nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de octubre de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra de la Caja De Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, en razón de que ésta habría efectuado un descuento injustificado en sus remuneraciones para pagarse de una parte de una deuda, abusando de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 18.833 Refiere que el 24 de julio de 2017, suscribió el pagaré N° 041CON101212183, a favor de la recurrida, por la suma de $ 5.718.436, pagaderos en 42 cuotas mensuales y sucesivas de $194.484.-. Señala que se pactó una cláusula de aceleración así como también la facultad de que la acreedora pueda cobrar las cuotas por medio de descuentos directos de las remuneraciones del deudor.

Indica que luego de perder su empleo, incurre en mora en el pago de la cuota cuyo vencimiento acaeció el 30 de noviembre de 2020, y que posteriormente la recurrida ingresó una demanda de cobro de pesos en su contra, sin que la misma se le haya notificado a la fecha.

Afirma que en febrero último, verificó que se le efectuó un descuento en sus remuneraciones en favor de la recurrida, por $249.504, acto que considera que arbitrario e ilegal, ya que la recurrida habría ordenado a su empleador dicho descuento, abusando de lo establecido en el art. 22 de la Ley 18.833. Dicho acto, señala la recurrente, vulnera su derecho de propiedad, no sólo porque lo privaría de parte de sus bienes, sino porque también le afectaría su legítima expectativa de percibir sus remuneraciones de forma íntegra.

En virtud de lo señalado, pide que se acogida la acción de protección, y además que se ordene: I. Cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente. II. Restituir al recurrente los descuentos efectuados, así como también los que puedan llevar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción. III. Condenar en costas a la recurrida.

Acompaña al recurso una copia de la Liquidación de su sueldo de febrero de 2022, en la que figura bajo el acápite “Descuentos”, la siguiente glosa: “Descto Ptmo CCAF Los Andes 249.504”.

SEGUNDO: Que, informó la entidad recurrida, manifestando que no ha cometido acción u omisión arbitraria o ilegal alguna, pidiendo el rechazo por dicho motivo del recurso de protección.

Señala que el 06 de julio 2018, otorgó a la recurrente, un crédito por un capital inicial de $7.135.387, con una tasa de interés de 1.78%, pagadero en un plazo de 60 meses mediante cuotas mensuales de $205.244.

Afirma que la cuota del mes de noviembre 2020, cuota N° 27, fue pagada con fecha 10 de marzo 2022, ´pero que, a la fecha, la presente operación de crédito se encuentra en cobranza judicial, manteniéndose las cuotas de los meses de diciembre 2020 a enero 2020 -cuotas N° 28 a la N°41, en estado moroso. Sostiene que las acciones de cobro de dichas cuotas no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

A su vez, señala que el hecho que haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el referido mutuo, no libera a la Caja de Compensación ni al empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, toda vez que el citado artículo 22 es imperativo y no facultativo.

Finalmente, señala que no requiere de una sentencia ni de un proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador del deudor, y que sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales que hayan sido declarados prescritos judicialmente, cuestión que no ocurre en el presente caso.

Acompaña copia del expediente del crédito social otorgado al recurrente.

TERCERO: Que es menester recordar que como reiteradamente se ha expresado, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que acerca de esta materia resulta conveniente tener presente que los créditos otorgados por las Cajas de Compensación, corresponden a un beneficio de bienestar social destinado a apoyar al trabajador dependiente, respecto de los cuales la retención de las remuneraciones se encuentra normativamente establecida en el primer inciso del artículo 22 de la Ley N° 18.833, en concordancia con lo dispuesto en el primer inciso del artículo 11 del Decreto Supremo N°91 de 1978, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en el artículo 22 inciso primero de la Ley N° 17.322, y el artículo 58 del Código del Trabajo; normas que establecen que las deudas de créditos sociales a una Caja por un trabajador afiliado deben ser deducidos de sus remuneraciones por la empresa afiliada, retenidos y remesados a la Caja acreedora.

En la misma línea de razonamiento, con arreglo al citado artículo 22, y lo dictaminado sobre el particular por la Dirección del Trabajo en su Ordinario N° 0262/004, de 17 de enero de 2012, al haberse asimilado por el legislador lo adeudado por concepto de crédito social a una Caja de Compensación a las cotizaciones de seguridad social, los descuentos que por dicho concepto se efectúen a la remuneración del trabajador se tornan obligatorios y, consecuencialmente, se enmarcan dentro de aquellos a que alude el inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo, norma que preceptúa: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”.

QUINTO: Que, es menester señalar que de los antecedentes aparejados aparece que en la actualidad lo que se está cobrando a la protegida mediante el descuento mensual de sus remuneraciones es la deuda, emanada de un contrato de mutuo celebrado entre las partes.

A lo anterior cabe agregar que la presente vía cautelar de urgencia no es el mecanismo apropiado para discutir tales asuntos, propios de un pronunciamiento enmarcado en un juicio de lato conocimiento (en tal sentido, Excma. Corte Suprema, en causa rol N°15.032-2016), razón por la que la presente acción constitucional no puede prosperar, sin perjuicio de otros derechos que puedan asistir al actor.

SEXTO: Que, por consiguiente, al haberse descontado desde la remuneración de la actora las cuotas impagas del crédito que se le otorgó, estando la recurrida facultada para ello, en la especie no existe un acto arbitrario o ilegal que afecte las garantías constitucionales enunciadas en el libelo de protección, por lo que el mismo será rechazado.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, el recurso de protección deducido en estos autos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1674-2022.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por los Ministros señor Mario Rojas González, señora Dobra Lusic Nadal y señora Jenny Book Reyes.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.