nombre reservado con INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE)

C.A. de Santiago Santiago, tres de diciembre de dos mil veinticuatro.

A los folios 27 y 28: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 14 de Junio de 2024, comparece don Joaquín Ignacio Rodríguez Soza, abogado, en representación de don nombre reservado, ingeniero de ejecución en administración, interponiendo recurso de protección en contra del Instituto Nacional de Estadísticas, representado por su director, don nombre reservado, por haber dictado la Resolución TRA N° 159/4/2024, que declara la vacancia del cargo del señor nombre reservado por salud incompatible. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que vulnera los derechos a la igualdad ante la ley y a la propiedad sobre las remuneraciones y el empleo, garantizados en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto dicha declaración de vacancia, ordenando la reincorporación del recurrente y el pago de todas las remuneraciones debidas.

Al respecto, explica que ingresó a prestar servicios al Instituto Nacional de Estadísticas el 1 de marzo del 2001, primero a honorarios y luego, desde el 10 de Julio de 2006, en calidad de contrata, terminando como Administrativo a Contrata Grado 19° EUS, desempeñándose como Analista de Compras. Indica que durante todo el tiempo que prestó servicios estuvo calificado con nota 9, sin haber sido objeto de sanciones administrativas, salvo una amonestación el año 2006.

Señala que el año 2022 se le diagnóstico un cuadro de trastorno afectivo bipolar, con un episodio depresivo en tratamiento, del cual logró recuperarse, reincorporándose satisfactoriamente a su trabajo hace 1 año y medio, en enero del 2023. Agrega que el 11 de enero del 2024 la COMPIN declaró su salud "recuperable", pero casi un semestre después, el 11 de junio, fue notificado de la declaración de vacancia de su cargo por salud incompatible.

En ese orden de ideas, alega que la resolución impugnada es ilegal por cuanto hace una falsa aplicación del artículo 151 del Estatuto Administrativo, ya que no respeta la declaración de salud recuperable de la COMPIN, que resulta vinculante para la autoridad. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que sostiene que, si la COMPIN declara la salud recuperable, entonces no es aplicable la causal de salud incompatible del artículo 151, antes citado.

Agrega que la resolución impugnada no contiene fundamentos de hecho que permitan concluir que su salud es incompatible con el cargo, considerando que se reincorporó satisfactoriamente a sus funciones hace más de un año.

Sostiene que este acto arbitrario e ilegal vulnera la igualdad ante la ley, porque lo pone en una posición diferente a la de los demás funcionarios a quienes sí se les respeta la declaración de recuperabilidad, y la propiedad sobre las remuneraciones y el empleo, porque de la arbitrariedad del acto se desprende una privación del derecho a percibir las remuneraciones de su empleo, sin mediar causal legal de extinción.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene al Instituto Nacional de Estadísticas dejar sin efecto la declaración de vacancia por salud incompatible dispuesta por Resolución TRA N° 159/4/2024, ordenando su reincorporación al servicio, conjuntamente con el pago de todas las remuneraciones debidamente reajustadas que le habrían correspondido de haber continuado en el ejercicio de su cargo.

SEGUNDO: Que, informando el recurrido Instituto Nacional de Estadísticas, representado por el abogado Sebastián Ignacio Figueroa Cerda, solicita el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, señala que el recurrente ingresó al INE a contar del 26 de enero de 2001, primero a honorarios hasta el 30 de junio de 2008, pasando luego a la contrata a partir de julio de 2008, como administrativo, escalafón en el que se mantuvo hasta que el servicio declaró la vacancia de su cargo mediante la Resolución Exenta TRA N° 159/4/2024, tomada de razón por la Contraloría General de la República el 8 de mayo de 2024.

Indica que, para determinar la declaración de vacancia, se tuvo a la vista que el recurrente presentó licencias médicas entre el 6 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2024, por un total de 215 días, detallando cada una de ellas. Añade que, previo a la declaración de vacancia, se solicitó pronunciamiento a la COMPIN respecto a la irrecuperabilidad de la salud del señor nombre reservado, la que resolvió que éste "presenta un estado de salud recuperable", mediante dictamen Folio N° 17063444, de 11 de enero de 2024. No obstante, ello, dado el lapso total de licencias médicas presentadas en los últimos dos años, el INE declaró la vacancia del cargo por salud incompatible de acuerdo al artículo 151 del Estatuto Administrativo. Agrega que, una vez tomado razón el acto por la Contraloría, se notificó personalmente al recurrente el 12 de junio de 2024, quien se negó a firmar el acta respectiva.

En cuanto al derecho, el INE alega en primer término que no ha podido verificar si el recurso fue presentado dentro de plazo, por encontrarse la causa en estado de reserva, teniendo acceso solo a los folios 1 y 4, desconociendo el contenido de los folios 2 y 3, lo que lo deja en indefensión para poder alegar la extemporaneidad del recurso, derecho que se reserva.

Luego, en cuanto al fondo, sostiene que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en su actuar, ya que la resolución recurrida se fundó en la hipótesis del inciso 1° del artículo 151 del Estatuto Administrativo, que contempla la posibilidad de declarar la vacancia del cargo cuando el funcionario ha hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. Agrega que esta norma no exige que, para dar lugar a la declaración de vacancia, sea declarada la irrecuperabilidad de la salud del funcionario, sino que únicamente requiere del pronunciamiento de la COMPIN, citando jurisprudencia de la Contraloría General de la República en este sentido.

Argumenta que la resolución recurrida contiene fundamentos de hecho suficientes, pues explica claramente que el recurrente presentó licencias médicas discontinuas desde el 21 de mayo de 2022, que se requirió pronunciamiento a la COMPIN, quien calificó su salud como recuperable, y que se cumplieron los requisitos del artículo 151 del Estatuto Administrativo, detallando cada una de las licencias médicas presentadas por un total de 215 días.

Respecto a la supuesta vulneración de derechos fundamentales alegada, sostiene que el recurrente no desarrolla una argumentación lógica de hecho y de derecho para acreditarla, limitándose a enunciarla, por lo que no puede entenderse constituida una afectación a la igualdad ante la ley. Añade que tampoco existe vulneración al derecho de propiedad sobre las remuneraciones y el empleo, pues usando el mismo razonamiento del recurrente, tal garantía solo se vería conculcada si no mediara causa legal para la declaración de vacancia, pero en este caso sí la hay, ya que se hizo uso de la facultad del artículo 151 del Estatuto Administrativo.

Por estas razones, solicita rechazar el recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad reprocha la parte recurrente, consiste en la decisión de renovar su contrata por la dictación de la Resolución TRA N° 159/4/2024 de fecha 21 de marzo de 2024, mediante la cual declaró vacante el cargo de la recurrente por salud incompatible, que es del siguiente tenor:

“CONSIDERANDO:

a) Que, el funcionario nombre reservado, cédula de Identidad N° RUT reservado, ha presentado licencias médicas discontinuas por enfermedad común, desde el 06/12/2022, las cuales acumuladas suman un periodo superior a seis meses entre los años 2022 a 2024.

b) Que, el artículo 150 del D.F.L. N° 29, que Fija el Texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, dispone que: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”.

c) Que, por su parte el artículo 151, del mismo cuerpo legal establece que, “el Jefe Superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”, y que, para poder ejercer dicha facultad, el jefe de servicio deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

d) Que, en este entendido, se ha requerido el pronunciamiento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, quien mediante Resolución Folio 17063444, de 11 de enero de 2024, resolvió que don nombre reservado, adolece de estado de salud “recuperable”.

e) Que, atendida la situación de don nombre reservado, por haber hecho uso de licencias médicas en un lapso discontinuo superior a seis meses, se procederá a declarar la vacancia de su cargo en virtud de la causal de la letra a) del artículo 150 del D.F.L. N° 29, que Fija el Texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, esto es, salud incompatible con el desempeño del cargo.

f) Que, en consecuencia, se resuelve lo siguiente RESUELVO:

DECLÁRASE VACANTE POR SALUD INCOMPATIBLE, a contar de la notificación de la total tramitación del presente acto administrativo, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, el cargo servido por:

1) Don(a) nombre reservado, R.U.N N° RUT reservado, ADMINISTRATIVO, grado 19°ESCALA UNICA DE SUELDOS, Contrata, del servicio INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS.”

QUINTO: Que resultan ser hechos no controvertidos para el conocimiento de este recurso de protección que:

1. El recurrente mantuvo 215 días de licencia médica entre el 6 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2024.

2. Requerido el pronunciamiento de la Comisión de Medicina Preventiva, ella estimó por resolución de 11 de enero de 2024, que la recurrente presentaba un estado de salud recuperable.

3. Con fecha 12 de junio de 2024, se le notificó a la recurrente la Resolución TRA N° 159/4/2024, que declara vacante el cargo por salud incompatible, por superar, por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años.

4. Con fecha 8 de mayo de 2024, la Resolución TRA N° 159/4/2024 fue tomada de razón por el órgano contralor.

SEXTO: Que en cuanto a la normativa aplicable corresponde indicar que el artículo 146 c) del Estatuto Administrativo: “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: c) Declaración de vacancia;”

Asimismo, el artículo 150 del Estatuto Administrativo dispone que: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales:

a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”;

Por su parte, el artículo 151 del Estatuto Administrativo -de acuerdo a la modificación introducida por el artículo 63 de la Ley N° 21.050- dispone que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Por último, el artículo 3 inciso final de la Ley N° 19.880 dispone: “Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional”.

SÉPTIMO: Que el término de la contrata se realizó en virtud del artículo 3 de la Ley Nº 18.834, el que dispone que el empleo a contrata es de carácter transitorio, esto es, que, si bien su duración se extiende por ley hasta el 31 de diciembre de cada año, ello no es óbice para que el Jefe Superior de Servicio pueda disponer el término anticipado, si los servicios no son requeridos o si existe una declaración de vacancia del cargo.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 151 del Estatuto Administrativo, se establece que el Jefe de Servicio podrá considerar como salud incompatible el uso de licencias médicas por un lapso superior a 6 meses continuo o discontinuo, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

OCTAVO: Que en consecuencia, después de la modificación introducida por la Ley N° 21.050, para aplicar el artículo 151 del Estatuto Administrativo resulta estrictamente necesario solicitar la evaluación a la COMPIN respecto del estado de salud que afecta a un funcionario, cuyo informe sólo puede señalar dos opciones: que sea el estado de salud irrecuperable o recuperable, conservando en ambos casos la administración la facultad de mantener al funcionario en el respectivo cargo o declarar su vacancia, en los términos del artículo 151 del Estatuto Administrativo. De esta forma, el pronunciamiento de la COMPIN de recuperabilidad no resulta vinculante para la recurrida, toda vez que aún en dicha hipótesis, igualmente puede estimar la jefatura del servicio que la salud de la funcionaria es incompatible con el funcionamiento de la entidad, dado que en dicho contexto se trata del ejercicio de una potestad exclusiva de la administración.

NOVENO: Que, de acuerdo al tenor del acto impugnado se advierte que corresponde a un acto administrativo fundado desde los hechos y el derecho -analizándose de manera pormenorizada la situación particular de la actora-, dictado en el ejercicio de una facultad legal y contando con el cumplimiento de los requisitos que el Estatuto Administrativo exige al efecto, conforme además al artículo 3 inciso final del referido cuerpo normativo -presunción de legalidad de los actos administrativos-, toda vez que fue tomado de razón por la Contraloría General de la República con fecha 8 de mayo de 2024.

DÉCIMO: Que, asimismo, resulta pertinente tener presente que, mediante en el Dictamen N° 17.351 de 2018 el Ente Fiscalizador ha sostenido que “la resolución de la evaluación que realice la COMPIN constituye para la autoridad que lo solicita un antecedente sobre la irrecuperabilidad de la salud del servidor, ya que se trata de la valoración que un organismo técnico especializado, realiza acerca de la condición de salud de ese empleado. Atendido lo anterior, en el evento que la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo y resolver la vacancia de éste por esa causal”, resultando para estos efectos la jurisprudencia administrativa vinculante para la administración, conforme con lo dispuesto en los artículos 9 y 19 de la Ley N° 10.336 sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

UNDÉCIMO: Que, en síntesis, la autoridad recurrida sostiene que su decisión tuvo como fundamento reconocer en los hechos los evidentes impedimentos de salud de la actora en relación con el ejercicio del cargo, por lo que dispuso su vacancia a efectos de cubrirlo en el futuro y dotar al respectivo servicio público de los elementos humanos necesarios e idóneos para dar continuidad operativa a los procesos administrativos que la ley mandata, antecedentes que implicaron que se declarara su salud incompatible, en los términos antes explicitados.

DÉCIMO SEGUNDO: Que de lo expresado aparece que la decisión recurrida fue adoptada en virtud del ejercicio de la atribución conferida por ley al jefe del servicio, quien ponderó en el curso del procedimiento no sólo la concurrencia de los requisitos objetivos previstos por la normativa pertinente para la declaración objetada, sino también la probabilidad de contar con el concurso de los servicios de la recurrente para los fines del servicio a partir de su reintegro, después de 215 días de ausencia por motivos médicos, en el periodo ya descrito, en base a antecedentes que sostienen la calificación de incompatibilidad que se formulara, y que priva de sustento a las imputaciones de ilegalidad y arbitrariedad del recurso.

DÉCIMO TERCERO: Que en relación a lo impetrado mediante el presente arbitrio constitucional, es del caso enfatizar la naturaleza esencialmente cautelar de la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental y, particularmente, en la circunstancia que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Expresado, en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o reconocimiento de derechos.

DÉCIMO CUARTO: Que, es así como, aparece que el asunto propuesto a través de esta acción constitucional en cuanto a la presunta inconsistencia entre la declaración de recuperabilidad de la salud con la consideración de su incompatibilidad con el servicio, rebasa sus límites y propósitos, dado que necesariamente supone dirimir los tópicos antes consignados para cuyos fines este procedimiento tutelar no resulta idóneo.

DÉCIMO CUARTO: Que lo cierto es entonces que, el recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de derechos, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose aquéllos indubitados es del parecer que éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito -como ya se ha dicho- es que se tomen medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

DÉCIMO QUINTO: Que, en base a lo expuesto con antelación, el actuar de la recurrida se ajustó completamente a la normativa vigente y a lo previsto en los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Fundamental, sin que haya existido ilegalidad o arbitrariedad alguna -denunciada o verificable- de parte de la recurrida.

DÉCIMO SEXTO: Que, en conformidad a lo antes referido, al no haberse acreditado la existencia de un derecho indubitado y al no configurarse un acto ilegal y arbitrario, corresponde rechazar el recurso.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza, el recurso de protección interpuesto en representación de don nombre reservado, en contra del Instituto Nacional de Estadísticas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-17004-2024.