nombre reservado con TESORERÍA GENERA DE LA REPUBLICA

C.A. de Santiago Santiago, siete de noviembre de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que el 10 de julio de 2024 comparece Andrés Soto Rodríguez, abogado, en representación de nombre reservado, e interpone acción constitución de protección en contra de la Tesorería General de la República, por haber incurrido en el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en retención y compensación de suma de dinero que debía ser pagada a la recurrente en virtud de avenimiento judicial celebrado en el contexto de un juicio laboral, conculcando la garantía del artículo 19 Nro. 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que en el contexto de un juicio de tutela laboral, RIT Nro. 1556-2022 del 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la recurrente arribó con el Fisco a un avenimiento el 20 de junio de 2023, aprobado por el tribunal el 22 del mismo mes y año, obligándose el Fisco a pagar la suma única y total de $6.620.000, resolución que se encuentra firme y ejecutoriada como consta en certificación de 4 de julio de 2023.

Agrega que a la fecha del recurso, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no ha remitido el oficio que autoriza el pago conforme al artículo 752 del Código de Procedimiento Civil. Adiciona, que la recurrida compensó el crédito con una deuda que registra la recurrente por concepto de crédito universitario, sin causa legal para ello, como consta en certificado de compensación de 5 de julio de 2024.

Fundamenta que el actuar de la Tesorería General de la República es contrario al artículo 17 de la Ley Nro. 20.027, que solo autoriza la retención en casos de devolución de impuesto, y no por un crédito que surja del derecho laboral. Además, dice que no hay autorización judicial que permita la retención que la recurrida ha efectuado. Y vincula dicha infracción con la vulneración de la garantía constitucional del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se declare que la compensación es ilegal o arbitraria, y que la recurrida, restituya íntegramente y con reajustes e intereses la suma retenida o compensada de $6.620.000.

Segundo: Que evacuó informe nombre reservado, en representación de la Tesorería General de la República, alegando en primer lugar la extemporaneidad del recurso de protección, ya que si bien acompañó certificado de compensación de 5 de julio de 2024, de acuerdo al sistema interno de la recurrida, se verificó que la recurrente hizo solicitud a través de dicho sistema el 20 de febrero de 2024, informándosele de la compensación el 21 de febrero pasado, sobrepasando el plazo de 30 días para recurrir, atendido que la acción constitucional de protección se dedujo el 10 de julio del presente año.

Alega, en segundo lugar, que efectivamente se compensó deuda del recurrente con crédito que tiene la recurrida por el monto indicado en el recurso de protección, la cual se generó por avenimiento celebrado ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo.

Aclara que el crédito a favor del contribuyente fue ordenado pagar por resolución exenta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, conforme al artículo 752 del Código de Procedimiento Civil, pero que no se verificó el pago, por operar compensación, por deuda que tiene el recurrente por concepto de crédito con aval del estado. Y que la facultad de la Tesorería para compensar deudas de contribuyentes está contemplada en el artículo 6° del D.F.L. Nro. 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, disposición que expresa “[s]e autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”. Asevera que concurre en la especie los requisitos de la compensación y no se incurre en actuación ilegal o arbitraria. Afirma que el artículo 17 de la Ley Nro. 20.027 es un mecanismo de retención y cobro extrajudicial, no teniendo la interpretación que el recurrente acusa. Añade que el recurso es improcedente y no existe derecho indubitado.

Finalmente, pide el rechazo de la acción constitucional con costas.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, en la especie, la conducta reprochada corresponde a la determinación adoptada por el Tesorero General de compensar deudas por Crédito con Aval del Estado con estipendios derivados de un juicio laboral; actuación administrativa fundamentada en el Decreto con Fuerza de Ley Nro.1, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, del año 1994.

Quinto: Que en relación a la alegación de extemporaneidad se debe precisar que en el numeral 1° del texto refundido del Autor Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales se expresa “[e]l recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

Sobre esta alegación, en cuanto a la determinación de la fecha de ocurrencia del acto objeto de acción constitucional, conforme al certificado de cuenta emitido por la Tesorería General de la República consta que la compensación reprochada en la acción constitucional de protección se efectuó el 9 de enero del presente año, antecedente que es coincidente con el comprobante de compensación que indica la misma fecha.

Respecto a la determinación de la fecha en que la recurrente tomó conocimiento del acto que imputa en su libelo, se debe tener en consideración que la recurrida acompañó petición efectuada por la recurrente en la plataforma web de la recurrida -a la que se accede, como es de público conocimiento, utilizando clave única-, singularizada como “#948888 Solicitud devolución de pago por compensación de deuda Fiscal”. De este antecedente se infiere que la actora el 20 de febrero de 2024 solicitó a la recurrida que se le liberaran los fondos retenidos y que tendrían su origen en un juicio laboral, además, consta que el 21 de febrero del mismo año se le comunicó como respuesta a la petición anterior, que se efectuó una compensación con la deuda de crédito universitario -CAE- por monto de $6.620.000, folio 401520, que es justamente la compensación que se reprocha.

Atendido lo anterior, al momento de interponer la acción constitucional de protección, el 10 de julio de 2024, no solo el acto que se imputa ocurrió 6 meses antes, sino también consta que la recurrente tomó conocimiento del hecho 5 meses antes de la interposición del recurso de protección. Razón por la cual debe será acogida la alegación de extemporaneidad interpuesta por la recurrida.

Sexto: Que en atención a lo razonado en el fundamento anterior, esto es la presentación extemporánea de la acción constitucional, se omitirá pronunciamiento sobre la eventual vulneración de la garantía constitucional alegada por la recurrente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se rechaza, sin costas, el arbitrio deducido por Andrés Soto Rodríguez, abogado, en representación de nombre reservado, en contra la Tesorería General de la República, por ser extemporáneo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte Nro. 16.963-2024 (Protección)