Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Santiago Santiago, tres de abril de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Macarena García Dinamarca, abogada, quien interpone acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por la dictación de la Resolución Exenta DAF N°321, de 22 de noviembre de 2023, mediante la cual se dispone la no renovación de la contrata, por estimar dicha resolución, ilegal y arbitraria.

Expone que el recurrente, ingresó a la nombre reservado el 7 de noviembre de 2014, en calidad de contrata asimilado a grado 8° de la escala de sueldos, extendiéndose dicha contratación hasta el 31 de diciembre de ese año, la cual fue renovada para los años siguientes, asimilando el año 2018 a grado 7, para luego continuar siendo renovada anualmente, ascendiendo el año 2023 a grado 6°, siendo la última prórroga ese año, la que extendía su contratación hasta el 31 de diciembre de 2023.

Refiere que durante esos nueve años, fue calificado en Lista 1 de distinción, a excepción de la última calificación, en Lista 2, buena, desempeñando funciones como Jefe de la unidad de adquisiciones y servicios generales, no existiendo reparos en el desempeño de sus funciones, ni sanciones administrativas.

Indica que la resolución recurrida señala como fundamento para la no renovación, un informe emitido por el Jefe de Administración y Finanzas que dice relación con el desempeño del recurrente en relación a las exigencias de su cargo e incumplimientos a sus deberes funcionarios, los cuales jamás pudo controvertir, pues la mayoría de los datos indicados en el informe son erróneos, las supuestas faltas que involucran su gestión no eran de su exclusiva responsabilidad, pues existe una jerarquía y un flujo en la toma de decisiones donde participaban distintas unidades.

Agrega que el artículo 33 del Estatuto Administrativo señala 4 listas para la calificación de los funcionarios a contrata, y que el artículo 50 refiere que el funcionario calificado en lista 4 o por dos años consecutivos, en lista 3, deberá retirarse del servicio, cuestión que acá no se verifica.

Señala que no existe motivación para no renovar la contrata, por lo que el proceder de la recurrida no tiene fundamento y ha vulnerado las garantías constitucionales consagradas en la Constitución de igualdad ante la ley, derecho de propiedad y libertad de trabajo, por lo que solicita se deje sin efecto la Resolución Exenta DAF N°321, debiendo el Servicio dictar la resolución que renueve su contrata hasta el 31 de diciembre de 2024, debiendo pagar las remuneraciones devengadas durante todo el tiempo que permaneció separado de sus funciones, con expresa condena en costas.

Cita el Dictamen E156769 de la Contraloría General de la República, del 17 de noviembre de 2021, mediante el cual se emitió un nuevo instructivo en relación a los criterios para las eventuales no renovación de las contratas o término anticipado de las mismas, actualizando y completando los ya fijados en los dictámenes N°85.700 de 2016 y N°6.400 de 2018, que determinan que para la no renovación de una contrata o su término anticipado, se debe observar la motivación, contenido los razonamientos y expresión de los hechos y fundamentos de derecho, y que si se pretende invocar como causal una deficiente evaluación de sus aptitudes o desempeño del cargo, lo que corresponde es efectuarla a través del procedimiento establecido por la ley para tal fin; y si los fundamentos importan una grave contravención al principio de probidad administrativa, corresponde la instrucción del proceso disciplinario pertinente.

Finalmente cita fallos de la Corte Suprema, roles N° 26.112-2022, 26.131-2022, entre otros, que establecen un criterio unificador en relación a la estabilidad del empleo de las contrata, basada en el principio de la confianza legítima, debiendo la Administración sólo poner término al vínculo estatutario, a través del sistema de calificaciones o sumario administrativo.

Segundo: Que comparece nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando la improcedencia del recurso impetrado, por no ser la vía idónea para conocer del asunto.

Indica que en la legislación vigente existe un procedimiento de reclamo especial ante la Contraloría General de la República para el caso que se produjere algún vicio de legalidad que afecte los derechos de los servidores públicos, contenido en el artículo 16 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 de 2004.

Agrega que los actos administrativos pueden ser impugnados también de acuerdo al artículo 59 de la Ley N° 19.880, entablando los correspondientes recursos de reposición y/o jerárquico ante la propia Administración, existiendo, además, desde el año 2019, la Unidad de Protección de Derechos Funcionarios, creada por la Contraloría, la cual tiene por objeto dar tramitación expedita a los reclamos del personal de la Administración del Estado.

Por otra parte, refiere que desde noviembre de 2020, a través de la dictación de la Ley N° 21.280, el procedimiento de tutela laboral contemplado en el Código del Trabajo se hace aplicable a los funcionarios públicos y municipales.

En cuanto al fondo del recurso, refiere que el recurrente, luego de exponer sus antecedentes, no describe los hechos que demuestren la forma concreta en que la resolución recurrida vulnera sus derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 N° 2, 16 y 24 de la Constitución Política.

Refiere que no concurre una conducta ilegal o arbitraria por parte del Servicio, atendida que la vinculación a contrata es una relación jurídica eminentemente transitoria, supeditada a las necesidades de la entidad administrativa, lo que está en armonía con la vigencia anual de los nombramientos.

Indica que la decisión de disponer la no renovación o el término anticipado de una contrata, es una facultad que poseen las autoridades superiores de los servicios respecto del personal de su dependencia y que atiende a la naturaleza transitoria de éstos, en el marco de la gestión de personas, decisión de mérito y dominio exclusivo de las jefaturas de los organismos públicos; y que los pronunciamientos en materia de confianza legítima no han prohibido en ningún caso el ejercicio de estas facultades, resolviendo solamente, que el acto administrativo que lo materializa, debe ser fundado y debidamente motivado, como se verificó en este caso, citando el Dictamen N°E156769/2021 de la Contraloría que se refiere a la materia.

Añade que la Contraloría y la Corte Suprema han reconocido y legitimado la disposición de no renovación de una contrata con cargo a su jurisprudencia administrativa y judicial, citando los dictámenes 85700, de 2016 y 6400 de 2018, y en la jurisprudencia del máximo tribunal, el Rol N° 149.291-2020.

Refiere que la resolución recurrida contiene los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la decisión, destacando que el vínculo jurídico entre el recurrente y la nombre reservado fue dispuesto bajo la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios”, estando por tanto, facultada para cesar los servicios, no contraviniendo la decisión, la ley, ni siendo arbitraria pues para el organismo se hace indispensable contar con una persona que reúna las competencias y conocimientos técnicos necesarios para liderar los procesos de adquisiciones y compras públicas del Servicio.

En cuanto a la fundamentación del acto, la resolución justifica como se arriba a la decisión adoptada, luego de ponderar debidamente los antecedentes de hecho y de derecho, no exigiendo el estándar de motivación, una justificación exhaustiva y extensa, sino que sea suficientemente racional y esté basada en antecedentes objetivos y verificables expresados en su parte considerativa, ajustados plenamente a la normativa estatutaria de sujeción vigente, sin que se advierta arbitrariedad o ilegalidad en ella, toda vez que el recurrente, no tuvo las competencias para asumir eficiente y eficazmente las funciones encomendadas, incumpliendo labores que le fueron asignadas como también los principios de la función pública, perjudicando con esto, el cumplimiento en tiempo y calidad respecto de los requerimientos de compras emitidos por las áreas técnicas de la Superintendencia, como también de proyectos estratégicos de la institución, lo que afectó la ejecución del presupuesto para el año 2023.

Agrega que los funcionarios a contrata a los cuales se les encomiendan funciones directivas, se encuentran en una situación diferente respecto del resto del personal contratado bajo ese régimen, concluyendo la Contraloría en diversos pronunciamientos que no advierte inconveniente para que la naturaleza de confianza pueda ser usada como fundamento para poner término anticipado a una designación a contrata que tenga encomendadas dichas funciones, en la medida que el acto se encuentre suficientemente motivado y sea posible acreditar que las labores desempeñadas sean de aquellas que requieren una confianza entre la autoridad respectiva y el dependiente, como sucede en el caso de marras.

Finalmente expone, la no concurrencia de una afectación expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la Constitución, como los que invoca el recurrente, reiterando que el actor no describe la forma en que cada uno de ellos ha sido vulnerado o afectado, concluyendo que el recurso de protección solo cautela el legítimo ejercicio de los derechos que tienen el carácter de indubitado, por lo que todo aquel que carece de un título válido, como en la especie se verifica, no puede ejercer ni reclamar legalmente, lo que no le pertenece.

Tercero: Que previamente es necesario hacer presente que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Se trata de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo señalado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas en el artículo 20 de la Constitución Política, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Quinto: Que en el presente caso, para decidir sobre lo planteado por la recurrente, se debe tener presente que no se encuentran controvertidos los siguientes hechos:

1.- Mediante la Resolución UDP N° 171, de 7 de noviembre de 2014, de la Superintendencia de Seguridad Social, se designó a contrata a nombre reservado, a contar del 7 de noviembre y hasta el 31 de diciembre 2014, o mientras seas necesarios sus servicios, como profesional grado 8°.

2.- Mediante Resolución TRA N° 300/13/2016, de 15 de enero de 2016, de la Superintendencia de Seguridad Social, se designó a contrata a don nombre reservado, a contar del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre 2016, o mientras seas necesarios sus servicios, como profesional, asimilado a grado 7°, siendo prorrogada la contrata por los años 2017 y 2018.

3.- El 14 de febrero de 2019, mediante la Resolución TRA N°300/9/2019 se nombra al actor en el cargo a contrata, grado 6°, haciéndose efectivo a contar del 1° de enero de 2019.

4.- La última renovación de la contrata del actor en el mismo cargo, fue dispuesta por Resolución TRA N° 171/12/2022, de 15 de diciembre de 2022, de la Superintendencia de Seguridad Social, se prorrogó la contrata a contar del 1 de enero de 2023 y hasta el 31 de diciembre 2023.

5.- Por medio de la Resolución Exenta DAF N° 321, de 22 de noviembre de 2023, de la Superintendencia de Seguridad Social, se decidió no prorrogar la designación a contrata de nombre reservado, como profesional, asimilado a grado 6°, por no ser necesarios sus servicios para dicha institución.

6.- El actor en las calificaciones del periodo septiembre 2021/agosto 2022, obtuvo un puntaje de 90.00, Lista 1, distinción.

7.- En las precalificaciones del periodo septiembre 2022/agosto 2023, el actor obtuvo un puntaje de 79.75, Lista 2, consignándose en el factor Rendimiento: un 8.00 en el cumplimiento de la labor realizada y un 6.00 en la calidad de la labor realizada. En el factor condiciones personales: un 9.00 en interés por el trabajo que realiza y un 7.00 en capacidad para trabajar en equipo.

Sexto: Que si bien el artículo 89 de la Ley N° 18.834 reconoce el derecho de todo funcionario a gozar de estabilidad en su empleo, se debe recordar que los cargos a contrata -como el caso del recurrente- se caracterizan por su precariedad, ya que conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de la citada ley tienen carácter transitorio. Además, el artículo 10 del mismo cuerpo legal dispone que dichos empleos “durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”.

Ahora bien, la Contraloría General de la República, ha dispuesto que las reiteradas renovaciones de las contrataciones -desde la segunda renovación al menos-, generan en los servidores públicos que se desempeñan sujetos a esa modalidad, la confianza legítima de que tal práctica será reiterada en el futuro, para adoptar una determinación diversa, es menester -al amparo del referido principio-, que la autoridad emita un acto administrativo, que explicite los fundamentos que avalan tal decisión. Y para considerar fundado el respectivo acto deberá contener, “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta”; por lo que no resulta suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión “por no ser necesarios sus servicios” u otras análogas, agregando por el Capítulo V, N° 2, distintas hipótesis de motivaciones que ese órgano contralor considera admisibles o no de invocar.

Además, el órgano contralor, teniendo presente lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11 y el inciso cuarto del artículo 41, ambos de la ley N°19.880, dictaminó que el término anticipado de una contrata, aun cuando su designación dispusiese la formula “mientras sean necesarios sus servicios” debe materializarse en un acto administrativo fundado, en que la autoridad administrativa exprese los motivos, razonamiento en base a los antecedentes de hecho y de derecho del caso concreto, que la llevaron a adoptar una determinada decisión, sin que sea suficiente la mera referencia formal.

Luego, conforme a los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los actos administrativos deben contener la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que las sustenten, es decir, deben ser fundados exponiendo las razones de su dictación.

Séptimo: Que, por su parte, el máximo tribunal ajustó el criterio de las contratas, estableciendo que las relaciones laborales anuales, bajo los cinco años, no quedan cubierta por confianza legítima.

En efecto, el 31 de marzo de 2023, en causa Rol N° 26.301-2023, la Corte Suprema sostuvo: “Décimo: Que, entonces, resulta imprescindible establecer desde cuando la persona que se vincula a través de contratas anuales con la Administración adquiere la confianza legítima respecto que su designación no sólo se cumplirá en la anualidad respectiva, sino que, además, será renovado. Pues bien, en busca de un criterio unificador, esta Corte ha considerado establecer el plazo de cinco años, que se estima es un periodo prudente para que la Administración evalúe íntegramente no sólo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, por cuanto existe una real necesidad del servicio de contar con una persona que desempeñe las funciones específicas que motivaron la dictación del acto administrativo que determinó el inicio del vínculo con la Administración. Lo anterior es coherente, además, con la política de renovación de contratas del personal del poder judicial, que es un criterio que ha sido sistemáticamente aplicado al interior de este poder del Estado, que tiene su sustento en el Acta 19-2012, refundida por el Acta 191-2019, que establece una renovación automática de la designación de los empleados que registren nombramientos en cargos a contrata anual por cinco períodos consecutivos y figuren en lista de méritos durante ese plazo.

Undécimo: Que, como colofón, se concluye que si una persona se encuentra vinculada con la Administración a través de contratas anuales y ha tenido un periodo desempeño por un tiempo inferior a cinco años, no le asiste el principio de confianza legítima y, en consecuencia, la Administración puede poner término a su contrata de forma anticipada, esgrimiendo una causal legal que le permita hacer uso de una facultad doblemente excepcional, en tanto aquello implica no sólo no renovar un vínculo que se encuentra indisolublemente ligado al desempeño de un cargo en virtud de necesidades que fueron previamente evaluadas, contrariando el acto administrativo pretérito que generó el legítimo derecho de la persona respectiva a desempeñarse en las funciones para las que fue contratado hasta el término de la anualidad, siendo este el aspecto factual que debe ser analizado en el caso concreto. En cambio, en el caso de que la persona se encuentre protegida por el principio de confianza legítima, la Administración sólo puede poner término al vínculo estatutario, como se dijo, a través del sistema de calificaciones o sumario administrativo, por lo que, en este caso, carece de toda relevancia hacer un distingo entre término anticipado y no renovación del contrato”.

Por consiguiente, la confianza legítima se genera a partir de la quinta renovación anual y sucede que en este caso el empleo a contrata del recurrente se extendió desde el del 7 de noviembre de 2014 y hasta el 31 de diciembre del 2023, por lo que claramente se cubrió el plazo de cinco años antes indicado, desde que prestó servicios de manera ininterrumpida entre dichas fechas.

Octavo: Que la Resolución Exenta DAF N°321, de fecha 22 de noviembre de 2023, dispuso la no renovación de la contrata del actor para el año 2024, se basó en el informe emitido por la jefatura directa respecto de la labor realizada por el recurrente en su calidad de Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales, concluyendo en definitiva: “ (…) las deficiencias detectadas son consecuencia de la limitada gestión del Sr. nombre reservado, quien no tuvo las competencias para asumir eficiente y eficazmente las funciones encomendadas, incumpliendo las funciones que le han sido asignadas como también los principios de la función pública, perjudicando con esto el cumplimiento en tiempo y calidad respecto de los requerimientos de compras emitidos por las áreas técnicas de la Superintendencia, como también, de proyectos estratégicos de la institución, lo cual afectó la ejecución del presupuesto para el año 2023”.

Agregando que: “se hace imprescindible contar, para el puesto de jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales, con una persona que reúna las competencias y conocimientos técnicos necesarios para liderar los procesos de adquisiciones y compras públicas en esta Superintendencia”.

Noveno: Que, conforme a lo antes dicho, se debe considerar, por una parte, que el actor se encuentra amparado por la confianza legítima, y por otra parte, que el acto administrativo impugnado se funda en un mal desempeño del actor, por lo que la autoridad recurrida estimó que no eran necesarios sus servicios.

Si bien el acto impugnado contiene razones generales de carácter objetivo, estos no dicen relación con el cargo ejercido por el actor, sino que se funda más bien en elementos subjetivos, por cuanto, tal como se indicó, la decisión de no renovar su contrata para el año 2024 se basó única y exclusivamente en el informe evacuado por el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, tal como lo reconoció expresamente la SUCESO al fundamentar el acto. Pues bien, sucede que en dicho informe se consignan una serie de argumentos que se vinculan con la falta de diligencia del recurrente en el cumplimiento de sus funciones y en su responsabilidad.

Además, en este caso no existe un sumario administrativo incoado en contra del actor, ni tampoco fue calificado -conforme a las listas a que se refiere el artículo 32 de la Ley N° 18.834-, en lista 4, de eliminación, ni consta que por dos años consecutivos fuera calificado en lista 3, condicional, que son los casos de cese de funciones que regula el artículo 50 de la citada ley, en que el funcionario debe retirarse del servicio dentro de los 15 días hábiles siguientes al término de la calificación.

Por consiguiente, los artículos 32, 33 y 50 de la citada ley, regulan un sistema para valorar anualmente el desempeño de los funcionarios públicos de planta o a contrata, y para el caso de los funcionarios que sean mal evaluados –lista 4 o en lista 3 por dos años consecutivos- dispone el cese de los servicios y una inhabilidad temporal para reingresar a la Administración.

Pues bien, en la situación planteada en el periodo 2021/2022 el recurrente fue calificado en lista 1, Distinción, con un puntaje de 92.00. Luego, en el periodo 2022/2023, fue incluido en lista 2, buena, con un puntaje de 79,95.

Incluso consta una anotación de mérito de 1 de febrero de 2023, solicitada por quien evacuó el informe fundante del acto impugnado, indicando que dicha anotación se reflejará en el subfactor interés por el trabajo que realiza: “por su destacado compromiso con el trabajo y con la Institución, en relación al permanente trabajo realizado para optimizar el trabajo del Departamento, asumiendo parte de la coordinación que le corresponde a la Jefatura de la Unidad de Finanzas, cargo vacante desde abril de 2022 y sin una dirección eficiente durante el 2do. Semestre del mismo año. Lo señalado se reflejó en la comprensión de la red, el trabajo colaborativo y manejo de la información trasversal, mediante acciones concretas y permanentes tales como implementación de mejoras a los procesos de trabajo entre las Unidades, redefiniendo enfoques y métodos en respuesta a las diferentes demandas de su trabajo y adaptando su vocabulario técnico y estilo de comunicación según las características de la contadora y tesorero”.

Décimo: Que cabe tener presente que la Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que: “el Estatuto Administrativo establece un procedimiento específico para evaluar el servicio de los funcionarios públicos, que es aplicable a quienes sirvan los cargos en calidad de planta o a contrata, debiendo la autoridad dejar plasmadas en el proceso de calificación las razones de un eventual mal desempeño que, una vez firme, determina que el funcionario deje de prestar servicios, sin que sea admisible que se utilice la causal de necesidades del servicio para poner término anticipado o no renovar las designaciones a contrata de personas que se hayan desempeñado por larga data sirviendo el cargo específico, pues aquello, sin duda vulneraría el principio de confianza legítima”.

En el mismo sentido, la Contraloría General de la República, en el dictamen E156769, respecto de la mala evaluación funcionaria o a infracciones a los deberes u obligaciones como motivo de no renovación o término anticipado de la contrata de un funcionario, sostuvo que: “De esta forma, se puede apreciar que el legislador previó un sistema para valorar, de manera periódica y reglada, el desempeño de los funcionarios públicos, tanto de planta como a contrata, contemplando dos efectos para quienes resultaren peor evaluados -ya sea por una vez en Lista 4 o por segundo año consecutivo en Lista 3-, esto es, el cese de los servicios y una inhabilidad temporal para reingresar a la Administración (…) Por tal motivo, y recogiendo el criterio sostenido reiteradamente por la jurisprudencia de la Corte Suprema, si la razón que se pretende invocar para no renovar una contrata respecto de quien goza de confianza legítima -o para disponer el término anticipado de quien se desempeña a contrata-, es una deficiente evaluación de sus aptitudes o desempeño para el cargo, lo que corresponde es efectuar dicha evaluación a través del procedimiento establecido por la ley para tal fin, esto es, la calificación regular, para luego ubicar al funcionario en la lista correspondiente y, si procediere conforme a lo anotado, disponer su cese, con la consecuente inhabilidad temporal de reingreso.

Atendido lo anterior, se reconsidera en este aspecto lo señalado en los dictámenes Nos 85.700, de 2016 y 6.400, de 2018, de este origen, dejándose establecido que, a partir de esta fecha, no resulta procedente invocar una mala evaluación del desempeño, particular, especial o ad hoc, para fundar una no renovación de una contrata o para disponer su término anticipado.

Lo anterior, es sin perjuicio de lo que pueda contemplarse en normativas especiales que permitan disponer el cese de dichas designaciones o su no renovación respecto del personal a contrata que no ha sido calificado en alguna lista que importe su eliminación, como acontece, por ejemplo, con lo previsto en el artículo 101 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, fijado en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional.

En el mismo sentido, si los hechos en que se pretende fundar la decisión de no renovar una contrata respecto de quien goza de confianza legítima -o de disponer el término anticipado de quien se desempeña a contrata-, son de tal entidad que importan una grave contravención al principio de probidad administrativa, o tienen aparejado, por mandato legal, una sanción expulsiva, solo corresponde que en tal caso se instruya el pertinente proceso disciplinario y se aplique la destitución, si del mérito de este queda acreditada la pertinente infracción”.

Agrega que: “cualquier otra infracción a los deberes u obligaciones de los funcionarios, que no importen la aplicación de una sanción de destitución, tampoco puede servir de fundamento para la no renovación o el término anticipado de una contrata, toda vez que a través de estas últimas -y en base a aquellas faltas- se estaría en definitiva aplicando una medida de cese por hechos que no revisten la gravedad suficiente como para disponer una separación”.

Undécimo: Que, al respecto cabe indicar que el artículo 119 de la Ley N° 18.834 dispone: “El empleado que infringiere sus obligaciones o deberes funcionarios podrá ser objeto de anotaciones de demérito en su hoja de vida o de medidas disciplinarias.

Los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo”.

Por su parte, el artículo 125 prescribe que la destitución es la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento de poner término a los servicios de un funcionario, indicando que tal medida disciplinaria procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los casos que la misma norma indica.

Ahora bien, al actor se le reprocha un mal desempeño, incumpliendo las funciones encomendadas por falta de competencias y, además, por no cumplir con los principios de la función pública. Las infracciones reprochadas a sus deberes funcionarios no importan la aplicación de una sanción de destitución, al no encontrarse en los supuestos de los artículos 125 y 84, ambos de la Ley N° 18.834. Por consiguiente, al no renovar la contrata del actor por mal desempeño, en la práctica se le está destituyendo por hechos que no implican disponer su separación del cargo.

Duodécimo: Que, así las cosas, al haberse fundado el acto impugnado en un mal desempeño del actor, este deviene en ilegal y arbitrario, por cuanto no obstante calificarlo en lista 2, acto seguido, resolvió no renovar su contrata por mal desempeño. Además, no existe un sumario administrativo incoado en su contra y que pudiera dar lugar a la medida de destitución.

Lo anterior, implica desconocer que el recurrente se encuentra amparado por el principio de confianza legítima, en cuya virtud la autoridad administrativa solo puede ponerle término o no renovar la contrata por un sumario administrativo o por calificaciones, lo que no sucedió en este caso.

Por consiguiente, el acto no cumple con lo dispuesto en el artículo 11 inciso 2° de la Ley N° 19.880 que dispone: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio…”.

Décimo tercero: Que por tanto, la decisión de no prorrogar la contrata del actor constituye una conducta arbitraria de la SUCESO, transgrede la garantía contemplada en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, respecto de los demás funcionarios que encontrándose contratados en la misma calidad, continúan prestando servicios hasta finalizar el año 2024.

Además, se estima vulnerada por la recurrida la garantía prevista en el numeral N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad respecto del empleo al que el actor accedió legalmente, sin existir en su contra sumario administrativo ni estar calificado en lista 4 o dos años en lista 3, tal como se señaló. Por tanto, el funcionario recurrente se desempeñó en la SUCESO en forma ininterrumpida por nueve años, sin haber incurrido en algunas de las causales de cesación del cargo contempladas en la ley.

Décimo cuarto: Que, por lo antes dicho, se estima que la discrecionalidad que permite el artículo 10 de la Ley N° 18.834 fue ejercida por la recurrida excediendo los márgenes legales, mediante la dictación de una resolución que no aparece fundada, vulnerando de esa forma la legítima expectativa del funcionario de prorrogar dicho vínculo, siendo aplicable, además, el principio de confianza legítima.

En consecuencia, existiendo el acto arbitrario e ilegal imputado por el recurrente, el que ha vulnerado las garantías fundamentales invocadas, el recurso debe necesariamente ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción constitucional interpuesta en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en consecuencia, se ordena el reintegro del recurrente a su contrata, así como también el pago de las remuneraciones que se hayan devengado mientras permaneció separado del servicio.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción de la Ministra (S) doña Erika Villegas Pavlich.

N°Protección-16740-2023.