Protección contra Subsecretaria del Interior del Ministerio del Interior

C.A. de Santiago Santiago, catorce de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Que, comparece el abogado Franco Aldo Brunetti Arredondo, en favor de nombre reservado, ciudadana venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Subsecretaria del Interior del Ministerio del Interior, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en no dar respuesta a la solicitud de regularización, enviada por medio de carta certificada, acompañada con sus respectivos antecedentes y el envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, por lo que solicita se ordene la conclusión del procedimiento, concediendo la correspondiente visa temporaria de refugio mientras se espera la evaluación.

Relata que la recurrente se vio forzada a escapar de Venezuela, ingresando a Chile por paso no habilitado, ya que su seguridad ha sido amenazada por la violencia generalizada, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público en su país de origen.

Explica que habiendo pasado por un largo proceso de regularización en el Servicio Nacional de Migraciones, el cual termino negativamente, envió con fecha 2 de mayo de 2025 carta certificada a la Oficina de la Subsecretaria del Interior, para solicitar la regularización bajo el artículo 155 de la Ley N°21.325, sin ser contactada por la autoridad y tampoco le ha sido aún otorgada la visación de residente temporario, prescrita bajo el artículo 32 inciso 1° de la Ley N°20.430, o del artículo 155 de la Ley N°21.325.

En cuanto al derecho, invoca el derecho a buscar asilo como derecho fundamental, sobre la base de la Ley N°20.430, haciendo presente que si bien es cierto que este derecho ha podido ser ejercido por la actora, cuya manifestación de voluntad ha sido recibida por los organismos indicados, no ha vuelto a ser contactada por la autoridad migratoria recurrida y tampoco le ha sido aún otorgada la visación de residente temporaria, prescrita bajo el artículo 32 inciso 1° de la Ley N°20.430, vulnerando con ello la garantía constitucional de la igualdad ante la ley.

Pide, en definitiva, se acoja la presente acción de protección y se ordene a la recurrida la conclusión del procedimiento, concediendo la correspondiente visa temporaria de refugio mientras se espera la evaluación.

SEGUNDO: Que, evacuó informe Ministerio del Interior y la Subsecretaría del Interior en el siguiente tenor.

Expresa que la recurrente alude indistintamente a una solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley N°21.325, de Migración y Extranjería; y a una solicitud de determinación de la condición de refugiado, de conformidad a lo establecido en la Ley N°20.430, que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados.

Respecto a la solicitud de refugio, explica que se trata de un procedimiento complejo, que contempla una serie de etapas de análisis técnico y jurídico, así como la intervención de distintos servicios e instancias especialmente creadas por la ley al efecto, mencionando que la tramitación de las solicitudes se inicia ante el Servicio Nacional de Migraciones, a quien le corresponde recibirlas y evaluar si cumplen con los requisitos formales exigidos por la Ley N°20.430 y su reglamento para que se continúe con el procedimiento, por lo que no le corresponde a dicha Cartera de Estado su pronunciamiento respecto a la acción en cuestión en lo relativo a una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

En cuanto a la normativa aplicable al caso concreto en cuanto a la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, expone que existe una hipótesis de carácter general, cuyos criterios y procedimientos son dispuestos por el Subsecretario del Interior, pero ejecutados por el Servicio Nacional de Migraciones; y otra de carácter excepcional, de aplicación particular, por casos calificados o motivos humanitarios, sujeta a un procedimiento desformalizado que resuelve el Subsecretario del Interior, dando cuenta que actualmente no hay procedimiento vigente de general aplicación que la autoridad haya dispuesto para tal efecto.

Respecto al estado de la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, de la parte recurrente, indica que se encuentra, actualmente, en tramitación, indicando que una vez concluida la tramitación del respectivo acto, aquel será debidamente notificada.

Sostiene que las solicitudes de otorgamiento excepcional de permisos de residencia temporal, por casos calificados o humanitarios, son sometidas a un análisis particularmente exhaustivo, lo cual significa una tramitación más extensa que la esperada por las personas que las realizan, haciendo presente que solo entre enero y mayo de 2024 se han presentado más de 4.500 solicitudes de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por casos calificados o humanitarios, por lo que corresponde desechar de plano cualquier alegación que pretenda calificar como arbitraria la no dictación de un acto administrativo terminal respecto de la solicitud de la parte recurrente, toda vez aquello no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años.

Añade que no existe actuación arbitraria ni ilegal, no siendo esta vía jurisdiccional, de naturaleza cautelar y de emergencia, declarar derechos nuevos ni tutelar meras expectativas, como aquellas relacionadas con la resolución de solicitudes migratorias presentadas a la autoridad, por cuanto aquello desnaturaliza la finalidad de la acción de protección.

Pide, en definitiva, rechazar la presente acción de protección, con costas.

TERCERO: Que, a petición de esta Corte, se solicitó informe al Servicio Nacional de Migraciones, institución que señaló la actora no registra fecha de ingreso al territorio nacional, de lo cual se desprende necesariamente su ingreso clandestino al país, eludiendo para ello los controles migratorios establecidos en nuestras fronteras.

Indica que con fecha 27 de junio de 2023 se inscribió al proceso de empadronamiento biométrico del año 2023, el cual tiene como objetivo conocer de forma más completa la identidad y cantidad de personas en situación migratoria irregular que se encontraban en el país, para promover una migración segura, ordenada y regular y que esté en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, teniéndose por empadronada el 7 de diciembre de dicho año.

Menciona que mediante Oficio Reservado N°NUM000 de fecha 29 de diciembre de 2023 emitido por Policía de Investigaciones de Chile, denunció a la extranjera por su ingreso al territorio nacional por paso no habilitado.

Posteriormente, con fecha 2 de mayo de 2025, Servicio recibió carta certificada, mediante la cual la parte recurrente solicitó que se regularizara su condición migratoria en base a la facultad de la Subsecretaría del Interior contemplada en el artículo 155 N°8 y 9 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, remitiendo mediante Oficio Ordinario N°NUM001, de fecha 21 de agosto de 2025 todos los antecedentes de dicha petición al órgano facultado por la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería para resolver este tipo de solicitudes, siendo aquel la Subsecretaría del Interior.

Concluye que no es la autoridad administrativa que se encuentra tramitando la solicitud de la contraria, como tampoco es la autoridad facultada por la ley para emitir un pronunciamiento final sobre dicha petición.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que, el hecho que motiva la presente acción constitucional es la omisión ilegal y arbitraria que atribuye a la autoridad administrativa, consistente en la falta de pronunciamiento respecto de la solicitud de residencia temporal presentada con fecha 2 de mayo de 2025, al amparo del artículo 155 de la Ley N°21.325, así como de la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado conforme a la Ley N°20.430.

SEXTO: Que, en cuanto a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, se advierte que la autoridad competente para resolver en esta etapa del procedimiento es el Servicio Nacional de Migraciones, órgano que informó solo haber recibido antecedentes para regularizar su condición migratoria conforme a la facultad de la Subsecretaría del Interior contemplada en el artículo 155 N°8 y 9 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, los cuales fueron remitidos a dicha institución.

SÉPTIMO: En cuanto a la solicitud de regularización migratoria, esta se vincula con el proceso extraordinario previsto en el numeral 9° del artículo 155 de la Ley N°21.325, disposición que establece: “Corresponderán a la Subsecretaría del Interior las siguientes funciones: 9. Disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo de Política Migratoria. Esta potestad será indelegable”.

OCTAVO: Que, de los hechos allegados al recurso consta que el recurrente presentó su solicitud de regularización con fecha 2 de mayo de 2025. Igualmente, se advierte que los antecedentes relativos a su petición se encuentran en tramitación por parte del Ministerio del Interior, por lo que, atendido el tiempo transcurrido desde la presentación, no se configura la dilación excesiva alegada por el recurrente en la tramitación que debe efectuar la autoridad migratoria recurrida.

Que, en efecto, el plazo de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880 si bien concluyó, este no reviste el carácter de fatal, por lo que corresponde descartar la existencia de un acto u omisión ilegal por parte de la recurrida.

Esto ha sido confirmado tanto por la Corte Suprema como por la Contraloría General de la República, quienes han sostenido que el vencimiento de dicho plazo no invalida ni caduca el procedimiento administrativo, debiendo interpretarse la norma en el sentido de que la Administración se encuentra obligada a pronunciarse y/o concluir un procedimiento en un plazo razonable, a fin de evitar mantener en la incertidumbre a los peticionarios.

NOVENO: Que, en ese sentido, el tiempo transcurrido desde la solicitud de la parte recurrente a la fecha no aparece como desproporcionado, arbitrario o carente de razón, toda vez que, dada la naturaleza de la petición, se encuentra justificado que requiera una tramitación de mayor extensión a otro tipo de solicitudes de beneficios migratorios, especialmente teniendo en consideración la relevancia y consecuencias jurídicas que implica su concesión, además de su carácter extraordinario.

En efecto, la propia recurrente ha afirmado que ingresó al país por un paso clandestino o no habilitado de manera voluntaria, infringiendo de este modo la regulación migratoria nacional. Luego, la concesión del beneficio pretendido por el protegido corresponde a una facultad de excepcionalísima aplicación que debe limitarse prudencialmente, ya que altera de manera sustancial la normalidad de la tramitación de beneficios migratorios, como asimismo la planificación y ejecución de políticas públicas en la materia, siendo razonable y relevante un estudio acucioso y acabado de los antecedentes que justificarían la concesión de un beneficio migratorio extraordinario.

En este sentido, se ha precisado por el recurrido que la solicitud se encuentra actualmente en tramitación, y tal como se ha razonado precedentemente, la duración y estado del procedimiento administrativo a la fecha no deviene en arbitrario e ilegal, al tenor de lo antes expuesto.

DÉCIMO: Que, por otra parte, no se explica ni se desprende de las alegaciones de la parte recurrente, ni de los antecedentes expuestos en la presente acción cautelar, de qué manera se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas en el recurso. En efecto, no se ha acreditado que alguna persona, en condiciones similares a las de la protegida, hayan recibido un trato desigual. En consecuencia, no se ha demostrado que la falta de resolución de su solicitud haya privado, perturbado o amenazado al recurrente en el ejercicio de alguno de sus derechos fundamentales, lo que determina que la presente acción no pueda prosperar, debiendo ser desestimada.

UNDÉCIMO: Atento a lo razonado, los antecedentes de la causa permiten descartar un actuar ilegal o arbitrario de la autoridad administrativa, por cuanto, en la especie, no resulta procedente otorgar la tutela constitucional de urgencia que supone el recurso de protección; en consecuencia, la acción deberá ser igualmente rechazada por esta solicitud.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Subsecretaria del Interior del Ministerio del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad N°Protección-16768-2026 Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Jenny Book Reyes, el Ministro (S) señor Christian Carvajal Silva y el Abogado Integrante señor Andrés Fuchs Nissim.

En Santiago, catorce de septiembre de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.