nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por el acto ilegal y arbitrario consistente en realizar un descuento no autorizado en su remuneración, vulnerando la garantía constitucional del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que suscribió un pagaré en favor de la recurrida pactándose que el simple retardo o mora en el pago íntegro y oportuno de una o parte de las cuotas facultaría a la recurrida para exigir el pago total de la deuda como si fuera de plazo vencido.

Indica que por razones laborales y económicas cesó el cumplimiento de dicha obligación y como consecuencia de ello, la recurrida decidió oficiar a su empleador para que realice deducciones de su remuneración.

Señala que al momento de recibir su liquidación de sueldo correspondiente al mes de junio de 2024, se percató de que existía un descuento de $378.740, a favor de la recurrida.

Reclama que jamás fue informado respecto de la decisión unilateral de la recurrida de ordenar el descuento a su empleador, y acusa, además, que el monto descontado es totalmente antojadizo, pues no informa la fuente de tales descuentos ni los cálculos aritméticos mediante los cuales realiza tal descuento.

Reitera que lo anterior vulnera la garantía contemplada por el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República y solicita que se acoja su acción y se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en sus remuneraciones, restituir los descuentos efectuados y los que se puedan efectuar durante la tramitación de esta acción, con costas.

Segundo: Que, informando la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitó el rechazo de la acción.

Expresa que con fecha 5 de octubre de 2023 otorgó al recurrente un crédito por la suma de $8.678.346, sujeto a una tasa de interés de $2.15%, en un plazo de 36 meses, venciendo la primera de las cuotas el día 31 de diciembre de 2023.

Señala que el recurrente no pagó las dos primeras cuotas por encontrarse con licencia médica, aumentando el plazo de la obligación, pero sin descuentos. Posteriormente, terminó el contrato de trabajo del recurrente. Luego, el recurrente contó con nuevo contrato en abril de 2024 con una empresa afiliada, pagándose la cuota del mes de febrero más interés penal mediante descuento de remuneración del mes de junio de 2024, encontrándose en mora desde las cuotas N°s 4 a 7 y las restantes.

Manifiesta que los descuentos que refiere el recurrente emanan de créditos sociales, motivo por el cual su recaudación se encuentra sujeta a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, siendo pertinente y oportuna.

Argumenta que la obligación es actualmente exigible, y se encuentra vigente.

Explica que el descuento aludido por el recurrente consiste en un mecanismo especial de pago inherente al régimen de crédito social, que no depende de la voluntad de las cajas de compensación, sino que es un mecanismo obligatorio, al igual que el pago de cotizaciones y que la obligatoriedad del descuento recae sobre el empleador.

Refiere que el trabajador no puede oponerse al descuento por planilla, porque la obligatoriedad del mismo emana de la ley, atendida la naturaleza del crédito.

Añade que la obligación aludida se encuentra vigente, actualmente exigible y cuya prescripción debe ser declarada judicialmente y que cualquier alegación relativa a lo anterior debe ser planteada en sede jurisdiccional y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento.

Por último, refiere que no existe vulneración al derecho de propiedad, pues el descuento obedece al cumplimiento de un deber legal de proteger el fondo social mediante la recuperación de un crédito por la vía prevista para tal efecto.

Previas citas jurisprudenciales, solicita el rechazo de la acción.

Tercero: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que de los antecedentes aportados y del propio reconocimiento de la recurrida, fluye con claridad la existencia de un mutuo entre el recurrente y la recurrida, en virtud de la entrega que hizo la recurrida de la suma de $8.678.346, pagaderos en 36 cuotas, siendo la primera de ellas exigible el día 31 de diciembre de 2023 y las restantes los días 31 de cada mes sucesivo.

Consta, también, de la documental acompañada por el recurrente que le fueron descontados montos de su remuneración en los meses de junio y julio de 2024 por concepto de “Descuento Crédito Personal CCAF Los Andes”.

Esta última circunstancias es la que el recurrente denuncia como ilegal y arbitraria, por el hecho de no haberle sido comunicada oportunamente.

Quinto: Que, en primer lugar, resulta necesario tener presente lo establecido por el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que establece: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Dicho lo anterior, se advierte que la circunstancia denunciada como ilegal no obedece al mero capricho de la recurrida, sino más bien se trata del efecto propio de una disposición legal, cuya justificación se encuentra en que el mutuo existente entre las partes se asila en una normativa especial relativa a créditos de carácter social.

Desde ese punto de vista cabe, entonces, descartar la ilegalidad de la conducta denunciada.

Sexto: Que, ahora bien, en relación a la ausencia de notificación acerca de la realización de los descuentos, cabe también desechar dicha alegación, por cuanto, como se dijo, es la ley la que establece el deber del empleador de deducir de la remuneración lo adeudado por el recurrente, en ese sentido, opera la presunción de conocimiento de la ley prevista por el artículo 8° del Código Civil.

Aunque lo anterior sería suficiente para descartar lo reclamado por el recurrente, se advierte, además, que el desconocimiento acerca de la existencia de tales descuentos resulta inadmisible, toda vez que la cláusula sexta del mutuo acompañado por la recurrida se deja constancia de dicha circunstancia con expresa referencia al artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Séptimo: Que, en estas circunstancias, y a falta de alegaciones concretas que justifiquen la supuesta improcedencia de los descuentos, no procede sino desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-16958-2024.