nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

C.A. Santiago.

Santiago, veintisiete de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el 9 de julio del año en curso, comparece Nicole Torres Opazo, abogada, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior y el Servicio Nacional de Migraciones, por no haber resuelto, luego de un año y diez meses, su solicitud de carta de nacionalización. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que infringe notoriamente la garantía constitucional del inciso 2° del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, vulnerando con ello el derecho fundamental a un trato igualitario, que la Carta Fundamental garantiza a todas las personas, por lo que solicita se acoja el recurso y se ordene a los recurridos resolver en el término de sesenta días la solicitud de la recurrente.

Fundamenta su recurso en que la recurrente, el 22 de septiembre de 2022, solicitó la nacionalidad chilena, cumpliendo con todos los requisitos requeridos. Sin embargo, después de un largo procedimiento de más de 22 meses, aún no ha tenido respuesta alguna a su petición.

En cuanto al derecho, arguye que el inciso 2° del artículo 3° de la Ley N° 18.575 y el artículo 27 de la Ley N° 19.880, establecen los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y celeridad que deben orientar el actuar de la Administración, los cuales no se han respetado en este caso. Citando jurisprudencia previa de esta Corte Suprema, aduce que la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de nacionalización importa una discriminación arbitraria en contra de la recurrente, en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a los recurridos Subsecretaría del Interior y Servicio Nacional de Migraciones resolver en el término de sesenta días la solicitud de nacionalización de la recurrente nombre reservado.

SEGUNDO: Que, informando la recurrida Subsecretaría del Interior, expuso, en lo sustancial, que la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente se encuentra en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, etapa previa a la entrega de antecedentes al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, conforme al procedimiento legal vigente.

Seguidamente, arguye la inexistencia de una omisión arbitraria o ilegal, pues tales requerimientos son sometidos a un exhaustivo análisis, lo que implica, en ocasiones, una tramitación extensa, más plenamente justificada dada la trascendencia de otorgar una carta de nacionalización a un extranjero. Adicionalmente, precisa que dichas solicitudes constituyen un ejercicio del derecho a petición, del cual no emana la obligación de aceptarlas, sino únicamente acceder a ellas si se cumplen los requisitos legales, tras un proceso de revisión y ponderación interno, contextualizando el volumen de solicitudes ingresadas en los últimos años. Asimismo, citando jurisprudencia tanto de la Excma. Corte Suprema y Contraloría General de la República, señala que el plazo de 6 meses del artículo 27 de la ley N°19.880 no sería fatal, por lo que su vencimiento no implicaría caducidad ni invalidación del acto futuro respectivo.

A continuación, plantea la inexistencia de privación, perturbación o amenaza de garantías o derechos, toda vez que correspondería a la recurrente no solo probar los supuestos fácticos de la presente acción -acción u omisión arbitraria o ilegal-, sino además la afectación concreta a algún derecho o garantía tutelada por esta vía y la relación de causalidad entre ambos, lo que en la especie no se cumpliría. Por el contrario, el solo hecho de solicitar el otorgamiento de carta de nacionalización implicaría encontrarse en situación migratoria regular, pudiendo la persona extranjera ejercer sus derechos sin limitación derivada de la tramitación misma, no siendo pertinente por esta vía declarar derechos nuevos o tutelar meras expectativas sin afectación ostensible.

En ese orden de ideas, indica que acoger acciones como la intentada implicaría una potencial vulneración a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en una situación favorable a la recurrente en desmedro de quienes efectúan sus solicitudes por la vía regular, sin activar mecanismos judiciales pese a tener solicitudes anteriores también pendientes de respuesta. Agrega que tampoco procede instrumentalizar un requerimiento de esta naturaleza mediante esta acción constitucional, pues su otorgamiento corresponde al Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, configurando una concesión por gracia en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de requisitos legales y siempre que la autoridad así lo estime, al ser una facultad y no una obligación, citando al respecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Concluye solicitando el rechazo de la acción de protección de autos, con expresa condena en costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

TERCERO: Que informando la recurrida Servicio Nacional de Migraciones, señaló, en primer término, que la parte recurrente cuenta con un permiso de permanencia definitiva actualmente vigente, asimilado al beneficio de residencia definitiva en virtud del artículo sexto transitorio de la Ley N°21.325 sobre Migración y Extranjería, manteniendo una situación migratoria regular en el país que la autoriza a desarrollar cualquier actividad lícita sin más limitaciones que las establecidas en la misma ley y su reglamento, en su calidad de extranjero residente.

En ese contexto, arguye que la pendencia de la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización del recurrente no conlleva perjuicio ni menoscabo alguno a su situación migratoria regular en el país, como tampoco al ejercicio de sus derechos o al desenvolvimiento natural del extranjero en el territorio nacional.

Respecto a la solicitud de carta de nacionalización realizada bajo el ID N°55867125, indica que la recurrente realizó la solicitud mediante el portal de trámites digitales el 29 de septiembre 2022. Luego mediante comunicación electrónica folio N°39262942 de 23 de mayo de 2023 el Servicio informa a la solicitante que su requerimiento no reunía los requisitos exigidos por la ley, por cuanto se solicita acompañar carpeta tributaria del Servicio de Impuestos Internos o Certificado de deuda emitido por Tesorería General de la República otorgando para ello un plazo de 60 días. Recibida la documentación procedieron a comunicar la Policía de Investigaciones de Chile para que realizara la entrevista de rigor, la que fue efectuada el 10 de abril de 2024. A la presentación del informe la solicitud se encontrada en tramitación ante esta autoridad, específicamente en etapa de “Análisis”.

Seguidamente, describe la naturaleza jurídica de la carta de nacionalización, por remisión a los artículos 10 de la Constitución Política de la República, 84 de la Ley N°21.325, 1° y 7° del Decreto Supremo N°5.142 de 1960 del Ministerio del Interior y 1° apartado IV N°4 de la Ley N°16.436, precisando que su otorgamiento constituye una concesión constitucional que el Estado de Chile otorga por gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previa verificación del cumplimiento de los requisitos y procedimiento establecidos en la normativa vigente.

Asimismo, expone que su competencia respecto de las solicitudes de carta de nacionalización se limita únicamente a su tramitación y no se extiende a su resolución, en virtud del artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325, por cuanto corresponde al Presidente de la República otorgar o denegar tal concesión, mediante decreto refrendado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública. Agrega que la tramitación culmina con el envío de la calificación favorable o desfavorable de la solicitud, junto con los antecedentes aportados, al Gabinete de la Subsecretaría del Interior, lo que en la especie aún no se ha verificado, encontrándose actualmente en tramitación.

A continuación, en cuanto al tiempo de tramitación, indica que según lo preceptuado en el artículo 27 de la Ley N°19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, lo que a su juicio es aplicable en la especie en atención al aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país en los últimos años, lo que ha generado un incremento sustancial de las solicitudes recibidas por la autoridad migratoria, provocando un retraso considerable.

Adicionalmente, plantea que el plazo contemplado en dicha norma no tiene el carácter de fatal, al no existir declaración legal expresa en tal sentido ni sanción de caducidad asociada a su vencimiento, siendo un plazo referencial y prudencial para la Administración, no perentorio y susceptible de ser prorrogado.

Finaliza sus alegaciones solicitando el rechazo en todas sus partes de la presente acción constitucional, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías invocadas por el recurrente, así como también el rechazo de la condena en costas en su contra.

CUARTO: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarios o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que la Corte Suprema con fecha veinte de marzo del año pasado en los autos rol N° 115.064-2022, previa vista de la causa -forma de conocimiento que se adoptó por dicha Corte “dada la proliferación de recursos de protección por hechos similares”-, y luego de un “acabado estudio de la normativa que regula la materia y del estado actual en que se desenvuelve esta discusión”, concluye que “la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas”, y que dicha tramitación no constituye vulneración de derechos fundamentales.

SEXTO: Que, en consecuencia, en la presentación efectuada en estos autos, no se han mencionado hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la cual deberá necesariamente desestimarse la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, por carecer de toda oportunidad y pertinencia la emisión de pronunciamiento en un sentido diverso por la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al tenor de la decisión de la Corte Suprema, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin costas.

Sin perjuicio de lo anterior, acorde a lo ordenado en el fallo antes aludido luego de rechazada la respectiva acción cautelar, se dispone comunicar por la vía más rápida a la institución recurrida e instruirla para que emita pronunciamiento respecto de la solicitud N° ID 55867125, en trámite de la recurrente de autos, de Carta de Nacionalización, en un plazo de 60 días, de conformidad con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley 21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 296 del año 2002.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-16910-2024.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich, conformada por la Ministra señora Carolina Brengi Zunino y el Abogado Integrante señor Manuel Luna Abarza.