nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que recurre de protección el abogado Pablo Peñaloza Parra, en representación de doña nombre reservado, en contra de AFP Provida S.A., por haber rechazado la solicitud de devolución de fondos previsionales regulada en la Ley N°18.156, pese a que la recurrente acompañó mediante la plataforma web toda la documentación exigida, incluyendo contrato de trabajo, título profesional y constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). La administradora fundamentó el rechazo en que dicha constancia se encontraría vencida. La recurrente sostiene que esta exigencia resulta arbitraria y desproporcionada, dado que actualmente existe una imposibilidad material de obtener una certificación actualizada por la ausencia de representación diplomática de Venezuela en Chile, situación que a su juicio constituye un caso fortuito o fuerza mayor. Añade que la afiliación puede verificarse directamente en el portal oficial del IVSS mediante los códigos incorporados en el documento, mecanismo que afirma ha sido reconocido por otras administradoras, como AFP Cuprum, en casos similares. Señala haber cumplido íntegramente los requisitos establecidos en los artículos 1 y 7 de la Ley Nro.18.156 y que la negativa de AFP Provida constituye un acto ilegal y arbitrario al imponer exigencias no previstas en la normativa, afectando su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales y vulnerando su igualdad ante la ley al recibir un trato distinto respecto de otros trabajadores extranjeros en idénticas condiciones. Indica que el recurso se interpone dentro del plazo previsto en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, por haberse presentado dentro de los 30 días siguientes al rechazo comunicado el 14 de julio de 2025.

Añade que la jurisprudencia reciente de diversas Cortes de Apelaciones entre ellas Antofagasta, Valparaíso y Concepción ha resuelto que documentos como los acompañados por la recurrente constituyen prueba suficiente de afiliación a un sistema previsional extranjero y ha calificado como ilegal y arbitrario el rechazo basado en formalidades extremas o imposibles de cumplir. En virtud de lo anterior, solicita que se acoja la acción, se declare la ilegalidad del actuar de la recurrida y se ordene validar la documentación presentada, disponiendo que AFP Provida emita un nuevo pronunciamiento dentro de un plazo prudencial a fin de restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., al evacuar su informe, solicitó el rechazo íntegro del recurso con costas, sosteniendo que la acción de protección no es la vía idónea para resolver controversias de carácter previsional o de lato conocimiento, careciendo además la recurrente de un derecho indubitado que habilite esta vía cautelar. Señala que no existe acto ilegal o arbitrario en su actuar, por cuanto la solicitud de devolución de fondos fue rechazada conforme a la Ley Nro.18.156 y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, toda vez que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales presentada por la actora se encontraba vencida y no cumplía con las formalidades de legalización o apostilla requeridas para acreditar cobertura previsional en el extranjero.

La recurrida agrega que el Decreto Ley Nro.3.500 impone a las AFP el deber de destinar los fondos previsionales exclusivamente al financiamiento de pensiones, prohibiendo efectuar retiros o beneficios no previstos en la ley. Así, la devolución de fondos a técnicos extranjeros solo procede cuando se acreditan copulativamente los requisitos del artículo 1° de la Ley Nro. 18.156, lo que afirma no ocurrió en este caso, pues la documentación presentada no cumple con los estándares exigidos por la normativa y la autoridad fiscalizadora. En razón de lo anterior, sostiene que no se configura ninguna vulneración a los derechos de igualdad o propiedad alegados por la recurrente y que tampoco concurren los presupuestos del artículo 20 constitucional, por lo que el recurso debe ser rechazado en todas sus partes.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. PROVIDA, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por el recurrente, por no haber acompañado a su solicitud el documento:“ Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)” vigente y con la debida legalización o apostilla exigida por la normativa legal;

QUINTO: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el numeral 2. del Libro II, Título IX del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales los trabajadores extranjeros que detenten la calidad de profesionales o técnicos y que registren cotizaciones en una Administradora, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del número 1 anterior.

Para estos efectos, las Administradoras deberán atenerse a lo siguiente:

a) Los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la ley N° 18.156, deberán suscribir en la correspondiente Administradora un formulario "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156". Dicho formulario se confeccionará en original y copia, de acuerdo a las instrucciones que se adjuntan en el Anexo del presente Título. El original quedará en poder de la Administradora y la copia se entregará al afiliado….

b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156”.

A su turno, resulta indispensable mencionar que según prevé el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”;

SEXTO: Que, así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que la exigencia formal requerida por la institución recurrida se ajusta estrictamente a la normativa legal, por lo que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en la petición principal de la presentación de fecha 23 de julio de 2025 en favor de nombre reservado en contra de AFP Provida, sin costas.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante señor Parada, quien fue partidario de acoger la acción de protección impetrada, debido a que en su concepto sí se dan los presupuestos exigidos en la norma para la entrega de los fondos previsionales del actor.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-16718-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, señora María Paula Merino Verdugo y el Abogado Integrante señor Cristián Parada Bustamante.

En Santiago, veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.