que le fue notificado el 11 de julio de 2024 de manera personal. Posteriormente, con fecha 20 de octubre del presente año, dicha medida fue materializada.

En esa misma causa, además, se resolvió, que no se advirtió ilegalidad en la medida expulsiva adoptada, por cuanto aquella tuvo como fundamento la condena impuesta, lo que se encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 128 de la actual normativa, esto es, la Ley N 21.325, sobre causales de expulsión de residentes, que en su numeral 2 contempla incurrir durante su residencia en el país en alguno de los actos u omisiones señalados en los números 1, 5 u 8 del artículo 32, el que, a su vez, establece las prohibiciones imperativas.

Se concluyó en que la medida expulsiva en cuestión se ajustó plenamente a derecho y al principio de proporcionalidad, razonabilidad y fundamentación de las actuaciones, lo cual condujo a que el cuestionamiento fuera allá desestimado, rechazando el amparo.

Séptimo: Que, por lo expresado, aparece de manifiesto que lo reclamado ya fue decidido y cumplido, por lo que no existe medida que adoptar por la vía del presente recurso de protección, el que será desestimado.

Por lo expuesto y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que:

Se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado, y dirigido en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-17071-2024.