Protección contra Superintendencia del Medio Ambiente

C.A. de Santiago Santiago, seis de marzo de dos mil veintiséis. Vistos y considerando: Primero: Comparece el abogado Ricardo Encina Herrera, en representación de nombre reservado, funcionaria pública a contrata grado 8 del Servicio de Evaluación Ambiental, quien deduce recurso de protección –según se aclara mediante presentación agregada en el folio 5- en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, (en adelante SMA) por estimar que la decisión contenida en la Resolución Exenta RA N°NUM000, de 29 de noviembre de 2024, complementada por la Resolución Exenta N° NUM001, de 30 de diciembre de 2024, constituye un acto ilegal y arbitrario que afecta las garantías constitucionales de la afectada, especialmente las reconocidas en los numerales 1, 2, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución.

Indica que se trata de una decisión carente de fundamentación, desproporcionada, contraria a los principios de juridicidad, igualdad y racionalidad en el ejercicio de potestades discrecionales, y que supone una afectación directa a su estabilidad laboral, su salud psíquica y su derecho de propiedad sobre las remuneraciones asociadas a su grado. Expone que la funcionaria ingresó al servicio mediante Resolución Afecta TRA-NUM002, de 26 de enero de 2016, en calidad de honorarios grado 13; que ascendió posteriormente a grado 11 mediante Resolución TRA N° NUM003, para luego incorporarse al estamento profesional a contrata, obteniendo sucesivos ascensos, incluido el otorgado mediante concurso público en agosto de 2023, en que obtuvo el grado 8, refrendado en la Resolución RA N°NUM004, de 4 de agosto de 2023, renovado después mediante Resolución RA N°NUM005, de 8 de febrero de 2024.

Añade que durante casi nueve años de servicio la afectada ha mantenido evaluaciones sobresalientes, conforme demuestra la lista 1 de distinción obtenida en los periodos 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 y 2022-2023, y solo en el periodo 2023-2024 obtuvo lista 2 buena, con puntaje 78,5, muy cercana a lista 1, y debido a circunstancias excepcionales vinculadas a problemas familiares y una licencia médica formalmente acreditada. Refiere que, pese a dicho historial destacado, la resolución impugnada rebajó dos grados de su contrata para el año 2025, lo que constituye una sanción encubierta que carece de fundamentos reales, pues se apoya en afirmaciones genéricas sobre supuestas brechas de desempeño, ausencia de respuestas oportunas y necesidad de apoyo de otros funcionarios para concluir productos.

Señala que estos argumentos no se condicen con los antecedentes objetivos, con las evaluaciones sobresalientes y con la ausencia de anotaciones de demérito durante todo su historial laboral.

Recalca que el propio servicio aprobó en enero de 2024 el plan de trabajo de seis meses que se le había impuesto para la reafirmación del grado 8, por lo que no existe explicación racional para reinterpretar dicho periodo e instalar la idea de una evaluación permanente no prevista en las bases del concurso Resolución Exenta P N°NUM006 de 28 de abril de 2023. Agrega que se le aplicó un estándar distinto al del resto de los funcionarios, siendo la única a quien se exigió una evaluación adicional, lo que configura una vulneración evidente al principio de igualdad ante la ley. Explica que la disminución en la calificación del último periodo obedeció a hechos ajenos a su voluntad, derivados de una crisis personal y familiar asociada a su separación, situación que fue comunicada oportunamente a su jefatura, y que requirió una licencia médica. Indica que, lejos de recibir apoyo institucional, este episodio fue utilizado en su contra, reprochándole efectos en la sobrecarga laboral del equipo, pese a tratarse de contingencias protegidas por el ordenamiento jurídico. Señala que no se le aclararon funciones, expectativas ni criterios de trabajo; que fue excluida de equipos y reuniones; y que se le retiraron funciones de subrogancia sin explicación, todo lo cual revela una inflexión injustificada y lesiva en su trato laboral, que posteriormente se tradujo en la rebaja de grado. Alega que la resolución impugnada carece de fundamentación suficiente, vulnerando el artículo 11 de la Ley N°19.880, el artículo 41 del mismo cuerpo legal, el artículo 8 inciso 2 de la Constitución, y la jurisprudencia administrativa contenida en los Dictámenes N°85.700 de 2016 y N°6.400 de 2018 de la Contraloría, que exigen expresión clara de hechos y fundamentos cuando un acto afecta derechos de los particulares. Sostiene que la falta de fundamentación transforma la decisión en arbitraria, conforme a los criterios fijados por la Contraloría y la Corte Suprema, citando entre otros el fallo Rol N°16.790, mayo de 1991, que exige motivación estricta en actos discrecionales por su impacto en derechos fundamentales. Añade que la resolución se limita a repetir juicios vagos, sin acreditar hechos concretos, sin ponderar antecedentes relevantes y sin guardar proporción entre los supuestos fundamentos y la severidad de la medida, que altera gravemente la vida de la afectada. Denuncia que la decisión vulnera la garantía del artículo 19 N°1, pues agrava el cuadro emocional derivado de su situación personal y familiar, afectando su integridad psíquica al reducir sus ingresos en un contexto de crisis. Añade vulneración del artículo 19 N°2, por recibir un trato discriminatorio en su evaluación, exigiéndole condiciones distintas de las aplicadas a otros funcionarios, pese a haber accedido al grado mediante concurso. Agrega afectación al artículo 19 N°4, por haberse considerado en su contra aspectos de su vida privada, como su proceso de separación, su rol como jefa de hogar y la necesidad de cuidado de sus hijos menores. Finalmente, denuncia vulneración al artículo 19 N°24, por afectarse su derecho de propiedad sobre las remuneraciones correspondientes al grado obtenido por concurso, derecho que no puede ser alterado sin causa legal suficiente ni fundamentación idónea. Advierte que la Contraloría no se pronunció sobre el reclamo de ilegalidad por estimar que la materia era litigiosa, lo que mantuvo suspendido el plazo para recurrir y habilita la interposición de esta acción de protección. Concluye que la rebaja arbitraria de grados constituye un acto ilegal, arbitrario, desproporcionado, carente de motivación, contrario al principio de igualdad y lesivo de derechos fundamentales, por lo que debe ser dejado sin efecto. Solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto la rebaja de grados dispuesta en la Resolución Exenta RA N°NUM000 y en la Resolución Exenta N°NUM001, y se ordene dictar un nuevo acto administrativo que restituya a la afectada en el grado 8, con sus funciones y con el pago íntegro de las diferencias de remuneración y beneficios desde 1 de enero de 2025, con costas.

Segundo: Informando al tenor del recurso, comparece Katharina Buschmann Werkmeister, en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), solicitando el rechazo del recurso, con costas, por estimar que la acción fue interpuesta fuera de plazo y que, en todo caso, no existe acto ilegal ni arbitrario atribuible a la SMA que vulnere las garantías constitucionales invocadas por nombre reservado. Expone que la recurrente ingresó a la SMA como honoraria a suma alzada entre el 18 de enero de 2016 y el 31 de octubre de 2018; que posteriormente, mediante Resolución Exenta TRA N°NUM007, de 5 de diciembre de 2018, se le designó a contrata, grado 11 de la Escala de Organismos Fiscalizadores, como profesional de la División de Sanción y Cumplimiento, a contar del 1 de noviembre de 2018, renovándose luego dicha designación.

Indica que mediante Resolución Exenta TRA N°NUM008, de 4 de abril de 2019, se aumentó su grado a 10, a contar del 1 de abril de 2019, contrata que se fue renovando sucesivamente hasta el año 2023. Explica que finalmente, por Resolución Exenta RA N°NUM004, de 4 de agosto de 2023, se le asignó una nueva contrata en grado 8 de la Escala de Organismos Fiscalizadores, tras ganar un concurso público dirigido a contratar un profesional de las ciencias de alta calificación para la División de Sanción y Cumplimiento.

Señala que, luego, por Resolución Exenta RA N°NUM000, la Jefa de Servicio decidió, fundadamente, bajar su grado para el año 2025, asignándole nuevamente el grado 10, que ostentaba antes del grado 8, atendida su calificación en el último periodo de evaluación y el hecho de que su desempeño no habría sido acorde con las exigencias del cargo de profesional de las ciencias de alta calificación. Expresa que, con fecha 6 de noviembre de 2024, la recurrente dedujo recurso de reposición contra la Resolución Exenta RA N°NUM000, solicitando dejarla sin efecto y mantener su contrata en grado 8 para el año 2025; que dicho recurso fue rechazado mediante Resolución Exenta N°NUM001, de 30 de diciembre de 2024. Expone que, posteriormente, el 15 de enero de 2025, la funcionaria presentó reclamo ante la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago por la rebaja de su grado remuneratorio, lo que motivó el Oficio N°NUM009, de 5 de febrero de 2025, por el cual la Contraloría requirió antecedentes a la SMA. Señala que la SMA informó mediante ORD N°NUM010, de 26 de febrero de 2025, y que, finalmente, la I Contraloría Regional Metropolitana se abstuvo de emitir pronunciamiento mediante Oficio N°NUM011, de 22 de junio de 2025, invocando el artículo 6 inciso tercero de la Ley N°10.336 y su propia jurisprudencia administrativa contenida en el Dictamen N°NUM012, de 6 de noviembre de 2024, por cuanto las cuestiones relativas a confianza legítima han devenido en litigiosas. Releva que, a la fecha del informe, nombre reservado se desempeña como funcionaria de la SMA a contrata, grado 10 de la Escala de Organismos Fiscalizadores, profesional de la División de Sanción y Cumplimiento. Sostiene que el recurso de protección ha sido interpuesto fuera del plazo de treinta días que establece el Auto Acordado N°94-2015 sobre tramitación y fallo del recurso de protección. Precisa que la Resolución Exenta RA N°NUM000 fue dictada el 24 de noviembre de 2024 y notificada personalmente el 29 de noviembre de 2024, y que la Resolución Exenta N°NUM001 fue dictada el 30 de diciembre de 2024 y notificada por correo electrónico el 31 de diciembre de 2024, de modo que, incluso tomando como referencia más favorable la notificación de esta última, el plazo para recurrir habría vencido, a más tardar, el 30 de enero de 2025. Sin embargo, el recurso de protección se dedujo el 23 de julio de 2025, esto es, aproximadamente seis meses después de la dictación y notificación de los actos impugnados. Indica que la recurrente intenta justificar dicha extemporaneidad alegando que previamente dedujo un reclamo ante la Contraloría y que, por ello, el plazo se habría entendido “suspendido” hasta que dicho órgano se pronunciara. La SMA sostiene que no existe norma alguna que establezca esa suspensión del plazo del recurso de protección por la interposición de otras acciones administrativas, recordando que la suspensión es una institución de aplicación e interpretación restrictiva y debe estar expresamente prevista por la ley. Cita como respaldo la doctrina sobre suspensión de prescripción en responsabilidad extracontractual y, especialmente, la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, en sentencia de 20 de diciembre de 2018, Rol N°25.150-2018, donde se razona que el plazo del recurso de protección es objetivo, que busca un remedio rápido e inmediato y que no puede quedar al arbitrio del recurrente a través de presentaciones no previstas en el procedimiento. Se recuerda, en esa línea, que la Corte ha señalado que no resulta procedente que presentaciones ante autoridades administrativas generen un nuevo plazo para recurrir, porque eso entregaría el cómputo del plazo al propio interesado, desnaturalizando el carácter cautelar y urgente del recurso. Concluye, por consiguiente, que la acción es extemporánea y debe ser rechazada por esta sola razón. En subsidio de la anterior alegación, afirma que no existe acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la SMA. En primer término, desarrolla el proceso de precalificación y calificación de desempeño 2023–2024 de la recurrente. Indica que, en el período de evaluación entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, coincidente con sus nuevas funciones en grado 8, se detectaron deficiencias significativas en el cumplimiento de sus labores. Precisa que se observaron insuficiencias en la comprensión de los requerimientos y en su priorización, lo que obligó a iterar reiteradamente sus productos o a solicitar apoyo de otros profesionales de la Sección de Profesionales de las Ciencias para alcanzar el estándar requerido; así como problemas de respuesta oportuna frente a casos urgentes, especialmente aquellos con plazos acotados fijados por Tribunales y por la Contraloría General de la República, evidenciándose falta de compromiso e involucramiento con los casos asignados. Destaca, a modo de ejemplo, que ante un requerimiento efectuado el 17 de noviembre de 2023, cuyo plazo fatal ante la Corte Suprema vencía el 5 de diciembre de 2023, la funcionaria, pese a haber sido informada en reunión específica, respondió recién el 6 de diciembre, fuera de plazo, lo que fue representado por la Encargada de Litigios de Fiscalía, poniendo en riesgo una defensa judicial relevante. Se explica que esta conducta evidencia falla en la coordinación y en la diligencia requerida para la alta exigencia del cargo de grado 8, más aún cuando se trata de un rol de profesional senior. Expone que, en el informe de “Precalificación del desempeño 2023–2024”, la recurrente fue evaluada con nota 7 de 10 en el subfactor “Cumplimiento de la labor realizada”, señalándose que, si bien cumple los plazos en términos generales, existen brechas en la oportunidad y comprensión adecuada de los requerimientos que obligan a iteraciones y retrasan la disponibilidad de los productos. En el subfactor “Calidad de la labor realizada”, también obtuvo nota 7 de 10, consignándose que las versiones preliminares de sus informes han tenido falencias que han requerido apoyo de otros integrantes del equipo, lo que no es esperable de una profesional senior, debiendo mejorar la comprensión del objetivo de lo solicitado para entregar productos con mayor grado de completitud desde la primera versión. En el subfactor “Interés por el trabajo que realiza”, igualmente fue calificada con nota 7 de 10, resaltándose que debe fortalecer su compromiso con los casos asignados, su participación activa en gestiones del procedimiento sancionatorio, y su empoderamiento en el rol senior y como subrogante del Encargado de Sección, especialmente en la detección de oportunidades de mejora y articulación del equipo con un manejo autónomo y propositivo. Indica que, tras las observaciones formuladas por la propia funcionaria a esta precalificación, el asunto fue conocido por la Junta Calificadora, integrada por funcionarios de todos los estamentos de la SMA. Se señala que dicha Junta, luego de debatir y revisar los antecedentes, mantiene por mayoría todas las notas asignadas por la jefatura, confirmando la calificación en Lista N°2, Buena, con 78,5 puntos de un máximo de 100, la más baja de los 15 profesionales que integran la Sección de Profesionales de las Ciencias. Destaca que la Junta concluye que existe efectivamente el perfil “senior”, vinculado al grado 8, que la interesada aceptó al postular, y que ese rol implica responsabilidades superiores a las que tenía en grado 10, de modo que no es posible alegar sorpresa o desconocimiento respecto de las exigencias vinculadas al cargo. Sobre esta base, sostiene que la Resolución Exenta RA N°NUM000 se encuentra debidamente fundamentada, pues detalla los antecedentes de desempeño, describe las brechas observadas, alude a la calificación obtenida, y explica por qué se considera adecuado retrotraer a la funcionaria a grado 10, equiparando sus funciones al nivel de responsabilidad y calidad que efectivamente ha demostrado. Recuerda que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República y a la jurisprudencia de la Corte Suprema, los funcionarios no son propietarios de funciones específicas ni de un determinado grado, y que la potestad de ajustar el grado al perfil de funciones efectivamente desempeñadas es válida, siempre que exista un acto debidamente motivado. En este sentido, cita la doctrina de la confianza legítima, afirmando que ésta se vincula con el vínculo funcionarial y no con la función concreta o el grado de jefatura, y se reproducen los criterios de la Excelentísima Corte Suprema en causas como Rol N°13.576-2024, Rol N°64.624-2023, Rol N°28.373-2024, Rol N°14.117-2024 y Rol N°190.704-2023, donde se ha resuelto que no es arbitraria una rebaja de grado cuando obedece a un ajuste de perfil fundado y el vínculo funcionarial se mantiene. Recuerda además el artículo 9 de la Ley N°18.834, que exige que el grado sea coherente con la importancia de la función que se desempeña. En cuanto a la Resolución Exenta N°NUM001, que rechazó el recurso de reposición, en relación con la supuesta incoherencia con las evaluaciones anteriores en Lista 1, se explica que las calificaciones se refieren a periodos específicos, según el artículo 47 de la Ley N°18.575 y el artículo 32 del Estatuto Administrativo, y sirven de base para ascensos, estímulos o eliminación, pero no generan un derecho adquirido a mantener una misma evaluación futura ni a conservar el mismo grado. Se agrega que las evaluaciones de Distinción de los años anteriores corresponden al desempeño en grado 11 y 10, no en grado 8, por lo que no son comparables, ni constituyen obstáculo para valorar negativamente el desempeño en un cargo distinto y más exigente. Respecto del periodo de prueba de seis meses, se indica que ese mecanismo, previsto en las bases de concurso, es una evaluación extraordinaria, que no excluye ni reemplaza la calificación ordinaria anual cuando el funcionario ha ejercido sus funciones por más de seis meses bajo la misma jefatura. Se sostiene que, aunque la funcionaria haya superado dicho período de prueba, ello no impide que su desempeño posterior sea evaluado globalmente, ni convierte en arbitraria la decisión adoptada a partir de la calificación 2023–2024, máxime cuando durante ese mismo periodo se le hicieron sucesivas retroalimentaciones, señalándole aspectos a mejorar, lo que finalmente no se concretó. En lo relativo a la alegación de que la rebaja de grado se relacionaría con sus licencias médicas y con una situación personal compleja, se afirma que la SMA no ha fundado la decisión en las licencias, que estas han sido respetadas como lo exige el ordenamiento, y que, por el contrario, se han dado facilidades, como cambios de día de teletrabajo y reprogramación de reuniones, para compatibilizar su vida familiar y laboral. Se subraya que la baja de grado se apoya exclusivamente en el desempeño efectivo, reflejado en la calificación y en hechos concretos de trabajo, no en sus estados de salud. Frente al reproche de falta de definición de funciones y expectativas, se sostiene que la funcionaria conocía el perfil de profesional de las ciencias de alta calificación definido para el grado 8; que le fue presentado un Plan de Trabajo específico al asumir dicho cargo; que se celebraron múltiples reuniones de retroalimentación –entre otros, los días 8 de febrero, 10 de julio y 2 de octubre de 2024– en que se le indicaron brechas y estándares esperados; y que, aun así, su desempeño no alcanzó el nivel requerido. Se explica que los criterios de trabajo se sociabilizan a través de reuniones de equipo y, sobre todo, mediante los actos administrativos que la División de Sanción y Cumplimiento dicta regularmente, siendo responsabilidad de cada profesional mantenerse actualizado, particularmente quienes tienen rol senior. En cuanto a la queja relativa a que ya no se le pidió subrogar al Encargado de la Sección, se señala que las subrogancias institucionales se regulan por Resolución Exenta N°2452 de 2024, y que las subrogancias internas de equipo dependen de la jefatura directa según la necesidad real del servicio. Se indica que las situaciones referidas por la recurrente –asistencia del Encargado a seminarios y acompañamiento a delegaciones extranjeras– no requerían necesariamente subrogancia formal, de modo que la ausencia de encargo subrogante no configura arbitrariedad ni trato vejatorio. Sobre la alegada vulneración de las garantías del artículo 19 N°1, N°2, N°4 y N°24, la SMA sostiene que la actuación impugnada no importa privación ni perturbación ilegítima de tales derechos. Afirma que no se trata de una desvinculación, sino de una adecuación del grado a las funciones efectivamente desempeñadas, con conservación del vínculo; que no hay indicios de discriminación arbitraria, puesto que la decisión se basa en una calificación objetiva, revisada por una Junta Calificadora; que no se han divulgado ni instrumentalizado aspectos de la vida privada más allá de lo estrictamente necesario para gestionar licencias y horarios; y que no existe un derecho de propiedad absoluto sobre un determinado grado, ya que el derecho de propiedad en el ámbito funcionarial se limita a las remuneraciones del cargo efectivamente asignado conforme al artículo 9 de la Ley N°18.834 y a la función que se desempeña. Concluye que la SMA ha actuado dentro de sus facultades legales, conforme a los principios de juridicidad, motivación y razonabilidad, que la Resolución Exenta RA N°NUM000 y la Resolución Exenta N°NUM001 se encuentran debidamente fundadas en antecedentes objetivos de desempeño, y que no existe el acto u omisión ilegal o arbitrario que exige el artículo 20 de la Constitución para la procedencia del recurso de protección.

Tercero: El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga un, ra suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Cuarto: El acto administrativo que la recurrente considera ilegal y arbitrario consiste en la Resolución Exenta RA N°NUM000, de 29 de noviembre de 2024, complementada por la Resolución Exenta N° NUM001, de 30 de diciembre de 2024, dictadas ambas por el Servicio de Evaluación Ambiental, mediante el cual se dispuso el cambio de grado de la recurrente, del 8° al 10° E.U.R.

Quinto: En cuanto a la alegación de extemporaneidad que formula la recurrida, lo cierto es que los actos administrativos impugnados mediante esta acción constitucional fueron notificados a la recurrente, respectivamente, el 29 de noviembre y el 31 de diciembre, ambos del año 2024, por lo que este arbitrio ha sido deducido vencido el plazo legal de 30 días que contempla el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia.

A lo anterior, cabe agregar que el recurso de reclamación deducido ante la Contraloría General de la República no suspende dicho término judicial, pues no hay disposición legal alguna que contemple esa circunstancia.

Por otra parte, lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880 no altera esta situación, toda vez que la presentación hecha por la recurrente al ente contralor no es uno de los recursos que esté expresamente contemplado en la ley, en particular en el Estatuto Administrativo, de modo tal que no puede ese solo hecho provocar el efecto de suspensión o interrupción del plazo legal que establece el Auto Acordado antes referido.

En consecuencia, el recurso de protección debe ser rechazado, al haberse deducido fuera del plazo legal.

Sexto: Sin perjuicio de lo anterior, razón suficiente para desestimar el arbitrio, de todas formas, en cuanto al fondo de lo debatido, la acción cautelar no puede prosperar.

En efecto, como lo ha sostenido la jurisprudencia en forma reiterada, la facultad de la autoridad administrativa para disponer un cambio de grado en un funcionario público debe cumplir dos supuestos. El primero es que el acto que así lo dispone se encuentre motivado y, segundo, que las razones que motivan esa decisión sean técnicas, de idoneidad o de cambio de funciones.

En la especie, ambos supuestos se cumplen, pues en cuanto el primer requisito, fundadamente, la jefe del servicio decidió bajar su grado para el año 2025, asignándole nuevamente el grado 10, que ostentaba antes del grado 8, atendida su calificación en el último periodo de evaluación y el hecho de que su desempeño no habría sido acorde con las exigencias del cargo de profesional de las ciencias de alta calificación.

En lo que respecta al segundo requisito, también se cumple, pues las razones dadas en la resolución impugnada tienen su fundamento en el proceso de precalificación y calificación de desempeño 2023–2024 de la recurrente, coincidente con sus nuevas funciones en grado 8, en el cual se detectaron deficiencias significativas en el cumplimiento de sus labores. Se observaron insuficiencias en la comprensión de los requerimientos y en su priorización, lo que obligó a iterar reiteradamente sus productos o a solicitar apoyo de otros profesionales de la Sección de Profesionales de las Ciencias para alcanzar el estándar requerido; así como problemas de respuesta oportuna frente a casos urgentes, especialmente aquellos con plazos acotados fijados por Tribunales y por la Contraloría General de la República, evidenciándose falta de compromiso e involucramiento con los casos asignados. De este modo, la nueva función que implicaba el grado 8° no se ajustaba a las capacidades y aptitudes de la recurrente.

Séptimo: Que sobre la base de estos hechos, que en rigor no resultan controvertidos, resulta apropiado subrayar que el inciso cuarto del artículo 10 del Estatuto Administrativo establece lo siguiente: “En los empleos a contrata la asignación a un grado será de acuerdo con la importancia de la función que se desempeñe y con la capacidad, calificación e idoneidad personal de quien sirva dicho cargo y, en consecuencia, les corresponderá el sueldo y demás remuneraciones de ese grado, excluyendo toda discriminación que pueda alterar el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres”.

Octavo: De lo anterior se puede colegir que al disponer la recurrida, mediante la Resolución Exenta RA N°NUM000, de 29 de noviembre de 2024, la modificación del grado de la recurrente de 8° a 10° no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno, pues esa decisión obedece a que conforme a la calificación pudo demostrarse que la recurrente no reúne las condiciones que requiere la función asignada a ese grado, lo que configura una de las razones técnicas para modificar el grado asignado a la actora, teniendo, además, presente que la recurrente tiene un cargo a contrata, cuya naturaleza es esencialmente transitorio.

Noveno: En consecuencia, no existiendo un acto ilegal o arbitrario, susceptible de ser atribuido a la entidad recurrida, el recurso de protección debe ser rechazado, siendo inoficioso ponderar las garantías fundamentales que se estiman vulneradas por la actora.

Por los motivos anteriores, más lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, sin costas.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

N°Protección-16717-2025.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno e integrada por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por el ministro (S) señor nombre reservado.