nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, seis de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

PRIMERO: Que el 30 de julio de 2024, comparece Jorge Manuel Lena Salgado, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los nombre reservado, por haber efectuado descuentos de las remuneraciones del recurrente sin aviso ni notificación previa, no obstante haber ejercido acción judicial tendiente al cobro de la deuda que mantiene el recurrente con la institución recurrida. Actuación que el recurrente considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrida no debió seguir descontando extrajudicialmente su crédito, al haber exigido su cobro en sede judicial mediante la interposición de demanda ejecutiva de cobro de pagaré ante el 27° Juzgado Civil de Santiago, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en los numerales 3° y 24 del artículo 19, por lo que solicita que se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho.

En efecto, el recurrente señala que el 9 de octubre de 2019 firmó un pagaré por el monto total de $5.729.576 a favor de la recurrida, dejando de cumplir su obligación de pago a partir del 31 de diciembre de 2020 ante una notoria insolvencia y por encontrarse sin empleo. Agrega que no obstante lo anterior, el 28 de junio de 2021, la recurrida interpuso demanda ejecutiva de cobro de pagaré ante el 27° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C-5577-2021. Sostiene que en tales circunstancias, la recurrida nunca debió ni debe seguir descontando extrajudicialmente su crédito de manera arbitraria e ilegal, al haber exigido su cobro en sede judicial, no siendo procedente accionar o perseguir el cumplimiento de lo adeudado en ambas sedes.

Afirma el recurrente que se han visto vulnerados sus derechos, por cuanto la recurrida comenzó a efectuar descuentos de sus remuneraciones sin aviso ni notificación previa, y no obstante haber ejercido la acción judicial de cobro, pretendiendo por esta vía corregir la desidia y negligencia con que ha actuado en el ejercicio de sus acciones legales tendientes al cobro del crédito. Agrega que cuando dejó de pagar, la recurrida no ejerció acciones judiciales efectivas para cobrar el crédito, encontrándose a la fecha abandonadas, decidiendo en cambio revivir y forzar unilateralmente un beneficio legal contemplado para un cobro oportuno, lo que le priva de su derecho de defensa y propiedad sobre parte de su remuneración.

Expone el recurrente que la recurrida ha practicado unilateralmente descuentos ilegales desde junio de 2024, alcanzando a la fecha de interposición del recurso la suma total de $34.483, y continuará efectuándolos mientras no se frene dicha ilegalidad.

En cuanto al derecho, el recurrente argumenta que se ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 Nro. 3 de la Constitución, por cuanto la recurrida, sin fundamento legal, lo ha puesto en una situación desventajosa, distinta y precaria en relación a los demás deudores civiles, obviando la vía judicial con la finalidad de proceder al cobro ilegal, abusivo y extemporáneo de una eventual deuda que, por lo demás, se encontraría prescrita. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema en apoyo de sus alegaciones.

Asimismo, el recurrente sostiene que se ha conculcado su derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 Nro. 24 de la Carta Fundamental, al privársele del legítimo derecho a percibir su remuneración completa resultado de su trabajo honesto, importando los descuentos ilegales y extrajudiciales efectuados por la recurrida una clara vulneración de dicha garantía constitucional.

Finalmente, el recurrente esgrime que el proceder de la recurrida constituye un ejercicio abusivo de la facultad establecida en la ley de cajas de compensación, al efectuar descuentos extemporáneos y sorpresivos que no aparecen revestidos de la necesaria racionalidad y fundamento, adoleciendo de falta de razonabilidad y verosimilitud, por lo que la decisión adoptada no puede sino ser declarada como arbitraria.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso de protección y, en su mérito, se adopten las siguientes medidas para el restablecimiento del imperio del derecho: 1) ordenar a la recurrida el reintegro y devolución de todas las sumas descontadas de las remuneraciones del recurrente, debidamente reajustadas y con intereses; 2) ordenar a la recurrida abstenerse de realizar o de ordenar que se realicen descuentos de las remuneraciones del recurrente; y 3) todo lo anterior con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que evacuando el informe solicitado, la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los nombre reservado señala que, según su base de datos institucional, el recurrente presenta cotizaciones como afiliado trabajador por la empresa Agencias de Viajes Mundo Tour Limitada. Agrega que a partir de abril de 2014, las Cajas de Compensación en su conjunto utilizan un sistema integrado de recaudación de Créditos Sociales, que permite a la Caja en que el trabajador se encuentra actualmente afiliado, recaudar deudas pendientes, morosas o vigentes contraídas con otras Cajas de Compensación. Asevera que en este contexto, a través de las nóminas de retenciones de crédito social de los meses de junio y julio de 2024, informó al empleador del recurrente un descuento mensual por la suma de $174.673, correspondiente a un crédito otorgado por ella. No obstante, precisa que a la fecha de emisión del informe dichos montos no se encuentran en sus arcas y que el recurrente no registra deuda directa con esa institución.

Enseguida, la recurrida expone que ha procedido a efectuar los cobros por encargo de C.C.A.F. La Araucana, en calidad de diputada para efectuar el cobro y recibir el pago, en virtud del convenio y mandato recíproco denominado "Proyecto Intercajas", celebrado entre las Cajas de Compensación el 15 de abril de 2013. Explica que este convenio tiene por objeto que la respectiva Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, permitiéndole acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor la recaudación de las cuotas adeudadas. Agrega que el convenio ha sido acordado conforme al artículo 19 Nro. 7 de la Ley Nro. 18.833, que autoriza a las Cajas para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social. Detalla que para los efectos operativos del sistema de cobranza se contrató los servicios del prestador SINACOFI, quien ha tomado a su cargo todo lo que respecta a los servicios de desarrollo, implementación y operación del sistema. Precisa que en este contexto, a requerimiento de C.C.A.F. La Araucana y como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado al recurrente, ha informado a su empleador la existencia de esta deuda y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del artículo 22 de la Ley Nro. 18.833.

A continuación, la recurrida cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que en un caso similar confirmó el rechazo de un recurso de protección, señalando que la actuación coordinada de las Cajas para el cobro del crédito social se ajusta al contrato de mandato y prestación de servicios denominado "Proyecto Intercajas", acordado conforme al artículo 19 Nro. 7 de la Ley Nro. 18.833.

Por estas razones, teniendo en consideración la calidad jurídica en que ha obrado en relación a los descuentos reclamados por el recurrente, la recurrida solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección interpuesto en su contra, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ella en relación con los hechos expuestos.

TERCERO: Que evacuando el informe solicitado, la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana solicita el rechazo del recurso de protección, por las siguientes razones:

En primer término, la recurrida expone que el 9 de octubre de 2019 otorgó al recurrente un crédito social por la suma de $5.729.576, pactado en 60 cuotas de $174.673 cada una, respecto del cual canceló 9 cuotas, no existiendo más pagos pendientes. Ante lo infructuoso de las gestiones extrajudiciales, se dedujo demanda ejecutiva, dictándose sentencia el 16 de febrero de 2023 que rechazó las excepciones opuestas por el demandado, ninguna de ellas relativa a la prescripción de la obligación. Agrega que existiendo una obligación cuyas acciones derivadas del contrato de mutuo y pagaré no han sido declaradas prescritas, se remite la información al Sistema Intercajas para permitir la recaudación de las cuotas adeudadas por parte de la Caja a la que actualmente se encuentra afiliado el deudor. Precisa que el crédito vence el 31 de mayo de 2025, encontrándose a la fecha morosas las cuotas 11 a 52 y vigentes las cuotas 53 a 60, por lo que no puede ser objeto del presente recurso.

Enseguida, la recurrida argumenta que conforme al artículo 1° de la Ley Nro. 18.833, las Cajas de Compensación son entidades de previsión social cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, entre ellas el régimen de crédito social. Sostiene que éste consiste en préstamos en dinero otorgados a los afiliados para finalidades relacionadas con sus necesidades, el cual se financia con cargo al Fondo Social, resultando éste indispensable para el adecuado cumplimiento de las funciones de las Cajas y para posibilitar el acceso de los afiliados a los demás beneficios de seguridad social que ellas brindan. Por ende, afirma que existe un claro vínculo entre el destino de los dineros recaudados por concepto de crédito social y las prestaciones de seguridad social, lo que determina que las Cajas están obligadas al resguardo del Fondo Social.

A continuación, la recurrida expone que a fin de cautelar el Fondo Social, la Superintendencia de Seguridad Social ha impartido instrucciones a las Cajas relativas al régimen de crédito social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan de las remuneraciones de los afiliados. Agrega que el artículo 22 de la Ley Nro. 18.833 establece que lo adeudado por crédito social deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiendo las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales, en concordancia con lo dispuesto en el D.S. N°91 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y en la Ley Nro. 17.322. Arguye que el hecho de haber entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré no libera a las partes de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley Nro. 18.833 y que la obligación a la fecha no se encuentra extinguida por el pago ni fueron declaradas prescritas las acciones emanadas del mutuo y el pagaré.

Sostiene la recurrida que el cobro efectuado en virtud del artículo 22 de la Ley Nro. 18.833 es totalmente oportuno y no obedece a un mero capricho ni a un actuar de mala fe orientado a un doble cobro, sino únicamente al cabal cumplimiento de la normativa legal y administrativa vigente que se orienta al resguardo del Fondo Social. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema en apoyo de esta alegación. Afirma que mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema, sin perjuicio del tiempo que la cuota haya estado morosa, pues si el deudor quiere aprovechar el beneficio de la prescripción, deberá accionar para conseguir tal declaración respecto de ambas acciones. Agrega que claramente no han transcurrido los plazos de prescripción de la acción derivada del mutuo, considerando la fecha de otorgamiento del crédito y la existencia de 42 cuotas morosas y 8 cuotas vigentes a la época.

Luego, la recurrida argumenta que al estar las Cajas obligadas a proteger el Fondo Social con el cual se financian los créditos sociales, les corresponde realizar todas las acciones legales de cobro, incluyendo la judicial, conforme a la Circular Nro. 3.567 de la Superintendencia de Seguridad Social. Enfatiza que el ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 22 de la Ley Nro. 18.833 no puede considerarse ilegal, al no estar desprovista de las razones legales que la habilitan, ni arbitraria, al no encubrir un abuso o desviación de poder, estando frente al cumplimiento de una obligación legal que se fundamenta en el deber de las Cajas de proteger el Fondo Social. Agrega que la ley permite que para asegurar el mantenimiento del Fondo Social, el cobro se realice con independencia de que el deudor cambie de empleador, reanudándose los descuentos, lo que ocurrió en la especie, considerando además que se rechazaron las excepciones opuestas por el demandado en sede civil.

Asimismo, la recurrida cita dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Dirección del Trabajo que avalan la obligación legal del empleador de efectuar los descuentos por deudas de crédito social, al constituir obligaciones con instituciones de previsión social, y que validan el descuento efectuado por una Caja distinta de la acreedora a través del Sistema Intercajas. Agrega que en el contrato de mutuo, el recurrente otorgó mandato a la recurrida para efectuar el cobro de las cuotas a través de descuentos en su remuneración.

Por estas razones, la recurrida solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección interpuesto, por no existir de su parte una actuación ilegal o arbitraria, al haber obrado en todo momento conforme a las atribuciones legales de las que se encuentra investida.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio importa determinar primero, la existencia del acto impugnado, esto es, el descuento de las cuotas de un préstamo social por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los nombre reservado, por encargo de la Caja de Compensación La Araucana, en virtud del denominado Convenio Intercajas y, posteriormente, si aquella acción constituye, a esta fecha, un actuar ilegal y/o arbitrario de la recurrida y, por tanto, si ese proceder afecta o amenaza la garantía constitucional invocada.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de encontrarse prescrita la deuda, el recurrente no acreditó de modo alguno que dicha circunstancia se hubiera declarado judicialmente, de acuerdo a lo previsto en los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de manera que, al no operar de pleno derecho la extinción de la deuda por el plazo del tiempo, esta sigue siendo actualmente exigible.

SÉPTIMO: Que, asentado lo anterior y conforme a los antecedentes allegados a la causa, se observa que la Caja de Compensación de Asignación Los nombre reservado dio cumplimiento a un mandato dispuesto en virtud de un Convenio suscrito entre las diversas Cajas de Compensación, el que se encuentra ajustado a derecho y visado en cuanto a su cumplimiento por la Superintendencia de Seguridad Social, por lo que el proceder de la recurrida no podría calificarse de ilegal o arbitrario, sobre todo considerando que su actuar se enmarca dentro de las normas de la diputación para recibir el pago, a las que se refieren los artículos 1580 a 1586 del Código Civil.

OCTAVO: Que, por lo anotado no aparece que la recurrida haya incurrido en un acto ilegal o arbitrio que importe la vulneración de las garantías que dice conculcadas, razón por la cual procede que la acción constitucional intentada sea rechazada.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-16758-2024.