Protección contra Liceo nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, en favor de su hijo nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Liceo nombre reservado, por el acto consistente en la expulsión de dicho alumno del establecimiento. Actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la integridad psíquica, a la igualdad ante la ley y a la libertad de enseñanza, garantizados por la Constitución Política de la República.

Expone que el día 4 de junio de 2025 se inició un proceso investigativo en contra de su hijo y otros cuatro estudiantes a raíz de una denuncia por hechos ocurridos durante el año 2023 en un grupo de WhatsApp. Agrega que dicha denuncia fue malintencionada y que los hechos fueron descontextualizados e interpretados bajo una óptica de adulto, imputándole al estudiante faltas que no habría cometido. Afirma que, desde el inicio, el Inspector General del establecimiento prejuzgó la situación, manifestando que el alumno ya era culpable y sugiriendo su retiro voluntario, vulnerando así la presunción de inocencia.

Señala que el estudiante, de 15 años, presenta un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA), condición que era de conocimiento del establecimiento y que, según la recurrente, no fue considerada durante el proceso. Destaca, además, la excelencia académica y la conducta intachable que el alumno ha mantenido a lo largo de su trayectoria escolar, así como sus múltiples logros en competencias de matemáticas.

Argumenta que la investigación fue sesgada y desigual, impidiendo a la parte recurrente presentar pruebas de descargo que permitieran contextualizar los hechos, mientras que sí se habrían considerado testimonios de terceros carentes de sustento. Alega una falta de confidencialidad en el proceso, toda vez que docentes del liceo habrían divulgado información del caso entre la comunidad escolar. Asevera que, previo a la resolución final, se suspendió al alumno por más de 19 días y se le marginó de academias y de la selección de debate, lo que constituiría una sanción anticipada.

En definitiva, solicita que se ordene la reincorporación inmediata del estudiante nombre reservado a través de la restitución de su matrícula en el Instituto nombre reservado, junto con la anulación de todo el proceso de expulsión.

SEGUNDO: Que, la Ilustre Municipalidad de Santiago al evacuar informe pide el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas, sobre la base de las siguientes argumentaciones.

Refiere que su actuar se origina a raíz de una denuncia recibida el 2 de junio de 2025 por la Unidad de Convivencia Escolar, la cual alertaba sobre la existencia de un grupo de mensajería instantánea en la aplicación WhatsApp, integrado por estudiantes del establecimiento. Agrega que, dicho espacio virtual era utilizado para ejecutar prácticas de acoso, cosificación y categorización sexual en contra de sus compañeras.

Alega que, a través de la activación de los protocolos internos, se constató que en el referido grupo se compartía contenido orientado a acosar, fotografiar sin consentimiento y clasificar a diversas estudiantes, utilizando para ello un lenguaje codificado que incluía términos como "carne", "plato" o "comida" para referirse a ellas.

Sostiene que se acreditó, además, la existencia de una jerarquía interna con categorías como "[búho]", "[farolito]" y "[tigre]", así como un reglamento que imponía secretismo y complicidad entre sus miembros, con frases como "lo que pasa en el grupo se queda en el grupo" y "no contar a mujeres", evidenciando plena conciencia sobre el carácter inaceptable de sus actos. Asimismo, señala que se corroboró la práctica de asignar simbólicamente a ciertas estudiantes como "propiedad" de miembros del grupo, lo que, a juicio de la recurrida, constituye una lógica de dominación y cosificación extrema.

Argumenta que los hechos descritos configuran las faltas gravísimas consagradas en los numerales 33 y 47 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE). La primera, referida a incurrir en actos que afectan gravemente la convivencia escolar y causan daño a la integridad psicológica de cualquier miembro de la comunidad educativa. La segunda, relativa a la práctica de acoso escolar o cyberbullying, entendido como toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado que provoque maltrato, humillación o temor fundado en la víctima.

En cuanto a la proporcionalidad de la medida de expulsión, fundamenta que, si bien la regla general es la aplicación gradual de las sanciones, la normativa excluye de dicha progresión aquellos hechos que afecten gravemente la convivencia escolar. Asegura que en la especie, se determinó que los estudiantes involucrados, entre ellos el recurrente, generaron un grave daño a la integridad psicológica de sus compañeras, deteriorando el clima escolar y vulnerando el ambiente de seguridad necesario para el aprendizaje, lo que justifica la aplicación de la máxima sanción disciplinaria dispuesta en el reglamento.

Enfatiza que durante el proceso investigativo se respetó el debido proceso, otorgando al estudiante los plazos para efectuar sus descargos, instancia en la cual habría aceptado su participación en los hechos.

TERCERO: Que, asimismo, en cumplimiento de lo ordenado por esta Corte mediante resolución de fecha 8 de septiembre de 2025, don nombre reservado, Director Regional de la Dirección Regional Metropolitana de la Superintendencia de Educación, evacuó informe respecto de las medidas adoptadas por dicho organismo frente a los hechos ocurridos en el establecimiento educacional recurrido.

En primer término, expone el marco de facultades legales de la Superintendencia de Educación, señalando que conforme al artículo 48 de la Ley N° 20.529, le corresponde fiscalizar que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a la normativa educacional, controlar la legalidad del uso de recursos por los sostenedores que reciban financiamiento estatal, y atender las denuncias y reclamos de las comunidades educativas.

Destaca que el artículo 6 letra d) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998, Ley de Subvenciones, establece que los establecimientos educacionales deben contar con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados, debiendo incluir las normas de convivencia, la prohibición de discriminación arbitraria, las sanciones y los procedimientos correspondientes. En este contexto, los directores de establecimientos pueden iniciar procedimientos disciplinarios de expulsión o cancelación de matrícula cuando las causales estén claramente descritas en el reglamento interno o porque afecten gravemente la convivencia escolar, entendiendo por tales los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa que causen daño a la integridad física o psíquica de sus miembros.

Manifiesta que la Ley N° 21.128 refuerza la garantía fundamental del debido proceso, prescribiendo que las medidas de expulsión o cancelación de matrícula solo podrán adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo contemplado en el reglamento interno, garantizando el derecho del estudiante afectado y de su apoderado a realizar descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. Añade que dicho procedimiento debe considerar la comunicación de la falta imputada, el respeto a la presunción de inocencia, el derecho a ser escuchado mediante descargos, la entrega de antecedentes para la defensa, una resolución fundada en plazo razonable, y el derecho a solicitar la revisión de la medida.

En relación con las gestiones realizadas, indica que con fecha 29 de julio de 2025 ingresó a dicho organismo el expediente de expulsión bajo el código NUM000. Señala que, revisados los antecedentes, se observa que la medida disciplinaria aplicada al alumno se ajusta al procedimiento contemplado en el artículo 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación. En consecuencia, con fecha 12 de septiembre de 2025 se dio cierre al expediente mencionado en la Unidad de Protección de Derechos Educacionales de la Superintendencia.

CUARTO: Que, dando cumplimiento a lo ordenado por esta Corte mediante resolución de fecha 29 de septiembre de 2025, comparece don Manuel Vallejos Tobar, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Santiago, aportando los antecedentes requeridos relativos a la identidad de los estudiantes que integraban el grupo de WhatsApp denunciado, la información concerniente al inicio y resultados del debido proceso, y los antecedentes relativos a la eventual condición de espectro autista de los menores involucrados.

En cuanto a la identidad e individualización de los estudiantes que conformaron el grupo de WhatsApp objeto de la denuncia que dio origen al procedimiento disciplinario, la recurrida informa que este estuvo integrado por tres alumnos del establecimiento, a saber: nombre reservado, cédula de identidad N° NUM001; nombre reservado, cédula de identidad N° NUM002; y nombre reservado, cédula de identidad N° NUM003.

Respecto de la situación escolar actual de los referidos estudiantes con posterioridad a la aplicación de la medida disciplinaria de expulsión, aduce que el menor nombre reservado se encuentra actualmente escolarizado, habiendo ingresado al Liceo nombre reservado luego de los hechos ocurridos en el Instituto nombre reservado. Por su parte, informa que tanto nombre reservado como nombre reservado no se encuentran escolarizados en ningún establecimiento educacional a la fecha de la presentación.

En lo que concierne a la eventual inscripción de los alumnos no escolarizados para la rendición de exámenes libres con posterioridad a la aplicación de la medida disciplinaria de expulsión, la recurrida manifiesta que, efectuadas las consultas pertinentes, no se tiene noticia ni información relevante al respecto.

En relación con los antecedentes relativos a necesidades educativas especiales, particularmente respecto de la condición de Trastorno del Espectro Autista alegada por la parte recurrente en favor del estudiante nombre reservado, afirma que el equipo de coordinación del Programa de Integración Escolar del establecimiento ha señalado que la apoderada del estudiante no ha informado ni ha enviado ningún diagnóstico de necesidades educativas especiales que eventualmente este pudiese presentar.

QUINTO: Que, con fecha 6 de octubre de 2025, comparece la parte recurrente, doña nombre reservado, informando el cumplimiento de lo ordenado por esta Corte y complementando los fundamentos de su pretensión.

Refiere que el alumno ha sido matriculado en el Colegio nombre reservado, establecimiento acorde a sus necesidades curriculares y de excelencia, al cual asiste desde el 22 de septiembre del año en curso. En consecuencia, manifiesta su voluntad de desistir de la petición de reincorporación al Instituto nombre reservado, más recalca que la acción constitucional mantiene su objeto plenamente vigente, toda vez que persisten los efectos lesivos de la actuación impugnada, particularmente en lo relativo al daño moral, la afectación a la honra y la reputación académica del menor.

Asimismo, denuncia un obrar doloso por parte del establecimiento recurrido, al acompañar antecedentes que no corresponden al alumno afectado, mediante la inclusión de documentos relativos a procesos por acoso sexual de un docente de historia y la hoja de vida de un estudiante ajeno a la litis. Asimismo, afirma que la institución niega haber tenido conocimiento de las Necesidades Educativas Especiales del menor, a pesar de existir evidencia de una citación y reunión con el psicólogo del programa PIE en octubre de 2023, donde se habrían expuesto tales antecedentes.

Detalla que la actuación arbitraria ha derivado en un cuadro clínico de episodio depresivo, caracterizado por autoagresiones e ideaciones suicidas como consecuencia directa de la desescolarización y el estigma social derivado del proceso. Según lo expuesto, la vulneración del derecho a la integridad psíquica y a la honra se manifiesta en la distorsión de la realidad escolar del alumno, quien solo registraba anotaciones positivas previo al conflicto.

SEXTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

SÉPTIMO: Que, atendido el mérito de los antecedentes, y teniendo especialmente en consideración lo informado por la recurrente, en el sentido que el alumno ya se encuentra matriculado en otro establecimiento educacional, no hay medida cautelar ni tampoco de emergencia que adoptar respecto del protegido.

De igual forma, cabe hacer notar que la medida adoptada por la recurrida ya se cumplió, no existiendo por tanto acción de emergencia ni menos cautelar.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo señalado cabe hacer notar que el establecimiento escolar notificó a los padres del alumno del inicio del proceso de investigación de los hechos, a quienes además se les confirieron los plazos para hacer los descargos y rendir las pruebas que estimaren pertinentes, de esta forma se dio cabal cumplimiento al debido proceso, no afectándose en consecuencia el derecho a defensa del estudiante.

NOVENO: Que, cabe hacer notar que la conducta del alumno de conformidad con las normas establecidas en el Reglamento Interno del establecimiento escolar se calificó como grave, para lo cual se debe tener presente lo establecido en el artículo 33: “Incurrir en actos que afectan gravemente la convivencia escolar cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, que causen daño a la integridad física o psicológica o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos”.

Por su parte el artículo 47 del mismo cuerpo normativo dispone: “Practicar acoso escolar (toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición).

DECIMO: Que, en estas circunstancias, la recurrida ha actuado conforme las normas que regulan la convivencia de la comunidad escolar, atendida la gravedad de la conducta cometida por el estudiante.

Por estas razones la acción constitucional de protección será desestimada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado, en favor de su hijo nombre reservado, en contra del Liceo nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la Ministra señora Jenny Book Reyes.

N°Protección-16961-2025.