Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece René Orlando González Nieto, abogado, en favor de nombre reservado, Inspector Grado 11° del Escalafón de Administración de la Policía de Investigaciones de Chile, interponiendo recurso de protección en contra de los señores nombre reservado, nombre reservado

Cabane Rivas y nombre reservado, todos integrantes de la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones de Chile, por estimar que han incurrido en actos ilegales y arbitrarios que vulneran las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nos 1, 2, 3 inciso 4° y 9 inciso final de la Constitución Política de la República.

Señala que los actos impugnados están constituidos por la Resolución Exenta (R) N°NUM000, de 18 de abril de 2024 y el Informe Técnico (R) N°NUM001, de 1 de febrero de 2024, mediante los cuales la Comisión Médica determinó que la recurrente presenta un “estado de salud irrecuperable para el servicio institucional”, conforme al artículo 150 letra a) de la Ley N°18.834 (Estatuto Administrativo), proponiendo su retiro por salud incompatible con el cargo.

Se expone que la recurrente ingresó a la Policía de Investigaciones en el año 2009, desempeñándose desde entonces en funciones administrativas y de apoyo logístico, sin portar arma de servicio. Añade que fue evaluada médicamente en el año 2022, siendo declarada “condicional” y apta para continuar en el cargo bajo tratamiento.

Refiere que en diciembre de 2023 presentó un certificado médico para justificar la limitación parcial de su rol de turno nocturno, lo que fue autorizado por su jefatura. Sin embargo, de manera sorpresiva y sin causa justificada, se emitió un oficio interno solicitando su evaluación psiquiátrica.

Afirma que la Comisión Médica, basándose únicamente en antecedentes documentales y sin una evaluación presencial completa, emitió el Informe Técnico N°NUM001 diagnosticando salud irrecuperable. Posteriormente, interpuso recurso jerárquico, que fue rechazado por la Resolución Exenta N°NUM000, manteniendo la declaración inicial.

Sostiene que estas decisiones carecen de sustento médico objetivo, contradicen certificados de sus médicos tratantes que indican que su condición es tratable y reversible, y se han dictado sin respetar los requisitos legales y reglamentarios.

Alega que este proceder vulnera sus derechos fundamentales, menoscaba su integridad y dignidad, afecta su estabilidad laboral y constituye una discriminación arbitraria por su condición étnica aimara.

Funda su acción en el artículo 20 de la Constitución y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, invocando además la Ley N°20.584 sobre derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, el Estatuto Administrativo y la Orden General N°2480 de la Policía de Investigaciones de Chile.

Argumenta que el acto impugnado infringe los principios de debido proceso, igualdad ante la ley, derecho a la salud y prohibición de discriminación arbitraria, además de desconocer la primacía de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile.

SEGUNDO: Que evacuando el informe que le fuera solicitado la Policía de Investigaciones de Chile solicita el rechazo del recurso.

Manifiesta que la Comisión Médica actúa con potestades desconcentradas, sin superior jerárquico, por lo que el recurso jerárquico era improcedente.

Explica que la nueva evaluación médica de la funcionaria, realizada en el año 2024, tuvo su origen en el Oficio (R)

N°NUM002, de 23 de diciembre de 2023, emitido por la jefatura directa, el cual se expidió con motivo de la cuenta escrita de 4 de diciembre de 2023 presentada por la funcionaria, a través de la cual informó limitación de disponibilidad laboral por tratamiento médico, y por antecedentes de crisis nerviosas ocurridas en 2022.

Detalla que el Informe Técnico N°NUM001/2024 se emitió revisando la ficha clínica, evaluación del Comisario Cabane, certificados médicos de los doctores Iglesias y Alvarado, certificados de las psicólogas López y Pérez, y un informe psicológico de 26 de enero de 2024. Agrega que con todos esos antecedentes se concluyó que la funcionaria padece un “trastorno de personalidad con rasgos disociativos” de gran intensidad, patología que determina fragilidad permanente e incompatibilidad con el servicio, diagnóstico que —afirma— se encuentra corroborado por antecedentes aportados por la propia recurrente.

Sin perjuicio de lo anterior, la PDI alega que la acción de protección sería extemporánea respecto del Informe Médico N°NUM001, emitido cinco meses antes, y que este recurso no es una instancia de revisión de decisiones sectoriales ya resueltas. En cuanto a los trámites, señala que se cumplieron todas las órdenes de la Corte, remitiendo la documentación solicitada, y que al dictar el Informe N°NUM001 y la Resolución N°NUM000 se tuvo a la vista la totalidad de los antecedentes médicos acompañados por la recurrente.

Finalmente, informa que la Comisión Médica atravesó un período en que no pudo recabar informe de su presidente por encontrarse llamado a retiro, lo que se regularizó posteriormente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que la controversia en estos autos se encuentra circunscrita a dos actos administrativos emitidos por la Comisión Médica Institucional de la Policía de Investigaciones de Chile, por medio de los cuales, en primer término, se habría determinado que la salud de la funcionaria recurrente es irrecuperable para continuar en servicio institucional y, luego, se habría rechazado un recurso jerárquico que buscaba dejar sin efecto la calificación de irrecuperabilidad. Así, el primer acto recurrido es el “Informe Técnico N°NUM001” de la Comisión Médica, de fecha 1 de febrero de 2024, que concluyó que la salud de la funcionaria era irrecuperable, en los términos del artículo 150 letra a) de la Ley N°18.834 (Estatuto Administrativo).

Luego, el segundo acto recurrido está conformado por la Resolución Exenta N°NUM000, de 18 de abril de 2024, por medio de la cual la Comisión Médica Institucional rechazó, por improcedente, un recurso jerárquico, teniendo en cuenta para ello que la mencionada Comisión carece de superior jerárquico al encontrarse concebida en la ley como un órgano colegiado autónomo, con potestades desconcentradas, en el cual el legislador ha radicado directa y exclusivamente la calificación de la salud de los funcionarios de la institución.

QUINTO: Que para la resolución del recurso conviene tener en consideración la normativa que establece las atribuciones de la Comisión Médica en cuestión.

El artículo 73 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, sobre Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, dispone: “Corresponderá exclusivamente a la Comisión Médica de Investigaciones, el examen del personal de la Institución, a fin de informar acerca de su capacidad física para continuar en el servicio, o la clase de invalidez que los imposibilitare para continuar en él”.

Por su parte, el artículo 15 letra a) del Reglamento Interno de la Jefatura Nacional de Salud, aprobado por la Orden General N°2480, de 2016, establece: “La Comisión Médica de la Policía de Investigaciones de Chile, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 73 y 83 del Estatuto del Personal de la Institución, deberá actuar e informar respecto del personal de la Institución, en todos aquellos casos en que las leyes y reglamentos requieran la intervención de una Comisión Médica, especialmente en las siguientes materias: a) Establecer, mediante el examen médico correspondiente, la capacidad física y/o mental de los funcionarios para continuar en el servicio”.

Finalmente, en cuanto a las facultades exclusivas y privativas que ejerce la Comisión Médica de la PDI para evaluar la salud de los funcionarios de la institución, encontramos el dictamen N°68.458, de 2011, de la Contraloría General de la República, que, en lo pertinente, indica: “Al respecto, es menester recordar que esta Entidad Fiscalizadora, a través de su dictamen N°13.231, de 2010, manifestó al interesado que debía abstenerse de emitir un pronunciamiento sobre el indicado recurso, toda vez que éste procede en contra de los actos administrativos firmes, ante el superior jerárquico, si lo hubiese -calidad que, por cierto, no tiene esta Contraloría General- o, en su defecto, ante la autoridad que lo hubiere dictado, dentro del plazo de un año y por las causales precisas que se contemplan en el indicado precepto legal y, debido a que las atribuciones de la citada Comisión, son potestades desconcentradas que el legislador ha radicado directa y exclusivamente en ese organismo, y no en la autoridad máxima de esa institución policial, dicho cuerpo colegiado carece de superior jerárquico y, por tanto, la acción de que se trata, debe deducirse ante ese órgano de salud”.

SEXTO: Que en lo que atañe al fondo de la cuestión sometida a conocimiento de esta Corte, resulta evidente, en primer lugar, que el conflicto planteado por la recurrente sobrepasa los márgenes del recurso de protección, pues supone efectuar una declaración respecto de una cuestión controvertida – recuperabilidad o irrecuperabilidad de la salud de la recurrente–, sobre la que quien acciona no posee un derecho indubitado y que, por lo mismo, necesita de un procedimiento lato y de naturaleza, precisamente, declarativa, que esta acción constitucional de emergencia no puede reemplazar.

Dicho de otro modo, la vía por la que ha optado la recurrente no resulta ser la idónea para la solución del conflicto que plantea, contemplando el ordenamiento otros caminos para el debido resguardo de sus derechos, sin que ello importe desconocer lo que señala la parte final del inciso primero del artículo 20 de la Carta Fundamental, pues la justificación de la Corte para desestimar la protección que se impetra no encuentra su razón de ser en la existencia de esos otros procedimientos, sino en la inidoneidad de este recurso para reemplazarlos.

SÉPTIMO: Que sin perjuicio de todo lo dicho, que ya resultaría suficiente -como se dijo- para desestimar el recurso en estudio, debe también anotarse, en apoyo del rechazo que se impone, que la decisión de la Comisión Médica que ha motivado la presente acción constitucional no es ilegal ni arbitraria, dado que se pronunció por la entidad técnica especializada y competente para evaluar el estado de salud de la funcionaria de la Policía de Investigaciones, en razón de los antecedentes médicos que la justifican, de modo que además de encontrar soporte legal en la legislación que regula la materia, dicha actuación no se sustentó en el mero capricho de la autoridad recurrida, la que, por el contrario, conforme al mérito de los antecedentes médicos de la funcionaria, resolvió como lo hizo con pleno apego a la normativa que regula la materia, conforme a los fundamentos que se esgrimen en los actos recurridos, y que, finalmente, llevaron a que la Comisión Médica concluyera que: “…luego de la evaluación de los antecedentes de la Inspectora (A) nombre reservado, determina que presente un estado de salud irrecuperable para el servicio institucional, pronunciamiento acorde a lo enunciado en el Artículo 150, letra a) de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo”.

OCTAVO: Que, por último, en cuanto a las alegaciones efectuadas por la recurrente, en el sentido de que la institución habría incurrido en actos de hostigamientos en su contra y de discriminación arbitraria por su condición étnica aimara, éstos no pueden ser atendidos, por cuanto no encuentran sustento en los antecedentes del proceso, y se amparan únicamente en dichos de la protegida.

NOVENO: Que por las razones expuestas en los motivos anteriores no cabe sino declarar sin lugar el recurso de protección deducido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso deducido en favor de nombre reservado, contra los miembros de la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese y archívese.

Redacción del abogado integrante Sr. Jorge Gómez Oyarzo.

No firma el Abogado Integrante señor Gómez Oyarzo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por no encontrarse integrando.

N°Protección-16945-2024.