nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, diez de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que con fecha 20 de diciembre de 2023, comparece nombre reservado, 47 años, auxiliar de aseo, deduce recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana (Compin RM), por los antecedentes de hecho y de derecho que se exponen.

Señala que se enfermó el día 20 de junio de 2021 hasta el 10 de enero de 2022, pagándole las respectivas licencias médicas.

Asevera que le dejaron de pagar las licencias médicas desde el día 21 de noviembre de 2023, precisando que rechazaron 7, esto es, las N°s 54544405-4, 55897435-4, 57341833-6, 58783993-8, 60170764-0, 61701676-1, 63680655-2, que corresponden al período comprendido entre el 20 de junio de 2021 al 10 de enero de 2022, que totalizan 180 días.

Pide que se acoja el recurso, ordenando que se aprueben las licencias médicas rechazadas, y en subsidio, se ordene una revisión de antecedentes por parte de los recurridos, con una nueva Comisión Médica.

Segundo: Que, a folio 19, informa la recurrida Superintendencia de Seguridad Social; sosteniendo primeramente, que su improcedencia por referirse a materias de seguridad social, derecho que no se encuentra incluido entre aquellos que hacen procedente el recurso de protección.

En cuanto al fondo; expresa que ya se ha pronunciado sobre el rechazo de las mismas licencias, a propósito del reclamo del recurrente en contra de la COMPIN R.M. del Dictamen N°R-01-IBS-43239-2023, de 30 de marzo de 2023; y del recurso de reconsideración interpuestos el 27 de junio de 2023; y luego, el día 21 de noviembre de 2023, mediante Resolución Exenta N° R-01-DFS-153809-2023, que rechazó el recurso de reconsideración, como consta expresamente en las Resoluciones Exentas que indica, dado que se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal, más allá del período de reposo ya autorizado. En efecto, los informes médicos y ficha clínica, son insuficientes en descripción de sintomatología de gravedad; en más de dos años de tratamiento, no hay ajustes farmacológicos, además de descripción en ficha de buena funcionalidad de la parte reclamante. Se considera que el reposo no cumple un rol terapéutico; y tampoco se justifica un reposo mayor al que ya se le ha autorizado por 635 días continuos.

Agrega que los médicos tratantes de la Sra. nombre reservado, don nombre reservado, RUT N° RUT reservado, doña nombre reservado, RUT N° RUT reservado, don nombre reservado, RUT N° 14.RUT reservado, y doña nombre reservado, RUT N° RUT reservado, quienes emitieron las licencias médicas reclamadas, no poseen la especialidad de psiquiatría, según constan de los certificados emitidos por la Superintendencia de Salud, que se adjuntan, por tanto la recurrente, ya acumuló 60 días de licencias médicas, llegando al límite establecido por el Decreto Nº 7, de 2013, al tratarse dicho cuadro de salud con médico general.

Argumenta que, en esas circunstancias, el rechazo de las licencias, no es ilegal ni arbitrario, dado que, conforme a los artículos 1° del D.S. N°3 de 1984 del Ministerio de Salud y 1° del D.S. N°7 de 2013 del mismo, la licencia médica es un derecho del paciente en relación con patologías que provocan una incapacidad temporal y no permanente para el trabajo, justificándose las licencias en el rol terapéutico del reposo, que en el presente caso no se da, por ser la patología del recurrente irrecuperable.

Agrega que el recurrente no tiene un derecho indubitado al pago de sus licencias dado que el asunto de fondo es uno técnico-médico, que escapa del objeto del recurso de protección.

Tercero: Que a folio 22, nombre reservado, presidente de la COMPIN R.M., evacuó informe, indicando que el motivo del rechazo de las licencias en cuestión, fue por reposo injustificado, atendido a un largo tratamiento sin resultados, careciendo de plan terapéutico, entre otras razones.

Cuarto: Que, conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Quinto: Que, el acto que se imputa como ilegal y arbitrario es el rechazo por parte de la COMPIN R.M. y de la confirmación de este por parte de la SUSESO de 7 licencias médicas extendidas por un total de 180 días, a contar del 20 de junio de 2021, fundado en que el reposo prescrito no se encontraba justificado, porque los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, el que no cumple un rol terapéutico.

Sexto: Que, respecto a la improcedencia del recurso por guardar relación con materias de seguridad social, será desestimado, pues basta considerar que el recurrente denunció, además como conculcadas, las garantías de los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que obliga a su revisión, en los términos en que el recurso ha sido intentado.

Séptimo: Que en razón de todo lo expuesto es que es necesario determinar la eventual ilegalidad o arbitrariedad en la decisión de los recurridos.

Octavo: Que, en cuanto al fondo, es necesario tener presente la normativa aplicable al caso de marras. Así, el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. En su artículo 156, se trata del beneficio de licencia médica que también le es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política; y, el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

Noveno: Que, por su parte, el procedimiento para la autorización de las licencias médicas, está regulado en el Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, específicamente, artículo 11 y siguientes, “corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos”.

La COMPIN debe resolver- como en el caso de la recurrente-, acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas, se puede pedir reconsideración ante la misma entidad y/o reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

Décimo: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, se señalan las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

Enseguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo, la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por último, en el artículo 27, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

Undécimo: Que, de lo antes expuesto, debe concluirse que, corresponde a la Superintendencia de Seguridad Social, la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley, teniendo la calidad de organismo técnico de control de las instituciones de previsión, entre las que se encuentra la COMPIN.

Duodécimo: Que, por otra parte, debe considerarse que una de las características principales de la licencia médica es su temporalidad, así se desprende del artículo 1 del Decreto Nº 3, que Aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que preceptúa que :“entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la "COMPIN", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "SEREMI", o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

Décimo Tercero: Que, en efecto, lo decidido por la Resolución Exenta, impugnada mediante el presente arbitrio constitucional, guarda correspondencia con el concepto de temporalidad que de las licencias médicas entrega el artículo señalado en el motivo precedente, puesto que el argumento para el rechazo de las licencias de la recurrente, se fundamenta en:

“Que, esta Superintendencia estudió nuevamente los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas (…) no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. Que, en efecto, los informes médicos y ficha clínica son insuficientes en descripción de sintomatología de gravedad. En más de dos años de tratamiento no hay ajustes farmacológicos, además de descripción en ficha de buena funcionalidad de la parte reclamante. Se considera que el reposo no cumple un rol terapéutico.”

Décimo Cuarto: Que, tal como se advierte, el fundamento para rechazar las licencias médicas es que en más de dos años de tratamiento no hay ajustes farmacológicos, los informes médicos y ficha clínica son insuficientes en descripción de sintomatología de gravedad, por lo que no se justifica el rol terapéutico del reposo de la recurrente; sin perjuicio, que éstas fueron emitidas por medios que carecen de la especialidad, de acuerdo al diagnóstico en que ellas se sustentan.

Décimo Quinto: Que, de todo lo reseñado en los considerandos precedentes, dable es concluir que la actividad realizada por la Superintendencia se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras. Así las cosas, decidido el rechazo de las licencias de la recurrente por la COMPIN, y que la SUSESO confirmó dicha decisión, ambas han obrado dentro de las facultades que la ley les confiere; y en el caso de la segunda, además, actúa de acuerdo con el carácter técnico que ostenta y las atribuciones de fiscalización con que cuenta, dejando constancia de los fundamentos tenidos en vista para decidir como lo hizo.

Décimo Sexto: Que, descartada la ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, resulta innecesario hacerse cargo de las garantías constitucionales alegadas como vulneradas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-16991-2023.