Protección contra Subsecretaría del Interior

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS PRIMERO: Que comparece Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, en beneficio de don nombre reservado, ciudadano venezolano, interponiendo recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior, representada legalmente por el subsecretario don Víctor Ramos Muñoz, por no haber dado respuesta a la solicitud de regularización migratoria formulada por el recurrente con fecha 02 de junio de 2025, remitida mediante carta certificada al domicilio de la recurrida junto con sus antecedentes, para los efectos de solicitar la regularización de su situación al amparo del artículo 155 de la Ley N°21.325, oportunidad en la que dichos antecedentes fueron asimismo enviados a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, conforme lo dispone el artículo 26 y siguientes de la Ley N°20.430, actuación que estima ilegal y arbitraria, por cuanto, no obstante el tiempo transcurrido, el recurrente no ha vuelto a ser contactado por la autoridad recurrida ni le ha sido otorgada la visación de residente temporario que prescriben el artículo 32 inciso 1° de la Ley N°20.430 y el artículo 155 de la Ley N°21.325, vulnerando con ello la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por importar un trato discriminatorio respecto de otros extranjeros en igual situación, por lo que solicita que se acoja el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado.

Expone que se vio forzado a abandonar la República Bolivariana de Venezuela, ingresando al territorio nacional por paso no habilitado, a raíz de la violencia generalizada, los conflictos internos y la violación masiva de los derechos humanos que, según afirma, han perturbado gravemente el orden público en su país de origen, hechos que sitúa el 15 de septiembre de 2021 en cuanto a su salida y el 25 de septiembre de 2021 en cuanto a su ingreso a Chile. Añade que, una vez en territorio nacional, y luego de un extenso trámite ante el Servicio Nacional de Migraciones cuyo resultado fue negativo, remitió con fecha 02 de junio de 2025 la referida solicitud de regularización a la Subsecretaría del Interior, sin que, hasta la fecha de interposición del recurso, hubiese recibido respuesta ni contacto alguno por parte de la autoridad recurrida.

Sostiene que el derecho a buscar y recibir asilo constituye un derecho humano fundamental cuyo ejercicio no puede limitarse arbitrariamente, conforme al artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en relación con el artículo 5° de la Constitución Política de la República. Invoca, asimismo, el principio de no devolución consagrado en el artículo 4° de la Ley N°20.430, aplicable desde que el interesado manifiesta su voluntad de formalizar la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, según dispone el artículo 26 del mismo cuerpo legal, así como el artículo 27, en cuanto obliga a los funcionarios de la Administración a poner en conocimiento de la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado toda solicitud en tal sentido, sin que corresponda a los funcionarios de las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Migraciones pronunciarse sobre su legitimidad. Cita, además, los artículos 32 y 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, relativos a la expulsión y a la prohibición de devolución, y la Resolución Exenta N°21.726, de 11 de mayo de 2023, que aprobó el manual de procedimiento del Departamento de Refugio y Reasentamiento del Servicio Nacional de Migraciones.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la Subsecretaría del Interior ha actuado de manera arbitraria e ilegal, ordenando que se dé curso y se concluya el procedimiento de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, disponiéndose la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio conforme al artículo 155 de la Ley N°21.325, mientras se resuelve dicha solicitud.

SEGUNDO: Que evacuando el informe requerido, comparece la abogada Alejandra Salinas Silva, en representación de la Subsecretaría del Interior, quien solicita el íntegro rechazo de la acción de protección deducida en autos, con expresa condena en costas.

Señala, en primer término, que la parte recurrente incurre en una confusión conceptual, toda vez que alude indistintamente a dos mecanismos jurídicos diferentes e independientes entre sí: por una parte, la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal por caso calificado o humanitario, regida por el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, cuya concesión corresponde a la potestad indelegable del Subsecretario del Interior; y, por otra, la solicitud de determinación de la condición de refugiado, sujeta al procedimiento reglado de la Ley N°20.430 y su reglamento. Precisa, en tal sentido, que los hechos alegados en autos se enmarcan en la etapa de tramitación de la solicitud de refugio ante el Servicio Nacional de Migraciones, previa a la intervención que compete al Ministerio del Interior, por lo que a esta Cartera no le corresponde pronunciarse respecto de dicha solicitud.

En cuanto a la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia del recurrente, reconoce que se encuentra actualmente en tramitación, y pero sostiene que no se configura una omisión ilegal ni arbitraria, por cuanto tales solicitudes son sometidas a un análisis particularmente exhaustivo, justificado por la naturaleza de la concesión que envuelven, constituyendo además un ejercicio del derecho de petición del artículo 19 N°14 de la Constitución, que no obliga a la autoridad a acceder a lo pedido.

Añade que dicha tramitación se explica por el aumento exponencial de este tipo de solicitudes en los últimos años -de alrededor de 180 entre 2019 y 2021 a más de 10.000 en 2023, esto es, un incremento superior al 964% entre 2022 y 2023-, circunstancia que, a su juicio, descarta cualquier arbitrariedad, conforme lo ha razonado la Corte de Apelaciones de Arica en su sentencia Rol N°418-2023.

Argumenta, asimismo, que el plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley N°19.880 no constituye un plazo fatal, según reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Contraloría General de la República, por lo que su vencimiento no acarrea la caducidad ni invalidez del acto respectivo.

En segundo lugar, alega la inexistencia de una privación, perturbación o amenaza a garantías constitucionales, por cuanto la recurrente no habría acreditado en qué consistiría la afectación a su integridad psíquica o a la igualdad ante la ley, ni la relación de causalidad entre la supuesta omisión y el agravio invocado, limitándose a formular alegaciones genéricas. Argumenta, además, que quien solicita este tipo de permisos reconoce haber incurrido voluntariamente en contravenciones a la normativa migratoria, por lo que las consecuencias de la demora en la resolución de su solicitud no serían imputables a la Administración.

Por último, sostiene que acoger acciones como la de autos vulneraría, a su turno, la igualdad ante la ley respecto de otros extranjeros que han presentado idénticas solicitudes por la vía regular, incluso con anterioridad, sin obtener respuesta ni recurrir a la vía judicial, y que ello desnaturalizaría la acción de protección al utilizarla como mecanismo para acelerar la tramitación de solicitudes migratorias que constituyen meras expectativas y no derechos adquiridos, invocando en apoyo de tal razonamiento diversos fallos de la Corte Suprema (Roles N°17.063-2024, 38.220-2023, 32.598- 2022 y 52.030-2023).

Por tanto, solicita a esta Corte tener por evacuado el informe, rechazar la acción de protección deducida, con expresa condena en costas a la parte recurrente por carecer de motivos plausibles para litigar.

TERCERO: Que, a su turno, evacuando el informe requerido, comparecen las abogadas Carolina Pilar Fernandoy Catlán y Natcha Aylin Arancibia Riquelme, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quienes solicitan el rechazo íntegro de la acción de protección deducida en autos, por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su procedencia, al no existir acto u omisión de dicho Servicio que pueda calificarse de arbitrario o ilegal respecto de las garantías del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente, de nacionalidad venezolana, ingresó al territorio nacional por paso no habilitado, eludiendo el control policial, según da cuenta el Oficio Reservado N°NUM000, de 12 de diciembre de 2023, de la Policía de Investigaciones de Chile.

Añaden que, con fecha 04 de junio de 2025, el Servicio recibió la carta certificada mediante la cual la parte recurrente solicitó la regularización de su condición migratoria, invocando la facultad contemplada en el artículo 155 N°s 8 y 9 de la Ley N°21.325.

Precisan que, mediante Oficio Ordinario N°NUM001, de 15 de septiembre de 2025, el Servicio remitió la totalidad de los antecedentes de dicha petición a la Subsecretaría del Interior, por ser este el órgano facultado por la ley para resolver este tipo de solicitudes.

Sostienen, en primer término, que el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325 entrega de manera exclusiva a la Subsecretaría del Interior la facultad de disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal por casos calificados o motivos humanitarios, tratándose de una potestad expresamente indelegable conforme al tenor literal de dicha norma.

De ello concluyen que el Servicio Nacional de Migraciones carece de facultades legales para tramitar y resolver la solicitud planteada por la parte recurrente, no siendo la autoridad administrativa que se encuentra conociendo de ella ni la facultada para emitir un pronunciamiento final sobre la misma.

En segundo lugar, alegan la carencia de legitimación pasiva del Servicio Nacional de Migraciones, argumentando que, en cumplimiento del artículo 14 inciso 2° de la Ley N°19.880 -que ordena a todo órgano de la Administración requerido para intervenir en un asunto ajeno a su competencia remitir de inmediato los antecedentes a la autoridad que corresponda-, dicho Servicio ya remitió íntegramente los antecedentes de la solicitud a la Subsecretaría del Interior, órgano competente para conocer y resolver la petición de la contraria. Concluyen, de lo anterior, que no existe labor pendiente alguna a cargo del Servicio respecto de la solicitud del recurrente y que, al haber este dirigido derechamente su pretensión de obtener un pronunciamiento final en contra de un órgano que carece de competencia para emitirlo, la acción deducida en su contra debe ser desestimada por evidente falta de legitimación pasiva.

Por tanto, solicitan a esta Corte tener por evacuado el informe requerido, rechazar la acción constitucional de protección en todas sus partes respecto del Servicio Nacional de Migraciones, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria de su parte que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos enumerados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo de la condena en costas solicitada en su contra.

CUARTO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de procedencia de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que se hace necesario contextualizar el objeto de la presente acción cautelar, por cuanto si bien en el libelo presentado por el recurrente se hace mención a dos solicitudes, una de regularización extraordinaria y otra de reconocimiento de la condición de refugiado, de manera indistinta, lo cierto es que de los antecedentes que obran en la causa y de lo informado por las autoridades migratorias, es posible tener por asentado que el recurrente presentó solamente una solicitud de reconocimiento extraordinaria en virtud de lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley N°21.325.

SEXTO: Que, respecto a esta última, no se encuentra controvertido en juicio que la misma fue presentada el día 2 de junio de 2025, la que actualmente se encuentra en tramitación ante la Subsecretaría del Interior, organismo legalmente competente para conocer de este tipo de solicitudes.

SÉPTIMO: Que la omisión que se denuncia como ilegal o arbitraria por parte del recurrente es el hecho de que la autoridad no ha emitido pronunciamiento respecto de su solicitud, infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°19.880, al haber transcurrido más de seis meses sin que el organismo recurrido emita pronunciamiento, debe aclararse que el mismo no es fatal y que debe interpretarse la norma en el sentido que obliga a la Administración a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable, a fin de evitar mantener en la incertidumbre a los peticionarios.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, habiéndose acreditado que la demora de la Subsecretaría Interior se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas, y con la existencia de un elevado número de solicitudes, no es posible avizorar algún tipo de ilegalidad o arbitrariedad de la autoridad, motivo por el cual deberá ser desestimado el presente arbitrio, tal como se dirá en definitiva.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado y en contra de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-16921-2026.