Protección contra Liceo nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecen doña nombre reservado, en representación y en su calidad de madre de la adolescente nombre reservado, quien interpone en su favor recurso de protección en contra del Liceo nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en haber cancelado la matrícula y expulsado a su hija del establecimiento escolar, lo que a su juicio vulnera garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se restablezca el imperio del derecho, ordenando al recurrido a dejar sin efecto la medida disciplinaria adoptada, reintegrando a su hija al establecimiento educacional.

Sostiene que el 9 de junio del año en curso, su hija se enfrentó en una pelea al defender a su hermana que estaba siendo agredida por 3 alumnas, siendo todas suspendidas hasta de regreso de las vacaciones de invierno.

Agrega que de vuelta de las vacaciones fue informada de la medida de expulsión de su hija, y que presentó apelación la que fue rechazada Añade que su hija tiene buen comportamiento y buenas calificaciones, estando arrepentida de los hechos, por lo que solicita se le reincorpore y pueda así terminar su educación media.

Segundo: Que, informa al tenor de recurso nombre reservado

Aninat Salas, psicóloga, representante legal de la Corporación Educacional Del Arzobispado De Santiago, entidad sostenedora de la parte recurrida.

Expone, en primer lugar la misión del establecimiento Educacional, luego indica que el día 9 de junio de 2025, nombre reservado junto a sus hermanas nombre reservado y nombre reservado se vieron involucradas en actitudes desafiantes y agresiones verbales con otro grupo de 4 alumnas del establecimiento, lo que gatilló una riña que generó gran conmoción en la comunidad educativa; agrega que la hija de la recurrente participó activamente con golpes y patadas, resultando estudiantes con lesiones evidentes como rasguños y arranques de pelo; dicha pelea tuvo como antecedente un hecho anterior ocurrido entre dos estudiantes.

Refiere que el 10 de junio se notificó a la estudiante y a su apoderado del inicio del procedimiento sancionatorio, suscribieron la notificación, y fueron debidamente informados de los hechos que se investigaban, sus posibles consecuencias y de la medida de suspensión cautelar por las presuntas faltas que atentaron gravemente la convivencia educativa, efectuando los descargos respectivos.

Agrega que la decisión de aplicar a nombre reservado la medida de expulsión fue adoptada y notificada por escrito tanto al estudiante como a su apoderado con fecha 08 de julio de 2025 y que el procedimiento se vio interrumpido desde el último día de clases del primer semestre, retomándose el lunes 7 de julio de 2025, dando cuenta en la resolución que de conformidad con los antecedentes recopilados y lo dispuesto por el Reglamento Interno, la estudiante incurrió en las siguientes faltas “(pág. 70) - “Amenazar a otro con la comisión de hechos que le pueda provocar daño a su integridad física o material” (gravísima). - “Agresión física contra otro miembro de la comunidad escolar” (grave)”, además, se tuvo en consideración la hoja de vida de la estudiante y el haber sido sancionada previamente por haber tenido una riña dentro del establecimiento el día 30 de mayo de 2025, por ello fue convocada junto con su apoderada para participar en una acción formativa, a la que no asistieron, presentando una reconsideración de la medida, por lo que se sometió a consulta de profesores la que fue confirmada por el total de los docentes.

Finalmente expone que sin perjuicio de no haberse señalado en el recurso los derechos supuestamente conculcados, no existe vulneración al derecho de educación, puesto que su ejercicio no impide la aplicación de las medidas cautelares o disciplinarias establecidas en la reglamentación interna de un establecimiento educacional y reconocidas por la ley expresamente. Respecto de otros derechos fundamentales protegidos, informa que la medida se adoptó tras un debido proceso regulado específicamente en el art. 6 letra d) de la Ley de Subvenciones; que los hechos están tipificados en el reglamento interno como faltas graves y gravísimas y, que la sanción también está contemplada para ese tipo de conductas, por lo que solicita el rechazo del recurso.

Acompaña a su informe: 1. Notificación de inicio del procedimiento. 2. Descargos de la estudiante y su apoderada. 3.

Testimonios de la investigación 4. Notificación de cierre de investigación y aplicación de medida disciplinaria 5. Solicitud de reconsideración de la medida 6. Acta de Consejo de Profesores, de carácter consultivo 7. Informe final, a la reconsideración, que mantiene firme la medida. 8. Correo enviado el día de hoy a los apoderados de la estudiante, dando cuenta de nuevos efectos asociados a convivencia escolar.

Tercero: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho.

A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Cuarto: Que, como se desprende de lo anterior, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley; o arbitrario, es decir, sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón; y que provoque alguna de las efectos o consecuencias que se han indicado, perjudicando o menoscabando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, aspecto que resulta esencial y necesario para el estudio y decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Quinto: Que, en las condiciones anotadas, la pretensión de la parte recurrente no puede prosperar y debe ser desestimada, resultando innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que podrían estimarse como vulneradas, ya que la recurrente no las señaló y menos la forma en que supuestamente habrían sido conculcadas.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, respecto a la actuación del Liceo recurrido, de lo expuesto en los fundamentos que preceden, se desprende que aplicó su Reglamento Interno, propio de los establecimientos educacionales, por conductas de la alumna en contra de otros compañeros, todo lo cual se efectuó dentro del debido procedimiento establecido, teniendo la parte afectada derecho a efectuar sus descargos y rendir pruebas, además de ejercer los recursos establecidos en la ley y reglamento, todo lo cual lleva a concluir que el Liceo nombre reservado no ha incurrido en ningún acto arbitrario o ilegal, que pueda ser reprochable jurídicamente.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida por nombre reservado en representación de la adolescente nombre reservado, en contra del Liceo nombre reservado.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra María Paula Merino Verdugo. N°Protección-17023-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Hernán Alejandro Crisosto Greisse, señora María Paula Merino Verdugo y la Abogada Integrante señora Bárbara Vidaurre Miller, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.