nombre reservado con BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, once de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado quien interpone recurso de protección en contra de la Biblioteca del Congreso Nacional, por la no renovación de la contrata del recurrente, comunicando dicha decisión mediante correo electrónico de 30 de junio de 2025.

Menciona que nombre reservado mantiene un vínculo a contrata continuo e ininterrumpido con la BCN desde el 2 de mayo de 2008, un total de 17 años.

Indica que este vínculo se interrumpe abruptamente el 30 de junio de 2025, a las 13:43 horas, cuando el recurrente recibe un correo del director de la BCN, nombre reservado, en el que se le señala “como muy bien sabes tus funciones concluyen el día de hoy”. Agrega el recurso que esta situación generó sorpresa y malestar, ya que el vínculo de 17 años se interrumpe sin ninguna resolución que permita entender las razones de tan drástica decisión, la cual ha dejado a una familia sin sustento económico.

Sostiene el recurrente que esta decisión es anormal, puesto que en casi dos décadas de servicio jamás se había puesto término a una contrata tan extensa, y nombre reservado siempre había sido evaluado con calificaciones sobresalientes y tenía un excelente desempeño de sus labores. La única explicación, según el recurso, se encuentra en un conflicto que el recurrente mantuvo con nombre reservado a fines de 2024, que se trata como una represalia. En noviembre de 2024, el recurrente interpuso una reclamación conforme al artículo 108 del Estatuto de Personal de la Biblioteca del Congreso, frente a un actuar ilegal de la recurrida. Esta reclamación significó que la decisión fuese revisada por la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados y el presidente del Senado, las máximas autoridades de la BCN.

Explica el recurso que, desde 2019, nombre reservado ostentaba un cargo de jerarquía grado F y ejercía funciones vinculadas al análisis ex ante de proyectos de ley, análisis ex post de políticas públicas, y otras funciones de la jefatura de la Asesoría Técnica Parlamentaria. El 7 de noviembre de 2024, el recurrente sostuvo una reunión con el director de la BCN, nombre reservado, quien le informó que, producto de modificaciones orgánicas, su letra F se extendería hasta marzo de 2025 y en abril de ese año sería disminuida a una jerarquía homologable a funcionario grado H (Profesional 1°), la misma con la que ingresó a la Biblioteca en 2008. nombre reservado manifestó disconformidad, ya que esto implicaba una fuerte disminución de remuneraciones y un menoscabo en su jerarquía. Durante noviembre, el recurrente solicitó formalmente al Director de la BCN en dos ocasiones, con apoyo de su asociación gremial, que la baja de jerarquía (y remuneración) fuera de una sola letra, a letra G, para disminuir el daño material y moral, pero estas solicitudes no obtuvieron respuesta formal. El 29 de noviembre de 2024, nombre reservado fue notificado de la Resolución n°485, la cual no respeta lo informado el 7 de noviembre, pues materializa la rebaja inmediata de dos letras (a H), y a su vez, establece la duración semestral de su contrata, situación inusual para funcionarios que siempre han tenido contratas de duración anual. Esto generó molestia, pues debía realizar funciones casi idénticas, pero veía disminuidos sus ingresos en casi un 22% y su jerarquía era inferior a la que ostentaba desde 2019, sumado al castigo de un periodo de contrata semestral. El resuelvo número tercero de la Resolución, que nombra a nombre reservado a contar del 1º de enero de 2025 y hasta el 30 de junio de 2025 (y mientras sean necesarios sus servicios) en el cargo de Profesional 1°, a contrata, asimilado a profesional 1º Categoría "H" de la planta de la BCN, para desempeñar funciones en la Sección de Asesoría Técnica Parlamentaria. Explica el recurrente que la letra H fue la jerarquía con la que nombre reservado ingresó al servicio en 2008, por lo que, tras 17 años e incluso habiendo ostentado cargos de jerarquía equivalente a grado D, se desconoce su trayectoria profesional al degradarlo a su posición inicial.

Sostiene el recurso que la Resolución n°485, del 29 de noviembre de 2024, reflejaba un comportamiento ilegal y falto de fundamento por parte del servicio, dando cuenta de la animadversión del Director de la BCN contra nombre reservado, cuyo corolario es el correo del 30 de junio de 2025.

Refiere que, atendiendo lo infundado e ilegal de la decisión, nombre reservado recurrió la Resolución del 29 de noviembre de 2024 mediante un recurso contenido en el artículo 108 del Estatuto del Personal de la Biblioteca del Congreso Nacional, que contempla la reclamación ante la Comisión de Biblioteca por vicios de legalidad. Expone que la Comisión de Biblioteca es la autoridad superior de la BCN, integrada por el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, siendo el Director de la BCN el secretario. La Comisión de la Biblioteca es la máxima autoridad, y son quienes nombran al Director (nombre reservado), pudiendo removerlo por la sola pérdida de confianza. nombre reservado, por lo tanto, denunció una ilegalidad del señor nombre reservado frente a sus propias jefaturas y fiscalizadores.

El recurso fue presentado el 13 de diciembre de 2024. Debido a la dilación injustificada por parte del Director de la BCN, la Comisión de Biblioteca recién pudo sesionar el 31 de enero de 2025, donde nombre reservado fue representado por la presidenta de la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional (FEDACON), nombre reservado. En dicha sesión se discutió dejar sin efecto la Resolución, manteniendo la duración anual habitual de las renovaciones de contrata y solo reduciendo la jerarquía de nombre reservado a funcionario grado G. Esta decisión fue promovida por la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de la época, la diputada Karol Cariola Oliva, quien manifestó que los detalles y la resolución debían abordarse en una nueva sesión el 3 de marzo de 2025. La sesión no pudo llevarse a cabo, en parte, debido al nacimiento del hijo de la diputada Karol Cariola. Sin perjuicio de eso, el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo, manifestó que la decisión de la Comisión ya había sido adoptada, en orden a que nombre reservado mantuviera la duración anual de su contrata y se redujera su jerarquía a grado G. El 11 de junio de 2025 se elaboró una resolución con dicho acuerdo, firmada por la diputada Karol Cariola, el diputado Eric Aedo y el secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Landeros, faltando únicamente las firmas del presidente y el secretario general del Senado. Estas autoridades nunca firmaron el documento porque durante ese mismo mes se terminó abruptamente el servicio de nombre reservado con el correo de nombre reservado.

Afirma el recurrente que el correo del 30 de junio de 2025 es gravoso porque desatiende todas las exigencias legales para poner término a un vínculo de casi dos décadas, desatiende las decisiones de las máximas autoridades de la Cámara y refleja una represalia del Director de la BCN contra nombre reservado por haber reclamado ante las jefaturas del propio nombre reservado para que revisaran una actuación ilegal.

Añade que el recurrente es un funcionario de suma importancia, con una importante trayectoria profesional, altos grados académicos y una lata trayectoria dentro del servicio, siempre calificada de buena manera. Por ello, se insiste en que una abrupta y arbitraria decisión de poner término a su contrata no tiene ningún antecedente distinto al de ser una represalia por haber reclamado contra una conducta ilegal del jefe superior del servicio.

Asevera el recurso que el acto impugnado tiene fecha 30 de junio de 2025, por lo que la interposición del recurso se encuentra dentro del plazo legal.

Asegura que la no renovación de la contrata adolece de total y completa falta de motivación de hecho y derecho, ya que deriva de un correo electrónico cuya única frase sobre esta materia es: "Como muy bien sabes tus funciones concluyen el día de hoy", sin entregar ningún antecedente que explique las razones del término del vínculo de casi dos décadas. Estima el recurrente que una decisión tan grave debiese ser explicada en una resolución, conforme a lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley n° 19.880 (Ley de Bases del Procedimiento Administrativo), que exigen la fundamentación de actos administrativos terminales. También se deben observar los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, que exigen fundamentar la decisión y respetar los procesos y formalidades legales. Al no existir ningún tipo de resolución, no es posible conocer y estudiar la motivación objetiva de la decisión. Además, que, si bien los artículos 5, 18 y 19 de la Ley n° 19.880 permiten que ciertos actos administrativos sean ejecutados por medios electrónicos, estos deben cumplir con formalidades legales, como ser suscritos mediante firma electrónica y cumplir con ciertos mínimos de fundamentación. El correo electrónico no cumple con ambos requisitos, lo que da cuenta de la ilegalidad formal y de fondo cometida por la BCN.

Refiere que el artículo 80 del Estatuto del Personal de la Biblioteca del Congreso Nacional indica que todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo, lo que debe ser un principio interpretativo que tienda a otorgarle la mayor duración posible a todo vínculo de trabajo. Este artículo incide directamente en la forma en que debe interpretarse restrictivamente el artículo 100 del estatuto, que contiene las hipótesis de cese de un cargo. Agrega que la estabilidad en el empleo de los funcionarios a contrata se materializa a través del principio de confianza legítima, que supone la confianza en la estabilidad de las actuaciones jurídicas de la Administración. Considera el recurrente que, si la BCN lleva 17 años seguidos e ininterrumpidos renovando las contratas de nombre reservado, es legítimo que él considere que se seguirá renovando, especialmente al no existir ningún tipo de cambio en sus circunstancias. nombre reservado gozaba de esta confianza legítima por mantener un vínculo por 17 años. Añade que el principio de confianza legítima se ve afectado porque el término de la contrata carece de cualquier fundamento y no deriva de una medida disciplinaria o una calificación deficiente, ya que nombre reservado nunca tuvo una medida disciplinaria y sus calificaciones siempre fueron dentro de las más altas posibles.

Reitera el recurso que la relación entre recurrente y recurrido se tensionó cuando nombre reservado presentó una reclamación contra una resolución que lo bajaba de grado. Esta tensión se explica porque la resolución fue revisada por las jefaturas y fiscalizadores del propio nombre reservado, quienes pueden disponer del cargo de Director de la BCN. Alega el recurrente que este es el único antecedente que explica la abrupta decisión de poner término a 17 años de vínculo, no solo por ser el único hecho relevante, sino porque el propio Director de la BCN le comentó a representantes de la asociación a la que pertenece nombre reservado que este estaba cumpliendo de buena forma sus funciones y que lo único que le impedía consentir en su pretensión era que había presentado una reclamación conforme al artículo 108 del Estatuto del Personal.

Considera que existe una desviación de poder por parte del Director de la BCN, quien cesa en el cargo a un funcionario a contrata con el único fin de castigar el comportamiento de nombre reservado por presentar un recurso de reclamación en contra de una resolución de noviembre de 2024. Este fin diverso es el desincentivo a las denuncias por posibles ilegalidades en el actuar del jefe superior del servicio de la BCN, por la amenaza implícita de que se pondrá término a la trayectoria profesional si existe el atrevimiento de someter a revisión las actuaciones del Director.

Afirma que la decisión de poner término a la relación funcionaria carece de sustento en los parámetros mínimos exigidos por el ordenamiento jurídico aplicable, infringiendo los principios de legalidad, igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria. Cesar unilateralmente a un funcionario a contrata con más de cinco años de servicio sin sumario ni calificación deficiente constituye un acto discriminatorio e ilegítimo, al omitir el tratamiento igualitario respecto de otros funcionarios en idéntica situación contractual.

Sobre la libertad de trabajo y el derecho a la igualdad en el acceso a las funciones y empleos públicos, sin más requisitos que los impuestos por la Constitución y las leyes, señala que ambas garantías se han visto vulneradas porque la autoridad recurrida omitió renovar el nombramiento de nombre reservado, a pesar de su legítima expectativa de continuidad, construida a partir de un desempeño sostenido por más de 17 años y evaluaciones laborales sobresalientes. La decisión, además de arbitraria e infundada, fue notificada mediante un simple correo electrónico, sin acto administrativo formal ni fundamentos individualizados, lo que configura una privación ilegítima del ejercicio del cargo.

En cuanto al derecho de propiedad, expresa el recurso que el cargo de nombre reservado, junto con los beneficios y remuneraciones que de él se derivan, ha pasado a constituir parte relevante de su patrimonio, por lo que solo podría procederse a poner término al vínculo laboral de la forma que expresamente establece el legislador.

Indica el recurrente que, si bien la Resolución n°485 de fecha 29 de noviembre de 2024 contiene la expresión "o hasta que sus servicios sean requeridos", esto no puede interpretarse como una autorización para poner término al vínculo laboral sin la debida y suficiente fundamentación.

Sostiene que la no renovación de la contrata vulnera la garantía del artículo 19 N°3, inciso quinto, de la Carta Magna, dado que, en la práctica, el Director de la BCN se ha erigido en una verdadera comisión especial, al aplicar una causal de término de la contrata fuera de los casos que la ley prevé, imponiéndole una sanción de extrema gravedad sin tener facultades legales para ello.

Finaliza solicitando se acoja el recurso y se declare que la no renovación de la contrata mediante la comunicación vía correo electrónico de fecha 30 de junio del 2025 es una acción arbitraria e ilegal que priva y perturba los derechos fundamentales del recurrente; se ordene a la recurrida reincorporar al funcionario retrotrayendo al estado inmediatamente anterior al correo de fecha 30 de junio del 2025 el cargo, remuneración y funciones, con el entero y pago de sus remuneraciones entre la fecha del acto vulneratorio y la fecha de dicha reincorporación; con costas.

SEGUNDO: Que, evacuando informe, la Biblioteca del Congreso Nacional solicita su rechazo total con condena en costas.

Primeramente, señala que el recurso de protección debe ser rechazado por impugnar un acto administrativo previo dictado por el Director de la BCN. Indica que la alegación del recurrente de que el acto impugnado es un correo electrónico del 30 de junio pasado se realiza con el único objeto de "fabricarse artificialmente un nuevo plazo para accionar por esta vía". Expresa que, de la lectura de los antecedentes que el mismo recurrente aporta, el acto que realmente intenta impugnar es la resolución interna N° 0485/2024, de 29 de noviembre de 2024, que dispuso la renovación de la contrata del Sr. nombre reservado solo por el período del 01 de enero al 30 de junio de 2025, además de disponer el cambio de funciones y categoría. La resolución fue notificada formalmente al Sr. nombre reservado el mismo día en que se dictó a través de la Oficina de Partes de la Biblioteca. Además, el Director, a través de un correo electrónico enviado ese mismo día después de la notificación formal, informó sobre las condiciones de renovación, el cual fue respondido por el recurrente a las pocas horas. Desde esa fecha, 29 de noviembre de 2024, el recurrente tenía conocimiento cierto y preciso de que su contrata finalizaba el 30 de junio de 2025, y el recurso de protección se interpuso 238 días después. Agrega que el Sr. nombre reservado presentó su informe con las labores realizadas en el período del 01 de enero al 30 de junio de 2025 mediante correo electrónico de esa última fecha, demostrando "absoluta consciencia" de que existía una resolución que abarcaba dicho periodo como plazo de sus labores.

Afirma la recurrida que el conocimiento de la resolución interna N° 0485/2024 por parte del Sr. nombre reservado es innegable, citando los hechos relatados y antecedentes adjuntos, además de que el propio recurrente ofrece acompañar dicha resolución y transcribe el resuelvo Tercero que establece su nombramiento a contrata hasta el 30 de junio de 2025. Por lo anterior, añade el informe, no es verosímil que el término de la contrata se haya realizado mediante un correo electrónico, como el recurrente quiere hacer creer. En concreto, el recurrente pretende dejar sin efecto lo resuelto por la BCN hace más de siete meses e intentar extender una contrata ya terminada, porque el acto administrativo ya se encontraba agotado.

Explica el informe que el caso presente es la hipótesis de un acto administrativo (nombramiento a contrata) sujeto a un plazo extintivo que se cumplió. Agrega que no se requeriría una actuación posterior de la Biblioteca para refrendar lo ya decidido. La argumentación del recurrente simula que el plazo para recurrir de protección se encontraba abierto al momento de interponerlo.

Menciona que la doctrina sostiene que el recurso de protección es una acción extraordinaria que busca cautelar la vulneración de un derecho fundamental en flagrancia y por un acto o hecho determinado, y que el menoscabo se produce y comienza a producir efectos desde el momento en que se toma conocimiento. El Sr. nombre reservado tuvo conocimiento del acto el 29 de noviembre de 2024, por lo que el plazo para recurrir finalizó el 29 de diciembre de ese mismo año.

En cuanto al fondo del asunto, asegura que la actuación de la Biblioteca contenida en la resolución N° 0485/2024 de 29 de noviembre de 2024 no puede ser considerada ilegal, puesto que fue dictada por el Director de la BCN en ejercicio de sus atribuciones como jefe superior del Servicio conforme a la Ley N° 18.918 y el Estatuto del Personal de Biblioteca del Congreso Nacional. El inciso séptimo del artículo 2 de la Ley N° 18.918 y el inciso segundo del artículo 3 del Estatuto del Personal confieren al Director las facultades y atribuciones de jefe superior de servicio y la administración del personal. Expresa que estas facultades le permiten nombrar personal a contrata, fijarle funciones, modificar destinaciones, y poner término a dichas contratas. Por lo anterior, afirma que la disposición de que la contrata del Sr. nombre reservado durara hasta el 30 de junio de 2025 fue realizada con estricto apego a sus facultades como jefe de servicio.

Alega que la resolución interna N° 0485/2024 entrega los elementos, antecedentes y motivación suficiente para las decisiones contenidas en él, incluyendo haber dispuesto una contrata por un plazo determinado que ya concluyó. Entre los fundamentos se destacan: la inexistencia de un desarrollo constante, regular y documentado de las funciones previamente asignadas al Sr. nombre reservado (considerando N° 13); que las funciones previamente asignadas escapaban de la misión de la Biblioteca (considerandos N° 15 y 16); y el informe del jefe de Asesoría Técnica Parlamentaria sobre el cumplimiento de funciones del Sr. nombre reservado del período octubre de 2020 a noviembre de 2024 y la ponderación de tales antecedentes (considerandos N° 21 a 25). Al ser un acto con vigencia determinada conocida por el recurrente, era innecesario dictar cualquier otro acto adicional para ratificar lo decidido31. El término de la contrata se produce por el cumplimiento del plazo de su vigencia ya fijado, de pleno derecho en ese momento, y no por la comunicación enviada por el Director. Añade que los artículos 100 literal F) y 107 del Estatuto del Personal disponen que el funcionario cesará en su cargo por "Término del período legal por el que fue designado" y que "El término del período legal por el cual es nombrado el funcionario, o el cumplimiento del plazo por el que es contratado, produce la inmediata cesación de sus funciones". Los términos son claros: la cesación de funciones es inmediata, sin necesidad de notificación alguna.

En cuanto a la afectación a la estabilidad en el empleo y a la confianza legítima alegada por el actor, argumenta la recurrida que, la cita en el recurso del artículo 80 del Estatuto del Personal sobre el derecho a gozar de estabilidad en el empleo está descontextualizada y no se aplica sin más a los funcionarios a contrata. Expone el informe que los artículos 2 literal G. y 5 literal B. del Estatuto definen el Empleo a contrata como un cargo de carácter transitorio que corresponde a funciones propias, pero transitorias, de la Biblioteca. Su empleo durará el plazo fijado en la respectiva resolución o por el período durante el cual fueren necesarios sus servicios. Las contratas son de carácter eminentemente transitorio, con duración limitada en el tiempo (no más allá del 31 de diciembre de cada anualidad) y siempre sujetas a la necesidad de sus servicios. Añade que disponer una duración de la contrata hasta el 30 de junio pasado es ejercicio de una facultad exclusiva del Director, no cuestionado ni impugnado por el recurrente.

Plantea la recurrida que la decisión adoptada por la Dirección de la Biblioteca, unida al hecho de que el recurso es extemporáneo, constituye "objetivamente un cambio en las circunstancias o condiciones de base" que no permite alegar la existencia de una confianza legítima. La confianza legítima no existe en este caso porque, junto con establecer una duración determinada, las funciones del Sr. nombre reservado fueron modificadas, teniendo a la vista las consideraciones contenidas en la resolución interna N° 0485/2024.

Menciona que la argumentación del recurrente de que la decisión de poner término a su contrata es una represalia en su contra es subjetivo y totalmente alejado de la realidad. El recurrente narra hechos fundantes de esa supuesta represalia, alegando además que el Director habría incurrido en desviación de poder. Refiere la recurrida que el recurrente presentó un recurso en contra de la resolución N° 0485/2024 ante la Honorable Comisión de Biblioteca, la que fue informada, pero nunca hubo un pronunciamiento formal al respecto. Añade el informe que los dichos del Sr. nombre reservado sobre la existencia de un "acuerdo" no son efectivos. Si bien se analizó el tema en la sesión de la Comisión de Biblioteca de 31 de enero de 2025, no se adoptó ninguna decisión, como sí se hizo con otros temas. Explica la recurrida que la Comisión de Biblioteca es un órgano colegiado y sus decisiones ("acuerdos") requieren la unanimidad de sus integrantes (ambos presidentes), y para su validez requieren escrituración y firma de quienes lo adoptan y del Director como ministro de fe, por lo cual, es imposible que el Director haya podido desconocer una decisión formal.

Plantea el informe que la actuación que se intenta impugnar, que no es ilegal ni arbitraria y, por tanto, no afecta las garantías constitucionales alegadas. Agrega que el cese de funciones por cumplimiento del plazo no puede afectar su libertad de trabajo o el acceso a otros cargos públicos, por cuanto no impone sanción alguna ni constituye causal para no ser admitido en otros trabajos o empleos. En cuanto al derecho de propiedad, afirma que el recurrente intenta asimilar su situación a la de un funcionario de planta de la Biblioteca, quienes gozan de una estabilidad reforzada en su cargo. Afirma la recurrida que, por mucho que una contrata se extienda por largo tiempo, no deviene en un cargo de planta, y que sostener lo contrario iría contra la ley y desfiguraría la institución de la contrata.

TERCERO: Que comparece la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional como tercero coadyuvante, señalando que el recurrente, nombre reservado, está afiliado a la Asociación de Empleados de la Biblioteca del Congreso Nacional, la cual, a su vez, está afiliada a FEDACON.

Indica que no ha sido habitual en la BCN que se ponga término a una contrata de 17 años continuos en el servicio. Esta situación es aún más inusual, ya que las funciones y equipos de trabajo de nombre reservado siguen vigentes y se enmarcan dentro de las labores habituales del servicio.

Expresa que el único antecedente que explica la inusual terminación de contrata es un conflicto que existió a fines de 2024 entre el recurrente y el recurrido (Director de la BCN, nombre reservado). Este conflicto se originó cuando, el 29 de noviembre de 2024, el afiliado fue notificado de una resolución que empeoraba significativamente y de manera arbitraria sus condiciones de trabajo. Ante esto, el funcionario presentó una reclamación conforme al artículo 108 del Estatuto del Personal de la BCN. Esta reclamación implicó que la Comisión de la Biblioteca del Congreso Nacional, conformada por los presidentes de ambas cámaras, revisara el actuar del señor nombre reservado, cuyo cargo es de exclusiva confianza de dichos presidentes. Esta decisión generó molestia en el Director de la BCN, al punto que el 3 de marzo de 2025 envió una misiva a todo el personal donde aludió al reclamo. En dicha comunicación, el Director de la BCN indicó que, debido al reclamo, había quedado ante las presidencias de ambas cámaras como una persona que actuaba de forma dolosa y engañosa, lo que consideraba inaceptable. A esto se suma que el 8 de mayo de 2025, el Director mantuvo una conversación con el presidente de la Asociación de Empleados, nombre reservado, donde indicó que podría solucionar el conflicto con nombre reservado si este último retiraba previamente el reclamo de ilegalidad presentado ante la Comisión de la BCN.

Expresa la Federación que todo lo señalado demuestra que el acto recurrido que pone término a una contrata de 17 años continuos es un acto de represalia por haber ejercido un recurso interno en contra de una decisión de la BCN que lo perjudicaba. Además, considera que no es efectivo lo planteado en el informe en orden a que la actuación del Director está ajustada a derecho, ya que la legislación nacional no ampara la represalia como facultad de un jefe de servicios sobre sus funcionarios.

Refiere que la reclamación presentada por nombre reservado jamás fue resuelta de forma definitiva, por lo que la Resolución n°485 del 29 de noviembre de 2024, que originó el conflicto, todavía está pendiente de resolver. Añade que, no obstante, se mantuvieron varias reuniones con los miembros de la Comisión de la BCN, quienes estaban por acoger parcialmente la reclamación de nombre reservado. La presidenta de FEDACON asistió a la sesión de la Comisión del 31 de enero de 2025, donde la diputada Karol Cariola manifestó explícitamente lo injusto del actuar del servicio en el caso y la necesidad de corregir dicho actuar. El 11 de junio de 2025, se redactó un documento que fue firmado por la diputada Karol Cariola (presidenta de la Cámara al momento en que se ventiló la reclamación), el diputado Eric Aedo y el Secretario General de la Cámara de Diputadas y Diputados, señor Miguel Landeros, en el que acogían la petición realizada por el señor nombre reservado. Afirma la Federación que el informe evacuado por la BCN omite cualquier alusión a dichas reuniones y no entrega explicación o antecedente que permita entender por qué, 19 días después de redactarse dicho documento, el Director de la BCN decide enviar un correo a su afiliado informándole el término de 17 años de vínculo con la institución.

En cuanto a la confianza legítima a raíz de un supuesto cambio en las funciones de nombre reservado, la Federación estima que no es efectivo lo alegado por la recurrida que exista un cambio en las funciones del funcionario. Desde el año 2017, las tareas del señor nombre reservado son las mismas: realiza labores de apoyo legislativo a parlamentarios y comisiones, más todas las funciones de elaboración de estándares de trabajo y convenios de desempeño. Desde hace 8 años, el recurrente siempre ha realizado labores de apoyo al jefe de ATP en la generación de minutas, informes y asesorías a parlamentarios y comisiones legislativas, así como en las demás tareas que el jefe de ATP le asigne. Todas estas son imprecisiones o faltas de veracidad graves que se cometen en el informe de la BCN y que son necesarias de aclarar para una adecuada resolución del caso. Esto sin perjuicio de compartir los planteamientos del recurrente en orden a que el Servicio comete una conducta prohibida legalmente y arbitraria que vulnera sus derechos fundamentales.

CUARTO: Que, evacuando traslado la recurrida a lo expuesto por la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional, la recurrida solicita rechazar la petición de dicha organización de tenerla como parte en calidad de tercero coadyuvante del recurrente, argumentando que carece de cualquier interés legítimo para actuar en tal calidad. Expresa que el recurrente, Sr. nombre reservado, no tiene la calidad de asociado de alguna de las Asociaciones de Funcionarios que componen la FEDACOM. Menciona que el recurrente estuvo afiliado a la Asociación de Empleados de la BCN desde mayo de 2009 y dejó de ser asociado automáticamente desde julio de 2025, de acuerdo con el artículo 11°, literal a) del Estatuto de la Asociación, debido al término de su contrata.

Asevera que el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección no contiene normas sobre la comparecencia de terceros durante su tramitación, solo reconociendo que pueden hacerse parte las personas, funcionarios u Órganos del Estado afectados o recurridos. La FEDACOM no tiene ni la calidad de afectado ni de recurrido. Agrega que los terceros coadyuvantes en los recursos de protección requieren contar con un interés directo comprometido. Expone que en la presentación de la FEDACOM no queda claro cuál es el interés legítimo que invoca para hacerse parte, pues no se observa un interés actual en el resultado del procedimiento ni un derecho comprometido de la FEDACOM en este recurso de protección.

Indica que la ley N° 19.296 sobre Asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, que rige a las asociaciones del Congreso Nacional y sus federaciones, no establece dentro de sus finalidades la facultad de representar ante los tribunales de justicia a sus asociados.

Refiere que, a diferencia del Recurso de Protección, el Procedimiento de Tutela Laboral de derechos fundamentales regula de manera expresa la posibilidad de las organizaciones sindicales de comparecer como terceros coadyuvantes (inciso segundo, artículo 486 del Código del Trabajo). Esto demuestra que a las organizaciones sindicales, como regla general, no se les reconoce el carácter de terceros coadyuvantes en los procedimientos judiciales, requiriendo una norma expresa que las habilite o bien acreditar el interés legítimo.

Para el evento de que la Corte considere como parte a la FEDACOM, hace presente que todo lo planteado por esta ya había sido expuesto por el recurrente y la BCN se hizo cargo de ello al evacuar su informe.

En relación con un supuesto acuerdo de la Comisión de Biblioteca, reitera que esta adopta sus acuerdos de manera unánime, requiriendo que ambos presidentes (de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado de la República) concurran manifestando su parecer conforme. De no ser así, jurídicamente no existe tal acuerdo y los actos preparatorios ni siquiera pueden considerarse una mera expectativa.

QUINTO: Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, el plazo fatal para interponerlo es de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión que lo motiva, que según el recurrente correspondería al 30 de junio de 2025, fecha del correo electrónico, mediante el cual se le habría comunicado la no renovación de su contrata.

SEXTO: Que, sin embargo, de lo expuesto por las partes, y de la documentación acompañada a la causa, aparece que mediante la resolución interna N° 0485/2024, de 29 de noviembre de 2024, se dispuso la renovación de la contrata del Sr. nombre reservado solo por el período del 01 de enero al 30 de junio de 2025. Dicha resolución fue notificada formalmente al Sr. nombre reservado el mismo día en que se dictó a través de la Oficina de Partes de la Biblioteca. Además, el Director, a través de un correo electrónico enviado ese mismo día después de la notificación formal, informó sobre las condiciones de renovación, el cual fue respondido por el recurrente a las pocas horas. En consecuencia, desde esa fecha, 29 de noviembre de 2024, el recurrente tenía conocimiento cierto y preciso de que su contrata finalizaba el 30 de junio de 2025, habiéndose producido el término de la contrata por el cumplimiento del plazo de su vigencia ya fijado, de pleno derecho en ese momento, y no por la comunicación posterior, el recordatorio enviado por el Director, invocado por el recurrente.

SEPTIMO: Que en las circunstancias señaladas, no cabe dudas que la situación que el actor reclama se arrastra por lo menos desde el 29 de noviembre de 2024, y habiéndose deducido el presente recurso 238 días después, la presente acción resulta haberse interpuesto en forma extemporánea, y por ende deberá desestimársela.

OCTAVO: Que atendida la conclusión anterior, resulta improcedente analizar las razones que motivaron esta acción de protección, y demás alegaciones de las partes.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre "Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales", se rechaza, por extemporáneo, el interpuesto en estos autos.

Regístrese y archívese.

Redacción: Ministro Dobra Lusic, quien no firma por encontrarse en funciones en la Excma. Corte Suprema.

N°Protección-16872-2025.

Santiago, diez de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado quien interpone recurso de protección en contra de la Biblioteca del Congreso Nacional, por la no renovación de la contrata del recurrente, comunicando dicha decisión mediante correo electrónico de 30 de junio de 2025.

Menciona que nombre reservado mantiene un vínculo a contrata continuo e ininterrumpido con la BCN desde el 2 de mayo de 2008, un total de 17 años.

Indica que este vínculo se interrumpe abruptamente el 30 de junio de 2025, a las 13:43 horas, cuando el recurrente recibe un correo del director de la BCN, nombre reservado, en el que se le señala “como muy bien sabes tus funciones concluyen el día de hoy”. Agrega el recurso que esta situación generó sorpresa y malestar, ya que el vínculo de 17 años se interrumpe sin ninguna resolución que permita entender las razones de tan drástica decisión, la cual ha dejado a una familia sin sustento económico.

Sostiene el recurrente que esta decisión es anormal, puesto que en casi dos décadas de servicio jamás se había puesto término a una contrata tan extensa, y nombre reservado siempre había sido evaluado con calificaciones sobresalientes y tenía un excelente desempeño de sus labores. La única explicación, según el recurso, se encuentra en un conflicto que el recurrente mantuvo con nombre reservado a fines de 2024, que se trata como una represalia. En noviembre de 2024, el recurrente interpuso una reclamación conforme al artículo 108 del Estatuto de Personal de la Biblioteca del Congreso, frente a un actuar ilegal de la recurrida. Esta reclamación significó que la decisión fuese revisada por la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados y el presidente del Senado, las máximas autoridades de la BCN.

Explica el recurso que, desde 2019, nombre reservado ostentaba un cargo de jerarquía grado F y ejercía funciones vinculadas al análisis ex ante de proyectos de ley, análisis ex post de políticas públicas, y otras funciones de la jefatura de la Asesoría Técnica Parlamentaria. El 7 de noviembre de 2024, el recurrente sostuvo una reunión con el director de la BCN, nombre reservado, quien le informó que, producto de modificaciones orgánicas, su letra F se extendería hasta marzo de 2025 y en abril de ese año sería disminuida a una jerarquía homologable a funcionario grado H (Profesional 1°), la misma con la que ingresó a la Biblioteca en 2008. nombre reservado manifestó disconformidad, ya que esto implicaba una fuerte disminución de remuneraciones y un menoscabo en su jerarquía. Durante noviembre, el recurrente solicitó formalmente al Director de la BCN en dos ocasiones, con apoyo de su asociación gremial, que la baja de jerarquía (y remuneración) fuera de una sola letra, a letra G, para disminuir el daño material y moral, pero estas solicitudes no obtuvieron respuesta formal. El 29 de noviembre de 2024, nombre reservado fue notificado de la Resolución n°485, la cual no respeta lo informado el 7 de noviembre, pues materializa la rebaja inmediata de dos letras (a H), y a su vez, establece la duración semestral de su contrata, situación inusual para funcionarios que siempre han tenido contratas de duración anual. Esto generó molestia, pues debía realizar funciones casi idénticas, pero veía disminuidos sus ingresos en casi un 22% y su jerarquía era inferior a la que ostentaba desde 2019, sumado al castigo de un periodo de contrata semestral. El resuelvo número tercero de la Resolución, que nombra a nombre reservado a contar del 1º de enero de 2025 y hasta el 30 de junio de 2025 (y mientras sean necesarios sus servicios) en el cargo de Profesional 1°, a contrata, asimilado a profesional 1º Categoría "H" de la planta de la BCN, para desempeñar funciones en la Sección de Asesoría Técnica Parlamentaria. Explica el recurrente que la letra H fue la jerarquía con la que nombre reservado ingresó al servicio en 2008, por lo que, tras 17 años e incluso habiendo ostentado cargos de jerarquía equivalente a grado D, se desconoce su trayectoria profesional al degradarlo a su posición inicial.

Sostiene el recurso que la Resolución n°485, del 29 de noviembre de 2024, reflejaba un comportamiento ilegal y falto de fundamento por parte del servicio, dando cuenta de la animadversión del Director de la BCN contra nombre reservado, cuyo corolario es el correo del 30 de junio de 2025.

Refiere que, atendiendo lo infundado e ilegal de la decisión, nombre reservado recurrió la Resolución del 29 de noviembre de 2024 mediante un recurso contenido en el artículo 108 del Estatuto del Personal de la Biblioteca del Congreso Nacional, que contempla la reclamación ante la Comisión de Biblioteca por vicios de legalidad. Expone que la Comisión de Biblioteca es la autoridad superior de la BCN, integrada por el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, siendo el Director de la BCN el secretario. La Comisión de la Biblioteca es la máxima autoridad, y son quienes nombran al Director (nombre reservado), pudiendo removerlo por la sola pérdida de confianza. nombre reservado, por lo tanto, denunció una ilegalidad del señor nombre reservado frente a sus propias jefaturas y fiscalizadores.

El recurso fue presentado el 13 de diciembre de 2024. Debido a la dilación injustificada por parte del Director de la BCN, la Comisión de Biblioteca recién pudo sesionar el 31 de enero de 2025, donde nombre reservado fue representado por la presidenta de la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional (FEDACON), nombre reservado. En dicha sesión se discutió dejar sin efecto la Resolución, manteniendo la duración anual habitual de las renovaciones de contrata y solo reduciendo la jerarquía de nombre reservado a funcionario grado G. Esta decisión fue promovida por la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de la época, la diputada Karol Cariola Oliva, quien manifestó que los detalles y la resolución debían abordarse en una nueva sesión el 3 de marzo de 2025. La sesión no pudo llevarse a cabo, en parte, debido al nacimiento del hijo de la diputada Karol Cariola. Sin perjuicio de eso, el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo, manifestó que la decisión de la Comisión ya había sido adoptada, en orden a que nombre reservado mantuviera la duración anual de su contrata y se redujera su jerarquía a grado G. El 11 de junio de 2025 se elaboró una resolución con dicho acuerdo, firmada por la diputada Karol Cariola, el diputado Eric Aedo y el secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Landeros, faltando únicamente las firmas del presidente y el secretario general del Senado. Estas autoridades nunca firmaron el documento porque durante ese mismo mes se terminó abruptamente el servicio de nombre reservado con el correo de nombre reservado.

Afirma el recurrente que el correo del 30 de junio de 2025 es gravoso porque desatiende todas las exigencias legales para poner término a un vínculo de casi dos décadas, desatiende las decisiones de las máximas autoridades de la Cámara y refleja una represalia del Director de la BCN contra nombre reservado por haber reclamado ante las jefaturas del propio nombre reservado para que revisaran una actuación ilegal.

Añade que el recurrente es un funcionario de suma importancia, con una importante trayectoria profesional, altos grados académicos y una lata trayectoria dentro del servicio, siempre calificada de buena manera. Por ello, se insiste en que una abrupta y arbitraria decisión de poner término a su contrata no tiene ningún antecedente distinto al de ser una represalia por haber reclamado contra una conducta ilegal del jefe superior del servicio.

Asevera el recurso que el acto impugnado tiene fecha 30 de junio de 2025, por lo que la interposición del recurso se encuentra dentro del plazo legal.

Asegura que la no renovación de la contrata adolece de total y completa falta de motivación de hecho y derecho, ya que deriva de un correo electrónico cuya única frase sobre esta materia es: "Como muy bien sabes tus funciones concluyen el día de hoy", sin entregar ningún antecedente que explique las razones del término del vínculo de casi dos décadas. Estima el recurrente que una decisión tan grave debiese ser explicada en una resolución, conforme a lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley n° 19.880 (Ley de Bases del Procedimiento Administrativo), que exigen la fundamentación de actos administrativos terminales. También se deben observar los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, que exigen fundamentar la decisión y respetar los procesos y formalidades legales. Al no existir ningún tipo de resolución, no es posible conocer y estudiar la motivación objetiva de la decisión. Además, que, si bien los artículos 5, 18 y 19 de la Ley n° 19.880 permiten que ciertos actos administrativos sean ejecutados por medios electrónicos, estos deben cumplir con formalidades legales, como ser suscritos mediante firma electrónica y cumplir con ciertos mínimos de fundamentación. El correo electrónico no cumple con ambos requisitos, lo que da cuenta de la ilegalidad formal y de fondo cometida por la BCN.

Refiere que el artículo 80 del Estatuto del Personal de la Biblioteca del Congreso Nacional indica que todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo, lo que debe ser un principio interpretativo que tienda a otorgarle la mayor duración posible a todo vínculo de trabajo. Este artículo incide directamente en la forma en que debe interpretarse restrictivamente el artículo 100 del estatuto, que contiene las hipótesis de cese de un cargo. Agrega que la estabilidad en el empleo de los funcionarios a contrata se materializa a través del principio de confianza legítima, que supone la confianza en la estabilidad de las actuaciones jurídicas de la Administración. Considera el recurrente que, si la BCN lleva 17 años seguidos e ininterrumpidos renovando las contratas de nombre reservado, es legítimo que él considere que se seguirá renovando, especialmente al no existir ningún tipo de cambio en sus circunstancias. nombre reservado gozaba de esta confianza legítima por mantener un vínculo por 17 años. Añade que el principio de confianza legítima se ve afectado porque el término de la contrata carece de cualquier fundamento y no deriva de una medida disciplinaria o una calificación deficiente, ya que nombre reservado nunca tuvo una medida disciplinaria y sus calificaciones siempre fueron dentro de las más altas posibles.

Reitera el recurso que la relación entre recurrente y recurrido se tensionó cuando nombre reservado presentó una reclamación contra una resolución que lo bajaba de grado. Esta tensión se explica porque la resolución fue revisada por las jefaturas y fiscalizadores del propio nombre reservado, quienes pueden disponer del cargo de Director de la BCN. Alega el recurrente que este es el único antecedente que explica la abrupta decisión de poner término a 17 años de vínculo, no solo por ser el único hecho relevante, sino porque el propio Director de la BCN le comentó a representantes de la asociación a la que pertenece nombre reservado que este estaba cumpliendo de buena forma sus funciones y que lo único que le impedía consentir en su pretensión era que había presentado una reclamación conforme al artículo 108 del Estatuto del Personal.

Considera que existe una desviación de poder por parte del Director de la BCN, quien cesa en el cargo a un funcionario a contrata con el único fin de castigar el comportamiento de nombre reservado por presentar un recurso de reclamación en contra de una resolución de noviembre de 2024. Este fin diverso es el desincentivo a las denuncias por posibles ilegalidades en el actuar del jefe superior del servicio de la BCN, por la amenaza implícita de que se pondrá término a la trayectoria profesional si existe el atrevimiento de someter a revisión las actuaciones del Director.

Afirma que la decisión de poner término a la relación funcionaria carece de sustento en los parámetros mínimos exigidos por el ordenamiento jurídico aplicable, infringiendo los principios de legalidad, igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria. Cesar unilateralmente a un funcionario a contrata con más de cinco años de servicio sin sumario ni calificación deficiente constituye un acto discriminatorio e ilegítimo, al omitir el tratamiento igualitario respecto de otros funcionarios en idéntica situación contractual.

Sobre la libertad de trabajo y el derecho a la igualdad en el acceso a las funciones y empleos públicos, sin más requisitos que los impuestos por la Constitución y las leyes, señala que ambas garantías se han visto vulneradas porque la autoridad recurrida omitió renovar el nombramiento de nombre reservado, a pesar de su legítima expectativa de continuidad, construida a partir de un desempeño sostenido por más de 17 años y evaluaciones laborales sobresalientes. La decisión, además de arbitraria e infundada, fue notificada mediante un simple correo electrónico, sin acto administrativo formal ni fundamentos individualizados, lo que configura una privación ilegítima del ejercicio del cargo.

En cuanto al derecho de propiedad, expresa el recurso que el cargo de nombre reservado, junto con los beneficios y remuneraciones que de él se derivan, ha pasado a constituir parte relevante de su patrimonio, por lo que solo podría procederse a poner término al vínculo laboral de la forma que expresamente establece el legislador.

Indica el recurrente que, si bien la Resolución n°485 de fecha 29 de noviembre de 2024 contiene la expresión "o hasta que sus servicios sean requeridos", esto no puede interpretarse como una autorización para poner término al vínculo laboral sin la debida y suficiente fundamentación.

Sostiene que la no renovación de la contrata vulnera la garantía del artículo 19 N°3, inciso quinto, de la Carta Magna, dado que, en la práctica, el Director de la BCN se ha erigido en una verdadera comisión especial, al aplicar una causal de término de la contrata fuera de los casos que la ley prevé, imponiéndole una sanción de extrema gravedad sin tener facultades legales para ello.

Finaliza solicitando se acoja el recurso y se declare que la no renovación de la contrata mediante la comunicación vía correo electrónico de fecha 30 de junio del 2025 es una acción arbitraria e ilegal que priva y perturba los derechos fundamentales del recurrente; se ordene a la recurrida reincorporar al funcionario retrotrayendo al estado inmediatamente anterior al correo de fecha 30 de junio del 2025 el cargo, remuneración y funciones, con el entero y pago de sus remuneraciones entre la fecha del acto vulneratorio y la fecha de dicha reincorporación; con costas.

SEGUNDO: Que, evacuando informe, la Biblioteca del Congreso Nacional solicita su rechazo total con condena en costas.

Primeramente, señala que el recurso de protección debe ser rechazado por impugnar un acto administrativo previo dictado por el Director de la BCN. Indica que la alegación del recurrente de que el acto impugnado es un correo electrónico del 30 de junio pasado se realiza con el único objeto de "fabricarse artificialmente un nuevo plazo para accionar por esta vía". Expresa que, de la lectura de los antecedentes que el mismo recurrente aporta, el acto que realmente intenta impugnar es la resolución interna N° 0485/2024, de 29 de noviembre de 2024, que dispuso la renovación de la contrata del Sr. nombre reservado solo por el período del 01 de enero al 30 de junio de 2025, además de disponer el cambio de funciones y categoría. La resolución fue notificada formalmente al Sr. nombre reservado el mismo día en que se dictó a través de la Oficina de Partes de la Biblioteca. Además, el Director, a través de un correo electrónico enviado ese mismo día después de la notificación formal, informó sobre las condiciones de renovación, el cual fue respondido por el recurrente a las pocas horas. Desde esa fecha, 29 de noviembre de 2024, el recurrente tenía conocimiento cierto y preciso de que su contrata finalizaba el 30 de junio de 2025, y el recurso de protección se interpuso 238 días después. Agrega que el Sr. nombre reservado presentó su informe con las labores realizadas en el período del 01 de enero al 30 de junio de 2025 mediante correo electrónico de esa última fecha, demostrando "absoluta consciencia" de que existía una resolución que abarcaba dicho periodo como plazo de sus labores.

Afirma la recurrida que el conocimiento de la resolución interna N° 0485/2024 por parte del Sr. nombre reservado es innegable, citando los hechos relatados y antecedentes adjuntos, además de que el propio recurrente ofrece acompañar dicha resolución y transcribe el resuelvo Tercero que establece su nombramiento a contrata hasta el 30 de junio de 2025. Por lo anterior, añade el informe, no es verosímil que el término de la contrata se haya realizado mediante un correo electrónico, como el recurrente quiere hacer creer. En concreto, el recurrente pretende dejar sin efecto lo resuelto por la BCN hace más de siete meses e intentar extender una contrata ya terminada, porque el acto administrativo ya se encontraba agotado.

Explica el informe que el caso presente es la hipótesis de un acto administrativo (nombramiento a contrata) sujeto a un plazo extintivo que se cumplió. Agrega que no se requeriría una actuación posterior de la Biblioteca para refrendar lo ya decidido. La argumentación del recurrente simula que el plazo para recurrir de protección se encontraba abierto al momento de interponerlo.

Menciona que la doctrina sostiene que el recurso de protección es una acción extraordinaria que busca cautelar la vulneración de un derecho fundamental en flagrancia y por un acto o hecho determinado, y que el menoscabo se produce y comienza a producir efectos desde el momento en que se toma conocimiento. El Sr. nombre reservado tuvo conocimiento del acto el 29 de noviembre de 2024, por lo que el plazo para recurrir finalizó el 29 de diciembre de ese mismo año.

En cuanto al fondo del asunto, asegura que la actuación de la Biblioteca contenida en la resolución N° 0485/2024 de 29 de noviembre de 2024 no puede ser considerada ilegal, puesto que fue dictada por el Director de la BCN en ejercicio de sus atribuciones como jefe superior del Servicio conforme a la Ley N° 18.918 y el Estatuto del Personal de Biblioteca del Congreso Nacional. El inciso séptimo del artículo 2 de la Ley N° 18.918 y el inciso segundo del artículo 3 del Estatuto del Personal confieren al Director las facultades y atribuciones de jefe superior de servicio y la administración del personal. Expresa que estas facultades le permiten nombrar personal a contrata, fijarle funciones, modificar destinaciones, y poner término a dichas contratas. Por lo anterior, afirma que la disposición de que la contrata del Sr. nombre reservado durara hasta el 30 de junio de 2025 fue realizada con estricto apego a sus facultades como jefe de servicio.

Alega que la resolución interna N° 0485/2024 entrega los elementos, antecedentes y motivación suficiente para las decisiones contenidas en él, incluyendo haber dispuesto una contrata por un plazo determinado que ya concluyó. Entre los fundamentos se destacan: la inexistencia de un desarrollo constante, regular y documentado de las funciones previamente asignadas al Sr. nombre reservado (considerando N° 13); que las funciones previamente asignadas escapaban de la misión de la Biblioteca (considerandos N° 15 y 16); y el informe del jefe de Asesoría Técnica Parlamentaria sobre el cumplimiento de funciones del Sr. nombre reservado del período octubre de 2020 a noviembre de 2024 y la ponderación de tales antecedentes (considerandos N° 21 a 25). Al ser un acto con vigencia determinada conocida por el recurrente, era innecesario dictar cualquier otro acto adicional para ratificar lo decidido31. El término de la contrata se produce por el cumplimiento del plazo de su vigencia ya fijado, de pleno derecho en ese momento, y no por la comunicación enviada por el Director. Añade que los artículos 100 literal F) y 107 del Estatuto del Personal disponen que el funcionario cesará en su cargo por "Término del período legal por el que fue designado" y que "El término del período legal por el cual es nombrado el funcionario, o el cumplimiento del plazo por el que es contratado, produce la inmediata cesación de sus funciones". Los términos son claros: la cesación de funciones es inmediata, sin necesidad de notificación alguna.

En cuanto a la afectación a la estabilidad en el empleo y a la confianza legítima alegada por el actor, argumenta la recurrida que, la cita en el recurso del artículo 80 del Estatuto del Personal sobre el derecho a gozar de estabilidad en el empleo está descontextualizada y no se aplica sin más a los funcionarios a contrata. Expone el informe que los artículos 2 literal G. y 5 literal B. del Estatuto definen el Empleo a contrata como un cargo de carácter transitorio que corresponde a funciones propias, pero transitorias, de la Biblioteca. Su empleo durará el plazo fijado en la respectiva resolución o por el período durante el cual fueren necesarios sus servicios. Las contratas son de carácter eminentemente transitorio, con duración limitada en el tiempo (no más allá del 31 de diciembre de cada anualidad) y siempre sujetas a la necesidad de sus servicios. Añade que disponer una duración de la contrata hasta el 30 de junio pasado es ejercicio de una facultad exclusiva del Director, no cuestionado ni impugnado por el recurrente.

Plantea la recurrida que la decisión adoptada por la Dirección de la Biblioteca, unida al hecho de que el recurso es extemporáneo, constituye "objetivamente un cambio en las circunstancias o condiciones de base" que no permite alegar la existencia de una confianza legítima. La confianza legítima no existe en este caso porque, junto con establecer una duración determinada, las funciones del Sr. nombre reservado fueron modificadas, teniendo a la vista las consideraciones contenidas en la resolución interna N° 0485/2024.

Menciona que la argumentación del recurrente de que la decisión de poner término a su contrata es una represalia en su contra es subjetivo y totalmente alejado de la realidad. El recurrente narra hechos fundantes de esa supuesta represalia, alegando además que el Director habría incurrido en desviación de poder. Refiere la recurrida que el recurrente presentó un recurso en contra de la resolución N° 0485/2024 ante la Honorable Comisión de Biblioteca, la que fue informada, pero nunca hubo un pronunciamiento formal al respecto. Añade el informe que los dichos del Sr. nombre reservado sobre la existencia de un "acuerdo" no son efectivos. Si bien se analizó el tema en la sesión de la Comisión de Biblioteca de 31 de enero de 2025, no se adoptó ninguna decisión, como sí se hizo con otros temas. Explica la recurrida que la Comisión de Biblioteca es un órgano colegiado y sus decisiones ("acuerdos") requieren la unanimidad de sus integrantes (ambos presidentes), y para su validez requieren escrituración y firma de quienes lo adoptan y del Director como ministro de fe, por lo cual, es imposible que el Director haya podido desconocer una decisión formal.

Plantea el informe que la actuación que se intenta impugnar, que no es ilegal ni arbitraria y, por tanto, no afecta las garantías constitucionales alegadas. Agrega que el cese de funciones por cumplimiento del plazo no puede afectar su libertad de trabajo o el acceso a otros cargos públicos, por cuanto no impone sanción alguna ni constituye causal para no ser admitido en otros trabajos o empleos. En cuanto al derecho de propiedad, afirma que el recurrente intenta asimilar su situación a la de un funcionario de planta de la Biblioteca, quienes gozan de una estabilidad reforzada en su cargo. Afirma la recurrida que, por mucho que una contrata se extienda por largo tiempo, no deviene en un cargo de planta, y que sostener lo contrario iría contra la ley y desfiguraría la institución de la contrata.

TERCERO: Que comparece la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional como tercero coadyuvante, señalando que el recurrente, nombre reservado, está afiliado a la Asociación de Empleados de la Biblioteca del Congreso Nacional, la cual, a su vez, está afiliada a FEDACON.

Indica que no ha sido habitual en la BCN que se ponga término a una contrata de 17 años continuos en el servicio. Esta situación es aún más inusual, ya que las funciones y equipos de trabajo de nombre reservado siguen vigentes y se enmarcan dentro de las labores habituales del servicio.

Expresa que el único antecedente que explica la inusual terminación de contrata es un conflicto que existió a fines de 2024 entre el recurrente y el recurrido (Director de la BCN, nombre reservado). Este conflicto se originó cuando, el 29 de noviembre de 2024, el afiliado fue notificado de una resolución que empeoraba significativamente y de manera arbitraria sus condiciones de trabajo. Ante esto, el funcionario presentó una reclamación conforme al artículo 108 del Estatuto del Personal de la BCN. Esta reclamación implicó que la Comisión de la Biblioteca del Congreso Nacional, conformada por los presidentes de ambas cámaras, revisara el actuar del señor nombre reservado, cuyo cargo es de exclusiva confianza de dichos presidentes. Esta decisión generó molestia en el Director de la BCN, al punto que el 3 de marzo de 2025 envió una misiva a todo el personal donde aludió al reclamo. En dicha comunicación, el Director de la BCN indicó que, debido al reclamo, había quedado ante las presidencias de ambas cámaras como una persona que actuaba de forma dolosa y engañosa, lo que consideraba inaceptable. A esto se suma que el 8 de mayo de 2025, el Director mantuvo una conversación con el presidente de la Asociación de Empleados, nombre reservado, donde indicó que podría solucionar el conflicto con nombre reservado si este último retiraba previamente el reclamo de ilegalidad presentado ante la Comisión de la BCN.

Expresa la Federación que todo lo señalado demuestra que el acto recurrido que pone término a una contrata de 17 años continuos es un acto de represalia por haber ejercido un recurso interno en contra de una decisión de la BCN que lo perjudicaba. Además, considera que no es efectivo lo planteado en el informe en orden a que la actuación del Director está ajustada a derecho, ya que la legislación nacional no ampara la represalia como facultad de un jefe de servicios sobre sus funcionarios.

Refiere que la reclamación presentada por nombre reservado jamás fue resuelta de forma definitiva, por lo que la Resolución n°485 del 29 de noviembre de 2024, que originó el conflicto, todavía está pendiente de resolver. Añade que, no obstante, se mantuvieron varias reuniones con los miembros de la Comisión de la BCN, quienes estaban por acoger parcialmente la reclamación de nombre reservado. La presidenta de FEDACON asistió a la sesión de la Comisión del 31 de enero de 2025, donde la diputada Karol Cariola manifestó explícitamente lo injusto del actuar del servicio en el caso y la necesidad de corregir dicho actuar. El 11 de junio de 2025, se redactó un documento que fue firmado por la diputada Karol Cariola (presidenta de la Cámara al momento en que se ventiló la reclamación), el diputado Eric Aedo y el Secretario General de la Cámara de Diputadas y Diputados, señor Miguel Landeros, en el que acogían la petición realizada por el señor nombre reservado. Afirma la Federación que el informe evacuado por la BCN omite cualquier alusión a dichas reuniones y no entrega explicación o antecedente que permita entender por qué, 19 días después de redactarse dicho documento, el Director de la BCN decide enviar un correo a su afiliado informándole el término de 17 años de vínculo con la institución.

En cuanto a la confianza legítima a raíz de un supuesto cambio en las funciones de nombre reservado, la Federación estima que no es efectivo lo alegado por la recurrida que exista un cambio en las funciones del funcionario. Desde el año 2017, las tareas del señor nombre reservado son las mismas: realiza labores de apoyo legislativo a parlamentarios y comisiones, más todas las funciones de elaboración de estándares de trabajo y convenios de desempeño. Desde hace 8 años, el recurrente siempre ha realizado labores de apoyo al jefe de ATP en la generación de minutas, informes y asesorías a parlamentarios y comisiones legislativas, así como en las demás tareas que el jefe de ATP le asigne. Todas estas son imprecisiones o faltas de veracidad graves que se cometen en el informe de la BCN y que son necesarias de aclarar para una adecuada resolución del caso. Esto sin perjuicio de compartir los planteamientos del recurrente en orden a que el Servicio comete una conducta prohibida legalmente y arbitraria que vulnera sus derechos fundamentales.

CUARTO: Que, evacuando traslado la recurrida a lo expuesto por la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional, la recurrida solicita rechazar la petición de dicha organización de tenerla como parte en calidad de tercero coadyuvante del recurrente, argumentando que carece de cualquier interés legítimo para actuar en tal calidad. Expresa que el recurrente, Sr. nombre reservado, no tiene la calidad de asociado de alguna de las Asociaciones de Funcionarios que componen la FEDACOM. Menciona que el recurrente estuvo afiliado a la Asociación de Empleados de la BCN desde mayo de 2009 y dejó de ser asociado automáticamente desde julio de 2025, de acuerdo con el artículo 11°, literal a) del Estatuto de la Asociación, debido al término de su contrata.

Asevera que el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección no contiene normas sobre la comparecencia de terceros durante su tramitación, solo reconociendo que pueden hacerse parte las personas, funcionarios u Órganos del Estado afectados o recurridos. La FEDACOM no tiene ni la calidad de afectado ni de recurrido. Agrega que los terceros coadyuvantes en los recursos de protección requieren contar con un interés directo comprometido. Expone que en la presentación de la FEDACOM no queda claro cuál es el interés legítimo que invoca para hacerse parte, pues no se observa un interés actual en el resultado del procedimiento ni un derecho comprometido de la FEDACOM en este recurso de protección.

Indica que la ley N° 19.296 sobre Asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, que rige a las asociaciones del Congreso Nacional y sus federaciones, no establece dentro de sus finalidades la facultad de representar ante los tribunales de justicia a sus asociados.

Refiere que, a diferencia del Recurso de Protección, el Procedimiento de Tutela Laboral de derechos fundamentales regula de manera expresa la posibilidad de las organizaciones sindicales de comparecer como terceros coadyuvantes (inciso segundo, artículo 486 del Código del Trabajo). Esto demuestra que a las organizaciones sindicales, como regla general, no se les reconoce el carácter de terceros coadyuvantes en los procedimientos judiciales, requiriendo una norma expresa que las habilite o bien acreditar el interés legítimo.

Para el evento de que la Corte considere como parte a la FEDACOM, hace presente que todo lo planteado por esta ya había sido expuesto por el recurrente y la BCN se hizo cargo de ello al evacuar su informe.

En relación con un supuesto acuerdo de la Comisión de Biblioteca, reitera que esta adopta sus acuerdos de manera unánime, requiriendo que ambos presidentes (de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado de la República) concurran manifestando su parecer conforme. De no ser así, jurídicamente no existe tal acuerdo y los actos preparatorios ni siquiera pueden considerarse una mera expectativa.

QUINTO: Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, el plazo fatal para interponerlo es de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión que lo motiva, que según el recurrente correspondería al 30 de junio de 2025, fecha del correo electrónico, mediante el cual se le habría comunicado la no renovación de su contrata.

SEXTO: Que, sin embargo, de lo expuesto por las partes, y de la documentación acompañada a la causa, aparece que mediante la resolución interna N° 0485/2024, de 29 de noviembre de 2024, se dispuso la renovación de la contrata del Sr. nombre reservado solo por el período del 01 de enero al 30 de junio de 2025. Dicha resolución fue notificada formalmente al Sr. nombre reservado el mismo día en que se dictó a través de la Oficina de Partes de la Biblioteca. Además, el Director, a través de un correo electrónico enviado ese mismo día después de la notificación formal, informó sobre las condiciones de renovación, el cual fue respondido por el recurrente a las pocas horas. En consecuencia, desde esa fecha, 29 de noviembre de 2024, el recurrente tenía conocimiento cierto y preciso de que su contrata finalizaba el 30 de junio de 2025, habiéndose producido el término de la contrata por el cumplimiento del plazo de su vigencia ya fijado, de pleno derecho en ese momento, y no por la comunicación posterior, el recordatorio enviado por el Director, invocado por el recurrente.

SEPTIMO: Que en las circunstancias señaladas, no cabe dudas que la situación que el actor reclama se arrastra por lo menos desde el 29 de noviembre de 2024, y habiéndose deducido el presente recurso 238 días después, la presente acción resulta haberse interpuesto en forma extemporánea, y por ende deberá desestimársela.

OCTAVO: Que atendida la conclusión anterior, resulta improcedente analizar las razones que motivaron esta acción de protección, y demás alegaciones de las partes.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre "Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales", se rechaza, por extemporáneo, el interpuesto en estos autos.

Regístrese y archívese.

Redacción: Ministro Dobra Lusic, quien no firma por encontrarse en funciones en la Excma. Corte Suprema.

Nº 16872-2025.-