nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, cinco de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece don nombre reservado, abogado, por sí y a favor de doña nombre reservado, ambos ya individualizados, interponiendo acción de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos para extranjero notificado por correo electrónico con fecha 2 de julio de 2025, lo que, a su juicio, vulnera la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución), el debido proceso y racionalidad del procedimiento administrativo (artículo 19 N° 3 de la Constitución) y el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales (artículo 19 N° 24 de la Constitución).

Expone que la recurrente, profesional extranjera, ingresó el 18 de junio de 2025 solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156, acompañando constancia de afiliación al sistema de seguridad social de Venezuela emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), declaración jurada notarial con firma electrónica avanzada, contrato y anexos, y demás documentos exigidos. Indica que el certificado electrónico incluye código alfanumérico verificable —“72e677188-2025609”— y que su autenticidad puede comprobarse en el portal del IVSS, tanto por el enlace de verificación como mediante consulta por cédula venezolana RUT reservado. Señala que, pese a ello, la recurrida rechazó la solicitud con fundamento genérico de “falta de documentación, falta certificado S. Social”, sin verificar los medios aportados; incluso refiere inconsistencia en el RUT consignado en la respuesta de AFP UNO, evidenciando tratamiento estandarizado carente de fundamentación suficiente.

Indica que la Ley N° 18.156, en sus artículos 1 y 7, exime a técnicos y profesionales extranjeros de cotizar en Chile cuando mantienen afiliación en su país de origen y, si registraron cotizaciones en una AFP, les faculta solicitar devolución de los fondos depositados cumpliendo los requisitos del artículo 1, respecto de los que alega que se satisfacen copulativamente: i) calidad de extranjera profesional; ii) manifestación contractual de mantener afiliación foránea; iii) afiliación efectiva al sistema previsional venezolano acreditada con constancia oficial verificable; y que la recurrida omitió su deber mínimo de comprobación electrónica antes de rechazar.

Argumenta que la ilegalidad deriva de la infracción directa de los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, por cuanto la administradora exige, en los hechos, requisitos no contemplados normativamente o desestima sin verificación un certificado oficial cuya validez es comprobable por vías telemáticas.

A su vez, sostiene que la arbitrariedad se configura por la ausencia de razonabilidad y proporcionalidad en la decisión: rechazo genérico, falta de contrastación de antecedentes, utilización de respuesta tipo e incongruencias formales (RUT no coincidente), además de no otorgar oportunidad para subsanar o aclarar eventuales dudas, contrariando un estándar mínimo de racionalidad procedimental que se desprende del artículo 19 N° 3 de la Constitución.

Destaca que la afectación al artículo 19 N° 24 de la Constitución se manifiesta en la privación injustificada del atributo de disposición respecto de fondos previsionales que, conforme a la jurisprudencia y a la normativa especial, pertenecen al afiliado; la negativa impide el ejercicio del derecho que la Ley N° 18.156 reconoce a técnicos y profesionales extranjeros, una vez cumplidos sus requisitos. Asimismo, al resolver de manera disímil frente a solicitantes en situación análoga, la recurrida incurre en diferencia arbitraria prohibida por el artículo 19 N° 2 CPR.

Reclama la motivación insuficiente y la omisión de verificación de un documento público extranjero apostillado y electrónicamente validable contravienen el estándar de decisión fundada exigible a entes que administran derechos fundamentales de los afiliados, máxime cuando el propio procedimiento interno admite la carga documental y provee revisión ex ante antes de “aceptar a trámite” solicitudes.

Solicita que se acoja la acción de protección, se deje sin efecto el rechazo notificado el 2 de julio de 2025, se ordene a AFP UNO S.A. reconocer la validez de la constancia de afiliación y de los documentos acompañados, verificar su autenticidad por los medios electrónicos indicados y emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho dentro de un plazo razonable, disponiendo, cumplidos los requisitos de los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, la devolución de los fondos previsionales de la recurrente, con las demás providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que informando al tenor del recurso comparece Romina Dalbosco Cornejo, abogada, por Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., quien solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas, por no configurarse acto ilegal o arbitrario ni afectación de garantías.

Expone, en cuanto a la naturaleza del recurso de protección, su carácter cautelar y excepcional (artículo 20 de la Constitución), destinado a amparar derechos indubitados y preexistentes frente a actos arbitrarios o ilegales que los priven, perturben o amenacen; sostiene que la recurrente no detenta un derecho indubitado a la devolución, desde que esta procede excepcionalmente para técnicos extranjeros sólo si se cumplen copulativamente los requisitos de la Ley N° 18.156 (modificada por Ley N° 18.726), la Circular N° 553 y el Libro II, Título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Sobre los hechos, afirma: i) el 18 de junio de 2025 la afiliada nombre reservado solicitó devolución acogida a Ley N° 18.156 respecto de “AP Services South America SpA”; ii) el 2 de julio de 2025 AFP UNO rechazó por documentación incompleta, destacando ausencia de Certificado de Afiliación al sistema de seguridad social extranjero y otros faltantes exigidos por la normativa; iii) el 29 de julio de 2025 se notificó la acción constitucional.

Invoca el principio de territorialidad en materia laboral y previsional, con dos excepciones: (a) trabajadores desplazados bajo Convenio Bilateral de Seguridad Social, y (b) técnicos extranjeros exentos de cotizar o habilitados para devolución si satisfacen Ley N° 18.156 (artículo 1°: calidad de técnico acreditada con títulos legalizados; afiliación previa y vigente a régimen extranjero que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte; manifestación expresa en el contrato de mantener dicha afiliación) y artículo 7° (faculta solicitar devolución si hubo cotizaciones en AFP cumpliendo el artículo 1°). Añade exigencias formales de legalización/apostilla de documentos extranjeros según artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de Apostilla de La Haya.

Destaca, como estándares administrativos aplicables, el Oficio Reservado N° 2966, de 3 de agosto de 2023, MINREL (sobre cadena de legalización, timbre tricolor y verificación sólo en original); el Oficio Reservado N° 25057, de 29 de diciembre de 2023, Superintendencia de Pensiones; la Circular N° 553 y el Libro II, Título XI del Compendio; y, de manera decisiva, el Oficio Ordinario N° 12954, de 17 de julio de 2025, Superintendencia de Pensiones, que precisa: las certificaciones electrónicas venezolanas sin firma del emisor y no apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para acreditar la afiliación exigida; y que, tratándose de Chile–Venezuela, Estados Parte de la Apostilla, corresponde apostilla venezolana sin ulterior tramitación.

Sostiene que la “Constancia de Cotizaciones” acompañada por la actora, aun con código de verificación web, no sustituye el Certificado de Afiliación debidamente legalizado o apostillado, único idóneo para acreditar la afiliación efectiva y la cobertura mínima (enfermedad, invalidez, vejez y muerte) requerida por Ley N° 18.156 y el Compendio; que la remisión a un enlace de internet no satisface los requisitos formales chilenos de eficacia probatoria de instrumentos públicos extranjeros (artículo 345 del Código de Procedimiento Civil).

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar los derechos preexistentes e indubitados que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su libre ejercicio.

Cuarto: Que el acto que se reclama como ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de la AFP Uno de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual de la recurrente, desestimando el reclamo de la actual recurrente. La recurrida justifica su decisión de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que la recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la cobertura prevista en la Ley N° 18.156.

Quinto: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal estipula que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que, de la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, permite constatar que efectivamente el mismo no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, esto es, no ha sido debidamente legalizado ni se encuentra apostillado, en términos que no es posible asignarle un carácter de existencia y validez debidamente acreditada.

Séptimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción constitucional de protección hace indispensable que el recurrente invoque la afectación de un derecho preexistente e indubitado, y, de la revisión de los antecedentes, surge que la materia sometida al conocimiento de este Tribunal dice relación con una cuestión que excede por mucho de la naturaleza cautelar y de urgencia de la que se ha dotado a la acción de protección, debiendo tal pretensión ser sometida al conocimiento del tribunal por ley llamado para ello, en el marco de un procedimiento que otorgue a las partes las garantías procesales correspondientes, no siendo la acción en comento la vía idónea para tal efecto.

Por estas consideraciones, y de conformidad además con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional interpuesta por nombre reservado, ciudadano venezolano, en contra de AFP Uno S.A.

Regístrese y archívese.

N°Protección-16977-2025.