nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

C.A. de Santiago Santiago, diez de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

Primero: Que a folio 1 comparece don nombre reservado, quién deduce acción constitucional de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, por haber dictado la Resolución Exenta RA N°119097/15/2024, de fecha 13 de diciembre de 2024, notificada al recurrente el 30 de diciembre de 2024, mediante la cual se ordena aplicar una medida disciplinaria expulsiva en su contra, sin tener presente sus antecedentes de salud.

Señala que dicha actuación es ilegal y arbitraria, ya que no ponderó debidamente sus circunstancias médicas, específicamente un trastorno bipolar no diagnosticado al momento de los hechos, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 numerales 1°, 2° y 16° de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la integridad psíquica, igualdad ante la Ley, y libertad de trabajo y su protección, por lo que solicita retrotraer el proceso administrativo iniciado por Resolución SII N°Ex 81 de 05 de enero de 2023 al momento previo a la formulación de cargos, a los efectos de ponderar sus antecedentes de salud.

Manifiesta haber sido funcionario del servicio recurrido durante más de 20 años, desempeñándose como jefe del grupo N°5 del Departamento de Grandes Empresas Internacionales desde el año 2014. Señala que trabajó con las funcionarias que lo denunciaron por más de 8 años. Expone que las faltas que se le imputaron ocurrieron entre agosto y diciembre del año 2022, período en el cual se manifestaron cambios inconscientes, involuntarios e incontrolables en su ánimo y conducta que evidenciaban el trastorno bipolar no diagnosticado que padecía, los cuales significaron la manifestación de actos y actitudes que afectaron personalmente a dichas funcionarias y al clima laboral de su entorno.

Destaca que, con anterioridad al 19 de agosto de 2022, nunca recibió reproche disciplinario alguno, ni se le atribuyó la comisión de algún hecho sancionable, ni fue objeto de sanción disciplinaria, manteniendo un historial de larga trayectoria y ejemplar desempeño. Sostiene que previo a la manifestación de los síntomas del cuadro de trastorno bipolar que se le desencadenó durante el año 2022, mantuvo un comportamiento leal y respetuoso para con sus pares y subalternos.

Explica que, durante el año 2022, enfrentó graves problemas familiares que elevaron su nivel de estrés a niveles intolerables, incluyendo la acogida en su hogar de una sobrina que sufría maltrato, lo que generó conflictos de convivencia y casi provocó el término de su matrimonio. Como consecuencia de lo anterior, asociado a severos y prolongados niveles de estrés, sufrió un colapso mental y emocional que afectó negativamente todo su quehacer.

Relata que el procedimiento administrativo iniciado por Resolución N° Exenta 81, de 5 de enero de 2023, dictada por la Subdirección de Contraloría Interna del Servicio de Impuestos Internos, tenía como objeto establecer su responsabilidad administrativa en ciertos hechos calificados como acoso laboral. En el expediente sumarial constan diversos testimonios que dan cuenta de su estado de salud desmejorado, incluyendo declaraciones de las propias denunciantes y su jefe directo, quienes reconocieron su cambio de comportamiento y la necesidad de ayuda psicológica.

Añade que con fecha 27 de junio de 2023, se le formuló un cargo único por haber realizado actos calificados como acoso laboral. El recurrente indica que, por vergüenza, no alegó como elemento para disminuir su responsabilidad en los hechos que se encontraba en una situación psiquiátrica delicada producto de una depresión y un trastorno afectivo bipolar no diagnosticado al momento de los hechos.

Señala que en febrero de 2024 fue sancionado con la medida disciplinaria de destitución, ante lo cual interpuso recurso de reposición con apelación subsidiaria, explicando por primera vez sus problemas de salud mental. En dicho recurso acompañó un informe del médico psiquiatra nombre reservado, quien diagnosticó "episodio mixto en trastorno afectivo bipolar". El fiscal dispuso como medida para mejor resolver oficiar a la COMPIN Metropolitana para determinar si el recurrente pudo haberse visto afectado por una causal de inimputabilidad de acuerdo a su diagnóstico. La COMPIN resolvió que el recurrente era "imputable" en su responsabilidad administrativa.

Argumenta que la consulta a la COMPIN fue sesgada, pues no debía consultarse por una causal de inimputabilidad, sino si se encontraba en un estado de salud mental desmejorado que le hiciera realizar acciones reprochables con algún grado de voluntad disminuida o alterada. Presentó un “téngase presente” donde alegó que no había sido considerado el informe médico en el que se da clara cuenta que la enfermedad no tratada que padeció modificó su conducta.

Indica que finalmente, su reposición fue rechazada y la apelación concedida, culminando con la resolución recurrida que no menciona ni una sola vez su estado de salud psiquiátrica ni que padecía de un trastorno bipolar no tratado al momento de los hechos.

Sostiene que el acto impugnado es arbitrario e ilegal porque el SII dejó de ponderar las circunstancias atenuantes del caso, principalmente que un facultativo médico explicó sus conductas indebidas como consecuencia directa del trastorno bipolar que padece y que no era tratado al momento de los hechos. Argumenta que el fiscal, pese a conocer que existe un informe médico que señala un diagnóstico de bipolaridad no tratada, considera que por no ser suficiente para acreditar una inimputabilidad, entonces no debe ser ponderado de manera alguna al aplicar la sanción.

Señala que se ha afectado su derecho a la integridad psíquica (artículo 19 N°1), pues al no ponderar lo indicado por su médico tratante, la resolución del SII lo destituyó por razones de salud, impidiendo su derecho a un adecuado proceso de rehabilitación; la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2), porque el SII estableció una diferencia arbitraria al ponderar exclusivamente el informe del COMPIN sin considerar lo establecido por su médico tratante; y la libertad de trabajo y su protección (artículo 19 N°16), ya que está siendo destituido por razones de salud al no haberse ponderado su situación particular.

Solicita en definitiva, que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se restablezca de inmediato el imperio del derecho, ordenándole a la recurrida que retrotraiga el proceso administrativo iniciado por Resolución SII N°Ex 81 de 05 de enero de 2023 al momento previo a la formulación de cargos, a los efectos de ponderar sus antecedentes de salud.

Segundo: Que a folio 7, informa don nombre reservado, en representación del Servicio de Impuestos Internos, quien evacúa el informe solicitado.

Expone los antecedentes de hecho relacionados con el procedimiento administrativo que culminó con la destitución del recurrente. Señala que mediante Resolución Exenta N° 81, de 5 de enero de 2023, se inició un sumario administrativo como consecuencia de las denuncias de cuatro funcionarias del Servicio de Impuestos Internos, pertenecientes al grupo N° 5 del Departamento de Grandes Empresas Internacionales de la Dirección de Grandes Contribuyentes, quienes imputaron al Sr. nombre reservado una serie de conductas constitutivas de maltrato laboral, consistentes en comunicación hostil, intimidación verbal, humillación y exposición a violencia grupal.

Señala que en el contexto de dicha investigación, con fecha 27 de junio de 2023, se formuló cargo único contra el recurrente por haber realizado actos calificados como acoso laboral, consistentes en conductas que constituyeron agresión u hostigamiento reiterado en contra de las cuatro funcionarias de su dependencia, con resultado de menoscabo, maltrato o humillación. Estas conductas fueron calificadas como infracciones administrativas según lo establecido en el Oficio Circular N° 14 de 15 de octubre de 2019, que regula el procedimiento institucional ante denuncias de maltrato laboral, acoso laboral y acoso sexual.

Describe detalladamente seis situaciones específicas que fundamentaron el cargo formulado, ocurridas entre agosto y diciembre de 2022, que incluyeron: gritos e insultos, mensajes escritos intimidantes, discriminación entre funcionarios, conductas amenazantes, contacto físico no consentido y agresiones verbales, todas dirigidas exclusivamente hacia las funcionarias de sexo femenino bajo su dependencia. Estas conductas fueron calificadas como acoso laboral según la definición legal contenida en el artículo 2° del Código del Trabajo, modificado por la Ley N° 20.607.

Aduce que el recurrente efectuó sus descargos y solicitó la rendición de prueba, para lo cual se abrió el periodo probatorio correspondiente. Posteriormente, el 7 de febrero de 2024, se dictó la Resolución SII N° Ex. 617, mediante la cual se aplicó la medida disciplinaria de destitución al Sr. nombre reservado, por haber infringido lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley N° 18.575, en relación con el artículo 61 letra g) y artículo 84 letras l) y m) del Estatuto Administrativo, al atentar gravemente contra la dignidad de las funcionarias de su grupo de trabajo.

Indica que, con fecha 20 de febrero de 2024, el recurrente interpuso recurso de reposición contra dicha resolución y apelación subsidiaria, donde por primera vez alegó estar afectado por un trastorno bipolar durante el año 2022, diagnosticado en mayo de 2023. En consideración a esta nueva alegación, el sentenciador ordenó, mediante Resolución SII N° Ex. 1863 de 11 de abril de 2024, oficiar a la COMPIN Metropolitana para que determinara si, en la época de los hechos investigados, el Sr. nombre reservado pudo haberse visto afectado por una causal de inimputabilidad de acuerdo con su diagnóstico médico.

Añade que la COMPIN, mediante Resolución Exenta N° 131/25/345/24 de 5 de septiembre de 2024, estableció que el Sr. nombre reservado era imputable en su responsabilidad administrativa por los hechos que motivaron el sumario. El recurrente fue notificado de esta resolución el 10 de octubre de 2024, sin que interpusiera recurso alguno contra ella.

Agrega que con fechas 13 y 28 de noviembre de 2024, se dictaron las resoluciones que rechazaron la reposición y la apelación interpuestas por el recurrente, respectivamente. Finalmente, el 27 de diciembre de 2024, se notificó al inculpado la resolución de término, respecto de la cual interpuso el presente recurso de protección con fecha 26 de enero de 2025.

Plantea tres argumentos principales para solicitar el rechazo del recurso: 1) que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer del asunto; 2) la inexistencia de acto ilegal o arbitrario; y 3) la inexistencia de afectación de garantías constitucionales.

Respecto al primer argumento, sostiene que la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo regula claramente los procedimientos que deben seguir los órganos del Estado para investigar hechos en los que pudiera existir responsabilidad administrativa, mediante los procedimientos de investigación sumaria y sumario administrativo. Señala que para impugnar las resoluciones de estos procedimientos existen diversos recursos específicos: reposición administrativa, apelación, reclamación ante la Contraloría General de la República y acción de nulidad de derecho público, todos los cuales constituyen vías idóneas y especiales para resolver este tipo de controversias.

Afirma que lo que realmente impugna el recurrente es la legalidad de la decisión, materia que constituye un asunto de fondo que escapa al carácter cautelar de la acción de protección. Cita diversas sentencias de Cortes de Apelaciones que sustentan esta posición, indicando que el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos sometidos a normas y procedimientos perfectamente establecidos y entregados al conocimiento de organismos competentes que actúan dentro de sus atribuciones legales.

En cuanto a la inexistencia de acto ilegal o arbitrario, la recurrida señala que su actuación se ajustó a las normas legales aplicables, particularmente la Ley N° 20.607, que sanciona las prácticas de acoso laboral, y los artículos 84 letras l) y m) del Estatuto Administrativo, que prohíben a los funcionarios realizar actos atentatorios a la dignidad de otros funcionarios y actos calificados como acoso laboral, respectivamente. Sostiene que las conductas del recurrente no solo infringieron estas prohibiciones específicas, sino que además constituyeron una grave infracción al principio de probidad administrativa contenido en el artículo 61 letra g) del Estatuto Administrativo, en concordancia con el artículo 52 de la Ley N° 18.575.

Respecto a la alegada inimputabilidad, argumenta que la Contraloría General de la República ha establecido que el único organismo competente para efectuar dicha calificación es la COMPIN, la que en este caso determinó que el recurrente era imputable en su responsabilidad administrativa. Cita diversos dictámenes de la Contraloría que sustentan este criterio, enfatizando que el Servicio de Impuestos Internos no era la autoridad facultada para pronunciarse sobre la validez del dictamen de la COMPIN, el cual quedó firme al no ser recurrido por el afectado.

Refuta cada una de las alegaciones del recurrente. Respecto a la integridad psíquica (artículo 19 N° 1 CPR), sostiene que el alcance de esta garantía no tiene relación con lo alegado por el recurrente, pues protege el derecho a no ser víctima de hostigamientos que afecten la salud mental, no el derecho a no ser juzgado por actos cometidos durante un estado de salud mental alterado. Sobre la igualdad ante la ley (art. 19 N° 2 CPR), indica que la destitución no se originó por razones de salud sino por graves infracciones a deberes funcionarios, habiendo sido evaluada su imputabilidad por la autoridad competente. Respecto a la libertad de trabajo (art. 19 N° 16 CPR), señala que esta garantía protege la libre contratación y elección del empleo, lo que no tiene relación con la aplicación de una medida disciplinaria como consecuencia de una investigación administrativa.

Solicita en definitiva, tener por evacuado el informe requerido y rechazar la acción de protección interpuesta, con expresa condena en costas.

Tercero: Que el recurso de protección puede conceptualizarse como una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe la privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Cuarto: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte además una o más de las garantías constitucionales protegidas por el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, de conformidad con los elementos de convicción acompañados, apreciados conforme a la sana crítica es posible tener por establecidos los siguientes hechos:

a.- Que mediante Resolución Exenta N ° 81 de 5/01/ 2023, se inició un sumario administrativo en contra del actor, con motivo de la denuncia interpuesta por cuatro funcionarias del Servicio de Impuestos Internos.

b.- Que en el referido sumario se efectuaron cargos al funcionario, éste efectuó sus descargos, se abrió un término probatorio, se rindió prueba por el recurrente y se practicaron las diligencias por éste solicitadas.

c.- Que con fecha 07/02/ 2024, se dictó la Resolución SII N° 617, mediante la cual se aplicó la medida disciplinaria de destitución al funcionario, por haber infringido lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley N ° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en relación con lo dispuesto en la letra g) del artículo 61 y las letras I y m) del artículo 84 de la Ley N ° 18.834, por cuanto con su actuar atentó gravemente en contra de la dignidad de las funcionarias pertenecientes al grupo de trabajo que dirigía.

d.- Que el recurrente interpuso recurso de reposición en contra de la señalada resolución que aplicó la medida disciplinaria de destitución, alegando como hecho nuevo que se había visto afectado por un trastorno bipolar durante el año 2022 y primeros meses de 2023, lo que fue diagnosticado por un profesional de la salud. Ante lo cual, el sentenciador ordenó como medida para mejor resolver y previo a decidir sobre el recurso de reposición oficiar a la Compin Metropolitana a fin de conocer la circunstancia alegada por el funcionario en cuanto a su estado de salud.

e.- Mediante Resolución Exenta N ° 132/25/345/24 de fecha 05/09/2024 de la Subcomisión Oriente Compin Región Metropolitana, se estableció que el Sr. nombre reservado era imputable en su responsabilidad administrativa por los hechos en virtud de los cuales fue sancionado.

f.- Que en virtud de lo indicado se resolvió rechazar los recursos de reposición y apelación interpuestos por el actor.

Sexto: Que, en virtud de los antecedentes y como se advierte de la lectura del recurso de protección, lo que en realidad se pretende es una nueva revisión y ponderación de los antecedentes reunidos en el sumario administrativo que culminó con la medida disciplinaria de destitución. Sanción que fue aplicada dentro de un procedimiento que cumplió con el debido proceso, desde que el actor se defendió de los cargos que se le formularon, rindió prueba y cuando – con motivo del recurso de reposición- señaló como hecho nuevo que había padecido un trastorno bipolar el que habría causado las conductas que se le imputaron por las funcionarias que interpusieron la denuncia en su contra, el sentenciador oficio a la Compin precisamente para indagar la efectivad de la aseveración formulada por el funcionario; órgano que determinó que el funcionario era competente respecto de su responsabilidad administrativa.

Séptimo: En consecuencia, a la fecha se trata de un procedimiento afinado, decisión sancionatoria de la cual ha tomado razón la Contraloría General de la República, ya que ha sido tramitado y resuelto por las autoridades competentes que el ordenamiento jurídico establece. Debiendo, además tenerse en cuenta, que el recurrente, en el sumario administrativo, no controvirtió los hechos que motivaron las denuncias y tampoco lo hace en el recurso de protección, pues en suma lo que en realidad ataca es la decisión emanada de la Compin, que determinó su imputabilidad en la responsabilidad administrativa.

Octavo: Que, sin perjuicio de lo ya señalado, debe tenerse en consideración que la Contraloría General de la República, ha dispuesto que, para los efectos de determinar la imputabilidad o inimputabilidad de un funcionario en materia de responsabilidad administrativa, el único organismo competente, por ley, para efectuar dicha calificación es la Comisión Médica Preventiva e Invalidez, órgano que en el caso que nos ocupa determinó expresamente que el Sr. nombre reservado, era imputable en su responsabilidad administrativa por los hechos que motivaron el sumario.

Decisión de la Compin que el recurrente no impugnó y que resulta vinculante para la autoridad recurrida, por ser el único órgano competente para determinar la efectivad de lo alegado por el actor respecto de su estado de salud mental.

Noveno: Que, por todo lo que se viene razonando, no habiéndose incurrido por el Servicio de Impuesto Internos en algún acto o conducta ilegal o arbitrario, desde que la medida disciplinaria aplicada por la autoridad obedeció a un procedimiento administrativo en el que se cumplió cabalmente con el debido proceso en especial con el derecho a defensa del recurrente, la acción constitucional de protección será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Sra. Book.

No firma la Ministro señora Lusic, no obstante concurrir a la vista de la causa y del acuerdo, por encontrarse en comisión de servicio en la Excma. Corte Suprema.

N°Protección-1683-2025.