Protección contra Policía de Investigaciones de Chile

C.A. de Santiago Santiago, veinte de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por la eventual actuación u omisión que impida el ingreso al territorio nacional de las recurrentes. Actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello los derechos fundamentales del derecho a la vida e integridad física, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a solicitar refugio garantizados por la Constitución Política de la República.

Expone que las recurrentes, todas miembros de una familia de origen ecuatoriano, ha sido objeto de amenazas de muerte en su país de origen, específicamente que nombre reservado fue víctima de extorsión y amenazas de muerte que escalaron hasta el asesinato de su tío, hermano de su padre. Agrega que estas amenazas continúan poniendo en grave riesgo a su madre, a su hija de tres años y a otros dos menores que están bajo el cuidado de su madre en Ecuador. Ante esta situación y debido a la falta de recursos económicos, nombre reservado se vio obligada a huir sola hacia Chile en calidad de turista con el propósito de encontrar estabilidad económica y reunir los medios necesarios para trasladar a su familia a un lugar seguro.

Refiere que existe el riesgo de que la Policía de Investigaciones impida su ingreso al país, basándose en normativas migratorias que, de aplicarse en este contexto, vulnerarían el principio de no devolución consagrado en el derecho internacional. Aduce que este actuar de la PDI o su eventual omisión podría vulnerar los derechos fundamentales de esta familia.

Invoca el artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política que obliga al Estado a respetar los derechos fundamentales garantizados por tratados internacionales ratificados por Chile, como la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967. Asimismo, cita la Ley N° 20.430 que establece el derecho de toda persona que huye de su país debido a persecuciones a solicitar refugio en Chile, prohibiéndose expresamente la devolución a un territorio donde su vida o libertad estén en riesgo. Cita además el principio de "non- refoulement" o no devolución consagrado en el derecho internacional.

En definitiva, solicita que se ordene que la Policía de Investigaciones de Chile se abstenga de adoptar medidas que impidan el ingreso de la familia mencionada al territorio nacional y se dispongan las medidas necesarias para garantizar su seguridad y facilitar su llegada a la ciudad de Coquimbo, lugar en que reside una de las recurrentes, nombre reservado.

SEGUNDO: Que la autoridad recurrida, a través de la abogada Daniela Silva Mella, del Servicio Nacional de Migraciones, evacúa el informe requerido solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, fundándose en antecedentes que descartan la existencia de acto u omisión alguna que vulnere las garantías fundamentales de las recurrentes.

Refiere que no consta en sus registros que la extranjera nombre reservado y su grupo familiar hayan ingresado a territorio nacional por paso habilitado, encontrándose según el propio relato de la parte recurrente fuera del territorio nacional. Asimismo, indica que la extranjera solicitó cita digital de refugio a través de la plataforma SIMPLE, quedando individualizada con el ID NUM000, manteniendo una cita programada para el día 8 de mayo de 2025 a las 09:00 horas. Además, precisa que esta autoridad migratoria no ha dictado acto administrativo alguno que ordene la prohibición de ingreso, medida de abandono o expulsión de la amparada del territorio nacional, como tampoco alguna otra sanción que amenace o vulnere su libertad personal o seguridad individual.

Plantea como primera defensa la incompetencia del Servicio Nacional de Migraciones para informar sobre los hechos denunciados, argumentando que la autoridad competente para informar sobre el egreso e ingreso de extranjeros al territorio nacional es la Policía de Investigaciones de Chile, conforme a lo establecido en el artículo 166 N°1 en relación con el artículo 1 N°14 de la Ley N°21.325. Fundamenta esta incompetencia citando el artículo 26 de la Ley N°20.430, que establece que es la autoridad contralora de frontera la que debe dejar constancia por escrito de la solicitud de refugio y entregar copia al solicitante y al Servicio Nacional de Migraciones.

Como segunda defensa, la recurrida se refiere a la situación particular de los nacionales ecuatorianos para ingresar a Chile, señalando que encontrándose fuera del territorio nacional, los extranjeros de nacionalidad ecuatoriana no necesitan más que su cédula de identidad vigente para realizar el ingreso a territorio nacional por paso habilitado, según consta en el cuadro de aranceles de visa de permanencia transitoria.

Finalmente, reitera que no ha dictado resolución ni decreto que disponga prohibición de ingreso, abandono, expulsión o alguna sanción en contra de la parte recurrente, manteniendo la cita solicitada a través de la plataforma digital, por lo que solicita el rechazo de la acción constitucional toda vez que no existe acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas.

TERCERO: Que, por resolución de 2 de junio pasado, no habiéndose evacuado informe por la recurrida Policía de Investigaciones de Chile, se prescindió de éste.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que el acto que se califica de ilegal y arbitrario consiste en una eventual actuación u omisión de la recurrida Policía de Investigaciones que podría impedir el ingreso al territorio nacional de las recurrentes.

SEXTO: Que, conforme a lo dicho y de la atenta revisión de las presentaciones, al tratarse lo cuestionado de una decisión inexistente, no concurre, en consecuencia, el supuesto básico que hace procedente la vía ejercida, por lo que no existe ninguna medida que esta Corte pueda adoptar para la tutela de los derechos que se señalan como conculcados, motivo por el cual la acción constitucional interpuesta no puede prosperar.

Por lo demás, las supuestas actuaciones futuras que se denuncian, se enmarca precisamente, dentro del ejercicio legítimo de las atribuciones que el ordenamiento jurídico ha conferido específicamente a la autoridad contralora de fronteras.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-1699-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por el Ministro (I) señor Pablo Toledo González y el Abogado Integrante señor Cristian Parada Bustamante.