SERVICIO DE INGENIERIA IMA S.A con DIRECCION REGIONAL DEL TRABAJO

Foja: 78 Setenta y Ocho C.A. de Santiago Santiago, siete de julio de dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, a fojas 25, recurre de protección don Waldo Farías Fristch, abogado, en representación de la recurrente Servicio de Ingeniería IMA S.A., en contra de la Dirección Regional del Trabajo, representada por su director nombre reservado, por actos arbitrarios consistente en el rechazo de una reconsideración que había sido presentada por la empresa con fecha 04 de diciembre de 2015, contra las multas administrativas N°s 13.23.3231.2015.79 1, 13.23.3231.2015.79 2, 13.23.3231.2015.79 3, de fecha 06 de noviembre de 2015, actuación que conculca sus derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 numerales 3 inciso 4° y 5°, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

En relación con los fundamentos de la multa impuesta, explica que: respecto del fundamento de la primera multa, el hecho constatado por el fiscalizador fue “no contar el sitio de trabajo con comedores”, indicando que el lugar de trabajo no sólo cuenta con comedores sino que también con un servicio de restaurant de primer nivel, el cual cumple con los más altos estándares de exigencia. Agregó que existe un grupo de trabajadores que no han querido utilizar el servicio de restaurant, llevando su propia alimentación al lugar del trabajo, que el fiscalizador les recomendó instalar un horno microondas, lo que no se hizo, por razones de salubridad; que respecto del fundamento de la segunda multa, el fiscalizador constató “no llevar correctamente registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo del tipo electrónico computacional”, precisó que el mecanismo de ingreso y salida del edificio no tiene como objetivo principal registrar la asistencia de los trabajadores, sino que controlar por razones de seguridad el acceso de las distintas personas que ingresan al edificio, sean trabajadores o no. Luego de la fiscalización se procedió a implementar un registro de asistencia, el cual cumple con todos los requisitos exigidos por la ley, acogiendo la Dirección del Trabajo parcialmente la reconsideración, rebajando la multa en un 30% y respecto del fundamento de la tercera multa, el fiscalizador constató el “incumplimiento al contrato de trabajo”, puesto que no se encontraban firmados los respectivos anexos de contratos de los trabajadores. Expuso que se trata de un grupo de trabajadores que no estaban de acuerdo con su contenido, a saber, con el cambio de la dirección comercial, ya que la empresa se trasladó desde la comuna de Santiago a Quilicura, el nuevo copago para la utilización del casino, beneficio por buses de acercamiento y nueva distribución de la jornada de trabajo. Argumentó que la falta de firma se debe exclusivamente a la negativa de los trabajadores para suscribirlos, por lo que no se puede atribuir responsabilidad a su parte.

Finalmente indicó, que la entidad fiscalizadora ha incurrido en una conducta arbitraria, ya que las supuestas constataciones de infracciones a la ley laboral en que habría cometido la recurrente, ha significado la aplicación de cuantiosas multas, las que tienen el carácter de expropiatorias afectándose gravemente la garantía constitucional del derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República. Respecto de la transgresión de las garantías consagradas en los numerales N°3 inciso 4° y 5° y N°21 del artículo 19, indicó que la autoridad recurrida ha ejercido una facultad jurisdiccional que es propia de los tribunales ordinarios de justicia, que compete exclusiva y excluyentemente a los Tribunales de Letras del Trabajo, por no haberse dado la posibilidad a su parte de una adecuada y oportuna defensa judicial de sus intereses.

2°) Que, a fojas 62, informó doña nombre reservado, en representación de don nombre reservado, Director Regional del Trabajo de la Región Metropolitana Poniente, en lo pertinente expuso, la improcedencia de la acción interpuesta, atendida la naturaleza del acto recurrido, por cuanto se ha interpuesto en contra de una resolución administrativa, respecto de la cual la ley establece procedimiento específicos de impugnación, tanto en sede administrativa como en sede judicial.

En cuanto al fondo del recurso, esto es la legalidad de la actuación de la inspectora comunal del trabajo y de la resolución impugnada, hechos y circunstancias que han dado lugar a la acción de protección, indicó que un dirigente del sindicato de trabajadores, concurrió a la Inspección Comunal del Trabajo Norte de Chacabuco a interponer reclamo en contra de la recurrente producto del cambio de domicilio de la empresa desde la Santiago centro hasta la comuna Quilicura, cambio de la distribución de la jornada de trabajo, la prohibición de ingreso de alimentos a la empresa y en cuanto al control de asistencia ya que actualmente se utiliza un lector de huella que no entrega comprobante a los trabajadores..

En seguida refirió que con fecha 06 de noviembre de 2015 se realizó visita inspectiva constatando que la empresa el día 19 de octubre de 2015, verificando además, los otros hechos denunciados ante la Inspección. Por lo anterior, se cursaron las multas respectivas, que dentro de plazo la recurrente interpuso reconsideración la que fue resuelta mediante resolución N°93, acogiendo parcialmente su solicitud, rebajando la multa N°2 en un 30%, ya que se trata de una infracción que admite corrección a posteriori. Así, rechazó el error de hecho alegado respecto de la primera multa porque el copago de los trabajadores implica un gasto forzado sin contar con su consentimiento y la tercera multa se mantuvo ya que la recurrente no acreditó, en modo alguno, la corrección de la infracción, al no acompañar ningún antecedente que diera cuenta de ello, limitándose a señalar que los trabajadores se habían negado a firmar anexos.

Finalmente sostuvo la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición por ausencia de acto arbitrario e ilegal, ya que la resolución N°93 fue dictada por la Inspectora Comunal del Trabajo con estricta sujeción a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en los artículo 511 y 512 del Código del Trabajo y artículo 1 del DFL N°2 de 1967. Asimismo, indicó que no se observa de manera alguna como esta resolución podría vulnerar la garantía establecida en el numeral 24 del artículo 19 de la CPR, indicando además, que la recurrente no señaló la forma en que dicha actuación le ha privado, perturbado o amenazado en el legítimo ejercicio de tal derecho.

3°) Que el recurso de Protección de derechos y garantías constitucionales procede únicamente cuando por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, se ha conculcado alguno de dichos derechos o garantías, indicados en el artículo 20 en relación con el artículo 19, ambos de la Carta Fundamental.

4°) Que, en la especie n o se advierte vulneración alguna, arbitraria o ilegal, de los derechos que invoca el recurrente, toda vez que la resolución dictada por la recurrida y que rechaza parcialmente las multas aplicadas, fue dictada conforme a la ley y en el ámbito de sus facultades fiscalizadoras.

Con todo, contra dicha resolución el ordenamiento jurídico prevé expresamente que procede en su contra la vía judicial, a través del procedimiento establecido en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, los que no se han ejercitado en el presente caso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza el recurso de protección deducido a fojas 25, por el abogado don Waldo Farías Fritsch.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-17031-2016.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Leopoldo Llanos Sagristá e integrada por la Ministro señora Gloria Solís Romero y la Ministro (s) señora Elsa Barrientos Guerrero.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, siete de julio de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.