Protección contra AFP Provida S

C.A. de Santiago Santiago, once de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, e interpone acción de protección en favor de doña nombre reservado y en contra de AFP Provida S.A. por el acto que tilda de arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, de acuerdo con la Ley N°18.156, que a su juicio vulnera las garantías establecidas en los N°s. 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Al efecto, señala que la recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales, siendo informada a través de WhatsApp del rechazo de dicha petición, en atención a que el documento aportado como constancia de afiliación no cumple con los requisitos no la normativa vigente, pues debe estar apostillado en el país en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Reclama que la administradora, ha obstaculizado el proceso de retiro de fondos de la actora, dando una mala interpretación de la norma, desatendiendo el objetivo de la misma que el extranjero pueda disponer de su propiedad, en este caso, de sus fondos de previsión.

Advierte que es imposible obtener la legalización consular del certificado de afiliación de la actora en atención a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, situación que se encuentra en la hipótesis descrita por el artículo 45 del Código Civil, siendo constitutiva de un caso fortuito o fuerza mayor. Observa que a pesar de ello se ha presentado una declaración jurada ante notario chileno, documento que debería revestir la misma formalidad que aquella que previamente se obtenía en la embajada venezolana.

Argumenta que AFP Cuprum ha autorizado el retiro de fondos en casos similares, lo que sugiere un trato desigual y arbitrario a los administrados.

Plantea que la intención original de la legislación es simplemente verificar la afiliación del trabajador a un sistema de previsión social y que no corresponde que la recurrida establezca requisitos adicionales a los previamente establecidos por el legislador, en circunstancias que dicho documento ha emanado de la autoridad competente y ofrece un código de verificación con el que se puede acceder a la comprobación de la autenticidad del documento en la página oficial del Instituto de Venezolano de Seguridad Social, destacando que lo mismo puede realizarse con el número de cédula de identidad venezolana de la peticionaria.

Observa que la recurrida tiene distintos medios a su disposición para verificar la autenticidad de la constancia, no obstante ello, ha rechazado el retiro de fondos de manera arbitraria e ilegal, sin que la respuesta estuviera suficientemente motivada y pese a que se ha dado integro cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156.

Pide, en definitiva, se ordene a la recurrida que reconozca como valida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho, y dentro de un plazo 5 días o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos; y, en general, se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, informando el presente recurso, comparece el abogado Daniel Santoni, en representación de AFP Provida S.A., quien solicita su rechazo.

Sostiene en primer lugar que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver el asunto, desde que se trata de una materia de lato conocimiento con carácter contradictorio, pues mediante ella se pretende modificar los cuerpos normativos que rigen el sistema de pensiones y discutir la constitucionalidad del DL 3.500, objetivo que excede la finalidad del recurso de protección a lo que suma el hecho de que el recurrente no cuenta con un derecho indubitado.

Expone sobre el particular que el día 25 de julio de 2025 esa institución previsional negó la solicitud de devolución de fondos previsionales que la recurrente realizó al amparo de la Ley N° 18.156, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones.

Indica que, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, AFP Provida debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero.

Complementando esta idea, añade que, conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de ese servicio y los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no han sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana, se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano y respecto de las cuales no se puede inferir un determinado período de cobertura, no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito establecido en la letra b) de la Ley N°18.156, esto es, acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Asevera que a la luz de esa exigencia queda claro que su actuar no ha sido ni ilegal ni arbitrario, limitándose a comprobar que se cumplan copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P.

Provida, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente, por no haber acompañado a su solicitud el documento:“ Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)” con la debida legalización o apostilla exigida por la normativa legal;

QUINTO: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”. Por su parte, el numeral 2. del Libro II, Título IX del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales los trabajadores extranjeros que detenten la calidad de profesionales o técnicos y que registren cotizaciones en una Administradora, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del número 1 anterior.

Para estos efectos, las Administradoras deberán atenerse a lo siguiente: a) Los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la ley N° 18.156, deberán suscribir en la correspondiente Administradora un formulario "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156". Dicho formulario se confeccionará en original y copia, de acuerdo a las instrucciones que se adjuntan en el Anexo del presente Título. El original quedará en poder de la Administradora y la copia se entregará al afiliado…. b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156”.

A su turno, resulta indispensable mencionar que según prevé el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”;

SEXTO: Que, así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que la exigencia formal requerida por la institución recurrida se ajusta estrictamente a la normativa legal, por lo que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida en favor de doña nombre reservado y en contra de AFP Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-17032-2025.