Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, seis de noviembre de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece Sergio Aburto Mayorga, abogado, en favor y representación de don nombre reservado, nacional venezolano, cédula de identidad N° NUM000, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber sido perturbado el recurrente en la garantía constitucional establecida en el artículo 19 número 1 de la Constitución Política de Chile, esto es, en el Derecho a la Vida y la Integridad Física y Psíquica de la Persona, al no dar una respuesta satisfactoria ni establecer un canal de comunicación serio y eficaz para resolver su inquietud de solicitar “Protección Complementaria”.

Señala que se encuentra en un verdadero limbo jurídico sin un estatus migratorio definido y sin el amparo del Principio de No Devolución, con el consecuente riesgo de desempleo, imposibilidad de percibir emolumentos o cotizar en el sistema previsional y, lo más grave, de ser expulsado a Venezuela donde su vida e integridad física y psíquica están seriamente amenazadas, por lo que solicita que se acoja el presente recurso de protección en todas sus partes.

El recurrente fundamenta su acción en que ingresó irregularmente a Chile por Arica, proveniente de Perú, el 19 de junio de 2019, sin ser entrevistado por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Posteriormente, el 25 de julio de 2019, se autodenunció ante la PDI. Con fecha 12 de diciembre de 2019, concurrió ante el Departamento de Extranjería a la Sección Refugio y Reasentamiento para solicitar el Formulario de Solicitud de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, siendo diligenciado ese mismo día y entrevistado. En dicha oportunidad, manifestó como razón para salir de Venezuela que, en marzo de 2019, siendo sargento activo del Ejército Venezolano, participó en una operación antinarcótico donde le tocó capturar a una persona, impresionándole la manera violenta e injustificada de proceder, por lo que manifestó a su superior que dejaba la misión por no estar de acuerdo con la situación de injusticia. A raíz de esta situación, se le concedió una licencia de quince días, pero fue acosado por sus superiores y mediante llamadas telefónicas, por haber incurrido supuestamente en el delito de insubordinación, motivando su huida del país.

Agrega que el 24 de diciembre de 2019, la recurrida le estampó una Visa Temporaria como solicitante de Refugio bajo el N° NUM001, vigente hasta el 24 de agosto de 2020. Luego, el 24 de abril de 2021, le fue prorrogada dicha visa temporaria bajo el N° NUM002, vigente hasta el 24 de diciembre de 2021. Desde su llegada a Chile, el recurrente ha desarrollado una vida normal, siendo contratado por diversas empresas en distintos cargos: como Conserje en “EDIFICIO SANTA ANA” (desde el 13 de enero de 2020 hasta el 29 de octubre de 2021), en el área de Atención al Cliente en “DELTA SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD LTDA” (desde el 21 de septiembre de 2021 hasta diciembre de 2021), como Conserje en “Edificio Alto Mirador” (desde enero de 2022 hasta enero de 2024), como Conductor bajo contrato de prestación de servicios en “Transportes e Instalaciones Semprun” (desde el 1 de febrero de 2024 hasta febrero de 2025) y, finalmente, como Conductor con contrato a término indefinido en “Transportes nombre reservado” (desde el 1 de marzo de 2025).

Paralelamente, con fecha 29 de marzo de 2023, celebró un Acuerdo de Unión Civil con doña nombre reservado, nacional venezolana, titular de Residencia Temporaria con Residencia Definitiva en trámite.

Continúa señalando que el 19 de agosto de 2022, en virtud de la Resolución Exenta N° NUM003, la recurrida denegó su solicitud de refugio, arguyendo que no fue posible dar por establecida la existencia de un fundado temor de persecución en caso de regresar a Venezuela.

A raíz de este rechazo, el 24 de enero de 2025, don nombre reservado presentó erróneamente una solicitud de visa de Residente domicilio reservado

NUM004.

Como resultado, el 15 de abril de 2025, la recurrida le notificó la Resolución que no acoge a trámite su solicitud de visa, indicando que no constaba información de su ingreso al país y que debía concurrir a la PDI para revisar dicha situación, implicando obtener una Tarjeta Única Migratoria o “Tarjeta de Turismo”, documento que la PDI obviamente no le otorgaría dado su ingreso irregular.

Expone el recurrente que, frente a esta situación compleja y desesperada, y consciente de que su solicitud de refugio estaba denegada, los días 17, 18 y 21 de julio del corriente, se presentó ante el Servicio Nacional de Migraciones para conversar con algún abogado de turno y hacerle ver que con dicha denegatoria quedaba sin un estatus migratorio y, por ende, indefenso, dado que no puede regresar a Venezuela, con el objeto de solicitar “Protección Complementaria”, regulada por el artículo 10 de la Ley N° 21.325.

Sin embargo, el guardia del recinto le manifestó terminantemente que ningún abogado del Servicio atiende directamente al público y que debía dirigir su inquietud vía correo electrónico, impidiendo así la formalización de su solicitud.

En cuanto al derecho, el recurrente invoca el estatus migratorio denominado Protección Complementaria, regulado por el artículo 10 de la Ley N° 21.325 y el artículo 113 de su Reglamento, que establece que a los extranjeros solicitantes de refugio a quienes no les fuere reconocida tal calidad, se les podrá otorgar protección complementaria de oficio o a petición de parte por la autoridad dispuesta en la Ley N° 20.430, conforme a los requisitos y visados que al efecto establezca la Política Nacional de Migración y Extranjería.

Este artículo añade que el extranjero acogido a dicho beneficio no podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad de género.

Sostiene que cumple holgadamente con estos requisitos, pues su solicitud de refugio fue denegada, y si es expulsado a su país de origen, su vida e integridad física o psíquica serán seriamente vulneradas al desertar de una organización armada cuyo actuar se enmarca en un orden político dictatorial en Venezuela. Asimismo, invoca el artículo 12 de la Ley N° 21.325, que consagra el Principio Pro Homine, prescribiendo que los derechos reconocidos en esta ley serán interpretados según la norma más amplia o extensiva, permitiendo articular e integrar en torno a la figura de la Protección Complementaria un conjunto de derechos que le otorgan vigor jurídico. Destaca el artículo 22.8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra el Principio de No Devolución, señalando que en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país donde su derecho a la vida o a la libertad personal esté en riesgo.

Este principio es reforzado por el artículo 4 de la Ley N° 20.430 y el artículo 6 de su Reglamento, que prohíben la expulsión o cualquier medida que tenga por efecto la devolución de un solicitante de la condición de refugiado o refugiado al país donde su vida o libertad personal peligren o donde existan razones fundadas para creer que podría ser sometido a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Menciona también el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que prohíben la expulsión o devolución de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura, teniendo en cuenta la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas de Derechos Humanos en el Estado de que se trate.

Agrava la situación del recurrente el contexto político adverso en Venezuela, donde hay una masiva, generalizada y sistemática violación a los Derechos Humanos, y el destino inevitable para un desertor militar venezolano como él sería la detención ilegal, encarcelamiento y tortura psicológica. Subraya la preocupación por el asesinato en Chile del oficial nombre reservado en febrero de 2024, quien también era opositor al régimen venezolano y refugiado en Chile, situación que genera temor al recurrente de ser entregado a la “Dirección General de Contrainteligencia Militar” y sometido a tormentos.

Finalmente, menciona el Decreto N° 181 del Ministerio del Interior de 27 de diciembre de 2023, que establece la Política Nacional de Migración y articula la figura de la Protección Complementaria. Este decreto señala que esta protección podrá otorgarse a quienes hayan presentado una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y no les fuere reconocida, pero justifiquen suficientemente que de regresar a su país, su vida, integridad física y/o libertad personal corran grave riesgo.

La autoridad competente para pronunciarse es la dispuesta en la Ley N° 20.430, siendo la Secretaría Técnica de la “Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado” la encargada de solicitar antecedentes y la Comisión de evaluar la procedencia de la solicitud para una recomendación al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Refiere que la actuación de la recurrida, al negarse a establecer un canal de comunicación para la solicitud de Protección Complementaria, dejando al recurrente sin un estatus migratorio y sin el amparo del Principio de No Devolución, vulnera el Derecho a la Vida y la Integridad Física y Psíquica de la Persona, garantizado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a un funcionario del Servicio Nacional de Migraciones reconocer el derecho a solicitar “Protección Complementaria” a nombre reservado.

Segundo: Que el Servicio Nacional de Migraciones, evacuó el informe solicitado en estos autos, solicitando el rechazo en todas sus partes de la acción constitucional de protección interpuesta, por cuanto no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los antecedentes de hecho, expone que 19 de junio de 2019, el recurrente, don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, ingresó a territorio nacional por paso no habilitado. Posteriormente, con fecha 12 de diciembre de 2019, el recurrente formalizó su petición de refugio ante la Sección de Refugio y Reasentamiento del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, conforme a la Ley N° 20.430 y su Reglamento.

Durante el procedimiento de refugio, se realizaron diversas diligencias, otorgándosele prórrogas de visas temporarias hasta la conclusión del procedimiento administrativo. Dentro de estas diligencias, se realizó una entrevista de elegibilidad con el extranjero nombre reservado, como solicitante principal, con fecha 27 de agosto de 2020, para informar sobre las circunstancias de su llegada a Chile y los fundamentos para solicitar su condición de refugiado.

Precisa que tras la entrevista, la Secretaría Técnica de la Sección de Refugio elaboró un informe técnico, proponiendo a la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado el rechazo de la solicitud, con base en los argumentos de hecho y derecho pertinentes. En la Sesión N° 4 de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, de fecha 10 de agosto de 2021, se propuso al nombre reservado el rechazo de la solicitud de refugio del recurrente.

Indica que mediante Resolución Exenta N° NUM003 de fecha 19 de agosto de 2022, el Sr. nombre reservado resolvió rechazar la solicitud del extranjero nombre reservado, al estimar que no se encuentra bajo ninguna de las situaciones previstas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, ni en las hipótesis del artículo 2 de la Ley N° 20.430 o su Reglamento. Arguye que la solicitud fue rechazada porque, a partir de los antecedentes presentados por el Sr. nombre reservado, no fue posible dar por establecida la existencia de un fundado temor de persecución en caso de regresar a Venezuela. Habiendo sido debidamente notificado del rechazo, el recurrente no interpuso los recursos administrativos correspondientes.

Se menciona que, conforme al artículo N°8 incisos 3° y 4, y artículo 32 inciso 2° del Decreto N°837 de 2010, los solicitantes de refugio que hubieren ingresado o residido irregularmente en el país y cuya solicitud haya sido rechazada, estarán sujetos a las sanciones migratorias.

Con fecha 24 de enero de 2025, el extranjero solicitó una visa de residencia temporal, subcategoría “motivos económicos”, la cual no se acogió a trámite el 15 de abril de 2025, por no constar información de su ingreso al país, debiendo concurrir ante la autoridad de control. Precisa que esa autoridad migratoria no ha dictado alguna orden de abandono, expulsión u otra sanción migratoria que amenace, perturbe o conculque la libertad personal del recurrente. Reitera que los actos y decisiones de la autoridad se enmarcan en sus facultades legales y constitucionales, actuando con estricto apego a la legislación vigente, tanto en el desarrollo del procedimiento de la solicitud de refugio como en la dictación de la Resolución Exenta.

Se aclara que el Servicio Nacional de Migraciones actúa como Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento, emitiendo recomendaciones técnicas. Sin embargo, la decisión de fondo es adoptada por la Subsecretaría del Interior, conforme al artículo 155 N° 3 de la Ley N° 21.325, siendo esta la autoridad competente para la resolución final sobre el otorgamiento o rechazo de la condición de refugiado.

En cuanto a la petición del recurso sobre reconocer el derecho del recurrente a solicitar la “protección complementaria” prevista en el artículo 10 de la Ley N° 21.325, esgrimen han transcurrido aproximadamente 3 años, y reabrir un procedimiento fenecido por vía de protección contraviene el principio de preclusión procesal. Añade que el artículo 10 de la Ley N° 21.325 supedita el otorgamiento de protección complementaria a la Política Nacional de Migración y Extranjería, recalcando que dicha política no estaba vigente en la fecha del rechazo, agosto de 2022, siendo aprobada mediante Decreto Supremo N° 296 de 2023, publicado en diciembre de 2023, por lo que al aplicar retroactivamente esta política a un acto administrativo firme y ejecutoriado vulnera el principio de irretroactividad y certeza jurídica. Alude a que existen vías formales para solicitar la protección complementaria, a través de solicitudes formales (carta certificada o canales digitales) ante el Servicio Nacional de Migraciones, siendo esta la vía idónea y regulada; precisando que el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad competente para otorgar directamente la protección complementaria, correspondiendo tal facultad al Ministerio del Interior, a través del nombre reservado, de acuerdo con el artículo 155 N° 3 de la Ley N° 21.325, pues, el Servicio solo recibe, analiza y remite los antecedentes para la decisión final del Subsecretario.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que en el presente caso el recurrente ha invocado la vulneración de la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, como consecuencia de la negativa de la recurrida a proporcionarle un canal expedito para solicitar la "Protección Complementaria" tras el rechazo de su solicitud de refugio.

Ahora bien, la denominada "Protección Complementaria" se encuentra regulada en los artículos 10 de la Ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, y 113 de su Reglamento, el Decreto Supremo N° 296 de 2021 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, normativa que establece que a los extranjeros solicitantes de refugio a quienes no les fuere reconocida tal calidad "se les podrá otorgar protección complementaria de oficio o a petición de parte por la autoridad dispuesta en la ley N° 20.430", conforme a los requisitos que establezca la Política Nacional de Migración y Extranjería.

La propia normativa remite la competencia para pronunciarse sobre el otorgamiento de protección complementaria a la autoridad dispuesta en la Ley N° 20.430, esto es, a la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, quien evaluará la procedencia de la solicitud.

Quinto: Que de la propia relación de hechos expuesta por el recurrente se desprende que su solicitud de refugio fue denegada mediante Resolución Exenta N° NUM003 de 19 de agosto de 2022 y no se ha acreditado por éste que haya intentado iniciar, sin éxito, un diálogo con abogados o funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones para promover una solicitud de "Protección Complementaria".

Sobre el punto es relevante destacar que el artículo 18 de la Ley N° 19.880 prescribe que “el ingreso de las solicitudes, formularios o documentos se hará mediante documentos electrónicos o por medio de formatos o medios electrónicos, a través de las plataformas de los órganos de la Administración del Estado.” En la especie no se ha acreditado que el recurrente haya efectuado alguna solicitud formal ante la autoridad recurrida y no puede la acción de protección constitucional ser utilizada para suplir los procedimientos administrativos regulares ni para exigir a la Administración la creación de canales informales de comunicación o la atención personalizada inmediata al margen de sus protocolos.

En el mismo sentido, la normativa vigente establece que la “Protección Complementaria” puede ser otorgada "a petición de parte", correspondiendo al interesado activar los mecanismos formales establecidos por la autoridad administrativa para presentar su solicitud, que incluyen la remisión de antecedentes y la justificación de los requisitos.

Sexto: Que, en consecuencia, la pretensión del recurrente de que esta Corte ordene a un funcionario del Servicio "reconocer el derecho a solicitar 'Protección Complementaria'" y procesar un informe, excede el ámbito propio del recurso de protección, pues, implicaría que esta Corte se inmiscuya en las atribuciones propias de la Administración, sustituyendo sus facultades discrecionales y los procedimientos establecidos para la evaluación y concesión de un beneficio legal, cuando no existe un acto u omisión arbitraria o ilegal palmario que afecte un derecho indubitado del recurrente. El derecho a solicitar no se encuentra conculcado por la exigencia de seguir un procedimiento reglado para ello.

Por consiguiente, al no haberse configurado un acto u omisión arbitraria o ilegal por parte del Servicio Nacional de Migraciones que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, en los términos y con el carácter que exige la acción constitucional de protección, el recurso interpuesto no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y archívese.

N°Protección-16839-2025.