Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Santiago

C.A. de Santiago Santiago, once de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, en representación de nombre reservado, deduciendo acción de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, representada por nombre reservado, por haber denegado al actor el acceso y copia, a su costa, del Informe de Fiscalización Nro. 1301/2024/2132 de 23 de mayo de 2024, incoado por denuncia interpuesta en su contra por acoso sexual, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que vulnera la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, esto es, igualdad ante la ley.

Expone que, con fecha 04 de junio de 2014, comenzó a prestar servicios para la Corporación Nacional Forestal (CONAF), específicamente en la Sección Contabilidad del Departamento de Finanzas, unidad dependiente de la Gerencia de Finanzas y Administración, con sede en la ciudad de Santiago.

Añade que, en el mes de abril del año en curso, una funcionaria de dicha repartición efectuó una denuncia por acoso sexual en su contra, motivo por el cual la mencionada Corporación, amparándose en lo previsto en el artículo 211-C del Código del Trabajo, optó por remitir los antecedentes al organismo recurrido, a fin de que éste instruyera la respectiva investigación.

Explica que, con fecha 13 de junio pasado, la Corporación Nacional Forestal, a la luz de lo informado por el ente recurrido, comunicó al actor mediante carta de aviso, la decisión de poner término a la relación laboral por "Conductas de acoso sexual" y por la causal de "Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato", conductas previstas en el contenida artículo 160 números 1 y 7 del Código del Trabajo. En tal contexto, su empleador, dio por acreditados los hechos imputados a su persona, invocando como sustento las conclusiones a las que arribó la Inspección del Trabajo, plasmadas en el Oficio Reservado N° 1301-1146/2024 del 12 de junio del presente año, mediante el cual da término a la investigación.

Refiere que, frente a dicha determinación, el 14 de junio pasado concurrió hasta las oficinas de la Inspección Provincial del Trabajo, con la finalidad de conocer los antecedentes allegados al proceso investigativo, teniendo en cuenta que el oficio evacuado daba cuenta de manera lacónica de medios probatorios y la conclusión a la que se arribó. Agrega, que en tal contexto, en su calidad de interviniente, requirió copia del expediente, siendo negado por tener "calidad de secreto", según los dichos del funcionario que lo atendió.

Se argumenta que tal negativa, constriñe cualquier acción que pretenda realizar fundadamente a fin de enervar los efectos de su despido con elementos objetivos y verificables, lo que lleva consigo el derecho a controvertir la investigación y las probanzas en que se funda.

Se remite al artículo 211-D del Código del Trabajo, en cuanto establece, que las conclusiones de la investigación realizada por la Inspección del Trabajo o las observaciones de ésta a la practicada en forma interna, serán puestas en conocimiento del empleador, el denunciante y el denunciado, norma, que según indica, no alude a que la investigación tendría carácter de secreta o reservada.

Refiere que el órgano recurrido es parte de la Administración del Estado, por lo que le resultan plenamente aplicables los alcances de la Ley 19.880. Cita la Instrucción Presidencial Gab. Pres. Nº004 del 19 de junio de 2003, que ordenó a los Jefes de Servicio revisar los procedimientos internos para acomodarlos a lo dispuesto en la aludida ley, la cual contempla, entre otros, los Principios de Contradictoriedad (art.10); Imparcialidad (art.11) y de Transparencia y Publicidad (art.16), como también lo advertido en su artículo 17 letra a) que fija el derecho de los administrados a conocer, en su condición de interesados, el estado de tramitación de los expedientes y obtener copia autorizada, a su costa, de los documentos que lo conforman.

Sostiene que todo proceso administrativo debe respetar las garantías constitucionales de un justo y racional procedimiento, esbozadas en el artículo 19 Nro. 3 inciso sexto del Compendio Constitucional, que lleva ínsito el derecho de un acusado a conocer los elementos recopilados en la indagatoria.

En cuanto a la vulneración de derechos constitucionales, el recurrente afirma que se ha vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, ya que se le ha otorgado un trato diferenciado que le perjudica, por cuanto ha sido objeto de una actuación que le priva de conocer los elementos anexados al expediente investigativo, los cuales tienen un matiz vital para preparar su estrategia de defensa, como también para enterarse de las potenciales falencias que pueda presentar la indagatoria. Sostiene que este proceder no puede ser sino tachado de ilegal, arbitrario y abusivo, vulnerando gravemente la garantía constitucional invocada.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida poner el expediente investigativo a disposición del recurrente, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, representada por don nombre reservado, evacuó el informe solicitado por esta Corte, solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas, fundado en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho.

Explica, que con fecha 24 de abril del año 2024, la Dirección Regional Metropolitana Oriente, le remitió una denuncia, mediante la cual se aportaban antecedentes relacionados con posibles hechos constitutivos de acoso sexual.

Señala, que efectivamente, la Corporación Nacional Forestal, comunicó la decisión de poner término a la relación laboral del Sr. nombre reservado por "Conductas de acoso sexual" y por la causal de "Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato", fundamentado en las conclusiones a las que arribó el servicio recurrido, plasmadas en el Oficio Reservado N°1301-1146/2024, de fecha 12 de junio del presente año, que dio término a la investigación.

Refiere que, el recurrente, si bien concurrió a sus oficinas el 14 de junio pasado, no hizo ninguna solicitud formal de antecedentes, ya sea de manera directa o a través de la Ley de Transparencia o de Acceso a la Información Pública y, según se extrae de los propios dichos del recurrente, este habría únicamente mantenido una conversación de manera verbal con uno o más funcionarios de esa repartición.

Sostiene que únicamente consta que, una vez concluido el acto administrativo (fiscalización), su resultado o conclusiones fueron puestos en conocimiento de la afectada o denunciante y a su empleador, en conformidad a la regulación legal vigente.

En definitiva, alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición. Manifiesta, que su actuación no vulnera la garantía constitucional descrita en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, ya que el único antecedente en que se fundaría la actuación ilegal que se le imputa, tendría como único sustento una aparente conversación o diálogo que el recurrente sostuvo con un funcionario público y su negativa a entregar copia de la fiscalización.

Además, hace presente que para la Inspección del Trabajo, la reserva de datos constituye una obligación, cuestión que expresamente dispone el inciso 3° del Art. 517 del Código del Trabajo, norma que establece que la Dirección del Trabajo y su personal deberán guardar absoluta reserva y secreto de la información y de los datos personales de que tomen conocimiento, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deban proporcionar de conformidad a la ley y, asimismo, deberán abstenerse de usar los datos recopilados en beneficio propio o de terceros.

Por todo lo señalado, solicita que el recurso sea rechazado, con costas.

TERCERO: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

CUARTO: Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

QUINTO: Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

SEXTO: Que, en la especie, el recurrente denuncia como acto ilegal y arbitrario, la negativa por parte de la Inspección Provincial del Trabajo de entregar la carpeta o expediente investigativo, instruido ante denuncia por acoso sexual dirigida en su contra, amparado en lo preceptuado en el artículo 211-C del Código del Trabajo.

La recurrida, argumenta, entre otros, la falta de un acto formal.

SEPTIMO: Que, en cuanto a las normas invocadas, cabe remitirse al Título IV, del Código del Trabajo, denominado “De la Investigación y Sanción del Acoso Sexual”, cuales corresponden a:

Artículo 211-C.- “El empleador dispondrá la realización de una investigación interna de los hechos, en el plazo de cinco días, remitirá los antecedentes a la Inspección del Trabajo respectiva.

En cualquier caso la investigación deberá concluirse en el plazo de treinta días.

Si se optare por una investigación interna, ésta deberá constar por escrito, ser llevada en estricta reserva, garantizando que ambas partes sean oídas y puedan fundamentar sus dichos, y las conclusiones deberán enviarse a la Inspección del Trabajo respectiva”.

Artículo 211-D del Código del Trabajo, norma invocada por el recurrente dispone: Artículo 211-D.- “Las conclusiones realizada por la Inspección del Trabajo o las observaciones de ésta a aquélla practicada en forma interna, serán puestas en conocimiento del empleador, el denunciante y el denunciado”.

OCTAVO: Que, como se puede apreciar, de las normas invocadas por el recurrente, no deja duda, que en el caso de investigaciones de connotación sexual, el ente fiscalizador, una vez recopilado los antecedentes y finalizado el procedimiento, solo pueda hacer entrega al denunciado, las conclusiones a las que se arribó, sin que pueda desprenderse de la lectura de aquéllas, lo que afirma el recurrente, vale decir, que se extienda al conocimiento del expediente administrativo, en su integridad, por el solo hecho de no haberlo prohibido expresamente.

NOVENO: Que, en todo caso, las normas citadas en el motivo séptimo, se encuentran en plena armonía con el artículo 517, del mismo cuerpo legal, que prevé:

Art. 517.- Inciso segundo: “La Dirección del Trabajo tendrá la responsabilidad de Art. 1 N° 20 efectuar el tratamiento de los datos personales de los D.O. 30.04.2021 trabajadores y empleadores sólo para el cumplimiento de sus funciones legales y con sujeción a las normas de la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada. Se entenderá como tratamiento de datos lo dispuesto en la letra o) del artículo 2 de la referida ley”.

Inciso tercero: “La Dirección del Trabajo y su personal deberán guardar absoluta reserva y secreto de la información y de los datos personales que tomen conocimiento, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deban proporcionar de conformidad a la ley. Asimismo, deberán abstenerse de usar los datos recopilados en beneficio propio o de terceros. Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan y de lo dispuesto en el artículo 40 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

DECIMO: Que, por otra parte, resulta suficiente para rechazar el recurso, la circunstancia que la pretensión del recurrente no ha sido plasmada en un acto formal, simplemente, como manifiesta, se acercó a la oficina de la recurrida a fin de acceder a las piezas de la investigación, en tanto ésta sirvió de base para su desvinculación laboral y por ello su interés, en razón de la demanda deducida ante la judicatura laboral.

UNDECIMO: Que, además, se debe tener presente, que la actuación jurídica de la administración es siempre solemne, formalidad que es consubstancial al acto administrativo, establecida como una garantía de respeto al principio de legalidad y al mismo tiempo como una salvaguardia de los derechos de los administrados. En el caso, no existe acto emanado de la Inspección del Trabajo en relación a una supuesta petición del actor, puesto que nada se le planteó por algún medio que permitiera conocer la pretensión del recurrente, la que debió ser exteriorizada, como lo exige el artículo 30 de la Ley 19.880.

DUODECIMO: Que, conforme a todo lo anterior, no se divisa algún acto ilegal o arbitrario en que haya incurrido la recurrida, tampoco a los principios que consagra la Ley 19.880, ni a la garantía de igualdad ante la ley; razones por las cuales el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de don nombre reservado, dirigido en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra Sra. Barrientos Guerrero N°Protección-17061-2024.