nombre reservado con PDI CHILE

C.A. de Santiago Santiago, nueve de febrero de dos mil veintitrés.

Vistos:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado, en representación de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, la Subsecretaria del Interior de Chile y contra la Policía de Investigaciones de Chile, por haber dispuesto, mediante el Decreto Exenta (RA) N° 280/211/2022 de fecha 3 de febrero del año 2021, de Subsecretaria del Interior, el retiro inmediato de su representado de la Planta de la Policía de Investigaciones.

Expresa que el recurrente es funcionario de la Policía antes indicada y con fecha 18 de abril del año 2015, al realizar labores propias, fue agredido en la comuna de Macul, resultando con lesiones menos graves. Producto de aquello se le siguió sumario, siendo sobreseído por Resolución Exenta N° 231-2015/7-202, de fecha 6 de enero del año 2021, al determinarse que las lesiones que sufrió lo fueron en acto de servicio, abonándosele un año de servicio para efectos del retiro, resolviéndose que solo quedó apto para ejecutar funciones administrativas.

Agrega que, no obstante, lo anterior, con fecha 3 de febrero del año 2022, mediante RA 280/211/2022 de la Subsecretaria del Interior, se procede a cursar el retiro absoluto de su representado de la institución, por no tener salud compatible con su cargo, fundado lo anterior en el Informe Técnico (R) 269 del 6 de mayo del año 2021, en el cual se contabilizaron 233 días de licencia médica no justificada, en el periodo comprendido entre el 30 de agosto del año 2019 y el 4 de mayo del año 2021.

Indica que el referido acto administrativo, posee graves vicios que le otorgan el carácter de ilegal y arbitrario, por cuanto el artículo 151°, del Título VI, del D.F.L. N° 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado, de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, fue modificado mediante la Ley N° 21.050, agregándose un nuevo inciso, el cual señala “… El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”; sin embargo, el acto que se reprocha se basó en la ficha médica del recurrente y en el registro que este tiene en la Sección Licencias Médicas dependiente del Departamento Contralor de Salud, más no lo examinó, concluyendo con estos antecedentes que el estado de salud de su representado es recuperable y que no presenta una condición de irrecuperabilidad de su salud, sin pronunciarse en cuanto a sí la condición de salud le permitía desempeñar el cargo, como expresamente lo prescribe la Ley.

Expresa que lo actuado vulnera el artículo 19, en sus números 1, 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, solicita se acoja el recurso y se ordene reintegrar a sus funciones regulares a don nombre reservado, ordenándose la continuidad del vínculo laboral y remuneraciones desde su fecha de separación de funciones y los demás actos que se estimen pertinentes.

Segundo: Que, al informar nombre reservado, en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de la Subsecretaria del interior, solicita el rechazo del recurso.

Indica, en primer lugar, que lo solicitado excede la naturaleza de la acción promovida, por cuanto debe tratarse de un derecho indubitado, concurriendo, además, requisitos copulativos, que no se advierten.

En cuanto, al fondo, sin discutir mayormente los hechos, expresa que se dispuso el retiro absoluto del recurrente al acumular en el periodo comprendido entre el 30 de agosto de 2019 y el 04 de mayo de 2021, un total de 233 días de licencia médica, sin mediar declaración de salud irrecuperable, no correspondiendo dicho termino a accidentes de servicio, enfermedad profesional a las otorgadas por la Ley de Medicina Preventiva, ni por aplicación de las normas sobre Protección a la maternidad contenidas en el título II, del Código del Trabajo y notificado de ello, el recurrente interpuso recurso de reconsideración, el cual fue rechazado mediante RE N°199 de 16 de noviembre de 2021, del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, dado que el acto estaba ajustado a derecho.

Ante ello, señala, que el acto sobre el cual se recurre carece de ilegalidad o arbitrariedad, ya que fue dictado en el uso de facultades legales y al amparo de la circunstancia calificada, ya que la declaración de salud incompatible resulta ser una facultad discrecional y de exclusiva competencia de superioridad, de forma tal que a este le corresponde su ejercicio, una vez constatadas las circunstancias de hecho que la hagan procedente, lo que ocurrió en el caso.

Finalmente, recuerda que de acuerdo con el artículo 73 del DFLN°1 de 1980 del Ministerio de Defensa Nacional, que establece el Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones de Chile, le corresponde a la Comisión Médica de Investigaciones de la Policía Civil, exclusivamente el examen de la persona de la institución, a fin de informar respecto a su capacidad física para continuar en el servicio o la clase invalidez que los imposibilitaré, para continuar en él.

Tercero: Que, también, informó don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, solicitando el rechazo de este e indicó que el recurrente fue objeto del Sumario Administrativo N° 231-2015, de la Brigada de Investigación Criminal Macul, atendido que sufrió lesiones producto de un accidente en acto de servicio, presentado un cuadro de vértigo severo y debido a ello un cuadro depresivo, que no habría logrado mejorar ni evolucionar con el tiempo.

Agrega que en el citado sumario administrativo se emitió el Dictamen (R) N° 231-2015/01-2020, de fecha 23 de marzo de 2020, declarándose que los hechos ocurrieron en actos propios del servicio y que, conforme lo señala en el Informe Técnico (R) N° 495 de fecha 10 de octubre de 2019, de la Comisión Médica Institucional, el recurrido quedó apto para continuar al servicio de la Institución, solo para desempeñar labores administrativas y reevaluación en 3 meses.

Que, luego de ello, la Comisión Médica Institucional pronunció el Informe Técnico (R) Nº 269, conforme a lo señalado en el inciso tercero del artículo 151, del Estatuto Administrativo, sobre la condición de salud del Inspector nombre reservado, determinando que es recuperable, no invalidante para desempeñar labores propias del servicio.

Agrega que se constató la cantidad de 233 días de reposo, por medio de registro de licencias médicas del recurrente, de 11 de junio de 2021, de acuerdo a certificado del Jefe del Departamento Contralor de Salud, dependiente de la Jefatura Nacional de Salud, estableciéndose que las licencias médicas otorgadas con posterioridad al 14 de agosto de 2019, fecha de la última evaluación y revisión de exámenes, son de origen común o por salud mental y no corresponden a licencias por accidente del trabajo o trayecto.

Ante ello, mediante la Resolución Exenta (R) N° 104, de 21 de julio de 2021, de la Dirección General, se declaró la salud incompatible del Inspector, al acumular en el periodo ya señalado 233 días de licencia médica, sin mediar declaración de salud irrecuperable, que no corresponden a accidentes en acto de servicio, enfermedad profesional, las otorgadas por Ley de Medicina Preventiva, ni por la aplicación de las normas sobre protección a la maternidad contenidas en el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo y que no presenta una condición de irrecuperabilidad de su salud en los términos del inciso tercero del artículo 151 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, conforme a lo resuelto por la Comisión Médica Institucional. Acto administrativo notificado el 03 de agosto de 2021. Decisión de la que interpuso, el recurrente, recurso de reposición, el que fue resuelto mediante la Resolución Exenta (R) N° 199, de fecha 16 de noviembre de 2021, que resolvió rechazar el citado recurso, ya que las alegaciones vertidas no permitieron desvirtuar los antecedentes. Notificando de dicho acto administrativo se solicitó el retiro absoluto de don nombre reservado, dictándose el acto recurrido.

Agrega que, conforme al principio de remisión, el artículo 153 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, señala que en todas aquellas materias no previstas por el referido Estatuto, las relaciones jurídicas que vinculan al Estado con los empleados de la Institución se regirán por las disposiciones aplicables a la Administración Civil del Estado, lo que ha sido refrendado por el dictamen Nº 51.901, de 13 de julio de 2016, de la Contraloría General de la República, concluyendo que el artículo 151 de la Ley Nº 18.834 es aplicable a este organismo policial, por la remisión que el referido artículo 153 consagra, dado que la materia que se resuelve no se regula expresamente en ese Estatuto del Personal.

En dicho sentido, dijo, corresponde analizar el artículo 151, de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, aplicable al caso en comento, que refiere un impedimento para que un funcionario pueda desempeñar debidamente su función o bien cumplirlas de manera deficiente, adoleciendo de la idoneidad para el desempeño de la función pública previamente referida. Además, es menester considerar que uno de los deberes de los funcionarios públicos es ejecutar las ocupaciones del cargo en forma regular y continua, lo que se ve afectado cuando se hace uso de licencias médicas en un número tal, que dé lugar a la hipótesis contenida en la norma en análisis, a saber, seis meses dentro del plazo de dos años.

Ahora bien, el artículo 151 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2005, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, dispone que el Jefe Superior del Servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho empleo de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, agregando en su inciso segundo que no se considerarán para el cómputo de los seis meses las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 del citado texto, a saber, las concedidas al funcionario que se accidente en actos de servicio o que se enferme a consecuencia o con ocasión del desempeño de sus funciones, ni aquellas a que se refiere el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo, esto es, las concedidas en el contexto de la normativa que regula la protección de la maternidad, supuestos que no concurren en el caso en análisis.

Expuso, que mediante la Ley Nº 21.050, de 2017, se incorporó un inciso 3° a esta norma, en virtud del cual el Jefe Superior del Servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso 1°, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Comisión Médica para el caso de la Policía de Investigaciones de Chile, la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y al desempeño del cargo, cuestión que se contiene en el Informe Técnico (R) Nº 269, de 06 de mayo de 2021, que expresa que “La Comisión Médica Institucional, luego de la evaluación de los antecedentes del Inspector nombre reservado, determina que el funcionario presenta una condición de salud recuperable, no invalidante para desempeñar labores propias del servicio”; pronunciamiento que se emite conforme a lo señalado en el inciso tercero del artículo 151, del Estatuto Administrativo.

Finalmente, expuso que las resoluciones dictadas por el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, han sido emitidas en el ejercicio de una potestad discrecional que no puede significar arbitrariedad, encontrándose debidamente fundamentadas, lo que consta en ellas, precisamente con la finalidad de cumplir con la debida motivación de los actos administrativos, cuyo objetivo es asegurar que las actuaciones de los organismos del Estado no se desvíen del fin considerado por la normativa al conferir las respectivas atribuciones, para que así cuenten con un fundamento racional y se ajusten plenamente a la preceptiva constitucional y legal vigente.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que, el acto recurrido corresponde al Decreto Exenta (RA) N° 280/211/2022, de fecha 3 de febrero del año 2021, de Subsecretaria del Interior, que ordena el retiro inmediato de la Planta de la Policía de Investigaciones del recurrente, discutiéndose, en lo medular si aquel se habría ajustado a lo dispuesto en el artículo 151 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2005, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834.

Sexto: Que el artículo 63 de la Ley N° 21.050 agregó un inciso al artículo 151 del citado DFL Nº 29 del siguiente tenor: “El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Séptimo: Que el mensaje presidencial que inició la tramitación del proyecto que se convertiría en la Ley Nº 21.050, expresa que uno de sus propósitos es “contribuir al fortalecimiento de la función pública, mejorando las condiciones de empleo y comprometiéndose con un Estado al servicio de los ciudadanos y del interés general del país”.

Antes de la Ley N° 21.050, uno de los reproches a la legislación vigente radicaba en que la calificación de la salud del funcionario, como irrecuperable o incompatible para el cargo, era realizada por el jefe superior del servicio, esto es, una persona no experta en salud ocupacional. En efecto, al alero de la antigua normativa, el Tribunal Constitucional sostenía que “la mera circunstancia de haber hecho uso de licencias médicas por más de seis meses en los últimos dos años no habilita por sí sola al Jefe superior del servicio para considerar que el funcionario que ha disfrutado de ellas tenga salud incompatible con el desempeño del cargo que le corresponde, sino cuando ellas sean indicativas de que el afectado no podrá recuperar el estado de salud que le permite desempeñar el cargo” (STC Rol 2024-11-INA, de 13 de diciembre de 2012). Del mismo modo, expresó que “no basta para fundamentar la declaración de salud incompatible con el cargo el solo hecho de haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, y que, de existir efectivamente un estado de salud en el funcionario afectado que le impida desempeñar el cargo, ella es constitutiva de falta de idoneidad personal -que no es ciertamente culposa- para continuar en su trabajo, circunstancia que, al igual que ocurre con la capacidad, la Carta Fundamental contempla específicamente como factor de diferenciación en materias laborales, al aludir de modo expreso a la “idoneidad personal” (STC 3006-16-INA, de 29 de septiembre de 2016). Por este motivo, el Ejecutivo propuso modificar el artículo 151 de la Ley N° 18.834 y el artículo 148 de la Ley N° 18.883, en orden a que tal incompatibilidad fuese declarada por la COMPIN respectiva, esto es, por un órgano técnico cuya función consiste en desarrollar prestaciones médico-administrativas para constatar, evaluar, declarar o certificar el estado de salud, la capacidad de trabajo o recuperabilidad de los estados patológicos permanentes o transitorios de los trabajadores, con el objetivo de permitir la obtención de beneficios estatutarios y laborales.

En conformidad a lo señalado, en el texto final quedó consignado que el pronunciamiento incluirá “la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Octavo: Que, de lo expuesto, fluye que la intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la COMPIN, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que, al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 150 letra a) del DFL Nº 29 de 2005, antes citado.

Noveno: Que, en efecto, la anterior es la única interpretación que materializa la intención del legislador, puesto que -de otra forma- aun cuando el organismo técnico hubiere emitido un pronunciamiento, se permitiría que la autoridad administrativa no especializada resolviera en contrario, dejando desprovisto de todo fundamento el establecimiento de un informe obligatorio en relación con la irrecuperabilidad de la salud del funcionario.

Décimo: Que, por otro lado, las disposiciones relativas a la salud incompatible como causal de declaración de vacancia del cargo, difieren de los criterios adoptados en otros cuerpos normativos en relación con la autorización de las licencias médicas de los trabajadores y la eventual declaración de invalidez. Así, por ejemplo, el artículo 30 del Decreto Supremo N° 3 de 1984, del Ministerio de Salud, dispone que “completadas cincuenta y dos semanas continuadas de licencia o reposo, corresponderá a la Compin autorizar una ampliación de hasta seis meses más, previo su pronunciamiento acerca de la recuperabilidad del trabajador”. Agrega la norma que “cumplidas setenta y ocho semanas de licencia, la Compin podrá autorizar nuevas licencias médicas, en el caso de enfermedades que tengan un curso prolongado y requieran una recuperación de más largo plazo”. Es decir, mientras el Estatuto Administrativo habilita a un jefe de servicio, no necesariamente experto en la ciencia médica, para declarar la salud incompatible con el cargo por el uso de licencias médicas, en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, otras normas del ordenamiento posibilitan que existan licencias continuas hasta por un año, al cabo del cual, previo pronunciamiento sobre la recuperabilidad por un órgano experto, pueden extenderse por un tiempo mayor.

Undécimo: Que, además, el ordenamiento jurídico vigente no considera una etapa previa a la dictación del acto terminal del jefe superior del Servicio, en la que el funcionario afectado pueda ser oído y ejercer su defensa, tanto más cuanto que no todas las situaciones son idénticas, de modo que la autoridad debe ser especialmente diligente en la fundamentación del ejercicio de una potestad discrecional, que no por ello se encuentra exenta, claro está, del control jurisdiccional cuando la misma se ha ejercido al margen de la legalidad o de manera arbitraria, sin expresión de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirven de fundamento.

Es en este contexto que, a juicio de esta Corte, más allá que efectivamente la supuesta incompatibilidad con las labores debe fundarse en antecedentes técnicos, lo cierto es que la sola declaración de recuperabilidad de la salud sin evaluación de la compatibilidad con el cargo determina la interdicción del ejercicio de la facultad concedida al Director General para declarar la vacancia del cargo.

Duodécimo: Que, mediante la Resolución Exenta (R) N° 104, de 21 de julio de 2021, de la Dirección General, declaró la salud incompatible del Inspector nombre reservado, al acumular en el período comprendido entre el 30 de agosto de 2019 al 04 de mayo de 2021, 233 días de licencia médica, sin mediar declaración de salud irrecuperable, que no corresponden a accidentes en acto de servicio, enfermedad profesional, las otorgadas por Ley de Medicina Preventiva, ni por la aplicación de las normas sobre protección a la maternidad contenidas en el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo, conforme a lo resuelto por la Comisión Médica Institucional.

Con ello, fluye la ilegalidad de la actuación del recurrido, puesto que se declaró terminado el vínculo estatutario sin cumplir con el presupuesto legal del artículo 151, inciso final, del mentado DFL Nº 29 de 2005, toda vez que solicitó a la Comisión Médica Institucional el pronunciamiento y no a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que aquella no le permitía desempeñar el cargo, todo lo cual se traduce en una vulneración de los derechos fundamentales del recurrente, contemplados en los numerales 2 y 24 artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la cual el recurso debe necesariamente ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por nombre reservado, en representación de nombre reservado, en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile la Subsecretaria del Interior de Chile y contra la Policía de Investigaciones de Chile, por lo que se deja sin efecto el Decreto Exento (RA) N° 280/211/2022 de fecha 3 de febrero del año 2021, de la Subsecretaria del Interior, debiendo el recurrido reincorporar al actor a la institución y proceder al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso.

Acordado con el voto en contra de la Fiscal Judicial Sra. nombre reservado, quién estuvo por rechazar el recurso de protección, sobre la base de las siguientes consideraciones:

1° Que, previa a toda otra consideración, esta Fiscal Judicial no puede sino disentir de lo expresado en el párrafo segundo del motivo duodécimo de la reflexión de mayoría, en tanto la propia ley –el DFL N° 1 de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile- dispone que la calificación de la invalidez y recuperabilidad de la salud de los funcionarios de dicha Institución es de exclusiva atribución de la comisión médica, señalando, en su artículo 73, que “corresponderá exclusivamente a la Comisión Médica de Investigaciones, el examen del personal de la Institución, a fin de informar acerca de su capacidad física para continuar en el servicio, o la clase de invalidez que los imposibilitare para continuar en él”; para luego agregar, en el artículo siguiente, que “el Director General de Investigaciones determinará, previo informe de la Comisión Médica y conforme lo disponga el reglamento respectivo, el grado de invalidez o la irrecuperabilidad, en su caso, del afectado y la capacidad de éste para continuar en servicio”. De este modo, no resulta pertinente tachar de ilegal el acto administrativo reprochado, por la circunstancia de no haber mediado pronunciamiento previo de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en tanto dicho organismo no era el competente para emitir dicho dictamen.

2° Que, hecha la precisión anterior, cabe señalar que el artículo 150 letra a) de la Ley 18.834 contempla que la declaración de vacancia –causal de cese en un cargo público- procede, entre otras hipótesis, por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo. A su turno, el artículo 151 dispone que el jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable; agregando el inciso tercero –introducido por la Ley 21.050- que tal facultad deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

3° Que la salud irrecuperable y la salud incompatible con el cargo, utilizados en el literal a) del artículo 150 del Estatuto Administrativo no son conceptos sinónimos y constituyen distintas causales de vacancia, lo que se evidencia no sólo por el uso del disyuntivo “o”; sino por la redacción del inciso primero del artículo 151, al señalar, expresamente, que el jefe de servicio puede declarar la vacancia por salud incompatible al haberse hecho uso de licencias médicas (excluyendo aquellas mencionadas en el inciso segundo de la misma norma) por un determinado período de tiempo, sin que medie declaración de irrecuperabilidad. De ello no cabe sino entender que, para que opere esta especialísima causal de vacancia del cargo, se requiere que la salud del funcionario sea recuperable, y que tal recuperabilidad haya sido declarada por la comisión médica dispuesta por la ley.

4° Que lo anterior se encuentra además en consonancia con las distintas normas del Estatuto Administrativo que aluden a la declaración de irrecuperabilidad de la salud, a saber, los artículos 112, 113, 152 y 16 transitorio.

Por ende, no puede tildarse de ilegal o arbitraria la decisión adoptada, por el sólo hecho de que no medió declaración de irrecuperabilidad, pues de haberse llegado a tal determinación –esto es, de haber concluido dicha comisión que la salud del afectado no era recuperable- no resultaría procedente declarar vacante su cargo por salud incompatible.

5° Que en armonía con lo ya señalado, dado que el pronunciamiento que declaró la salud incompatible del inspector nombre reservado, fue pronunciado por autoridad competente – el Director General de la Institución- previo requerimiento a la comisión dispuesta por la ley para ello, comisión médica que emitió el informe de rigor, concluyendo, del examen de los antecedentes del funcionario que la salud de aquél era recuperable; habiéndose constatado además que se cumplen los requisitos contemplados en el inciso primero del tantas veces citado artículo 151 del Estatuto Administrativo, esto es, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, no siendo estas licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo, sólo cabe concluir que el acto administrativo cuestionado no adolece de ilegalidad o arbitrariedad alguna, de modo que en concepto de esta disidente, el recurso debió ser desestimado.

Redacción de la Ministra suplente Karina Ormeño Soto y de la disidencia, su autora.

Regístrese y devuélvase.

N°Protección-1672-2022.