nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Linda Nataly Quintero Mogollon, abogada, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A., a causa del acto ilegal y arbitrario notificado con fecha 4 de julio de 2025, que rechazó la solicitud de retiro de Fondos para Extranjero presentada por su representada, actuación que considera ilegal y arbitraria, pues impide la devolución de sus fondos previsionales al exigir requisitos no previstos en la Ley N° 18.156 e ignorar la validez de la documentación que acredita su afiliación a un sistema de seguridad social extranjero, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24, respectivamente, de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se acoja la acción y se ordene la devolución de los fondos previsionales.

Relata que nombre reservado, licenciada en Administración de Empresas y con residencia definitiva en Chile, prestó servicios profesionales en el país, durante los cuales se le descontaron cotizaciones previsionales. Agrega que en el año 2021, acogida a la Ley N°18.156, presentó una solicitud de retiro y/o devolución de fondos previsionales ante la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., la cual fue aprobada y obtuvo la devolución de sus fondos. Posteriormente, en el año 2024, ya afiliada a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., ingresó una nueva solicitud de retiro de fondos, también aprobada, obteniendo la devolución de los fondos correspondientes.

Señala que el 2 de julio del año 2025 la recurrente presentó una tercera solicitud de devolución de fondos previsionales, signada bajo el N°1284746, también dirigida a la AFP Provida S.A., respecto de la cual con fecha 4 de julio de 2025 recibió un correo electrónico con notificación de rechazo de su solicitud, indicando que la Constancia de Afiliación presentada se encontraba vencida al momento de realizar la solicitud de devolución de fondos, superando la vigencia indicada en dicho documento.

Precisa que acompañó a esta solicitud todos los documentos requeridos por la normativa aplicable y los procedimientos internos de la AFP, a saber: contrato de trabajo y su respectivo anexo, título profesional apostillado y verificable, cédula de identidad vigente para extranjeros, y constancia de afiliación al sistema de seguridad social venezolano (IVSS).

Argumenta que estos son los mismos documentos que acompañó en las dos solicitudes anteriores que fueron aprobadas, por lo que ya había quedado plenamente demostrado que se encontraba afiliada a un sistema extranjero de previsión social que cubre las contingencias de vejez, enfermedad, invalidez y muerte, tal como exige el artículo 1° de la Ley N°18.156.

En cuanto a la supuesta “vigencia vencida” de la constancia de afiliación, aclara que la constancia de cotizaciones acompañada no se encontraba vencida, ya que correspondía al mes de julio de 2025, siendo la declaración jurada emitida ante el consulado venezolano en Chile la que se encontraba vencida y no pudo ser renovada por causas completamente ajenas a su voluntad, dado que los trámites consulares entre Chile y Venezuela se encuentran suspendidos por razones políticas y administrativas, hecho público y notorio. Indica que a pesar de esta imposibilidad material, la recurrente sigue afiliada al sistema de seguridad social venezolano (IVSS), lo que puede ser verificado electrónicamente. Asimismo, se hace presente que la recurrente ya no reside en Chile, sino en España, donde posee visa de residencia vigente y se encuentra afiliada al sistema de seguridad social español.

Se indica que el actuar de la AFP Provida S.A. resulta arbitrario e ilegal al exigir requisitos no previstos en la Ley N°18.156 y mantener retenidos sus fondos previsionales, configurando un rechazo infundado y desproporcionado. Sostiene que la mencionada ley, en sus artículos 1° y 7°, establece la exención del cumplimiento de leyes de previsión chilenas y la devolución de fondos para técnicos extranjeros que acrediten afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile y expresen su voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo, requisitos que, asegura, cumple su parte.

Alega que la imposibilidad de renovar una declaración formal ante el consulado, por causas de fuerza mayor, no puede usarse como fundamento para denegar una solicitud, configurándose un caso fortuito o fuerza mayor conforme al artículo 45 del Código Civil chileno.

Afirma que la normativa especial no exige documento legalizado, ni que no pueda ser expedido de forma electrónica, siendo que lo que se pretende es que el peticionario se encuentre afiliado y pueda acreditarlo sin mayores formalidades.

En este sentido, se reitera que la conducta de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. es tanto ilegal como arbitraria, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales, no obstante cumplir íntegramente con las exigencias de la Ley N°18.156, dejando a la recurrente en un estado de vulnerabilidad e incertidumbre jurídica.

Con ello, vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, previsto en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al darle a la recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias, han logrado respuestas favorables, exigiéndole una formalidad adicional no contemplada de acuerdo con la Ley N°18.156.

Asimismo, a su parecer, la actuación cuestionada vulnera el derecho de propiedad privada, establecido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, sobre sus fondos previsionales, al impedirle disponer de ellos pese a haber acreditado el cumplimiento de los requisitos legales y ser de su exclusiva propiedad, afectando esencialmente este derecho.

Finalmente, se denuncia inobservancia a la normativa especial, así como la incorporación de requisitos no señalados en la legislación, restringiendo los derechos de la recurrente, lo que afecta los derechos en su esencia e impone condiciones que impiden su libre ejercicio, en contravención al artículo 19 N°26 de la Constitución.

Por estas razones, solicita se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. que reconozca como válida la documentación acompañada, proceda a continuar con la tramitación de su solicitud y efectúe, dentro de un plazo razonable, la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, informando el presente recurso de protección, comparece Daniel Santoni, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando se sirva rechazar en todas sus partes la presente acción, con expresa condenación en costas.

Sus fundamentos se centran en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y en subsidio, por cuanto su representada no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal respecto de las garantías del artículo 19° de la Constitución Política de la República de Chile en lo que dice relación con la recurrente, sino que, por el contrario, se ha dado estricto cumplimiento a la ley y a la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Expone, en primer lugar, que la acción cautelar de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, toda vez que el recurso de protección, según la doctrina y jurisprudencia, es una acción cautelar ideada para situaciones urgentes que requieran inmediato amparo frente a menoscabos derivados de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen derechos fundamentales.

En el presente caso, la materia reclamada por la recurrente –una modificación de los cuerpos normativos que regulan el sistema de pensiones y la discusión de la constitucionalidad del D.L. N° 3.500– excede la finalidad de un recurso de protección, no existiendo un derecho indubitado, sino controvertido.

En segundo lugar, respecto a la ausencia de actos ilegales y/o arbitrarios por parte de Provida S.A., la recurrida señala que rechazó la solicitud de devolución de fondos de doña nombre reservado, en su calidad de técnico extranjero, de conformidad con la Ley N°18.156, debido a que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se encontraba vencida de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Agrega que la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones ha resuelto que las certificaciones electrónicas emitidas por el IVSS que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana, y que no señalen las coberturas o un período de cobertura determinado, no son válidas para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido por la Ley N°18.156 letra a).

Destaca que a partir del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y siendo Venezuela Estado Parte, se exige que dicha certificación esté apostillada, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla. Se aclara que Provida, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, debe observar todas las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos.

En cuanto al derecho aplicable, la recurrida invoca el Decreto Ley N°3.500 de 1980, que crea el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia. Conforme a su artículo 2°, la afiliación es la relación jurídica que origina derechos y obligaciones, en especial el derecho a las prestaciones y la obligación de cotizar.

Refiere que el artículo 23 establece que las Administradoras de Fondos de Pensiones tienen como objeto exclusivo administrar Fondos de Pensiones y otorgar las prestaciones y beneficios establecidos por la ley, impidiéndoles ofrecer u otorgar otros distintos. Los artículos 34 y 51, así como el artículo 64 del Reglamento del D.L. N°3.500, refuerzan que los fondos previsionales tienen un destino único y exclusivo: el financiamiento de las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, salvo excepciones legales.

Asimismo, refiere sobre la Ley N°18.156, la cual norma la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, estableciendo una excepción al principio de territorialidad, permitiendo la exención o el retiro de fondos previsionales acumulados a técnicos extranjeros que cumplan copulativamente con los requisitos del artículo 1°, a saber: a) detentar la calidad de técnico acreditada con documentos legalizados o traducidos; b) estar afiliado a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile que cubra, a lo menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, acreditado mediante certificación legalizada de la institución de seguridad social correspondiente; y c) manifestar expresamente en el contrato de trabajo su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen. En mérito de los anterior, estima que el actuar de Provida no es ilegal ni arbitrario, pues solo observa el cumplimiento de dichos requisitos.

En mérito de lo expuesto, solicita rechazar en todas sus partes el recurso de protección, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar y de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se enumeran, cuando éstos se vean afectados, perturbados o amenazados por acciones u omisiones ilegales o arbitrarias. Por su esencia, esta vía tutelar exige para su procedencia la existencia de un derecho preexistente e indubitado que se encuentre amparado por la Carta Fundamental.

CUARTO: Que el acto que se califica como ilegal y arbitrario, corresponde a la negativa de la AFP Provida de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual de la recurrente.

La recurrida justifica su decisión, de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que la recurrente, de nacionalidad venezolana, acompañó el documento de Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sin que éste estuviera vigente, y que, además, el certificado de afiliación no se encontraba debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

QUINTO: Que el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que: “[l]as empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7°del mismo cuerpo legal, estipula que: “[e]n el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una administradora de fondos de pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1°de esta ley”.

SEXTO: Que no se encuentra controvertido por las partes que el certificado de afiliación aparejado a la solicitud ante la AFP fue emitido el 21 de enero de 2021, lo cual permite verificar que efectivamente el documento no se encontraba vigente al momento de realizar la petición del retiro de fondos previsionales, denotando aquello que la actuación de la recurrida se encuentra debidamente fundamentada, sin que pueda advertirse ilegalidad o arbitrariedad en la decisión que se adoptó.

Luego, a mayor abundamiento, y no obstante lo señalado precedentemente, en su recurso la actora acompaña una nueva constancia de afiliación electrónica con vigencia hasta el 30 de junio de 2025, constatándose que el mismo no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, esto es, no ha sido debidamente legalizado ni se encuentra apostillado, en términos que no es posible asignarle un carácter fehaciente.

SÉPTIMO: Que, acorde a lo expuesto, necesariamente se debe concluir que los fundamentos y las exigencias que fundan la negativa de la AFP, encuentran sustento en la ley y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente o que constituya una discriminación arbitraria.

Por el contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N°18.156, para atender solicitudes de la naturaleza efectuada por la recurrente, primeramente, dado que la exigencia de legalización o apostilla es una norma general aplicable a todo documento extranjero, sin distinción de nacionalidad, lo que descarta cualquier ilegalidad o arbitrariedad por parte de la recurrida, y seguidamente, por encontrarse excedido en cuanto a su vigencia, motivos bastantes para desestimar el recurso de protección que se examina, al no existir actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Así entonces, en tales condiciones, la acción de protección interpuesta debe ser necesariamente declarada sin lugar.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo anterior, y tal como lo ha resuelto la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de esta Corte de Apelaciones, el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a solicitar la devolución, pues el rechazo constituye un acto administrativo subsanable, existiendo la posibilidad futura de presentar nuevamente los documentos requeridos conforme a las exigencias legales y administrativas vigentes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el auto acordado de la Excma. Corte suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional interpuesta en favor de nombre reservado, en contra de Administradores de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-16942-2025.