nombre reservado con INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE

C.A. DE SANTIAGO Santiago, veintidós de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Comparece Makarena García Dinamarca, abogado, en representación de nombre reservado, y deduce acción constitucional de protección en contra del Instituto Nacional de Deportes, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en haber dictado la Resolución Exenta Nº 857/594/2023, de 29 de noviembre de 2023, mediante la cual se dispone la rebaja del grado de remuneración de la recurrente del grado 5 al 8 de la Escala Única de Remuneraciones, con lo cual se vulnerarían los derechos fundamentales consagrados en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pretende se deje sin efecto la disminución de remuneraciones y rebaja de grados, y se ordene a la recurrida mantener a la protegida con igual remuneración en la que fue renovada su contrata para el año 2023, con costas.

Expone que nombre reservado es abogado e ingresó a prestar funciones en el Instituto Nacional del Deporte, como Asesora Jurídica de la Dirección Regional Metropolitana, el 1 de agosto de 2007, en calidad de contrata, asimilada a grado 9, contratación que se extendió hasta el 31 de diciembre de 2007, renovándose en periodos sucesivos hasta 2011. A contar del 1 de abril de 2011 fue asimilada al grado 8, lo que se renovó hasta el año 2013.

Agrega que, a contar del 1 de diciembre de 2013 se le asimiló al grado 7, pasando a cumplir labores en el Departamento Jurídico del Nivel Central, y su contrata se renovó en dicho grado hasta el 30 de septiembre de 2014, en tanto que desde el 2 de enero del año 2014, pasó a cumplir funciones en el recientemente creado Ministerio del Deporte, en donde desde el 1 de octubre de 2014, se le asignó el grado 4, como abogado de la División Jurídica, y la renovación de su contrata en dicho grado se extendió hasta el año 2016.

En marzo de 2016 le asignaron funciones como profesional del Departamento de Inversiones, y el año 2017 le renovaron su contrata en grado 5 de la Escala Única, lo que se repitió de manera sucesiva anualmente desde 2018 a 2023, lo que implica que tiene una antigüedad de contrata grado 5 de seis años, once meses y treinta días, tiempo en el cual nunca fue objeto de reparos, según da cuenta su hoja de vida y sus calificaciones.

Reclama que por Resolución Exenta Nº 857/594/2023, se dispuso contratar a la protegida, a contar del 1 de enero de 2024 y por un año, como profesional asimilada a grado 8 de la Escala Única de Sueldos de la Planta de Profesionales, dejándose constancia en dicha resolución que su contratación ha sido renovada sucesivamente hasta 2023, indicando que a propósito de observaciones de auditoría practicadas por la Contraloría General de la República, y en orden a asegurar el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile para la ejecución de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Junto con ello, el propósito es incrementar el control, la eficacia y la eficiencia de los procesos de contratación y ejecución de contratos de obra pública deportiva, gestionados hasta entonces por el Departamento de Infraestructura, dependiente de la División de Infraestructura y Recintos, mediante Resolución Exenta Nº 1762, de 15 de julio de 2022. Como medida de reorganización de la distribución interna de funciones, se creó la Unidad de Infraestructura, bajo la dependencia del Departamento Jurídico, a cargo del análisis de legalidad y la elaboración y gestión de los actos administrativos y antecedentes necesarios para la ejecución de infraestructura deportiva.

Hace a continuación un relato cronológico de actividades desarrolladas por la protegida, unidades a las que ha estado adscrita, jerarquías, funciones y responsabilidades que le han correspondido, además de describir las diversas reestructuraciones y creación de nuevas dependencias relacionadas con el Instituto Nacional del Deporte, resaltando que siempre se desempeñaba en el estamento profesional, sin un cargo o función determinada, aunque siempre en el área jurídica, manteniendo de manera inalterable en el tiempo sus labores, haciendo notar que conforme al artículo 28 de la Ley 19.712, los profesionales pueden ostentar desde el grado 4 al 13 de la Escala Única de Sueldos.

Describe en seguida diversos actos administrativos que determinan la orgánica del Instituto Nacional de Deportes de Chile y su relación con el Ministerio del Deporte, en cuanto a la asesoría jurídica que dichas entidades requieren, detallando las variaciones de sus funciones en cuanto a su dependencia en las distintas unidades de dichas reparticiones, reiterando que desde el año 2016 viene realizando exactamente las mismas funciones que se le encomendaron en el 2023 en el Departamento Jurídico, de manera que, siendo las labores y responsabilidades asociadas a ellas idénticas, no existe razón para la rebaja de grado en sus remuneraciones.

A continuación, cita la teoría de la confianza legítima aplicable a los cargos a contrata, para destacar la idea que, en virtud de las renovaciones sucesivas, el funcionario público tiene el derecho de permanecer en idénticas condiciones contractuales en futuras renovaciones, lo que ha sido desconocido en el presente caso, pues no se mantiene su grado 5 de la Escala Única de Sueldos que ha sido renovada desde 2017. Cita jurisprudencia en apoyo de su pretensión, y afirma que no se ha respetado lo previsto en el artículo 10 inciso 4º del Estatuto Administrativo.

Lo expuesto, asegura la recurrente, vulnera el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política, que asegura a toda persona la igualdad ante la ley, como asimismo el derecho de propiedad, garantizado por el Nº 24 del mismo artículo, al disminuir sus remuneraciones.

Concluye solicitando se tenga por interpuesto el recurso en contra de la Resolución Exenta Nº 857/594/2023 de 29 de noviembre de 2023 del Instituto Nacional del Deporte, dejando sin efecto la disminución de remuneraciones y rebaja de grado de la protegida, manteniendo en igual remuneración en la que fue renovada su contrata para el año 2023, con costas.

SEGUNDO: Que evacuando informe, nombre reservado, en representación del Instituto Nacional de Deportes de Chile, solicita el rechazo, con costas, del recurso de protección, indicando, en primer término, que ésta no es la vía idónea para los fines perseguidos por la recurrente, pues existe un procedimiento de reclamo especial ante la Contraloría General de la República, contenido en el artículo 160 de la Ley Nº 18.834, lo que es reconocido por la jurisprudencia del mismo órgano contralor en el Dictamen Nº E156769 de 17 de noviembre de 2021.

Estima además que la recurrente podía haber intentado acciones laborales, en virtud que la Ley Nº 21.280 hizo aplicable a los funcionarios públicos y municipales el procedimiento de tutela laboral contemplado en el Código del Trabajo, agregando que la pretensión de la recurrente es propia de un juicio de lato conocimiento, pues intenta que se declare que tiene derecho a ser designada nuevamente en un cargo a contrata asignado a grado 5 de sueldos, con el aumento de remuneración correspondiente.

Por otro lado, estima que no existe un acto ilegal o arbitrario, atendido a que como los empleos a contrata carecen de una posición remuneracional específica, la decisión de rebajar el grado de asimilación compete a la superioridad encargada de efectuar la designación a contrata, de acuerdo a la importancia de las funciones que desempeña el funcionario, por lo que, si un servidor pasa a desarrollar nuevas tareas, la autoridad no sólo se encuentra facultada, sino que obligada a ponderar, en atención a ellas, el nivel remuneratorio que éstas conllevan. Citando al efecto diversa jurisprudencia en apoyo de su afirmación.

En cuanto al principio de confianza legítima, señala que los criterios en que ella se funda, no han prohibido en ningún caso el ejercicio de las facultades que tienen las autoridades respectivas en torno a los vínculos jurídicos que establecen, desde que dichos pronunciamientos sólo han resuelto que dicha decisión pública debe materializarse a través de un acto administrativo fundado y debidamente motivado, tal como se verificó en la especie.

Agrega que la resolución recurrida da cuenta que la recurrente se ha desempeñado como profesional a contrata, siendo designada según sus funciones en distintos grados remuneracionales a lo largo de los años, describiendo destinaciones y labores que le han correspondido en el tiempo, haciendo presente que el acto administrativo impugnado consigna, entre otros fundamentos, que la recurrente se encontraba asimilada al grado 5 de la Escala Única de Sueldos, pese a que no se encontraba asociada a función o responsabilidad mayor en la toma de decisiones que ameritara una retribución equivalente a la de la jefatura de su Unidad y que permitiera justificar adecuadamente la mantención de ello para el año 2024, en que continuará desarrollando funciones como analista, tornándose indispensable por ello asimilarla a un grado directamente proporcional a dichas funciones.

Explica que según informe de jefaturas 2024 que acompaña, los grados más altos de la Escala Única de Sueldos en el servicio se encuentran asociados a cargos de mayor responsabilidad, como jefaturas de Departamento o Unidad, o derechamente, en cargos de coordinación interna, nada de ello a lo que se encuentra actualmente avocada la recurrente.

Rechaza que exista afectación al derecho de igualdad, desde que la resolución recurrida ha sido adoptada conforme a las normas que lo permiten y sin criterio de discriminación, no indicándose tampoco distintas formas de proceder por parte de la recurrida, en desmedro de la recurrente. Así, lo que la recurrente acusa como falta de justificación razonable y suficiente, vinculada al alegato de trato discriminatorio, no se manifiesta en hecho alguno expuesto por ella que permita establecer que ha existido una diferencia de trato con otra u otras personas, con lo que su acusación se torna en una simple afirmación infundada.

En cuanto al derecho de propiedad, afirma que las personas ingresan voluntariamente a los organismos de la Administración del Estado, y al hacerlo, se adscriben a un régimen de derecho público de sujeción especial, donde el vínculo jurídico que une al funcionario con el Estado es una relación estatutaria cuyo nombramiento no le otorga al servidor ninguna forma de propiedad sobre el empleo.

Concluye aseverando que no concurre ninguna afectación expresada en privación, perturbación o amenaza a los legítimos derechos de la recurrente, no existiendo de parte del Instituto Nacional de Deportes de Chile ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en su obrar, por lo que solicita el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que en el presente caso se ha ejercido la acción de cautela de garantías constitucionales en contra del Instituto Nacional de Deportes de Chile, impugnando la Resolución Exenta Nº 857/594/2023, de 29 de noviembre de 2023, por cuyo intermedio se renovó la contrata de la recurrente rebajando el grado en la Escala Única de Sueldos al que se encuentra asimilada la función desarrollada, respecto de la que tenía para el periodo de contrata anterior, de manera que a partir del 1 de enero de 2024, de estar encasillada en un cargo grado 5, se cambia a otro asimilado al grado 8, reclamando como vulneradas las garantías constitucionales de los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que para resolver esta acción corresponde analizar si la autoridad se encuentra facultada para modificar el grado de remuneración de un funcionario a contrata, régimen de contratación personal con el Estado que, a diferencia de los cargos de planta, no tiene asignado su grado por Ley, sino que la fórmula es la establecida en el inciso 4º del artículo 10 de la Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, que señala: “En los empleos a contrata la asignación a un grado será de acuerdo con la importancia de la función que se desempeñe y con la capacidad, calificación e idoneidad personal de quien sirva dicho cargo y, en consecuencia, les corresponderá el sueldo y demás remuneraciones de ese grado, excluyendo toda discriminación que pueda alterar el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres”.

SEXTO: Que, conforme a lo anterior, la autoridad recurrida se encuentra facultada para modificar la asignación de grados en atención a la importancia de la función, capacidad e idoneidad del cargo, con la limitación de excluir cualquier discriminación que altere el principio de igualdad entre hombres y mujeres. En cumplimiento a dicho mandato legal, la recurrida dictó la resolución impugnada, en la que además precisa que la persona designada no cumplirá funciones directivas, y expresa entre sus fundamentos que la recurrente, por Orden de Servicio Nº 2 de 2023, dejó de prestar servicios en el Departamento de Infraestructura y pasó a cumplir funciones de menor responsabilidad en el Departamento Jurídico, que tiene una jefatura ejercida por otro abogado, lo que implicó un cambio sustancial de responsabilidades y funciones respecto de las que ejercía anteriormente.

SÉPTIMO: Que unido a los fundamentos y consideraciones de hecho que se describen pormenorizadamente en la resolución impugnada, ella agrega referencias a dictámenes de Contraloría y jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, manifestando con ello la preocupación de la autoridad de entregar sustento y justificación sólida a su decisión, lo que claramente excluye la arbitrariedad. Así, el acto se encuentra basado en aspectos que resultan objetivos, reforzado por el hecho que la actora no impugnó la modificación de las funciones que le fueron asignadas en su oportunidad, razón por la que debe entenderse que se conformó con esa decisión.

OCTAVO: Que, por tanto, la resolución recurrida ha sido dictada por autoridad debidamente facultada para emitirla, en uso de facultades expresamente conferidas por la ley y con la debida fundamentación, por lo que, no concurre la vulneración de derechos reclamada y la presente acción cautelar deberá ser rechazada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra del Instituto Nacional de Deportes de Chile.

Cada parte pagará sus costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por abogado Euclides Ortega Duclercq.

Rol Corte Nº 17052-2023 Protección.

Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la Ministra (s) señora Paola Cecilia Díaz Urtubia y por el abogado Integrante señor Euclides Ortega Duclercq. No firma el abogado integrante señor Ortega, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.