Protección contra Dirección Administrativa de la Presidencia de la República

Santiago, veintiocho de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Diego Hernán Vega Núñez, abogado, en favor de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, representada por nombre reservado, con ocasión de los actos ilegales y/o arbitrarios, consistente en dotar de plenos efectos jurídicos a su resolución N°2 de 20 de marzo de 2024, que conlleva la vulneración de derechos fundamentales establecidos en el artículo 19 numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone, que el recurrente trabaja en la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República desde 2014, en el escalafón administrativo. Sus funciones incluyen ser guía de Palacio. Durante su permanencia, ha demostrado un excelente desempeño y comportamiento.

Explica, que pese a tener un desempeño destacado, fue acusado en marzo de 2023 de acoso sexual, lo que llevó a la apertura de un sumario administrativo. Dicho procedimiento se inició con la Resolución N°309 de 2023, formulándosele cargos el 27 de abril, los cuales contestó el 12 de mayo. A pesar de que el artículo 139 del Estatuto Administrativo establece un plazo de 5 días para la resolución, la notificación de la sanción no se produjo hasta el 17 de enero de 2024, cuando se aprobó el informe fiscal y se aplicó una medida disciplinaria en su contra. Contra esta decisión, interpuso un recurso de reposición alegando demoras injustificadas, pero fue rechazado mediante la Resolución Exenta N°104, de 31 de enero de 2024.

Agrega, que el 20 de marzo de 2024 se dictó la Resolución N°2, que dispuso la destitución del recurrente como medida disciplinaria. La notificación de dicha resolución fue realizada a su defensa mediante correo electrónico el 2 de abril de 2024, conforme al artículo 131.

Añade, que interpuso una reclamación ante la Contraloría General de la República respecto a la destitución, la cual fue admitida a tramitación y se solicitó un informe a la Dirección Administrativa de la Presidencia mediante la Resolución N°5319 de 16 de abril de 2024. Actualmente, el reclamo sigue en trámite y en estado de análisis.

Previas citas legales y constitucionales, solicita a esta Corte, acoger la presente acción.

SEGUNDO: Que, la Directora Administrativa de la Presidencia de la República, evacúa su informe, solicitando el rechazo de la presente acción en todas sus partes.

Expone, que el recurrente inició sus servicios en la Presidencia de la República en 2009 como contratado a honorarios, permaneciendo en esta calidad hasta diciembre de 2011. Luego, ingresó a contrata en enero de 2011 como funcionario del estamento administrativo en el grado 14° de la Escala Única de Sueldos, ascendiendo posteriormente hasta el grado 10°. Su contrato fue prorrogado sucesivamente hasta 2024, pero terminó debido a un proceso disciplinario en su contra. Además, se aclara que, a diferencia de lo señalado en su acción, se desempeñaba como Investigador en la Sección de Investigación y Documentación del Departamento de Arquitectura y Patrimonio de la Presidencia.

Explica que, en el 2023, la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República instruyó una investigación sumaria por denuncias de acoso laboral y sexual contra nombre reservado. Debido a la gravedad de los hechos, la investigación se elevó a sumario administrativo mediante la Resolución Exenta N°309 de 2023.

El proceso concluyó con la Resolución Exenta N°46 del 17 de enero de 2024, que configuró tres cargos contra el recurrente: 1. Atentar contra la dignidad de otros funcionarios (acoso sexual y discriminación arbitraria), 2. Acoso laboral, y 3. Conducta social inadecuada para la dignidad del cargo.

Como consecuencia, se le aplicó la sanción de destitución, confirmada en la Resolución Exenta N°2 del 20 de marzo de 2024. La notificación se realizó conforme al Estatuto Administrativo, primero por carta certificada tras no hallarlo en su domicilio y luego por correo electrónico el 4 de abril de 2024. Se le informó su derecho a reclamar en un plazo de 10 días hábiles, pero su impugnación fue rechazada mediante la Resolución Exenta N°104 del 31 de enero de 2024.

Agrega, que el 10 de abril de 2024, el recurrente interpuso una acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales ante el 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, bajo el RIT T-965-2024, caratulado como nombre reservado/CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, actualmente en tramitación. Además, presentó un reclamo de ilegalidad el 11 de abril de 2024, conforme al artículo 160 del Estatuto Administrativo.

TERCERO: Que, mediante resolución de 25 de noviembre de 2024, estimándolo indispensable para una acertada resolución, se ordenó a la Contraloría General de la República, informar sobre el reclamo administrativo interpuesto por el recurrente, el cual fue admitido a tramitación, en la que solicitó informe a la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República mediante Resolución Exenta N°5319, de fecha 16 de abril de 2024, emanada de la Unidad de Protección de Derechos Funcionarios.

CUARTO: Que, la Contraloría General de la República informa al tenor de lo solicitado, señalando que, el recurrente presentó un reclamo ante la Contraloría General impugnando la resolución N°2 de 2024 de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, que aplicó la destitución como medida disciplinaria. Inicialmente, la Contraloría se abstuvo de pronunciarse mediante Resolución Exenta N°14.302 porque el caso estaba en los Tribunales de Justicia, ya que nombre reservado había interpuesto una demanda de tutela laboral, ingresada bajo el RIT T-965-2024 ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Sin embargo, tras un recurso de reposición presentado por nombre reservado -referencia N° R8.802-, la Contraloría reconsideró su postura.

Agrega que audiencia preparatoria del juicio laboral, se determinó que la demanda no tenía por objeto revisar el sumario administrativo en cuestión, lo que permitió que la Contraloría revocara su decisión anterior mediante Resolución Exenta N°19.415). Finalmente, rechazó el reclamo, concluyendo que el sumario disciplinario seguido contra nombre reservado se ajustó a derecho.

QUINTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que, en virtud de los elementos de convicción aportados a estos autos, apreciados conforme a la sana crítica es posible tener por establecidos los siguientes hechos:

a.- Que don nombre reservado, comenzó a prestar servicios a la Presidencia de la República contratado a honorarios, el año 2009, permaneciendo hasta el 31 de diciembre de 2011.

b.-Que posteriormente el recurrente ingresó a contrata a la Presidencia de la República el 1 de enero de 2011, desempeñándose en el grado 14.

c.- Que mediante Resolución Exenta N ° 3 de 2023 de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, se instruyó una investigación sumaria, destinada a establecer las causas, circunstancias y eventual responsabilidad del recurrente por hechos denunciados de acoso laboral y sexual.

d.-Que mediante Resolución Exenta N ° 309, la recurrida resolvió elevar dicha investigación a sumario administrativo.

e.-Que por Resolución Exenta N ° 46 de 17 de enero de 2024, la autoridad recurrida aprobó el informe del fiscal, dándose por configurado los siguientes cargos:

1.-Cargo N° 1: EL funcionario ha infringido lo dispuesto en el artículo 84 letra i) del Estatuto Administrativo que establece que “el Funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones: I) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2° de la ley que establece las medidas contra la discriminación”.

2.- Cargo N ° 2: El funcionario ha infringido lo dispuesto en el artículo 84 letra m) del Estatuto Administrativo que establece que “el funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones: m) Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo”.

3.-. Cargo N ° 3: El funcionario ha infringido lo dispuesto en el artículo 61 letra i) del Estatuto Administrativo que prescribe: “Serán obligaciones de cada funcionario: I) Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo”.

f.-Que al recurrente se le aplicó la medida disciplinaria de destitución, impugnado la decisión administrativa, la que fue desestimada por Resolución Exenta N ° 104 de 31 de enero de 2024.

g.-Que finalmente se puso término al sumario administrativo por Resolución Exenta N ° 2, de 20 de marzo de 2024, disponiéndose la medida de destitución al funcionario y recurrente.

h.- Que la referida medida disciplinaria se notificó al actor mediante carta certificada enviada por Correos de Chile con fecha 26 de marzo de 2024. Además, se le remitió por correo electrónico el 4 de abril de 2024.

SÉPTIMO: Que, el artículo 51 de la Ley 19.880 dispone: “Ejecutoriedad. Los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo causan inmediata ejecutoriedad, salvo en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior.

Los decretos y resoluciones producirán efectos jurídicos desde su notificación o publicación, según sean de contenido individual o general”.

OCTAVO: Que, se debe tener en cuenta que la interposición del reclamo establecido en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, no suspende los efectos del acto administrativo reclamado, por cuanto dicha norma no establece una regla especial al respecto, ello de conformidad con lo establecido en el artículo precedentemente transcrito de la Ley 19,880, norma que está en plena concordancia con lo establecido en el artículo 57 del mismo cuerpo normativo, respecto de los recursos administrativos, por cuanto por regla general su interposición no suspende los efectos del acto impugnado.

NOVENO: En consecuencia, como se viene señalando, no puede entenderse que la Resolución N ° 2 de la Contraloría General de la República, haya modificado lo establecido en el ordenamiento jurídico que regula esta materia respecto de la ejecutoriedad inmediata de los actos administrativos totalmente tramitados. Lo que se encuentra corroborado con la Ley 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, que no contempla facultades para la suspensión de los efectos de los actos administrativos.

DÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo que se viene señalando, debe además tenerse en consideración que el recurrente el 10 de abril de 2024, interpuso una acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, proceso tramitado bajo el RIT T-965- 2024, caratulados “nombre reservado con nombre reservado”. De esta forma, los hechos en que se funda la presente acción están siendo conocidos por un tribunal de la República, proceso que se encuentra actualmente en tramitación.

UNDÉCIMO: Que, en estas circunstancias, la decisión impugnada se encuentra debidamente fundada y está conforme con la normativa que regula esta materia, por lo que la acción de protección será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, el recurso deducido por don Diego Hernán Vega Núñez, en favor de nombre reservado en contra de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Sra. Book.

Rol N°16.905-2024.