nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

Santiago, uno de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del recurrente, en virtud de la Ley N°18.156, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Indica que el recurrente solicitó el retiro de sus fondos previsionales amparado en la Ley N°18.156, adjuntando la documentación requerida, incluyendo: Contrato de Trabajo con Multical Ingeniería y Soluciones SpA., Anexos de Contrato de Trabajo Multical Ingeniería y Soluciones SpA., Contrato de Trabajo con B BOSCH S.A., Título de Ingeniero Electricista, Título Magíster Scientiarum en Gerencia de Mantenimiento, Apostilla de Título Profesional, Certificado de Constancia de Cotizaciones, y Declaración Jurada ante notario.

Expone que, con fecha 24 de junio de 2025, la Administradora informó el rechazo, fundamentando que la "Certificación Institución de Seguridad Social" no cumple con los criterios de aceptación para esta solicitud.

Precisa que la recurrida incurre en una mala interpretación de la norma, desatendiendo su objetivo de permitir al extranjero disponer de su propiedad, y que la conducta de la AFP, al requerir formalidades adicionales y realizar una interpretación formalista, deviene en un actuar arbitrario e ilegal. Comenta que la AFP obstaculiza el proceso a pesar de que el legislador ha establecido los requisitos para la devolución de fondos y que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria.

Cita, para respaldar su acción, las normas contenidas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, relativas a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, respectivamente, y los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156. Expresa que la conducta de la recurrida de rechazar la solicitud sin la debida motivación y de exigir requisitos adicionales no contemplados en la ley, afecta su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales y le otorga un trato desigual con respecto a otros solicitantes.

Pide, en definitiva, que se acoja el recurso, se ordene reconocer como válida la documentación acompañada por el recurrente, y se conmine a la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a derecho, adoptando las providencias necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, comparece la abogada Romina Claudia Dalbosco Cornejo, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., evacuando el informe respectivo y solicitando el rechazo de la presente acción, con expresa condena en costas.

Expone que el recurrente presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales, amparándose en la Ley N°18.156, acompañando, entre otros documentos, un Título Profesional, una Declaración Jurada notariada y una Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Precisa que, tras el análisis de los antecedentes, la solicitud fue rechazada debido a que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" no cumple con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa. Señala que el documento no es un certificado de afiliación, no especifica las coberturas de vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad, no se encuentra firmado ni debidamente legalizado o apostillado. Argumenta que la declaración jurada realizada ante notario público chileno tampoco sirve como medio de prueba idóneo, pues, según el Oficio N°12954 de 17 de julio de 2025 de la Superintendencia de Pensiones, las certificaciones deben emanar de la autoridad previsional competente del país de origen para dar fe sobre una materia propia de la seguridad social.

Estima que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que la Administradora ha dado estricto cumplimiento a los requisitos copulativos exigidos por la Ley N°18.156, que es un régimen de excepción, y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, su organismo regulador y fiscalizador. Comenta que, según la jurisprudencia administrativa, el trabajador debe aportar un documento que acredite en forma específica que contó con la protección de todos los riesgos (vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad) durante la prestación de sus servicios en Chile, además de especificar si la cobertura de salud comprende prestaciones pecuniarias y médicas, lo que la constancia electrónica genérica no realiza.

Agrega que los documentos otorgados en el extranjero deben presentarse debidamente legalizados o apostillados, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, lo que no se cumplió. Adicionalmente, señala que el recurrente acompañó antecedentes contractuales erróneos para acreditar su calidad de técnico extranjero, presentando contratos y anexos correspondientes a "Multical Ingeniería y Soluciones SpA", cuando debió acompañar aquellos suscritos con "SOC SERVICIOS INGENIERIA Y MANTENCION S.A.", y que el contrato con "B Bosch S.A." no contiene la estipulación expresa de mantener su afiliación en el país de origen. Menciona fallos de Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema que han rechazado recursos similares, por cuanto la constancia electrónica no satisface las exigencias de legalización y autenticidad.

Solicita, en definitiva, tener por evacuado el informe, y, en definitiva, rechazar el recurso de protección deducido en contra de su representada, con expresa condena en costas, por cuanto su actuación se ajustó a la normativa vigente sin incurrir en acto u omisión ilegal o arbitrario.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión. Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que del análisis de los antecedentes acompañados al recurso y del informe evacuado por la recurrida, se advierte que la decisión de AFP Uno S.A. de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales del actor, se fundó en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos en la Ley N° 18.156, así como en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente para interpretar y fiscalizar el cumplimiento de dicha normativa.

Sexto: Que, específicamente, la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), acompañada por el recurrente, no constituye un certificado válido de afiliación en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico nacional. Ello, por cuanto dicho documento carece de firma de autoridad competente, no especifica las prestaciones cubiertas (enfermedad, invalidez, vejez o muerte), y no se encuentra legalizado ni apostillado, conforme lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Además, la declaración jurada ante notario no es el medio idóneo para acreditar la cobertura previsional exigida, al no emanar de la autoridad previsional competente. Tampoco se presentaron los contratos de trabajo correctos para todos los empleadores invocados, ni el contrato con "B Bosch S.A." contiene la cláusula expresa requerida.

Séptimo: Que, en este sentido, la actuación de la recurrida no sólo se enmarca dentro del cumplimiento estricto de la Ley N°18.156 y de su reglamentación técnica, sino también dentro del ejercicio legítimo de las instrucciones y criterios establecidos por el órgano regulador competente —la Superintendencia de Pensiones—, cuyas interpretaciones son de obligatorio cumplimiento para las AFP conforme al artículo 94 del D.L. N° 3.500 de 1980.

Octavo: Que no se advierte en el proceder de la Administradora recurrida ni ilegalidad ni arbitrariedad alguna. La exigencia de documentación debidamente legalizada o apostillada, así como la especificidad de las coberturas previsionales y la manifestación contractual de mantener la afiliación extranjera, no responden a un formalismo irrazonable, sino a una garantía mínima de autenticidad y veracidad de los instrumentos públicos extranjeros y al cumplimiento de los requisitos sustantivos para la procedencia de un régimen de excepción, que encuentra sustento en normas de orden público procesal y en la regulación específica del sistema previsional. Por lo demás, la Superintendencia de Pensiones ha rechazado expresamente la flexibilización de estos requisitos para afiliados venezolanos, ante el cierre consular, por exceder sus competencias.

Noveno: Que, establecido lo anterior, deviene inoficioso pronunciarse sobre las garantías fundamentales invocadas por el actor, desde que no se configura, en el caso concreto, un acto que prive perturbe o amenace ilegítimamente su ejercicio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 16763 - 2025.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Pedro Caro Romero, conformada por la Ministra señora Paula Rodríguez Fondón y el Ministro (I) señor Pablo Toledo González.