nombre reservado con INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro.

Al folio 12: a todo, téngase presente.

Al folio 13: a lo principal, primer y segundo otrosí, téngase presente. Al tercer otrosí, a sus antecedentes.

Visto y Considerando:

Primero: Que comparece doña Makarena García Dinamarca, abogada, quien deduce recurso de protección en contra del del Instituto Nacional de Geriatría, representado por su Director don nombre reservado, por haber puesto término anticipado a su contrata, mediante Resolución Exenta Nº 326 de fecha 26 de marzo de 2024, notificada con fecha 27 de marzo de 2024, por la apreciación personal de la jefatura sobre su desempeño, lo cual califica de ilegal y arbitrario.

Estima transgredidos sus derechos a la igualdad ante la ley y de propiedad y, en definitiva, pide que se decreten los actos que se estime pertinente para el restablecimiento del derecho, debiendo en consecuencia invalidarse el término anticipado de la contrata de la protegida, ordenar su reintegro y el pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso, con expresa condenación en costas.

Precisa que dedujo un reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la República, en contra de la Resolución Exenta Nº 326 de fecha 26 de marzo de 2024, la que fue resuelta a través del rechazo del reclamo mediante Resolución Exenta N° 9006 / 2024 de fecha 17 de junio de 2024. Luego, postula que deduce su recurso de protección tras quedar afinado el expresado reclamo.

Asentado lo anterior, en cuanto a los hechos, desarrolla que la recurrente ingresa a prestar funciones al Hospital Dr. Sotero del Río en calidad de contrata el 05 de octubre de 2009; contratación prorrogada hasta el 30 de abril de 2013. Luego, menciona haber trabajado también en la Dirección del Servicios de Salud Metropolitano Oriente y en el Hospital La Florida, mediante contrataciones sin interrupción, hasta el 30 de diciembre de 2021. Agrega que contar del 1 de diciembre de 2021 es designada en calidad de contrata en el Instituto Nacional de Geriatría, prorrogada durante el año 2022, 2023, y siendo su última renovación de contrata la dispuesta por Resolución Exenta RA N° 112995/2/2024 de fecha 18 de enero de 2024, que lo hizo desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. Desprende que tiene una antigüedad en calidad de contrata en Hospitales de la Red Asistencial del Servicio de Salud Metropolitano Oriente de 14 años y 5 meses, desempeñándose los últimos 2 años y tres meses en el Instituto Nacional de Geriatría.

Indica que en esta última entidad desempeñó funciones en la unidad de gestión de personas como Encargada de Gestión de Personas, enunciando sus principales funciones.

Expresa que en abril de 2022, la funcionaria comunica su embarazo y luego de hacer uso descansos maternales retoma sus funciones en enero de 2024. Por consiguiente, explica que no contaba con calificaciones al momento de su desvinculación.

Añade que el 27 de marzo de 2024, es notificada del término anticipado de su contrata a contar de esta fecha, lo que se materializa en la Resolución Exenta Resolución Exenta Nº 326 de fecha 26 de marzo de 2024, de la cual transcribe sus considerandos y parte dispositiva, y que consigna que “ha presentado un desempeño deficiente, explicitado en informe emitido por su Jefatura la Srta. nombre reservado”.

Enseguida, cita diversas disposiciones del Estatuto Administrativo y argumenta que aquel establece un procedimiento específico para evaluar el servicio de los funcionarios públicos, que es aplicable a quienes sirvan los cargos en calidad de planta o a contrata, debiendo la autoridad dejar plasmadas las razones de un eventual mal desempeño en el proceso de calificación que, una vez firme, determina que el funcionario deje de prestar servicios, sin que sea admisible que se utilice la causal de necesidades del servicio para disponer el término anticipado de la contrata. Aduce que tal fundamento no guarda ninguna relación con el motivo invocado, que se relaciona con que los servicios de la recurrente “no son necesarios”, que es una fórmula que se relaciona con un hecho objetivo, vinculado al cargo, prescindiendo de elementos subjetivos que digan relación con la persona que lo sirve.

Aduce que el término del fuero maternal no puede ser una fundamentación para justificar que los servicios no sean necesarios, como lo pretende la recurrida y añade que la funcionaria sí esta amparada por la confianza legítima de que ser prorrogada o renovada su designación a contrata. Sin embargo, dice que ello no dice relación con el término anticipado de la misma, ni tampoco exime del deber de fundamentación que pesa sobre la Administración.

Cita jurisprudencia e insiste en que el término anticipado de la contrata será procedente en tanto el servicio que motivó la contratación haya dejado de ser necesario y que, para ello, esta decisión deberá ser suficientemente fundamentada, pues de lo contrario resulta no sólo contraria a la ley, sino también arbitraria, pues no puede ser explicada más que por el simple capricho. Así, concluye que se configura una desviación de poder, conforme fundamenta.

En cuanto al Derecho, se refiere a las contratas, conforme al Estatuto Administrativo, refiriéndose a la estabilidad laboral de los funcionarios que se desempeñan bajo tal régimen.

Por último, desarrolla la vulneración de garantías que estima concurrente.

Segundo: Que a folio 9 evacúa informe doña nombre reservado, abogada del Instituto Nacional de Geriatría (INGER), solicitando el rechazo del recurso y aduciendo que no es procedente que sea condenada en costas.

Indica que la recurrente, doña nombre reservado, comenzó su vinculación laboral con ese Instituto el 1 de diciembre de 2021, formando parte del equipo de la Unidad de Gestión de Personas, con un empleo a contrata, profesional, 44 horas, grado 9° EUS., y manteniéndose en el mismo hasta el mes de marzo del presente, oportunidad en que mediante la Resolución Exenta N°326, de fecha 26 de marzo de 2024, se le notificó el término de su contrato con dicha entidad.

Señala que durante el tiempo que prestó servicios al INGER, fue posible constatar respecto de la funcionaria una serie de situaciones relacionadas al desempeño de su trabajo en la unidad a la que pertenecía, vinculadas principalmente a peticiones e instrucciones solicitadas por la jefatura de la unidad, sin que las mismas hayan sido ejecutadas en los tiempos y formas requeridos, conforme describe. Asimismo, sostiene que también fue posible constatar el desconocimiento en materias relacionadas directamente con sus funciones en la unidad, con las consecuencias que refiere.

Plantea que la recurrente, en el contenido de su recurso indica que a su juicio se encontraría amparada por la confianza legítima respecto a su vinculación con el Instituto Nacional de Geriatría. A este respecto, y al igual como se hizo en su oportunidad al contestar el reclamo efectuado por la funcionaria ante la Contraloría General de la República (CGR), y que en definitiva fue rechazado por el Órgano Contralor, hace presente, conforme a los dictámenes N°85.700/2016 y N°6.400/2018, de la CGR, que el lapso necesario para provocar la confianza legítima está determinada por una vinculación laboral cuya duración haya alcanzado al menos dos renovaciones anuales, mientras que las prolongaciones o renovaciones del vínculo contractual en cumplimiento de lo establecido por los artículos 201 y 174 del Código del Trabajo, no generan aquella legítima confianza esgrimida por la reclamante. Afirma que en ese sentido lo ha entendido la jurisprudencia administrativa del Órgano Contralor, manifestando precisamente que las renovaciones de designaciones efectuadas para no vulnerar el fuero maternal del que goce una funcionaría, no generan en aquella la legítima expectativa de que su vínculo laboral será prolongado para la siguiente anualidad.

De ello desprende que no resultaba vinculante para su parte dictar un acto de carácter positivo debidamente motivado que pusiera término anticipado al vínculo contractual. Sin perjuicio de lo anterior, aduce que mediante la Resolución Exenta N°326, de fecha 26 de marzo de 2024 singularizó aquellos elementos y fundamentos tanto de hecho como de derecho aplicables para el caso particular, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N°19.880. En particular, dice que en sus considerandos segundo, tercero y cuarto contempla aquellas situaciones de hecho que tuvieron lugar durante el desempeño laboral de la recurrente, y citando expresamente aquel Informe Técnico, de fecha 19 de marzo de 2024, a través del cual se expresa de manera pormenorizada lo relativo a la funcionaria durante su desempeño en el INGER, para luego en sus considerandos quinto y sexto, referirse a su situación laboral durante su fuero maternal, y aclarando el aspecto de la confianza legítima según lo dispuesto por la Contraloría General de la República, de lo cual es posible desprender el raciocinio utilizado por la autoridad para adoptar la medida correspondiente.

Complementa que así lo entendió la propia Contraloría General de la República, al rechazar el reclamo de la recurrente en contra del término anticipado de su contrata, alegando la funcionaria, entre otros aspectos, que a su juicio la medida carecía de fundamentos, resolviendo el órgano contralor lo siguiente a este respecto: “Que, en consecuencia la anotada resolución exenta N°326, de 2024, que puso término anticipado a su contrata, estaría suficientemente fundada, sin que se aprecie, en esta oportunidad, algún reproche que formular en torno a lo obrado en la materia por el nombrado Instituto, salvo la precisión que se indicará.” (Resolución Exenta N°9006/2024, CGR.)

Conforme a lo expuesto, descarta cualquier actuar arbitrario o ilegal de su representada.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, corresponde a una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Funda mental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, según consta de los antecedentes y, en especial, del certificado emitido por el Subdirector de Gestión y nombre reservado, del Instituto Nacional de Geriatría, la actora comenzó a prestar servicios ininterrumpidos para la recurrida el 1 de diciembre de 2021, a contrata, mediante decretos que fueron sucesiva e ininterrumpidamente renovados hasta el último, de 18 de enero de 2024, que renovó su contrata hasta el 31 de diciembre del mismo año, la que, sin embargo, fue terminada anticipadamente por la autoridad, estimando que aquélla no cumplía con el standard mínimo necesario para el normal funcionamiento de la Unidad.

Quinto: Que, de esta manera, al no haber alcanzado a completar 5 años de desempeño a contrata ininterrumpido para el Instituto Nacional de Geriatría, no puede estimarse que favorece a la recurrente la confianza legítima de que su contrata mantendría su vigencia mientras no se le pusiera término mediante sumario administrativo, derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo anterior, es lo cierto que, según consta del expreso tenor de la Resolución Exenta RA Nro. 112995/2/2024, de 18 de enero del año en curso, la contrata de la actora fue dispuesta por la autoridad con vigencia desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2024, y mientras sus servicios sean necesarios; de lo que se infiere que, si bien es cierto que la autoridad se encontraba facultada para poner término anticipado a dicha vinculación, no lo es menos que, para proceder de dicho modo, debió motivar el acto explicando las razones por las cuales los servicios para los que fue contratada la recurrente dejaron de ser necesarios; exigencia que, en este caso, la autoridad no satisfizo, desde que, si bien fundamentó el acto recurrido en que la funcionaria no cumplía con el standard mínimo necesario para el normal funcionamiento de la unidad, sustentó este aserto meramente en un escueto informe de su jefatura; antecedente de cuya atenta lectura fluye que carece de la corroboración y, por ende, de la objetividad necesaria para acreditar, a los efectos de la presenta acción cautelar, los hechos de que da cuenta.

Séptimo: Que, de esta manera, al haber procedido la autoridad a poner término anticipado a la contrata sin sustento suficiente que dote de razonabilidad a su actuar, incurrió en un comportamiento que cabe calificar como arbitrario, el que importó una discriminación arbitraria de la recurrente, en relación con otros funcionarios que han visto terminadas anticipadamente sus contratas mediante actos administrativos debida y legalmente fundados en circunstancias fácticas corroborables que permitan tener por establecido que sus servicios, efectivamente, dejaron de ser necesarios.

Octavo: Que lo razonado precedentemente justifica, a la luz de lo que dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental, acoger el recurso en examen, del modo que se dirá en lo resolutivo.

En razón de lo anterior y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección, se acoge el recurso deducido por la abogada Makarena García Dinamarca a favor de nombre reservado, en contra del Instituto Nacional de Geriatría, sólo en cuanto se declara esta autoridad deberá pagara la actora todos los emolumentos que habría tenido derecho a percibir, de no haberse dictado el acto recurrido, desde la fecha en que se dispuso el término anticipado recurrido y hasta el 31 de diciembre de 2024.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-16978-2024.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por el Ministro señora Elsa Barrientos Guerrero, el Ministro (S) señor Matias Felipe De La Noi Merino y el Abogado Integrante señora Catalina Infante Correa.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.