nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, seis de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que, comparece la abogada Carla Nicole Cañón Rubio, quien interpone recurso de protección en representación de nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, de nacionalidad brasilera en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PLAN VITAL por el acto ilegal y arbitrario que rechaza la solicitud de retiro de fondos para extranjero, que le fuera notificado el 23 de julio de 2025.

Refiere que su representado en el mes de julio de 2025 solicitó ante la Administradora de FONDOS PLAN VITAL el retiro de fondos previsionales para extranjeros, de acuerdo con la ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y con fecha 23 del mismo mes y año su representado recibió el comprobante de rechazo, en el que se indica que:

“- respecto del certificado de afiliación al INSS se hace presente que, en caso de presentarse mediante declaración consular, esta debe indicar expresamente que ha sido emitida en representación de la autoridad competente en materia de seguridad social del país de origen, en este caso el INSS, y contar con su respectiva legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Lo anterior con el fin de acreditar válidamente la afiliación previsional conforme a lo exigido por la ley 18.156. Asimismo, se recuerda que puede acompañar se directamente un certificado emitido por la INSS, debidamente apostillado o legalizado, en el que conste la fecha de afiliación y las prestaciones mínimas exigidas. (vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad, a lo menos).

- En virtud de lo dispuesto en la ley 18.156 se requiere como requisito esencial que el solicitante tenga la calidad de extranjero no nacionalizado chileno. Por lo tanto, considerando que se ha presentado una cedula de identidad para extranjeros vencida, se solicita complementar con alguno de los siguientes documentos vigentes: cédula de identidad actualizada, certificado de inicio de trámite de regularización migratoria (con vigencia de 6 meses desde su emisión) o bien certificado de nacionalizado o no nacionalizado emitido por el Servicio Nacional de Migraciones.

- Traducción correspondiente al título universitario, realizada por el departamento de Ministerio de Relaciones Exteriores no cuenta con legalización realizada por oficial de legalización de ese Ministerio.”

Expone que el recurrente en su oportunidad acompañó:

1. Título de licenciado en comunicación social, en el que se puede ver claramente la veracidad de este, ya que está apostillado y debidamente traducido.

2. Certificado que acredita vínculo laboral y certificado de anexo de contrato con la empresa LATAM, acompañando el anexo que comprende la cláusula donde el recurrente manifiesta estar afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorga prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, siendo su voluntad mantener su afiliación al referido sistema de seguridad o previsión social en el extranjero.

3. Certificado de constancia de afiliación de seguro social, apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

Agrega que, la administradora recurrida obstaculiza el proceso de solicitud de retiro, dándole una mala interpretación a la norma, desatendiendo el objetivo de que el extranjero pueda disponer de sus fondos de previsión, ya que aquella no precisa la causal de rechazo y solo se le remite un correo de respuesta, sin fundamentación alguna acerca de los puntos de rechazo, lo que da cuenta de una respuesta injustificada y desproporcionada, porque su parte cumple con todos los requisitos previstos por la normativa de la ley N°18156.

Indica que, el recurrente ha dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la le ley N°18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, produciendo una retención injustificada de éstos, lo que no resulta razonable. Finalmente, trae a colación que el actuar arbitrario e ilegal por parte de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política, actuando de forma caprichosa al solicitar anexar información adicional que ya ha sido suministrada desde un inicio, y pretendiendo desconocer un documento por la falta de verificación y/o vigencia.

Señala que no puede desconocerse la protección que el país de origen del recurrente le brinda en caso de vejez, sobrevivencia, enfermedad, invalidez, muerte, entre otros y que de los documentos que acompañó es posible comprobar: a) la afiliación efectiva a un régimen de seguridad social extranjero que cubra prestaciones básicas: y b) la inclusión de la voluntad explícita de mantener esa afiliación en el contrato laboral.

Previas citas legales y jurisprudenciales, pide que se tenga por interpuesto recurso de protección ordenando que se reconozca la documentación suministrada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable o el que este tribunal estime conforme al mérito de autos.

Segundo: Que, informando al tenor del recurso, comparece el abogado Víctor Tabilo Marentis, por la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., solicitando su rechazo, con costas.

Indica que el 21 de julio de 2025 don nombre reservado, presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales de conformidad a la ley N°18.156, acompañando antecedentes contractuales y previsionales, entre los cuales figura una declaración emitida por el Consulado de Brasil en Chile, mediante la cual pretendía acreditar su afiliación al régimen previsional brasileño, pero la declaración consular acompañada no cumple con los requisitos exigidos por la normativa vigente para acreditar afiliación previsional válida en el extranjero, pues no ha sido emitida por la institución de seguridad social de Brasil y no señala expresamente haber sido emitida en representación de la autoridad competente en materia de seguridad social del país de origen, como se logra interpretar de la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

Agrega que, la letra b) del N°1 del Título XI, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia precisa que, el cumplimiento del requisito de afiliación debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social, debidamente legalizada en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, y conforme lo indicado en el Oficio Ordinario N° 21074, de 6 de noviembre de 2024 de la Superintendencia de Pensiones, que responde a una consulta formulada por su parte, no es admisible como medio de prueba una declaración consular que no indique de forma expresa que fue extendida en representación de la autoridad previsional del país de origen. Señalando expresamente “en orden a autorizar excepcionalmente como medio de prueba a las certificaciones de las embajadas o consulados extranjeros, siempre y cuando, aquellas indiquen que actúan expresamente en representación legal de las autoridades previsionales del país de origen para los efectos de la acreditación de la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156”. Concluyendo que en caso de que las certificaciones emanadas de las embajadas o consulados no cuenten con la mención de actuar en representación de las autoridades previsionales del país de origen, ellas no serán admisibles para acreditar el requisito establecido en la ley mencionada precedentemente.

Añade que, según se desprende del Compendio de Normas de Sistema de Pensiones y del Oficio Ordinario N°25057, emitido el 29 de diciembre de 2023 por la Superintendencia de Pensiones, dentro de la documentación que deberán acompañar los afiliados extranjeros junto con su solicitud de devolución de fondos previsionales está el certificado de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizado, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, precisando que al señalar “debidamente legalizada” la Superintendencia de Pensiones se refiere al hecho de contar con la apostilla respectiva o con la legalización de dicho documento extranjero ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile para tener efectos en nuestro país, tal como establece el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Indica que el rechazo a la solicitud de devolución de fondos previsionales informada no fue ilegal, ni arbitraria por parte de su representada, ya que se funda en las normas legales que regulan la materia y especialmente en las normas administrativas impartidas por la Superintendencia de Pensiones para estos casos. Que el artículo 2° del D.F.L. N°101 de 1980, dispone que “La Superintendencia será la autoridad técnica de supervigilancia y control de las Administradoras de Fondos de Pensiones, y sus funciones comprenderán los órdenes financiero, actuarial, jurídico y administrativo”. El artículo 3° del mismo DFL señala que “Corresponderá a la Superintendencia las siguientes funciones: i) Interpretar la legislación y reglamentación en vigencia e impartir normas generales obligatorias para su correcta aplicación por las Administradoras”. A su vez, el artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, regula que “Corresponderá a esta Superintendencia: 3) Fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del Sistema, con carácter obligatorio para las Administradoras.”. Asimismo, el artículo 47 de la Ley N° 20.255, dispone que: “La Superintendencia de Pensiones tendrá especialmente las siguientes funciones y atribuciones: 7) Interpretar administrativamente en materias de su competencia las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas. 8) Velar por que las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes y reglamentos que las rigen y con las instrucciones que la Superintendencia emita, sin perjuicio de las facultades que pudieran corresponder a otros organismos fiscalizadores y a la Contraloría General de la República”.

Precisa que la Superintendencia de Pensiones, a través de su Compendio de Normas establece un procedimiento claro sobre esta materia cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio para todas las Administradoras de Fondos de Pensiones y fue precisamente en consideración a dichas normas administrativas de Oficio Ordinario N° 21074 y al Compendio de Normas de Sistema de Pensiones que funda el rechazo a la devolución de fondos previsionales, por lo que su actuar no es ilegal.

Señala que el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a solicitar la devolución, ya que la Corte Suprema ha señalado que este tipo de rechazo constituye un acto administrativo subsanable: “El acto impugnado no constituye una decisión definitiva ni genera una situación de indefensión que justifique el amparo de la acción de protección, pues el recurrente tiene la posibilidad de presentar nuevamente los documentos requeridos conforme a las exigencias legales y administrativas vigentes” (Corte Suprema, Rol N°54783-2024, fallo de 08 mayo de 2025).

Sostiene que la recurrente cuenta con diversos mecanismos para plantear su situación, ya sea ante la misma Administradora o ante la Superintendencia de Pensiones, mediante canales formales como sitio web, atención telefónica u otros medios disponibles, por lo que, el recurso interpuesto no es adecuado para conocer sobre este asunto.

En mérito de lo anterior, pide rechazar en todas sus partes la acción deducida, por no existir la privación, perturbación o amenaza alguna de los derechos invocados, con expresa condena en costas.

Tercero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental, que dicha disposición se señala.

Cuarto: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud devolución de fondos previsionales para extranjeros realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., comunicado mediante correo de 23 de julio de 2025, que adjunta carta de rechazo de la solicitud efectuada por aquella, pretendiendo que se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable.

Quinto: Que, en lo que se refiere al requisito invocado por la recurrida, la norma aplicable es el artículo 1° letra a) de la ley precitada, la que, en lo pertinente, establece lo siguiente:

Artículo 1°: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un LEY 18726 régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y…”

Sexto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que en el documento presentado por el recurrente consistente en la declaración consular emitida por el Consulado de Brasil en Chile, se manifiesta que se encuentra inscrito en el Instituto Nacional de Seguro Social INSS y cubierto por el sistema de Seguridad Social Brasileño, no siendo idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1 letra a) de la ley N° 18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que, en tal virtud, siendo este un requisito necesario para la procedencia de la solicitud efectuada, lo que fluye de la sola lectura del precepto antes reproducido, la no concurrencia de esos supuestos impide dar curso a la solicitud del actor, con lo cual ha de concluirse que la recurrida AFP Plan Vital S.A. , al denegar la devolución de las cotizaciones requeridas por el recurrente, no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, pues se ha limitado a dar aplicación a la legislación vigente, señalando las razones que tuvo para decidirlo.

Octavo: Que, en consecuencia, el recurso debe ser desestimado, siendo inoficioso ponderar las garantías fundamentales que la actora estima vulneradas.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los art culos 19 y 20 de la Constitución Pol tica de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-16939-2025.

En Santiago, seis de noviembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.