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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 16742-20242 oct 2024

nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S A

Fecha
2 de octubre de 2024
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Sala
Sexta
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 16742-2024, sentencia de 2 de octubre de 2024

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra AFP Modelo por negar la devolución de fondos previsionales Ley 18.156: existe conflicto jurídico sobre el cumplimiento de los requisitos legales y la recurrente carece de derecho indubitado, lo que excede el ámbito de la acción cautelar.

Texto íntegro

C.A. de Santiago Santiago, dos de octubre de dos mil veinticuatro.

A los folios 8, 9, 10 y 11; a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, el 2 de julio de 2024, comparece nombre reservado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por haber rechazado la solicitud de devolución de fondos previsionales Ley 18.156 el 05 de junio de 2024.

Considera que dicha actuación es ilegal y arbitraria, ya que niega injustificadamente la entrega de los fondos de pensiones al recurrente, vulnerando con ello el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, garantizado por el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida entregar la totalidad de los fondos previsionales.

Señala que el 3 de junio de 2024, el recurrente, de nacionalidad peruana, presentó ante AFP Modelo una solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, la cual fue registrada bajo los folios N° 1559 y 1560. Indica que dicha solicitud está fundamentada en los contratos de trabajo suscritos con las empresas Enorey International Limitada, cuyo periodo de cotización va desde el 1 de marzo de 2017 hasta el 1 de febrero de 2020, y Personal Computer Factory Ltda., correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2022 al 1 de enero de 2024.

Acompañó a dicha presentación diversos documentos, como una copia legalizada de su título de Contador Público otorgado por la Universidad Nacional Federico Villarreal; una Constancia de Verificación de Datos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria de Perú, apostillada con el código MREAP3333017; un certificado de afiliación a la AFP INTEGRA del Perú, firmado por nombre reservado, Gerente de Operaciones, y apostillado con el código MREAP3375840; y dos contratos de trabajo del solicitante con la empresa Enorey International Limitada y otros dos con la empresa Personal Computer Factory S.A.

Sin embargo, el 05 de junio de 2024 la AFP Modelo rechazó la solicitud de devolución de fondos, argumentando que el anexo de contrato con Enorey International señalaba que el trabajador no renunciaba a su afiliación previsional extranjera según la ley 18.156 y que el certificado de afiliación a AFP Integra no indicaba expresamente que el recurrente estaba cubierto a todo evento por las prestaciones de vejez, invalidez, enfermedad y sobrevivencia durante su periodo de actividad en Chile.

Frente a estos reparos, el recurrente realizó una segunda presentación el 12 de junio de 2024 y una tercera el 14 de junio la AFP Modelo. Ambas solicitudes fueron rechazadas 24 de junio de 2024, reiterando que el rechazo se fundamenta en que el certificado de afiliación emitido por AFP Integra, de 9 de mayo de 2024, indica que cubre prestaciones por vejez, invalidez causada por enfermedad o accidente, muerte y enfermedades profesionales. Sin embargo, dicho certificado no cumple con la normativa vigente, ya que no ofrece cobertura a todo evento.

Argumenta jurídicamente que el acto de la AFP es ilegal y arbitrario, por cuanto coarta el derecho del recurrente a disponer de sus fondos de capitalización individual, a pesar de que la ley 18.156 le entrega esa prerrogativa. Indica que todos los certificados acompañados fueron debidamente apostillados conforme al Convenio de La Haya y que el certificado de AFP Integra acredita la relación de prestaciones mutuas entre ella y el afiliado.

Agrega que la AFP extiende de forma inadecuada el alcance de los requisitos legales, ya que la ley sólo exige estar afiliado a un régimen que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, sin necesidad de que el certificado lo indique expresamente. Añade que la manifestación de voluntad de cotizar en Chile y en Perú no son excluyentes, ya que lo segundo sustenta el derecho a solicitar la devolución de fondos.

Plantea que el DL 3500 no tiene el carácter de ley expropiatoria, por lo que la negativa de la AFP enfrenta una expropiación contraria a derecho del dominio sobre los fondos previsionales. Cita jurisprudencia que ha entendido que la limitación a la propiedad de dichos fondos establecida en el DL 3500 no tiene una causa constitucional que la permita, debiendo primar la garantía del artículo 19 N°24 de la Constitución por su mayor jerarquía.

De esta forma, sostiene que el recurrente es víctima de una privación abusiva y arbitraria de su legítimo derecho de propiedad sobre los fondos de su cuenta de capitalización individual, al no existir motivo constitucional alguno para dicha privación, reteniendo la AFP dichos fondos cuando existe el derecho a obtener su restitución por integrar el patrimonio del trabajador.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la AFP Modelo entregar al recurrente la totalidad de sus fondos previsionales, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que informando la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. (AFP Modelo), expone que el recurrente efectuó tres presentaciones solicitando la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156, acompañando diversos documentos para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales. Sin embargo, tras analizar los antecedentes, AFP Modelo rechazó dichas solicitudes por no cumplir cabalmente con las exigencias normativas.

En particular, respecto a las dos primeras presentaciones, la recurrida señala que el anexo de contrato acompañado indicaba que el trabajador no renunciaba a su afiliación previsional extranjera, contraviniendo lo dispuesto en la ley. Además, el certificado de afiliación a AFP Integra del Perú no acreditaba que las coberturas fueran a todo evento. Ante la segunda presentación, la AFP reiteró este último reparo. En cuanto a la tercera solicitud, también fue rechazada por la misma deficiencia del certificado de AFP Integra.

Como fundamentos de derecho, la recurrida invoca el artículo 1° y 7° de la Ley N° 18.156, que establecen los requisitos copulativos para que los trabajadores técnicos extranjeros puedan eximirse de cotizar en Chile o solicitar la devolución de los fondos previsionales enterados. Destaca que se trata de un régimen excepcional y que las AFP están sujetas a la supervigilancia de la Superintendencia de Pensiones, conforme al DL 3500 y la Ley 19.882.

Agrega que la Superintendencia tiene la facultad de fijar la interpretación de la legislación previsional y dictar normas para su aplicación, lo que ha hecho a través del Oficio N° 21.480 de 2017, el cual exige acreditar que se cuenta a todo evento con la protección de los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Lo mismo establece el Libro II, Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Argumenta que, en virtud de los antecedentes, se pudo constatar que el recurrente no cumplía con los requisitos de la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas ni la jurisprudencia administrativa, por lo que no incurrió en un acto ilegal o arbitrario. Al contrario, la AFP actuó dando estricto cumplimiento al marco normativo que la rige, ya que de lo contrario arriesga ser sancionada por la Superintendencia en uso de sus potestades fiscalizadoras.

Concluye que para que proceda la acción de protección debe existir una privación, perturbación o amenaza ilegítima de un derecho constitucional, lo que no ocurre en la especie al haber la recurrida ajustado su actuar a derecho, por lo que solicita el rechazo del recurso con costas.

TERCERO: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

CUARTO: Que constituyen entonces presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Además, debe señalarse que el recurso de cautela de derechos constitucionales, constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaración de tales derechos, ya que para ello está la vía del juicio de lato conocimiento, que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso.

QUINTO: Que el acto que se estima ilegal y arbitrario por parte de la recurrente es que la AFP Modelo se ha negado a la devolución de los fondos allí cotizados, no obstante reunir todos los requisitos establecidos por la Ley N°18.156; y, a su vez, esta se niega a tal devolución, porque el recurrente no habría acompañado la documentación necesaria para acreditar las exigencias legales.

SEXTO: Que siendo la materia respecto a la procedencia de la Ley N°18.156, corresponde traer a colación las normas atinentes a la materia, estas son:

“Artículo 1° Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.

Artículo 7°.- En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SÉPTIMO: Que, a partir de los antecedentes incorporados y de lo expuesto en el arbitrio en análisis, se advierte que la recurrente carece de un derecho indubitado, requisito indispensable para la procedencia del recurso y pueda ser protegido por la presente vía; pues se detecta, en forma clara y expresa, la existencia de un conflicto jurídico sobre la pertinencia del derecho a devolución de los fondos previsionales, lo que excede el ámbito de esta acción cautelar, que carece de un contradictorio adecuado que permita a las partes discutir con amplitud sobre el derecho controvertido.

OCTAVO: Que, en efecto, lo que ha sido materia de la controversia es el cumplimiento y/o incumplimiento de parte de la recurrente de los requisitos legales para ser beneficiaria de la devolución de los fondos cotizados en la AFP recurrida; circunstancia esencial y necesaria- conforme a la ley- de modo que, no puede, esta Corte, tener por acreditada la existencia de un acto ilegal, pues lo que se está exigiendo, está conforme a la ley y tampoco es arbitrario, porque justamente, su fundamento, está en lo preceptuado en la Ley 18.156.

NOVENO: Que por lo que se viene razonando el arbitrio en análisis deberá desestimarse, resultando innecesario analizar si se quebrantaron las garantías denunciadas como así mismo las demás alegaciones realizadas por la recurrida.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, la acción cautelar deducida por nombre reservado, en representación de nombre reservado, en contra de A.F.P. Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-16742-2024.