nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

Santiago, veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco.

Proveyendo los escritos folios 19 y 20: téngase presente.

Proveyendo el escrito folio 21: a sus antecedentes.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparecen Mauricio Godoy Saravia y Martín Weiss Larenas, abogados, y deducen recurso de protección en favor de nombre reservado, argentino, licenciado en comercialización, en contra de AFP Cuprum S.A., por la negativa ilegal y arbitraria de dicha administradora a devolver la totalidad de los fondos previsionales del recurrente conforme a la Ley N° 18.156, generando una perturbación, amenaza y privación de los derechos del artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución.

Exponen que el recurrente es técnico extranjero, con título profesional de licenciado en comercialización, equivalente a ingeniería comercial, y que llegó a Chile hace más de una década y comenzó a desempeñarse en Peugeot Chile S.A. en el año 2014, donde, debido a su desempeño, progresó laboralmente durante 11 años. Precisa que su contrato incorporó una cláusula expresa en que se establece que cotizaría en el régimen previsional chileno y que el empleador realizaría las retenciones respectivas.

Explica que el recurrente dejó Chile para emigrar a España junto a su familia y, en uso de la facultad otorgada por la Ley N° 18.156, el 20 de mayo de 2025 solicitó a AFP Cuprum la devolución de sus fondos previsionales, sin embargo, la solicitud fue rechazada el 26 de mayo de 2025, alegándose que ciertos documentos se presentaron en fotocopia simple, tales como el contrato de trabajo, anexos, título profesional y certificado previsional ANSES, y que el certificado previsional presentado no acreditaría las contingencias de muerte, enfermedad con prestaciones médicas y pecuniarias, ni la fecha de afiliación, conforme al artículo 1 letra a) de la Ley N° 18.156 y los oficios de la Superintendencia de Pensiones, especialmente el Ordinario N° 23.241 de 13 de septiembre de 2016.

Indica que, tras el rechazo anteriormente expuesto, el recurrente presentó una nueva solicitud el 30 de mayo de 2025, la cual fue nuevamente rechazada el 3 de junio de 2025 con fundamentos idénticos, agregando la AFP que la apostilla acompañada decía relación con la firma del notario y no con la del funcionario de ANSES, y que el certificado previsional no cumplía con acreditar cobertura integral de salud, citando nuevamente el Ordinario N° 3.210 de 05 de febrero de 2019 de la Superintendencia de Pensiones.

Por lo anterior, refiere que interpuso reclamo ante la Superintendencia de Pensiones el 13 de junio de 2025, y la AFP evacuó respuesta reiterando los fundamentos del rechazo. Sin embargo, la Superintendencia ordenó complementar la respuesta, por lo que AFP Cuprum, con fecha 8 de julio de 2025, emitió un nuevo pronunciamiento donde centró su rechazo exclusivamente en el fondo, esto es, en la supuesta incapacidad del certificado de ANSES de acreditar cobertura previsional integral, alejándose incluso de los reparos formales invocados en un inicio.

Afirma que, de acuerdo con la propia documentación de ANSES, el recurrente está afiliado al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que cubre vejez, invalidez y sobrevivencia, y que la legislación argentina, según el artículo 14 bis de su Constitución y el artículo 1 de la Ley N° 23.661, asegura un sistema nacional de seguro de salud obligatorio para toda la población, con prestaciones médicas y pecuniarias. Sostiene que, la AFP realiza una interpretación ilegal y arbitraria, desconociendo un sistema previsional y de seguridad social plenamente vigente y reconocido.

Reitera el cumplimiento de los requisitos formales, afirmando que todos los documentos exigidos por la Ley N° 18.156 fueron acompañados, incluyendo contrato de trabajo, anexos de continuidad laboral, título profesional apostillado y certificado previsional ANSES con apostilla correcta, señalando que la apostilla N° CE-2025-38570948-APN-DTC#MRE corresponde al documento emitido por ANSES, certificando su autenticidad. Así, sostiene que la insistencia de la AFP en exigir nuevas formalidades constituye una táctica dilatoria y se aparta del contenido de la ley.

Desarrolla la cobertura previsional de ANSES, explicando la naturaleza jurídica del organismo, sus funciones y el carácter universal de sus prestaciones. Afirma que el certificado previsional presentado por el recurrente demuestra claramente que se encuentra cubierto por las contingencias exigidas por la normativa chilena. Agrega definiciones de la Organización Internacional del Trabajo, con el objeto de demostrar que la seguridad social comprende prestaciones de salud tanto pecuniarias como médicas, de modo que la exigencia adicional de AFP Cuprum es ilegítima.

Cita jurisprudencia de esta Ilustrísima Corte, particularmente el fallo Rol Ingreso Corte N° 5.264-2024, donde en un caso idéntico se acogió un recurso de protección en contra de otra AFP por idénticos fundamentos, reconociendo que el sistema previsional argentino cumple los requisitos de la Ley N° 18.156 y ordenando la devolución de los fondos previsionales.

Expone las garantías constitucionales conculcadas, destacando que se vulnera el derecho de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución, pues otros solicitantes en idénticas circunstancias sí han obtenido la devolución de fondos. Sostiene que la AFP aplica un trato diferenciado injustificado, constituyendo una discriminación arbitraria que debe ser corregida.

Igualmente desarrolla la vulneración del derecho de propiedad del artículo 19 N° 24, puesto que los fondos previsionales son propiedad del afiliado, y su privación solo puede proceder en virtud de una ley de expropiación. De este modo, afirma, la negativa de AFP Cuprum constituye una privación ilegítima, que impide al recurrente disponer de sus bienes conforme a derecho.

Solicita se acoja la acción constitucional, declare ilegal y arbitrario el actuar de AFP Cuprum y ordene la devolución total e íntegra de los fondos previsionales del recurrente, con expresa condena en costas.

Segundo: Que informando al tenor del recurso comparece José Felipe Aguilera Navarro, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., solicitando su rechazo por inexistencia de acto ilegal o arbitrario atribuible a la Administradora.

Expone que la materia controvertida se relaciona con la Ley N° 18.156, especialmente con los requisitos del artículo 1° y la facultad del artículo 7° respecto de la devolución de fondos previsionales de técnicos extranjeros, proceso cuyo cumplimiento exige acreditar formal y sustancialmente las condiciones previstas en la legislación y en la jurisprudencia administrativa obligatoria de la Superintendencia de Pensiones.

Señala que dicha ley establece un régimen excepcional que exime a empresas y trabajadores extranjeros del sistema previsional general, permitiendo al técnico extranjero retirar fondos solo si acredita estrictamente los requisitos del artículo 1°, motivo por el cual la Superintendencia dictó instrucción especial para la tramitación mediante el formulario “Solicitud de Devolución de Fondos Previsionales Ley N° 18.156”, debiendo acompañarse documentación fehaciente, legalizada o apostillada, cuyas exigencias son obligatorias y no sujetas a criterio discrecional de las AFP.

Destaca que, conforme a lo anterior, la Administradora rechazó la solicitud del recurrente el 3 de junio de 2025, por incumplimiento del artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156, al no haberse acompañado documentación que acreditara que el afiliado hubiera contado, durante toda su prestación de servicios en Chile, con un régimen de seguridad social en el extranjero que cubriera enfermedad (prestaciones médicas y pecuniarias), invalidez, vejez y muerte, exigencia interpretada uniformemente por la Superintendencia de Pensiones. En dicho contexto, indica que, el recurrente solo presentó un certificado que indica afiliación al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el cual solo acredita vejez, invalidez y sobrevivencia, sin especificar cobertura integral de salud, ni menos la existencia de prestaciones médicas y pecuniarias, requisitos esenciales para activar el derecho excepcional de retiro.

Detalla la jurisprudencia administrativa vinculante que la obliga a rechazar la solicitud. En particular, cita el Oficio Ordinario N° 23.241 de 13 de septiembre de 2016, que exige que la certificación extranjera señale expresamente que el trabajador ha tenido y mantiene la cobertura durante su permanencia en Chile, incluyendo prestaciones médicas y pecuniarias.

Agrega el Oficio Ordinario N° 9.663 de 2 de mayo de 2017, que declara insuficiente cualquier documento que no acredite cobertura integral de salud. Refiere que, posteriormente el Oficio Ordinario N° 12.194 de 1 de julio de 2025, emitido en una causa de características similares, que reitera que el documento debe acreditar que el trabajador efectivamente estuvo cubierto por todos los riesgos durante todo el período en que prestó servicios en Chile, incluyendo expresamente las prestaciones médicas y pecuniarias en contingencias de enfermedad común.

En consecuencia, sostiene que no basta un documento que describa genéricamente los beneficios de un sistema previsional extranjero; debe tratarse de uno que certifique expresamente que el trabajador estuvo cubierto por todos los riesgos exigidos por la ley chilena durante el período relevante. Añade que este criterio ha sido uniforme, reiterado y obligatorio, por lo que su aplicación no puede calificarse como arbitraria.

Adicionalmente señala que el certificado presentado no se encuentra debidamente apostillado ni legalizado, lo que constituye un defecto esencial, puesto que los antecedentes provienen del extranjero. Al efecto, cita el Oficio Ordinario N° 32.365 de 27 de diciembre de 2016, que instruye a exigir documentos apostillados o legalizados; el Oficio Ordinario N° 24.089 de 11 de noviembre de 2019, que reitera la exigencia conforme al Convenio de La Haya y al artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil; y el Oficio Reservado N° 25.057 de 29 de diciembre de 2023, que reafirma que la documentación destinada a acreditar los requisitos de la Ley N° 18.156 debe presentarse necesariamente apostillada o legalizada. Afirma que en el caso concreto la apostilla acompañada por el recurrente se refiere a la firma de un notario, y no a la de un funcionario de ANSES, de modo que no cumple el estándar normativo.

Destaca también el Oficio Ordinario N° 3.210 de 5 de febrero de 2019, donde la Superintendencia determinó que el certificado ANSES no es idóneo para acreditar cobertura de salud, por ser genérico y no indicar de manera precisa que fuera emitido para acreditar la cobertura de un trabajador específico durante su estadía laboral en Chile. Reitera que solo un documento que especifique cobertura integral y apostillada por la autoridad competente argentina satisface los requisitos legales.

Agrega que el conflicto excede la naturaleza del recurso de protección, por tratarse de una controversia que requiere análisis técnico y de lato conocimiento, afirmando que el recurso de protección exige la existencia de un derecho indubitado y de una vulneración inmediata, lo que, a su juicio, no ocurre en el caso de marras.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión. Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que del análisis de los antecedentes acompañados al recurso y del informe evacuado por la recurrida, se advierte que la decisión de AFP Cuprum de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales del actor, se fundó en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos en la Ley N° 18.156, así como en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente para interpretar y fiscalizar el cumplimiento de dicha normativa.

Sexto: Que, específicamente, la constancia electrónica de cotizaciones emitida por la Asociación Nacional de la Seguridad Social (ANSES), acompañada por el recurrente, no constituye un certificado válido de afiliación en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico nacional. Ello, por cuanto dicho documento carece de firma legible de autoridad competente, no especifica las prestaciones cubiertas, y, no se observa debidamente legalizado ni apostillado, conforme lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Séptimo: Que, en este sentido, la actuación de la recurrida no sólo se enmarca dentro del cumplimiento estricto de la Ley N°18.156 y de su reglamentación técnica, sino también dentro del ejercicio legítimo de las instrucciones y criterios establecidos por el órgano regulador competente —la Superintendencia de Pensiones—, cuyas interpretaciones son de obligatorio cumplimiento para las AFP conforme al artículo 94 del D.L. N° 3.500 de 1980.

Octavo: Que no se advierte en el proceder de la Administradora recurrida ni ilegalidad ni arbitrariedad alguna. La exigencia de documentación debidamente legalizada o apostillada no responde a un formalismo irrazonable, sino a una garantía mínima de autenticidad y veracidad de los instrumentos públicos extranjeros, que encuentra sustento en normas de orden público procesal que regulan el valor probatorio de dichos documentos en el país, por lo demás los documentos incorporados en el recurso no dicen relación ni con el recurrente ni con la Administradora de Fondos recurrida.

Noveno: Que, establecido lo anterior, deviene inoficioso pronunciarse sobre las garantías fundamentales invocadas por el actor, desde que no se configura, en el caso concreto, un acto que prive, perturbe o amenace ilegítimamente su ejercicio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 16811-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Pedro Caro Romero, conformada por la Ministra señora Paula Rodríguez Fondón y la Abogada Integrante señora Francisca Amigo Fernández.