nombre reservado con I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

C.A. de Santiago Santiago, treinta de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de la I. Municipalidad de las Condes por al acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en el Decreto Alcaldicio Nº 2222/P2024, de 17 de junio de 2024, que declaró la vacancia del cargo que allí servía por salud incompatible, el que, a su juicio, vulnera las garantías establecidas en los N°s 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que ejerce funciones en dicho municipio desde julio de 1997 y, a partir del 9 de octubre de 2015, se desempeñó en el cargo de Directora de Administración y Finanzas.

Refiere que desde el mes de enero de 2023, ha sido objeto de acoso laboral y maltrato, siendo diagnosticada con un “Trastorno de Adaptación” derivado de ellos, que fue calificado como enfermedad profesional, a consecuencia de una sobrecarga laboral, mediante Resolución Nº 787258321082023, de 21 de agosto de 2023, de la Asociación Chilena de Seguridad -ACHS-, continuando con el tratamiento prescrito hasta la fecha.

Alega que la declaración de vacancia de su cargo es ilegal por cuanto infringe los artículos 147 letra a) y 148 de la Ley N° 18.883, pues el pronunciamiento de la COMPIN sobre su estado de salud declaró que ésta es recuperable, tornando improcedente la declaración de vacancia de acuerdo a dichas normas y en consonancia a la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y sentencias pronunciadas por el Tribunal Constitucional con anterioridad a la modificación del aludido artículo 148.

Agrega que, además, no se acreditó la supuesta incompatibilidad con el desempeño de las funciones que corresponden a su cargo.

Argumenta que la decisión es arbitraria al no considerar que padece de una patología de origen laboral y respecto de la cual continúa en tratamiento dada la permanencia del factor de riesgo en el entorno de la oficina donde desempeña sus funciones.

Por lo anterior, solicita se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio Nº 2222/P2024 y se disponga el reintegro de sus funciones habituales en la municipalidad recurrida, con pago de sus remuneraciones por todo el tiempo en que permanezca marginada ilegalmente de su puesto de trabajo y con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, informando al tenor del recurso, don nombre reservado y don nombre reservado, ambos abogados, en representación de la I. Municipalidad de las Condes, solicitaron su rechazo, con costas.

Plantea que en la especie no se cumplen los requisititos necesarios para que prospere la presente acción de cautela constitucional, pues no existe de su parte acto u omisión arbitrio o ilegal, dado que el ejercicio de la facultad de declarar la vacancia del cargo de la actora por salud incompatible emana de los artículos 147 y 148 de la Ley N° 18.883 y se funda en un hecho objetivo, esto es, que la recurrente ha hecho uso de licencias médicas por un lapso superior a 6 meses, que son de origen común, durante un período de dos años.

Adjunta cuadro de acuerdo con el cual la recurrente registró 19 licencias médicas, por un total de 273 días, entre el 10 de marzo de 2022 y 4 de diciembre de 2023. Al respecto se pronunció la COMPIN por Resolución Exenta N° 131/25/96/24 de 22 de enero de 2024, resolviendo que la recurrente presenta un estado de salud recuperable.

Expresa la recurrida que, haciendo uso de sus facultades, considerando la condición médica se declaró la salud incompatible con el desempeño del cargo y resolvió la vacancia de éste, atendido lo resuelto en el Ord. Alcaldicio N° 1/15, por los motivos ya señalados.

Precisa que las licencias médicas de las que hizo uso la recurrente son de origen común, por lo que no concurren las causales de exclusión para el cómputo de los seis meses a que se refiere el artículo 114 de la Ley N° 18.883.

Aclara que la atribución para declarar vacante un cargo por salud incompatible de un funcionario cuando ésta ha sido declarada recuperable por la COMPIN, ha sido avalada por la jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes N°s. 17.351, de 2018; 2.266, de 2022; y 318.983, de 2023, misma línea argumentativa que habría seguido la Excma. Corte Suprema en sentencia de 5 de mayo de 2023 dictada en causa Rol N° 3.472-2023.

Añade que sin perjuicio de las facultades legales que asisten al alcalde para efectuar la declaración que se reclama, el acto impugnado se funda en las razones técnicas y de buen servicio consignadas en su parte considerativa y que apuntan al cumplimiento de la obligación que le asiste a esa autoridad de velar por la continuidad de los servicios y su correcto desarrollo, a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad, por lo que no ha existido tampoco abuso o desviación de poder, lo que permite descartar su arbitrariedad.

Finalmente, destaca una aparente contradicción en la postura de la recurrente, quien atribuye su padecimiento a una "sobrecarga laboral" pero busca reintegrarse al mismo cargo, y la falta de pruebas respecto de la afirmación efectuada por ésta en orden a haber sufrido acoso laboral y maltrato.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que el acto que por esta vía se impugna corresponde al Decreto Alcaldicio N°2222/2024 de 17 de junio de 2024, que declaró su salud incompatible con el desempeño del cargo, conforme al artículo 148 de la Ley 18.883, por haber constatado que había hecho uso de licencia médica por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años, con un estado de salud recuperable, declarando vacante su cargo, correspondiente a planta, grado 3°, Planta Directiva, lo que fue notificado personalmente, con fecha 17 de junio de 2024.

SEXTO. Por su parte, el artículo 48, letra g) de la Ley N°19.378 dispone que “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales:

Letra g) Salud irrecuperable, o incompatible con el desempeño de su cargo, en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.883”.

Por su parte, el citado artículo 148 del Estatuto Administrativo Municipal, prevé que “El Alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El Alcalde para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”. Este inciso fue agregado por la Ley N°21.050 de 7 de diciembre de 2017.

El artículo 149 del mismo texto legal regula la situación de haberse declarado irrecuperable la salud del funcionario, disponiendo su retiro de la Municipalidad dentro del plazo señalado y regula sus efectos.

Y al efecto, se acompañó a la causa, por la recurrente, el informe de evaluación médica por Salud Irrecuperable de Funcionario Público, emitido por la COMPIN, Resolución N°131/25/96/24 de 22 de febrero de 2024, que evaluando la situación del recurrente, concluyó que presenta un estado de salud recuperable.

SÉPTIMO. Que en los motivos del acto administrativo se consigna que la recurrente hizo uso de licencia médica por un lapso superior a seis meses y por ello, se satisfacen los presupuestos objetivos del artículo 148 de la Ley N°18.883, para declarar vacante el cargo por salud incompatible.

Que como se observa, el decreto impugnado sólo consigna que la recurrente hizo uso de licencia médica por un lapso superior a seis meses, alusión genérica que no permite conocer específicamente el número de licencias, su extensión, el total de días y el periodo bianual que considera al efecto de fundamentar el acto, lo que tampoco satisface la mera alusión en el considerandos que ello es efectivo “según el ORD ALC N° 1/25 de 109 de enero de 2024”.

Lo anterior, en infracción de Principio de Transparencia y de Publicidad de la Ley N° 19.880, que en su artículo 16, prescribe que: “El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él”; y en particular, respecto del referido ORD ALC 1/25, el artículo 41, inciso final, en cuanto “La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma.”, esto es, en el caso analizado, habiendo incorporado en la fundamentación los datos esenciales que consigna dicho Ordinario.

Que lo anterior, ha sido salvado mediante los antecedentes que ha acompañado la recurrida, especialmente de la hoja de vida de la funcionaria, en que consta que, efectivamente, registra las licencias médicas que se especifican, en el informe acompañado también con ocasión de este recurso, éste último en que se consigna un cuadro con licencias médicas originadas en enfermedad común, desde el 10 de marzo de 2022 a 18 de diciembre de 2023, totalizando 273 días.

Que atendido que la recurrente no desconoce el número de días de incapacidad laboral computado por el municipio, de descanso por enfermedad común, esta omisión en la fundamentación del acto no le ha irrogado perjuicio que incida en este arbitrio.

OCTAVO: Que la recurrente sostiene sus alegaciones, en cuanto aduce la existencia de una enfermedad laboral, Trastorno de Adaptación, “como parte del contexto previo a la declaración de vacancia”, que habría sido declarada el 21 de agosto de 2023, por la Asociación Chilena de Seguridad, ACHS; y asimismo, en la ilegalidad del acto, consistente en su concepto en una errónea interpretación del artículo 148 de la Ley N° 18.883.

NOVENO. Que en cuanto el primero de sus motivos, ha de considerarse que el diagnóstico de Trastorno de Adaptación esgrimido, no ha derivado en el otorgamiento de licencias médicas por enfermedad profesional, por lo cual no se configura la hipótesis de excepción que contempla el el citado artículo 148 del Estatuto Administrativo Municipal, en cuanto “No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo”.

En cambio, desde el referido diagnóstico de 21 de agosto de 2023, la funcionaria ha hecho uso de licencias médicas, exclusivamente por enfermedad común.

Además, el diagnóstico invocado por la recurrente prescribe que desde esa fecha 21 de agosto de 2023, debía seguir un tratamiento en la respectiva agencia de la ACHS, cuestión que según sus propios dichos, la recurrente solo efectuó el 17 de junio de 2024, esto es, el mismo día en que fue notificada de la resolución que declaró la vacancia de su cargo.

DÉCIMO. Que, en lo normativo, no se observa ilegalidad en el actuar de la recurrida, por cuanto se trata del ejercicio de una facultad que el artículo 148 del Estatuto Administrativo Municipal autoriza expresamente tratándose de funcionarios regidos por dicha normativa y, en el caso de autos, la decisión se adoptó sobre la base de hechos objetivos y una vez cumplidos los requisitos que el artículo citado exige para tal declaración.

A lo anterior se agrega que la declaración de vacancia por salud incompatible difiere de la declaración de salud irrecuperable, por cuanto esta última sólo puede fundamentarse en un antecedente médico que así lo establezca, emitido por las autoridades técnicas establecidas al efecto y que, eventualmente, habilita al funcionario para solicitar su jubilación anticipada por invalidez.

Ello permite que, excepcionalmente, una vez notificada dicha declaración de irrecuperabilidad, se pague al funcionario sus remuneraciones durante seis meses, sin necesidad de presentar licencia médica ni de desempeñar sus funciones, lapso tras el cual se procederá a declarar la vacancia del cargo, salvo retiro o jubilación anticipada del funcionario.

En cambio, la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempeño del cargo -que es la situación que afecta a la recurrente- no otorga ninguno de esos beneficios pues, como expresan los textos legales citados, ella se dispone “sin mediar declaración de salud irrecuperable” o, lo que es lo mismo, cuando la autoridad técnica establece que su salud es recuperable.

Aquí, la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales como el diagnóstico de cáncer y la protección de la maternidad, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso legal. afectando el Servicio y el fin público de la labor que el Estado debe dar a la comunidad. Así lo ha resuelto en un asunto similar la Corte Suprema en la causa Rol N° 819-2024, emitida con fecha 25 de enero de 2024.

UNDÉCIMO. Que, por otro lado, la Resolución que se impugnan tampoco adolece de arbitrariedad, por cuanto el acto administrativo terminal aparece provisto de motivos suficientes, entendiendo éstos como los hechos objetivos correspondientes a los días de ausencia por uso de licencias médicas por enfermedad común, sin que tales antecedentes hayan sido desvirtuados en la presente causa.

DUODÉCIMO: Que, en estas condiciones, queda de manifiesto que la Resolución cuestionada, se ajusta a la legalidad vigente, en cuanto no se ha infringido norma legal alguna y tampoco corresponde al mero capricho de quien lo emite.

DECIMO TERCERO. Que, al no haber demostrado la recurrente estar en alguna de las condiciones de excepción prevista en la legislación, o que fue desvinculada por un motivo diverso al que se consigna en el respectivo acto, se concluye que el actuar de la recurrida se ajusta a derecho, pues su condición de salud resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un plazo de dos años, lo que amerita a la autoridad ejercer la facultad de su exclusiva competencia que le atribuye la ley, cumpliéndose como se ha dicho, los demás presupuestos legales.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la I. Municipalidad de las Condes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo.

N°Protección-17062-2024.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora María Loreto Gutiérrez Alvear e integrada por el ministro (S) señor Sergio Padilla Farías y por el abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo. No firman la ministra señora Gutiérrez por haber cesado sus funciones ni el ministro (S) señor Padilla por haber terminado su suplencia.