nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de don nombre reservado, ingeniero de sistemas, de nacionalidad venezolana, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A., por el acto ilegal y arbitrario de fecha 21 de julio de 2025, consistente en la anulación del trámite de retiro de fondos para extranjero, lo que, a su entender, vulnera derechos fundamentales amparados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente solicitó a la AFP Planvital la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y empresas que los contraten bajo ciertas condiciones, gestión que fue realizada a través del portal electrónico institucional, adjuntando toda la documentación exigida —contrato de trabajo, anexos, título profesional y declaración jurada notariada—. Agrega que a pesar de lo anterior, denuncia que, mediante correo electrónico de fecha 21 de julio de 2025, la recurrida informó el rechazo de la solicitud, argumentando que el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no se encontraba vigente al momento de ingresar el trámite, pues este documento tiene vigencia de 120 días.

Alega que la decisión impugnada se basa en una interpretación formalista y desproporcionada de la normativa, ya que la constancia de afiliación y la declaración jurada cumplen el propósito exigido por la Ley N°18.156, esto es, acreditar afiliación a un sistema extranjero que otorgue cobertura en casos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte. Indica, además, que la recurrida desconoce lo dispuesto en el artículo 345 N°3 del Código de Procedimiento Civil, que reconoce la validez de instrumentos otorgados en el extranjero cuando sean atestados por autoridad diplomática y legalizados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual no ha sido posible realizar debido a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, circunstancia que configura caso fortuito o fuerza mayor conforme al artículo 45 del Código Civil.

Agrega que el recurrente presentó declaración jurada notariada en Chile, documento que reviste la formalidad suficiente para acreditar la cobertura previsional exigida, más aún cuando otras administradoras de fondos, como AFP Cuprum, han aceptado solicitudes idénticas bajo similares antecedentes. De este modo, a su entender, la actuación de Planvital constituye una discriminación arbitraria, vulnerando el principio de igualdad ante la ley, ya que la normativa previsional y las circulares de la Superintendencia de Pensiones son de aplicación uniforme y no permiten exigir requisitos adicionales ni diferenciados según la AFP.

Sostiene que el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N°24 de la Constitución se ve conculcado, pues la negativa injustificada impide disponer de sus propios fondos previsionales, los cuales constituyen un bien incorporal protegido constitucionalmente. Asimismo, se afecta el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2, al establecer diferencias no previstas por el legislador respecto de otros trabajadores extranjeros en igual situación.

Invoca el artículo 1° y 7° de la Ley N°18.156, que autorizan el retiro de fondos a trabajadores extranjeros que acrediten afiliación a un régimen de previsión fuera de Chile, condiciones que el actor cumple plenamente.

Solicita que se acoja el recurso, se declare que el acto impugnado es ilegal y arbitrario, y ordene a la recurrida reconocer como válidos los documentos acompañados, disponiendo que se autorice el retiro de los fondos previsionales del recurrente, dentro de un plazo de cinco días o el que la Corte determine, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección constitucional.

SEGUNDO: Que comparece Víctor Tabilo Marentis, abogado, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., solicitando el rechazo íntegro del recurso, con expresa condena en costas.

Explica que con fecha 21 de julio de 2025 don nombre reservado presentó ante la plataforma web institucional de Planvital una solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, y señala que dicha solicitud fue rechazada debido a que los documentos acompañados —una Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS y una declaración jurada bajo fe de juramento— no cumplían con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Indica que el Oficio Ordinario N°12.954, de 15 de julio de 2025, emitido por la Superintendencia de Pensiones, aclaró expresamente que, para cumplir con el requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, los trabajadores deben acreditar, mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, que contaron efectivamente con cobertura previsional por todos los riesgos exigidos durante su permanencia laboral en Chile, y que dicha certificación debe venir legalizada o apostillada, conforme al Convenio de La Haya y al Código de Procedimiento Civil.

Agrega que, el mismo oficio agrega que las constancias electrónicas y declaraciones juradas, aun notariadas o apostilladas, no son medios probatorios válidos, pues no emanan de una autoridad previsional extranjera competente y carecen de mención específica de los riesgos cubiertos. En consecuencia, los documentos venezolanos que se presenten para producir efectos en Chile deben estar debidamente apostillados por la autoridad competente de Venezuela, sin que se requieran otros trámites complementarios.

Sostiene que, sobre esta base, la recurrida sostiene que su decisión no fue ilegal ni arbitraria, sino que se ajustó estrictamente a la Ley N°18.156, al D.F.L. N°101 de 1980 y al Decreto Ley N°3.500, cuerpos normativos que establecen la subordinación obligatoria de las AFP a la Superintendencia de Pensiones. Cita los artículos 2° y 3° del D.F.L. N°101, el artículo 94 del D.L. N°3.500 y el artículo 47 de la Ley N°20.255, todos los cuales confieren a la Superintendencia la potestad exclusiva para interpretar y dictar normas obligatorias para el sistema previsional, siendo dichas instrucciones de cumplimiento imperativo para todas las administradoras.

Precisa que el rechazo de la solicitud de devolución se fundó en la aplicación de tales normas administrativas, especialmente en el Oficio N°12.954 y en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, cuyo cumplimiento no es discrecional. Añade que el actuar de Planvital ha sido razonado, objetivo y uniforme, sin establecer diferencias entre afiliados, y por ende no se configura arbitrariedad.

Sostiene además que la resolución impugnada no priva al recurrente de su derecho a solicitar la devolución de sus fondos, pues se trata de un “acto administrativo subsanable”, tal como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en sentencia Rol N°54.783-2024, de 8 de mayo de 2025, al declarar que la negativa de una AFP en este contexto no constituye una decisión definitiva ni genera situación de indefensión, ya que el afiliado puede volver a presentar los antecedentes en forma correcta.

Añade que la acción de protección no resulta procedente para impugnar actos intermedios que no ponen término al procedimiento ni afectan de manera irreversible los derechos del afiliado, quien conserva vías adecuadas ante la propia administradora o ante la Superintendencia de Pensiones, a través de los canales formales de reclamación y revisión administrativa.

Por todo lo expuesto solicita se rechace el recurso deducido.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que de los antecedentes acompañados al recurso, así como del informe evacuado por la recurrida, se constata que el actor, de nacionalidad venezolana, mediante solicitud N°1311 requirió a AFP Planvital la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, acompañando contrato de trabajo, anexos, título profesional y declaración jurada notariada.

A su vez, consta que la solicitud fue rechazada por carta de fecha 21 de julio de 2025, decisión que se fundó en: “No se acompaña certificado o Constancia de afiliación, válida, vigente y susceptible de validación, que logre acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por todo el período de prestación de servicios en Chile, debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile”. De lo anterior se desprende que entre las observaciones que se le formularon a su petición se encontraba que el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no se encontraba vigente al momento de ingresarse el trámite (120 días).

QUINTO: Que según consta en el informe evacuado por la recurrida, la decisión de rechazo se sustentó no solo en la normativa que regula la materia, sino que además, en los pronunciamientos que ha emitido la Superintendencia de Pensiones, entre ellos el Oficio Ordinario N°12.954, conforme al cual se ha precisado que el requisito establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 exige acreditar, mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente, la cobertura efectiva y continua durante toda la relación laboral en Chile, por todos los riesgos señalados en la ley, y a todo evento, señalándose expresamente que no es suficiente un documento que indique de forma genérica las prestaciones del sistema extranjero, ni uno que condicione la cobertura al cumplimiento de requisitos internos.

SEXTO: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7° de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el artículo 1° de la referida normativa establece que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

SÉPTIMO: Que, en este contexto, la revisión de los antecedentes permite concluir que los documentos acompañados no cumplen con elementos mínimos para corroborar su otorgamiento y validez, y así poder acreditar la efectividad de la afiliación previsional y las coberturas mínimas exigidas por la Ley N°18.156 y por la normativa sectorial de la Superintendencia de Pensiones, pues no se encuentran debidamente autorizados ni apostillados.

OCTAVO: Que, acorde a lo expuesto, necesariamente se debe concluir que los fundamentos y las exigencias que fundan la negativa de la A.F.P. Planvital, encuentran sustento en la ley y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente o que constituya una discriminación arbitraria. Por el contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N°18.156, para atender solicitudes de la naturaleza efectuada por la recurrente, lo que descarta cualquier ilegalidad o arbitrariedad por parte de la recurrida, motivo bastante para desestimar el recurso de protección que se examina, al no existir actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

NOVENO: Que, por lo demás, y tal como lo ha resuelto la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de esta Corte de Apelaciones, el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a solicitar la devolución, pues el rechazo constituye un acto administrativo subsanable, existiendo la posibilidad futura de presentar nuevamente los documentos requeridos conforme a las exigencias legales y administrativas vigentes.

Por tales consideraciones, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección en favor de nombre reservado, deducido en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Protección – Rol N°17.030-2025.