nombre reservado con PDI DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro.

Al folio 25; a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece María Catalina Granados Rodríguez, abogada, en representación de nombre reservado, y deduce acción constitucional de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile y del Instituto de Previsión Social, por el acto ilegal y arbitrario de la primera de no expedir un certificado de viajes que refleje fielmente los movimientos migratorios de la amparada y, respecto de la segunda, por el cese de la pensión garantizada universal, afectando las garantías consagradas en el artículo 19 Nº 2, 12, 18 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que la recurrente recibía la pensión garantizada universal sin problemas hasta enero de 2023, siendo informada por el Instituto de Previsión Social que cesarían los pagos dado a que ya no residía en el país, lo cual niega.

Al respecto, la recurrente solicitó a Policía de Investigaciones un certificado histórico de viajes. Sin embargo, le informaron que solo expedían uno temporal, que reflejaría los movimientos migratorios de los últimos dos meses, el cual no le sirve para los efectos que ella necesitaba, ya que en dicho documento solo se indica: "no registra movimientos migratorios”, desde el 1 de enero de 2023 hasta el 28 de febrero de 2023".

Añade que realizó otras dos solicitudes a fines del año 2023, sin que a la fecha de interposición del recurso la recurrente haya recibido respuesta de sus solicitudes.

Agrega que, en paralelo, el 16 de noviembre de 2023 la recurrente acudió a una citación por parte del Instituto de Previsión Social para firmar una notificación de deuda, en la cual se le informaba que debía la suma de $1.163.502, por concepto de los pagos efectuados por la pensión garantizada universal. En respuesta, presentó una reposición que fue rechazado, por cuanto el Instituto de Previsión Social argumenta que recibieron información por parte de la Policía de Investigaciones que establecía que la parte recurrente no había ingresado a Chile desde el 19 de noviembre del año 2004, lo cual también niega, por cuanto la recurrente no ha salido de Chile desde el 15 de febrero de 2001, continuando con su vida cotidiana en este país.

Refiere que es responsabilidad de la Policía de Investigaciones llevar un registro fiel de los movimientos migratorios de las personas y, a la vez, que se les dé acceso al mismo a los interesados. Su negativa representa una falta de transparencia y vulnera claramente el derecho.

Señala que el cese del pago de la pensión única garantizada vulnera el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, la igualdad ante la ley, atendido a que el cese del pago del beneficio fue injustificado y sin un proceso que permitiera resolver posibles disputas o errores administrativos.

Asimismo, argumenta que se infringiría la garantía consagrada en el artículo 19 Nº 24 del mismo cuerpo legal, el derecho a la propiedad, sobre el beneficio adquirido que corresponde a la pensión única garantizada.

A este respecto señala que también se vulnera el derecho a la seguridad social del artículo 19 Nº 18 de la Constitución.

En cuanto a la negativa a expedir un certificado de viajes por los periodos requeridos, se vulneraría la garantía establecida en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, al tratarse de manera desigual y arbitraria a una persona que solicita acceso a su propia información.

Adhiere que se vulnera la garantía del derecho a la información establecida en el artículo 19 Nº 12 del mismo cuerpo legal, al recibir un certificado incorrecto y, que la negativa a proporcionar la información correcta, vulnera este derecho impidiendo que la recurrente pueda utilizar la información necesaria para sus fines legales y personales.

Argumenta que este acto también vulnera su derecho a la propiedad, atendido a que tiene consecuencias en su capacidad para ejercer sus derechos patrimoniales.

Solicita se le ordene a la Policía de Investigaciones expedir un certificado de viajes que refleje fielmente los movimientos migratorios de doña nombre reservado, de acuerdo con los hechos verídicos y completos de sus registros de entrada y salida del país, teniendo como base, que ella no ha hecho egreso de Chile desde el años 2001 y se ordene al Instituto de Previsión Social la reactivación inmediata del pago de la pensión garantizada universal de la recurrente, asegurando el pago retroactivo de todas las mensualidades no percibidas desde la fecha del cese injustificado hasta la completa normalización del beneficio.

Segundo: Que a folio 17 comparece Omar Castro Torres, abogado, en representación de la Policía de Investigaciones, a informar en relación con la acción constitucional de autos, señalando que la recurrente registra como último movimiento migratorio una salida del territorio nacional con fecha 19 de noviembre de 2004 por el Aeropuerto nombre reservado, con destino a Brasil, sin registrar movimientos migratorios de entrada al territorio nacional, conforme a Certificado de Viajes N° 43864, de 26 de julio de 2024.

Agrega que cada vez que una persona señala que existen inconsistencias en sus movimientos migratorios se les solicita mayores antecedentes para poder atender el reclamo de la misma.

Tercero: Que a folio 18 comparece Víctor Espinosa Agurto, en representación del Instituto de Previsión Social a informar de la acción constitucional de autos, solicitando su rechazo.

Alega la extemporaneidad del recurso, atendido a que en el caso de la recurrente su pensión garantizada universal fue cesada con fecha 29 de diciembre del año 2022, lo que fue notificada a la recurrente y, que mediante Resolución Exenta Nº 303 de 24 de agosto de 2023 se rechazó una nueva petición del beneficio, dado que no cumplía con el requisito de residencia necesario para ser titular del mismo.

Refiere que no cumple con los estándares mínimos para ser acogida, al ser confusa y no contener peticiones concretas, como tampoco señalar en que consiste la amenaza, privación o perturbación de sus derechos y garantías constitucionales.

Agrega que la presente acción excede el ámbito de aplicación de la acción cautelar al no existir un derecho indubitado al solicitar que se le obligue a conceder un beneficio previsional sin cumplir con los requisitos del mismo.

Indica que la presente acción dice relación directa con el derecho a la seguridad social, establecido en el artículo 19 Nº 18 de la Constitución Política de la República, la cual no se encuentra protegida por el recurso de protección.

En cuanto al fondo de la acción constitucional, informa que el Instituto de Previsión Social ha actuado conforme a derecho, ajustado al principio de legalidad y dentro de sus competencias, que le han sido otorgadas, entre otras leyes, por la Ley Nº 21.419 que crea el beneficio alegado.

Expone que el otorgamiento de los beneficios previsionales a los afiliados del antiguo sistema de pensiones es una de las funciones principales del Instituto de Previsión Social y, para ello, debe velar que se cumplan con la totalidad de los requisitos para concederlos.

En relación a lo anterior, desarrolla que luego de haber revisado el informe de la Policía de Investigaciones, oficio ordinario N° 43.864, la recurrente registra como último movimiento migratorio una salida del territorio nacional el 19 de noviembre de 2004 por el Aeropuerto nombre reservado, con destino a Brasil, sin registrar movimientos migratorios de entrada al territorio nacional, no cumpliendo con el requisito de tener residencia en Chile por al menos 20 años, continuos o discontinuos, desde los 20 años de la persona que solicita el beneficio. Además, debe haber residido en Chile al menos cuatro de los cinco últimos años previos a la solicitud.

Finaliza señalando que, de conformidad con los antecedentes expuestos por el recurrente, no se vislumbra vulneración alguna de derechos fundamentales, toda vez que la informante ha actuado con apego a la normativa legal vigente, ha ejercido sus atribuciones con razonabilidad y de manera fundada, no siéndole imputable hecho arbitrario o ilegal que pueda constituir transgresión de garantías constitucionales amparadas por este recurso.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que en lo referente a la extemporaneidad alegada por el Instituto de Previsión Social, esta será desestimada, por cuanto las omisiones que se alegan como arbitrarios e ilegales, el no pago del beneficio previsional y la no entrega del certificado de movimientos migratorios, son continuos en el tiempo.

Sexto: Que en lo que dice relación con la pensión única garantizada, del tenor del recurso planteado y los informes recibidos se colige que la recurrente sostiene que lo conculcado es, entre otros, la garantía constitucional relativa a la seguridad social, establecida en el artículo 19 Nº 18 de la Constitución Política de la República, la que no se encuentra enumerada en el 20 del mismo cuerpo legal, en relación a los derechos protegidos por la acción constitucional de protección, de suerte que todo lo referente a la pensión única garantizada, por ser de manera evidente una materia de seguridad social, no puede ser revisado por los Tribunales Superiores de Justicia por esta vía cautelar.

Que si bien es cierto que a este respecto la recurrente señala otras garantías constitucionales vulneradas, entiende esta Corte que la vulneración de las mismas proviene de la supuesta afectación al acceso a la pensión única garantizada que, como se dijo, corresponde a una garantía no amparada por la acción incoada en el presente proceso y, que conforme lo dispone el artículo 420 letra c) del Código del Trabajo, es de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo.

Séptimo: Que en lo referente al certificado de movimientos migratorios de la recurrente, todo lo que sirve de fundamento a este recurso de protección es un asunto que debe ser conocido en un juicio de lato conocimiento, por cuanto se desprende del recurso y lo informado por Policía de Investigaciones que existen versiones contrapuestas de los movimientos migratorios de la recurrente durante el año 2004, lo que debe ser resuelto con la producción de medios de pruebas para generar convencimiento en quien sea llamado a resolver la discrepancia, pero que, en todo caso, no corresponde ser discutido en esta sede, al no entenderse relacionado con un derecho indubitado de la recurrente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas la acción de protección deducida en contra del Instituto de Previsión Social y la Policía de Investigaciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-16840-2024.