Protección contra Servicio de Impuestos Internos

C.A. de Santiago Santiago, seis de febrero de dos mil veinticinco.

Visto y considerando:

Primero: Que el 11 de julio de 2024, comparece doña nombre reservado, quien deduce acción de protección en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos, por la dictación de la Resolución Afecta SII N° 21/2022, de fecha 23 de agosto del año 2022, que aplica la medida disciplinaria de destitución, toma de razón de fecha 30 de noviembre del año 2023, contra la que se interpuso recurso administrativo ante la Contraloría General de la República, que fue rechazado definitivamente mediante resolución notificada el 11 de junio del año 2024, fecha en que queda ejecutoriada.

Estima que dicho acto es ilegal y arbitrario, por falta de motivación y por infracción a los principios de eficiencia y eficacia, lo que ha vulnerado los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República de los artículos 19 N°2 -por sí y en relación con el artículo 19 N°3 y artículo 19 Nº el N°24, todos de la Constitución.

Pide que se acoja su acción, se adopten de todas las medidas necesarias que se estime necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho y las garantías fundamentales vulneradas, disponiendo que se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada por Resolución 21-2022 de la Subdirección de Contraloría Interna del Servicio de Impuestos Internos, y que se dicte el correspondiente acto administrativo fundado y ajustado a derecho, y en conjunto con lo anterior, se ordene la reincorporación del recurrido junto con el pago de las remuneraciones no percibidas a la fecha con ocasión de los actos administrativos.

Fundamenta que don nombre reservado prestó funciones en el Servicio de Impuestos Internos durante 15 años, hasta su destitución, materializada el 30 de diciembre del año 2023, en funciones de planta, grado 17. Detalla que trabajaba en el mismo servicio su hermana nombre reservado, y una de las hijas de ésta fue pareja de otro funcionario del servicio. Las hijas de Paulina – y por tanto sobrinas de nombre reservado- son nombre reservado y nombre reservado.

Indica que en el año 2017 la sobrina doña nombre reservado le solicitó registrar un domicilio tributario para sus actividades comerciales, que resultó ser inexistente, sin que nombre reservado se inhabilitara en aquella gestión administrativa. Además, en otra oportunidad la misma sobrina le requirió registrar como un domicilio tributario para un tercero, sin constatar que el domicilio existiere. Y, por último, indica que señor nombre reservado consultó en dos oportunidades, en agosto y septiembre del año 2017, el sistema interno del SII para revisar la información tributaria de sus sobrinas.

Afirma que de los hechos no hubo perjuicio patrimonial al servicio, ni obtuvo ganancia alguna, y la falta consistió esencialmente en no inhabilitarse para dichos trámites por la relación de parentesco, así como revisar información interna de las contribuyentes sus sobrinas sin tener autorización.

Precisa que el funcionario nunca estuvo suspendido de funciones, y estando en trámite el sumario durante años -inicia el 2017-, continuó prestando servicios y ejerciendo funciones hasta el 5 de diciembre del año 2023, periodo durante el cual su conducta fue intachable, fue calificado en lista 1, fue una de las personas que más tuvo felicitaciones de los contribuyentes y subió de grado.

Relata que mediante Resolución SII N° Ex. 4804, de 23 de noviembre de 2017 de la Subdirección de Contraloría Interna SII, ordena instruir sumario contra varios funcionarios. En el caso del recurrente, se lo acusó de los 3 hechos señalados. Luego, expresa que el 6 de junio del año 2018 se le notificó la formulación de cargos y mediante Resolución SII N° Ex. 3682, de fecha 25 de noviembre de 2020 de la Subdirección de Contraloría Interna, se aplicó la sanción de destitución, contra la cual se dedujeron recursos de reposición y apelación en subsidio, ambos rechazados, confirmando la sanción.

No obstante, señala que Contraloría General de la República acoge el reclamo y mediante Oficio ES N° 51895, de 20 de junio de 2022, representó la Resolución N°3 de 28 de enero de 2021 de la Subdirección de Contraloría Interna, con el objeto de que se arbitraran las medidas procedentes en orden a subsanar la falta de motivación y fundamentación de la Resolución SII N° Ex. 140, de 15 de enero de 2021, que resolvió el recurso de apelación deducido por el sumariado.

Menciona que mediante Resolución N° 21 de 23 de agosto de 2022 de la Subdirección de Contraloría Interna, impone nuevamente la medida disciplinaria de destitución, esencialmente sin agregar grandes novedades y dando cumplimiento formal a lo ordenado por la Contraloría General de la República, que esta vez cumple el trámite de toma razón, pero con alcance, con fecha 30 de noviembre del año 2023.

Señala que, contra la Resolución N° 21-2022 que impuso la medida disciplinaria de destitución, fue interpuesto reclamo ante la Contraloría General de la República, fundado en la ausencia de motivación y la prescripción de las faltas, el que fue rechazado, e interpuesto recurso de reposición contra esta última decisión, es rechazada también con fecha 11 de junio del año 2024, agotándose con este último toda instancia administrativa.

Reclama que por los hechos ya enunciados, se le imputó la infracción al art. 61 letra g) es decir, falta a la probidad administrativa, siendo que en todas las sucesivas resoluciones de autoridades y jefaturas, la acusación se centra en la inhabilidad, en la relación de parentesco, pero ninguna pone énfasis en el perjuicio al servicio o a la función, ni menos en la ganancia patrimonial que habría obtenido el compareciente, porque simplemente no hubo ni perjuicio fiscal ni ganancia alguna, por contrapartida. Identifica lo anterior con una falta de motivación, advirtiendo que en la Resolución 21-2022 de la Subdirección de Contraloría Interna del SII no hay razonamiento que explique cómo se tuvo por constituida no sólo la falta de probidad, sino la gravedad de esta. Cita respecto del recurrente, el considerando 35 letra j).

Agrega que no existe explicación de por qué se desvirtúan los fundamentos entregados en los descargos sobre la falta de proporcionalidad de la sanción, habiendo sido observada por Contraloría la resolución por aquello, en una primera oportunidad, dándose solo un cumplimiento formal.

Identifica que la ilegalidad de la resolución recurrida respecto de la sanción impuesta está dada por la infracción explícita al artículo 125 de la ley 18.834, pues la destitución se aplica por infracción grave a la probidad y no por cualquier falta. Liga aquello con el principio de proporcionalidad, porque el propio legislador exigió el elemento gravedad en la calificación de la falta. Así, reclama que la resolución que impugna nada dice sobre la gravedad, salvo la genérica referencia en el numeral 35 letra j) referido.

Invoca que la motivación de hecho y de derecho es la aplicación de las reglas de la sana crítica a las resoluciones administrativas, conforme al artículo 35 de la ley 19.880, con el fin de evitar arbitrariedades.

Por otro lado, acusa una infracción a los principios de eficiencia y eficacia, atendida la dilación en la tramitación del sumario. Desprende de aquellos, además de otros a los que se remite, que todo procedimiento administrativo debe ser resuelto en un plazo razonable. Afirma que la demora en la tramitación afecta no sólo al acto administrativo terminal, sino a todo el procedimiento, que ha tardado solamente desde la formulación de cargos y la sanción definitiva 4 años y 2 meses y 17 días, lo que lo torna ineficaz, por haber excedido el término de vigencia razonable antes indicado.

Por último, desarrolla la vulneración de garantías que estima concurrente, de igualdad ante la ley, de la aplicación del derecho al debido proceso -a propósito de la necesidad de una resolución fundada- y del derecho de propiedad.

Segundo: Que comparece don Rodrigo Véliz Schrader, abogado, en representación del Servicio de Impuestos Internos, evacuando su informe, pidiendo rechazar acción de protección interpuesta, con expresa condena en costas.

Al efecto, primeramente, reseña los antecedentes de hecho, dentro de los cuales comprende que el 3 de marzo de 2020 se notificó el Reservado N°19, de 15 de enero de 2020, mediante el cual se le comunicó al sumariado el cierre del sumario y la formulación de los siguientes cargos:

Primer cargo. Con fecha 28.09.2017, el recurrente dio por acreditado el domicilio informado por su sobrina nombre reservado ubicado Manzano N°337, local o departamento N°107, Recoleta, el cual corresponde a un domicilio inexistente. Para efectos de llevar a cabo esta conducta el recurrente anuló la anotación 1014 que registraba la referida contribuyente. No obstante, en el presente caso existían circunstancias que le restaban imparcialidad, se indica que no comunicó la situación de parentesco del contribuyente, a su superior inmediato, realizando el levantamiento o anulación de la anotación 1014 ya referida.

Las conductas precedentes constituyen una infracción grave al principio de probidad administrativa, en los términos dispuestos en el artículo 52 de la ley 18.575, y el artículo 62 N°6 del mismo cuerpo legal, el artículo 12 de la ley 19.880, sobre procedimientos administrativos, que norma el principio de abstención que debe regir en los casos que supongan ausencia de imparcialidad; el artículo 61 letra g) de la ley 18.834, de 1989, sobre Estatuto Administrativo; el artículo 61 letra f) del Estatuto Administrativo por no haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el Oficio Circular N°16, de 04.08.2014, que establece el procedimiento que deben observar los funcionarios para comunicar las situaciones de inhabilitación que les afecten y a las instrucciones impartidas en el Oficio Circular N°2, de 2004, sobre procedimiento de verificación de actividad.

Segundo cargo: El recurrente dio por acreditado el domicilio supuestamente ubicado en domicilio reservado, al contribuyente Alexis nombre reservado Mora EIRL, RUT N°RUT reservado, cliente de su sobrina nombre reservado, para lo cual levantó o anuló la anotación 1014 que el registraba en los sistemas, no obstante, el contribuyente no acompaño documentos que respaldaran su solicitud.

Hace presente que, la existencia de una relación laboral entre la sobrina del recurrente y el contribuyente, no fue comunicada por el Sr. nombre reservado a su jefatura, ni se abstuvo de participar en el caso, situación que constituye una grave infracción al principio de probidad administrativa y en particular, a lo dispuesto en el artículo 52 de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y el artículo 62 N°6 del mismo cuerpo legal, que establece que contraviene especialmente el principio de probidad administrativa; el artículo 12 de la ley 19.880, sobre procedimientos administrativos, que norma el principio de abstención que debe regir en los casos que supongan ausencia de imparcialidad; el artículo 61 letra g) de la ley 18.834, de 1989, sobre Estatuto Administrativo, que impone la obligación funcionaria de observar estrictamente el principio de probidad administrativa; y el artículo 61 letra f) del mismo cuerpo legal por no haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el Oficio Circular N°16, de 04.08.2014, que establece el procedimiento que deben observar los funcionarios para comunicar las situaciones de inhabilitación que les afecten y a las instrucciones impartidas en el Oficio Circular N°2, de 2004.

Tercer Cargo: Asimismo, en su calidad de funcionario, el recurrente accedió indebidamente al Sistema de Información Integrada del Contribuyente (SIIC) para consultar la información de su sobrina nombre reservado, el día 25.08.2017, a las 14:16 horas; el día 29.09.2017, a las 09:06 y a las 09:07 y el día 04.10.2017, a las 13:04, 13:07 y 13:08 horas. Asimismo, el recurrente accedió indebidamente a dicho sistema para consultar la información de nombre reservado, el día 02.10.2017, en dos ocasiones, a las 10:00 y a las 10:28 horas, contribuyente que además mantenía domicilio en la Florida y no, en Santiago Norte, lugar en que se desempeñaba el actor.

La conducta anterior, contraviene lo dispuesto en el artículo 61 letra f) de la ley 18.834, de 1989, sobre Estatuto Administrativo por no haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el Oficio Circular N° 22, de 12.08.2015, que instruye respecto de los accesos al SIIC y destaca la obligación que recae sobre los funcionarios en orden a consultar la información estrictamente necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Agrega que el 17 de marzo de 2020 la defensa del sumariado presentó sus descargos y solicitó la apertura de un término probatorio y diligencias, el que fue fijado por 20 días hábiles, durante el cual se rindieron todas las pruebas solicitadas por el funcionario inculpado.

Se refiere a las diversas resoluciones dictadas, terminando con la Resolución SII N°21, de 23 de agosto de 2022, que aplicó la destitución, y aquella que desestimó reclamo interpuesto por la defensa ante la Contraloría General de la República.

Argumenta que la acción es improcedente, por diversos motivos, partiendo por reclamar su extemporaneidad, derivada de que la Resolución N° 21 de 23 de agosto de 2023, fue objeto del trámite de toma de razón por Contraloría General de la República con fecha 30 de noviembre de 2023 y notificada, a la abogada del actor, el día 6 de diciembre de 2023. Entiende que la Resolución N° 21, Tomada de Razón, es el acto terminal del procedimiento administrativo y que aquél fue notificado a la parte recurrente en la fecha ya referida, por lo que reclama que la acción interpuesta debe ser declarada extemporánea, por cuanto han transcurrido más de seis meses desde que el recurrente tuvo conocimiento del acto que, por esta vía impugna.

Precisa que el actor compute el plazo para interponer la presente acción, desde la fecha en que la Contraloría General de la República rechazó la reposición interpuesta, en contra de la resolución que falló el reclamo interpuesto en contra de la Resolución N° 21, ya citada, a su juicio, es una forma indebida de extender el plazo para la interposición de la presente acción. Invoca jurisprudencia en ese sentido.

En segundo lugar, aduce que el recurso de protección no es la vía idónea, a propósito de existir diversos recursos para impugnar lo resuelto mediante el procedimiento administrativo previsto en la ley. Así, habiéndose ejercido por el recurrente el recurso de reposición administrativa, de apelación y reclamación de legalidad ante Contraloría General de la República. A ello suma la acción de nulidad de derecho público y reitera que la resolución que por esta vía se impugna, fue aprobada mediante la Toma de Razón, es decir, Contraloría realizó un control preventivo. En ese sentido, postula que, ante un vicio de legalidad, es la acción de nulidad de derecho público y que, si lo perseguido es que se revisen los fundamentos de fondo de la Resolución, lo que implica determinar la razonabilidad o proporcionalidad de la medida aplicada, aquello es una situación que escapa al carácter cautelar de la presente acción. Invoca jurisprudencia al efecto.

En segundo término, plantea la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario de su representada, habiendo ajustado su actuar a lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República. A partir de aquello establece, asimismo, que se trata de un acto motivado y que la sanción resulta proporcional. Afirma que el actor vulneró no solo normativa general aplicable a los funcionarios públicos, sino que también específica a aquellos del Servicio de Impuestos Internos, refiriéndose a aquellas pertinentes a la situación de conflictos de intereses, entre otras, concluyendo que, en ese supuesto, debe abstenerse de intervenir en el asunto y comunicar por escrito el potencial Conflicto de Intereses de inmediato a su superior directo, como lo dispone el artículo 12 de la Ley 19.880. En la especie, el actor no se inhabilitó.

Detalla que el Oficio Circular N° 16 de 4 de agosto de 2014 señala expresamente que la no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad administrativa. En este sentido, el artículo 62 N° 6 de la Ley N° 18.575, señala que contraviene especialmente el principio de probidad administrativa, el incumplir con el deber de abstención.

En estos términos, razona que la infracción administrativa al principio de probidad se configura por el sólo hecho de incumplir el deber de abstención, no siendo necesario que el funcionario perciba o no algún tipo de beneficio.

Agrega que el incumplimiento de la normativa legal y reglamentaria, en el caso particular de autos, generó que el recurrente incurriera, no sólo en conductas de falta de imparcialidad, si no que abiertamente benefició en forma indebida a una de sus sobrinas y a clientes de ésta.

Enseguida se refiere al acceso a sistemas de información de su representada, mencionando que, dentro de las obligaciones contenidas, en el Oficio Circular N° 22, se establece que recae sobre los funcionarios la obligación de consultar la información estrictamente necesaria para el ejercicio de sus funciones, lo que fue transgredido en la especie, tal como se acreditó en la investigación administrativa, y que, por lo demás, no ha sido contradicho por el recurrente de autos.

Sobre la falta de motivación reclamada, postula que lo que realmente se pretende impugnar es la decisión adoptada por la administración, toda vez que, considera que las conductas cometidas no constituyen una infracción grave al principio de la probidad administrativa, lo que carece absolutamente de sustento. Invoca el artículo 11 de la ley 19.880 y reitera que ha sido validado el acto impugnado, mediante la revisión del organismo Contralor.

Respecto de la ausencia de proporcionalidad de la sanción aplicada, expresa que en el caso particular de autos, las circunstancias de gravedad de la infracción se encuentran acreditadas en la investigación administrativa (sumario administrativo), en la cual quedó demostrado que, el contribuyente benefició directamente a una de sus sobrinas, - al eliminar una anotación y registrar un domicilio inexistente en el sistema del Servicio de Impuestos, para ella y para un cliente de ella - con las consecuencias que aquello tiene o puede tener para efectos tributarios. Explica que el hecho que el actor modificara indebidamente este registro genera que se eliminen todos los mecanismos de control, establecidos en forma particular para ese contribuyente, afectando la labor de fiscalización, situación que explica la gravedad de la falta cometida; a ello suma la consulta de información respecto de diversos contribuyentes.

Concluye que no es efectivo lo señalado por el señor nombre reservado, en cuanto a que la aplicación de esta medida disciplinaria solo obedeció al hecho que no se inhabilitó, oportunamente y en un caso determinado, sino que, además, incurrió en graves infracciones que afectan el funcionamiento de la administración tributaria. Destaca que estas conductas fueron reiteradas en el tiempo.

Añade que las conductas, además, atentan gravemente, contra la confianza que los contribuyentes han depositado en ese organismo de la administración.

En último término, alega que no existe afectación alguna a las garantías constitucionales invocadas.

Tercero: Como es sabido, la acción de protección de garantías constitucionales, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio Cuarto: Que del análisis razonado de los antecedentes del recurso, como de su tenor literal, se establece que lo que pretende el actor es, en definitiva, una nueva revisión y ponderación de todos los antecedentes que fundamentaron la medida disciplinaria aplicada dentro de un proceso administrativo, que a la fecha se encuentra ya afinado, decisión sancionatoria de la cual ha tomado razón la Contraloría General de la República, tramitado y resuelto entonces, por las autoridades establecidas en la norma legal al efecto, en el cual -por lo demás- se respetó el derecho a defensa.

De este modo, la nueva revisión solicitada, excede ampliamente los márgenes de la acción constitucional ejercida, en cuanto ésta, para su procedencia, requiere necesariamente que exista un acto u omisión ilegal o arbitrario, que genere la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos por ella, de tal modo que la Corte pueda quedar en posición de poder adoptar alguna medida que contrarreste, anule o neutralice los efectos no deseados de esa acción u omisión, circunstancias que de modo evidente, no se presentan como concurrentes en la especie.

Quinto: En este orden de ideas, y a mayor abundamiento, debe tenerse en consideración que la imputación de cargos efectuada por la Administración, dice relación con que éste, en su calidad de funcionario, realizó actuaciones ilegales respecto de una sobrina, consistentes en dar por acreditado domicilio inexistente declarado por ella en un caso y por un cliente de ella, en otro, como de reiterados accesos indebidos a sistema de información reservados, respecto de esta misma persona.

Al presentar sus descargos, no desconoce los hechos, señalando que de ellos no se derivó perjuicio patrimonial al servicio ni se obtuvo ganancia alguna, alegando que solo se omitió inhabilitarse en ellos.

Sexto: Que, en dicho contexto, la Contraloría General de la República, entidad que, conforme con lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución Política de la República es el organismo autónomo que ejerce el control de legalidad de los actos de la Administración, la que, actuando en el marco de sus atribuciones, toma razón del decreto de destitución del sumariado, dado que no aparece vicio que afecte, de forma o de fondo, al sustento jurídico de tal medida.

De lo antes esbozado, se sigue que el acto recurrido fue sujeto al debido control de juridicidad por la CGR, quien no lo representa pues estima que fue dictado por autoridad competente, en uso de las facultades que le confiere el ordenamiento jurídico nacional, en el marco de un procedimiento administrativo legalmente tramitado -en el que se le permitieron al recurrente ejercer todas las defensas y recursos establecidos en su favor-, encontrándose además éste debidamente motivado.

Séptimo: Que, por las razones antes expuestas, y no siendo posible establecer la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario atribuible a la repartición pública recurrida, el recurso de protección deducido en la especie será desestimado.

Y teniendo además presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección 17011-2024.