nombre reservado con INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DR. TEODORO GEBAUER

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Con fecha 30 de octubre de 2019 compareció nombre reservado, técnico paramédico, interponiendo acción constitucional de protección contra el Instituto Traumatológico Dr. Teodoro Gebauer por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N 1033, de 30 de septiembre del 2019, mediante la cual se dispuso la no renovación de su contrata, lo que asegura, trasgrede sus derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 numeral 16.

Relata que ingreso a prestar servicio el 11 de septiembre del 2018 en calidad de reemplazo, contrato que fue prorrogado hasta que el 1 de mayo del 2019 asumió su cargo en la Unidad de Esterilización prorrogando su contrato hasta el 31 de octubre de 2019.

El 30 de septiembre es notificada del acto objeto de este recurso, que decide no prorrogar su contrata por las razones que expone y que son: no ver una mejoría en su desempeño en relación al último periodo de prueba, luego de un año de trabajo no se observa que cumpla con las características que requiere el puesto de trabajo en la central; se observa poca actividad y falta de interés en el quehacer diario, el que ha generado problemas con el resto del equipo de trabajo, no se observa buena adaptación a trabajar en equipo, además de verse en entregas de turno que no realiza a cabalidad, generando desconfianza y malestar en sus pares; se le ha brindado ayuda por parte de sus compañeros ara mejorar en puntos a trabajar, pero no ha sido bien recibida por su parte; no tiene buena comunicación con sus compañeros, obviando información a sus pares, lo que genera problemas dentro del equipo y del trabajo; se ha conversado muchas veces con ella, sugiriendo aspectos a mejorar, cambiándole incluso del cuarto turno a uno diurno, luego de verificar numerosos errores en la preparación de instrumental quirúrgico para cirugías mientras se desempeñaba en cuarto turno.

Indica la recurrente que el acto recurrido es ilegal y arbitrario porque no se llevó a cabo el procedimiento (sic) y por la falta de objetividad al momento de señalar los fundamentos de esta resolución, ya que le hicieron las observaciones el mismo día que le obligaron afirmar, en circunstancias que ella entiende las observaciones se hacen cada 4 meses, sin corresponder ninguna de esas fechas al día que fue notificada de haber sido despedida.

Se refiere a la ley 19880 en su artículo 11 sobre el principio de imparcialidad en que se deben basar los procedimientos administrativos, y articulo 17 que señala que las personas tienen derecho a conocer en cualquier momento un procedimiento administrativo en que tengan la condición de interesados, esto es, aquellos cuyos intereses puedan verse afectados por la resolución que vaya a dictar la autoridad.

Indica que el acto recurrido vulnero el derecho consagrado en el artículo 19 número 16, esto es, la prohibición de discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal del trabajador, debiendo usarse criterios legítimos, no parámetros de selección como es el argumento de no tener buena relación con sus compañeros sin acompañar la prueba suficiente que lo acredite, lo cual es necesario por ser una situación de hecho.

Pide “conceder y decretar a su favor el recurso de protección” (sic) por las razones referidas en su recurso.

Segundo: Evacua informe la recurrida y pide el rechazo del recurso de protección por las siguientes razones:

En primer lugar indica que la recurrente llega al hospital a ejecutar un reemplazo por licencia médica maternal de la titular, desde el 11 de septiembre del 2018 hasta el 30 de abril del 2019. Luego se le contrata por reemplazo por 3 meses más, hasta el 31 de julio del 2019 y finalmente, por 3 meses más, hasta el 31 de octubre del 2019. Es decir, siempre ha estado contratada por períodos acotados, cuyo vencimiento está determinado por la ley, lo que ha sido conocido y aceptado por ella.

En cuanto al acto objeto del presente recurso contienen suficiente fundamentación, aportada por la Jefa de la Unidad de Esterilización del Instituto Traumatológico, quien vela por la calidad de la atención y la seguridad del paciente, además del trabajo en equipo, quien por comunicación del 30 de septiembre del 2019 informo al coordinador de la gestión de las personas, de la Unidad de Recursos Humanos del Instituto Traumatológico, con las observaciones incluidas en la Resolución N 1033.

De este modo, señala la recurrida que la expiración de funciones se debió a una causa legal, esto es, la llegada del plazo, salvo que hubiere sido propuesta la prorroga con 30 días de anticipación a lo menos, según el artículo 10 de la ley 18.834;

Indica que las razones del acto recurrido fueron su deficiente desempeño, el que fue calificado por quien le corresponde legalmente dicha labor, y es su jefatura directa, lo que no corresponde a una precalificación sino a la obligación de ejercer el control jerárquico permanente sobre las actuaciones de su personal, según ordena el articulo 64 letra a) de la ley 18.834.

Por otro lado, al Director máximo del servicio le corresponde las funciones de un jefe superior de servicio esto es, entre otros la de administración del personal.

Por tanto en la dictación de la Resolución 1103 se actuó con estricto apego a la ley, velando por el buen funcionamiento del servicio.

Agrega que la recurrente impugnó el acto administrativo, por medio de un representante de la confederación Fenats Unitaria, el 9 de octubre del2019, mediante correo electrónico, pidiendo la reconsideración del término del contrato de la recurrente.

Indica que la falta de señalamiento por parte de la recurrente de las garantías constitucionales supuestamente conculcadas hace que el recurso sea inadmisible. En cuanto a sus fundamentos, podría interpretarse que se invoca una especie de derecho de propiedad sobre su cargo, lo cual es incorrecto porque la recurrente siempre desempeño cargo en reemplazo. También se refiere a una supuesta discriminación arbitraria, según el numeral 16 del artículo 19, lo cual también es incorrecto pues justamente lo que se calificó de la recurrente fue su falta de idoneidad para desempeñar su trabajo.

Acompaña el acto recurrido, correo de la jefa directa diciendo por que no se le debe renovar contrata, solicitud de reconsideración de Fenats, oficio dando respuesta a dicha solicitud.

Tercero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal – esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil – o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él – y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que, para la resolución de la presente acción constitucional, es del caso tener presente que, de conformidad a la Ley N° 18.834 sobre el Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, y que la diferencia esencial radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos, de conformidad a lo dispuesto en su artículo 3° letra c), que define el empleo a contrata como “aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. En este sentido, el artículo 10° de la Ley, dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. En armonía con el precepto anterior, el artículo 146 letra f) del mismo texto legal, señala que el funcionario cesará en el cargo por el término del período legal por el cual ha sido designado y el artículo 153 dispone que produce la inmediata cesación de funciones el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado.

Quinto: Que no es un hecho controvertido que la recurrente se encontraba trabajando en virtud de segunda prórroga de su contrato, pactado hasta el 31 de Octubre del 2019. De acuerdo a ello, el término de sus funciones de produjo por el vencimiento del plazo establecido en dicha prórroga, causal legal que hace que no pueda calificarse la Resolución Exenta N° 1033, de 30 de septiembre de 2019 como un acto ilegal y/o arbitrario, por cuanto se trata de una causal objetiva, legal y que era conocida por la parte recurrente antes de su ocurrencia.

Sexto: Que sin perjuicio de ello, la parte recurrida incluyó en el acto antes referido la fundamentación necesaria para justificar su decisión de no renovar la contrata que vinculaba a las partes de este juicio, lo que se refiere exclusivamente al desempeño laboral de la recurrente, con lo cual se descarta la arbitrariedad invocada por la actora. Valga señalar que la parte recurrida acompaña comunicaciones emanadas de la jefa directa de la recurrente, que dan cuenta de las situaciones que sirvieron a la autoridad para dictar el acto que finalmente resolvió la no renovación de contrata, acto objeto de este recurso. De esta manera, se trata de un acto fundado, pues indica los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta.

Séptimo: Que, de todo lo expresado, no es posible formar el convencimiento que la recurrida haya incurrido en actos u omisiones arbitrarias o ilegales que permita a esta Corte adoptar alguna medida de resguardo a favor de la recurrente, ni es posible advertir la vulneración que se denuncia al numeral 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental, al constatarse la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible al actuar de la recurrida, lo que resulta suficiente para desestimar la acción de protección.

Octavo: Que, además de lo expresado, no cabe examinar por esta vía la justificación, mérito o conveniencia en términos de la contratación, porque tales extremos exceden el propósito de una acción cautelar o de tutela de urgencia y porque en los términos que viene propuesta la acción constitucional se traduciría en la pretensión de que esta Corte sustituya a la Administración en gestión de sus recursos.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del Instituto Traumatológico Dr. Teodoro Gebauer.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

N° Protección 167.776 – 2019.