Protección contra Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e I

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece por medio de formulario don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, debido al rechazo de su licencia médica Nº 100566511, no obstante haber acreditado su continuidad y relación laboral con empleador, con las cotizaciones que adjunta.

Lo anterior, a propósito de la dictación de la Resolución R-01-UJU-97471-2024 por SUSESO.

En definitiva, pide que se ordene la devolución de los antecedentes y el pago de las licencias médicas.

Segundo: Que evacua informe por la Superintendencia de Seguridad Social el abogado don Sebastián de la Puente Hervé.

Primeramente, alega la extemporaneidad de la acción, con costas, argumentando que, como consta de la copia del expediente administrativo que acompaña, el actor mediante presentación de 2 de mayo de 2024, recurrió a esa Superintendencia, en contra de la COMPIN Región Metropolitana, por el no pago del subsidio derivado de su licencia médica N° 100566511, otorgada por 30 días a contar del 1 de abril pasado. Luego, mediante Resolución Exenta N° R-01-UJU-97471-2024 de 21 de junio pasado, se le informó que se confirmaba que no procede el pago del subsidio en comento, debido a: “…Que, se tuvo a la vista el Listado Maestro de Licencias Médicas de FONASA, donde consta que la licencia está autorizada, pero sin derecho a subsidio, debido a que las cotizaciones correspondientes a los meses de julio de 2023 hasta abril de 2024, de forma ininterrumpida, fueron pagadas fuera de plazo. Se acredita lo expuesto, con copia de certificado de cotizaciones previsionales de fecha 01-05-2024.” Por ello, si el recurrente ejerció esta acción constitucional el 10 de julio pasado, lo hizo de forma extemporánea.

Seguidamente, en subsidio, alega la improcedencia de la acción de protección por versar sobre una materia perteneciente al derecho a la seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política, que no se encuentra amparado por esta vía cautelar.

A continuación, sobre el fondo del asunto, señala que conforme lo preceptúa el artículo 4 del DFL N° 44, de 1978, del Ministerio de Salud, el recurrente debía contar con un mínimo de seis meses de afiliación y tres meses de cotizaciones dentro de los seis meses anteriores a la fecha de inicio de la licencia médica correspondiente y que de acuerdo con lo interpretado por esa Superintendencia, corresponde a un mínimo de 90 días de cotizaciones continuas o discontinuas dentro de los 180 días anteriores al inicio de la licencia médica.

A ello, se suma que el interesado debía registrar 90 días de cotizaciones continuas o discontinuas entre el 3 de octubre de 2023 y el 31 de marzo de 2024, ambas fechas incluidas, período en el que tiene sus cotizaciones pagadas fuera de plazo, según certificado de cotizaciones de FONASA, tenido a la vista.

De los antecedentes aportados, desprende que no procede aplicar en este caso el principio de automaticidad de las prestaciones, por cuanto no consta en forma indubitada el vínculo con el empleador, que permita justificar el atraso en el pago de las cotizaciones de octubre de 2023 a marzo de 2024.

Enseguida, invoca las facultades de dicha entidad sobre la materia, agregando que no existe un derecho sobre un eventual subsidio por incapacidad laboral que haya sido vulnerado por la informante. Descarta haber incurrido en acto arbitrario o ilegal alguno y postula que no hay vulneración de garantías en la especie.

Tercero: Que, asimismo, informó solicitado la Secretaría Ministerial de Salud Región Metropolitana, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana y después de referirse a los antecedentes del actor, asevera que el pago del subsidio resultaba improcedente, en atención a que las cotizaciones comprendidas entre los meses de julio de 2023, hasta abril de 2024 fueron pagadas fuera de plazo, teniendo en consideración lo preceptuado en el 4 del D.F.L N° 44 de 1978.

A mayor abundamiento, el recurrente debió acreditar el haber registrado 90 días de cotizaciones continuas o discontinuas entre el 3 de octubre de 2023 y 31 de marzo de 2024, periodo en que sus cotizaciones fueron pagadas fuera de plazo, tal como dan cuenta las copias de los certificados de las cotizaciones previsionales de fecha 1 de mayo de 2024 que el recurrente adjuntó.

Concluye que la COMPIN R.M. actuó dentro del marco de sus facultades, enmarcándose en los parámetros objetivos que se han dispuesto por la Ley, y la normativa vigente.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de la acción cautelar en análisis la constatación de la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que el acto que se tacha de ilegal y arbitrario está constituido por la decisión de la autoridad de no otorgar el subsidio por incapacidad laboral proveniente de la licencia médica Nº 100566511, otorgada por 30 días desde el 1 al 30 de abril de 2024, por diagnóstico “episodio depresivo leve”; decisión que fue confirmada por la Resolución R-01-UJU-97471-2024 de SUSESO, de 21 de junio de 2024.

Séptimo: Que en lo relativo a la extemporaneidad de la acción planteada por la Superintendencia recurrida, se desprende claramente de lo expuesto en el considerando precedente, que la resolución considerada arbitraria e ilegal y que motiva la interposición del presente recurso, es aquella de 21 de junio pasado de la misma Superintendencia. En ese entendido, entre dicha data y la de interposición de la presente acción de protección -el 10 de julio de 2023-, ha transcurrido un lapso menor al requerido para considerar procedente la defensa en comento, tal como lo contempla el artículo 1º del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales.

Octavo: Que misma suerte corre respecto a la excepción de improcedencia de la acción de protección opuesta por la misma recurrida, fundada en que el derecho a licencia médica formaría parte de la seguridad social que no se encuentra amparado por esta vía cautelar, pues si bien el otorgamiento de licencias médicas y el subsidio por incapacidad laboral al cual éstas pueden dar origen se insertan dentro del marco del derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 19 N°18 de la Carta Fundamental, no es menos cierto que lo que se censura por la recurrente es un error en la ponderación de los antecedentes aportados, que resulta en la dictación de la resolución que confirmó el rechazo al pago de su licencia médica en cuestión, lo que podría significar una vulneración de otras garantías a las que el ordenamiento jurídico le otorga titularidad y cuya afectación la habilita para recurrir a esta vía urgente y excepcional de protección.

Noveno: Que sobre el fondo, debe recordarse que el subsidio por incapacidad laboral es un beneficio en dinero que tiene por finalidad cubrir la contingencia o estado de necesidad que se le genera a un trabajador o trabajadora por la suspensión transitoria de la capacidad de trabajo, originada por enfermedad o accidente común, que reemplaza a la remuneración o renta del trabajador, siempre que se cumplan ciertos requisitos mínimos de afiliación y cotización establecidos en la ley.

Décimo: Que, en relación con lo precedentemente anotado, el artículo 4º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44 de 1987 dispone, en lo pertinente que: “Para tener derecho a los subsidios se requiere un mínimo de seis meses de afiliación y de tres meses de cotización dentro de los seis meses anteriores a la fecha inicial de la licencia médica correspondiente.”

Undécimo: Que en la especie, la autoridad administrativa cuestiona dos aspectos para reconocer al actor el derecho a recibir el subsidio por enfermedad. El primero, apunta al hecho de que las cotizaciones de seguridad social no se encontraban enteradas dentro del término legal y, en segundo lugar, que no consta en forma indubitada el vínculo con el empleador.

Duodécimo: Que sobre el primer aspecto, yerra la Superintendencia al exigir el entero en una fecha determinada, pues la ley requiere únicamente que, además, de tener seis meses de afiliación -lo que no se discute en la especie- que las mismas se encuentren pagadas -con un mínimo de 90 días- dentro de los 180 días anteriores al inicio de la licencia médica. Ergo, si en la especie, las cotizaciones se enteraron en el órgano correspondiente en el mes de enero de 2024, esto es antes de la fecha en que inició el descanso por enfermedad, sólo cabe concluir que el recurrente cumplió con la exigencia legal, sin que sea procedente requerir una temporalidad determinada, si se considera que corresponde al empleador retener y enterar dichas sumas de dinero, y que el pago aun extemporáneo, fue efectuado antes de la extensión de la licencia y, la sanción que tal retardo trae consigo, debe recaer en el órgano retenedor, que no es otro que el empleador.

Decimotercero: Que en lo tocante al cuestionamiento sobre la calidad de dependiente del actor y con ello, de la existencia de un contrato regido por el Código del Trabajo, ningún antecedente aportó ninguna de las entidades recurridas para desvirtuar aquello que arrojan no sólo los documentos incorporados al recurso de protección, sino especialmente, el que se consigna en los propios certificados de cotizaciones, razón por la que no bastaba con aseverar -como lo hace la resolución recurrida- que el vínculo con el empleador no consta de manera indubitada, si para cuestionar tal antecedente no se vale de ningún elemento que fundamente esta conclusión.

Decimocuarto: Que como corolario de lo que se viene razonando, la resolución recurrida no sólo contraría el tenor del artículo 4° del citado decreto ley y, por lo mismo, es ilegal, sino que además, es arbitraria, pues se soporta sobre una conclusión carente de antecedentes que puedan corroborarse, y resulta un simple aserto, sin sustento fáctico alguno.

Decimoquinto: Que la ilegalidad y arbitrariedad detectada, vulnera sin lugar a dudas el derecho a la integridad física y psíquica del actor, producto del menoscabo que ello conlleva al no poder gozar de un subsidio justamente para paliar las carencias económicas que le provoca la enfermedad que lo aqueja.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso deducido por don nombre reservado, ordenando a las recurridas el pago del subsidio que le corresponde a raíz de la licencia médica Nº 100566511.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-16951-2024.