nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, diez de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, de nacionalidad extranjera, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., por el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada el 19 de junio de 2025, en el marco del procedimiento establecido por la Ley N° 18.156, que regula la exención previsional para técnicos extranjeros.

Expone que con fecha 12 de junio de 2025 presentó ante AFP UNO su solicitud de devolución de fondos previsionales, acompañando todos los antecedentes requeridos: contratos de trabajo celebrados con las empresas Solek Chile Services SpA y Estación 72 SpA, cláusulas previsionales expresas de acogimiento al artículo 1° de la Ley N° 18.156, título profesional apostillado, declaración jurada de mantención de afiliación extranjera y constancia de cotizaciones al régimen previsional venezolano.

Sin embargo, la recurrida notificó el rechazo de la solicitud, fundado en que el “certificado de institución de seguridad social” presentado no cumplía los criterios de aceptación establecidos por la Superintendencia de Pensiones.

Sostiene que la actuación impugnada es ilegal y arbitraria, por cuanto la documentación presentada acredita fehacientemente su calidad de técnico extranjero y su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen, resultando indebido que la recurrida agregue requisitos no contemplados en la ley ni en la reglamentación aplicable.

Agrega que la AFP incurre en una interpretación formalista y restrictiva, contraria a la finalidad de la Ley N° 18.156, privándola de su legítimo derecho a disponer de los fondos previsionales acumulados en su cuenta individual.

Denuncia la vulneración de las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, toda vez que el acto impugnado constituye un trato desigual respecto de otros solicitantes en iguales circunstancias y priva a la recurrente del legítimo ejercicio de su dominio sobre los fondos previsionales que le pertenecen.

Solicita que se acoja el presente arbitrio, se deje sin efecto el rechazo impugnado y se ordene a AFP UNO S.A. tramitar y autorizar la devolución de los fondos previsionales en su favor, con costas.

SEGUNDO: Que, al evacuar el informe solicitado, la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., representada por su apoderada, solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas, fundado en que la decisión cuestionada se ajusta plenamente a derecho y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Explica que la solicitante presentó antecedentes incompletos y que el denominado “certificado de seguridad social” no acredita cobertura efectiva en su país de origen en las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, careciendo además de apostilla o legalización consular, formalidad exigida para los documentos extranjeros conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y a los criterios del Oficio N° 12.954, de 17 de julio de 2025, de la Superintendencia de Pensiones, el cual instruye que las certificaciones electrónicas sin firma ni apostilla no constituyen medio idóneo para acreditar la afiliación requerida por la Ley N° 18.156.

Añade que la Administradora actuó conforme a derecho y en estricto cumplimiento de la normativa administrativa obligatoria, entre ellas el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, que exige que la acreditación de afiliación extranjera se efectúe mediante documento original emitido por la institución de seguridad social respectiva, legalizado o apostillado.

Indica que la negativa a la devolución no importa desconocer el derecho de propiedad de la afiliada, sino que obedece a la falta de cumplimiento de las condiciones legales previas que habilitan a un trabajador extranjero para acceder al beneficio de devolución.

Por consiguiente, el acto impugnado no es ilegal ni arbitrario, sino una decisión fundada en ley y en los criterios técnicos del órgano fiscalizador competente.

Solicita, por tanto, el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de emergencia para resguardar o restablecer el imperio del derecho ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace su legítimo ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar auxilio.

CUARTO: Que para resolver el litigio debe revisarse las normas aplicables al caso.

Al efecto, el artículo 1° de la Ley N° 18.156 dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

QUINTO: Que, a su turno, el artículo 7° de la misma ley señala que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SEXTO: Que, así las cosas, las exigencias que fundan la negativa de la A.F.P. UNO S.A., encuentran sustento en la ley, y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente o que constituya una discriminación arbitraria.

En efecto, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N° 18.156, para atender solicitudes de la naturaleza efectuada por la recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección que se examina, al no existir actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-16762-2025.

En Santiago, diez de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.