Protección contra AFP UNO S

C.A. de Santiago Santiago, seis de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la AFP UNO S.A., por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos previsionales de la recurrente en su calidad de extranjera.

Actuación que considera ilegal y arbitraria, que vulnera los derechos del artículo 19 numerales 2 y 24 de la Carta Fundamental.

Expone que nombre reservado, solicitó ante la recurrida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de sus fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Sin embargo, mediante correo electrónico de fecha 15 de julio de 2025, fue informada por la administradora del rechazo de su solicitud, señalándole lo siguiente: "Te contamos que tu solicitud número NUM000 de Técnico extranjero afiliado ha sido rechazada. Nuestro equipo revisó tu solicitud y al realizar las validaciones correspondientes, se encontraron algunas observaciones por lo que este trámite no puede seguir avanzando." Señala que para dar cumplimiento a dichos requisitos, la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1) Contrato de trabajo; 2) Anexo de contrato individual de trabajo; 3) Constancia electrónica de cotizaciones ante el Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales (IVSS); y 4) Título Profesional. En consecuencia, afirma que ha dado íntegro cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP. Sin embargo, la recurrida ha obstaculizado dicho proceso, realizando una interpretación formalista de la norma y desatendiendo la finalidad del legislador, esto es, que los extranjeros puedan disponer de sus ahorros previsionales.

Aduce que la administradora de fondos pretende desconocer un documento por la falta de verificación y/o vigencia de la declaración de afiliación en el Instituto Venezolano de Seguro Social, la cual es legítima por cuanto fue efectuada ante la embajada durante el periodo en que se encontraba operativa, siendo esta legalizada posteriormente por Chile. En este sentido, argumenta que no puede desconocerse la protección que en el país de origen de la recurrente le brinda en caso de vejez, sobrevivencia, enfermedad, invalidez, muerte, entre otros.

Reclama que la recurrida ha vulnerado dos garantías constitucionales: el derecho a la igualdad ante la ley, previsto en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política, al darle un trato desigual con respecto a otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias y cumpliendo con lo solicitado, han recibido respuestas favorables; y el derecho a la propiedad privada, establecido en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución, al impedir que la recurrente disponga de sus fondos previsionales, que constituyen bienes de su propiedad.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se reconozca como válida la documentación acompañada, se ordene a la recurrida realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho dentro de un plazo de 5 días o el que el tribunal estime conforme al mérito de autos, y se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que informa la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., a través de la abogada Romina Dalbosco Cornejo, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto en todas sus partes.

Respecto a los hechos, indica que con fecha 12 de julio de 2025, doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, inició ante AFP UNO S.A., por medio de sucursal de la Administradora, su trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, en conformidad a la Ley N°18.156, respecto a los empleadores "Goodmeal Chile SPA", "Enovus SPA" y "ClassroomTV Capacitación SpA". En aquella oportunidad, la actora acompañó a su solicitud copia de diversos antecedentes, entre ellos, contratos de trabajo con sus respectivos anexos, título profesional con su apostilla, certificado de constancia de cotizaciones y una declaración jurada.

Con fecha 15 de junio de 2025 (sic) se le informó a la recurrente el rechazo de su solicitud, indicando que los documentos presentados no cumplían con los requisitos para esta solicitud, específicamente el Certificado de Institución de Seguridad Social.

En cuanto a las alegaciones de derecho, sostiene en primer lugar, que el recurso de protección constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, mediante la adopción de medidas urgentes de resguardo ante un acto arbitrario o ilegal que impida, moleste o amague ese ejercicio. En este sentido, afirma que la recurrente no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal que le impida, moleste o amague el ejercicio de un derecho, sino que, por el contrario, se pretende ejercer por esta vía un derecho cuyo ejercicio y características están claramente definidos en el ordenamiento jurídico de manera distinta a lo que se pretende.

En cuanto al fondo sostiene que en materia laboral y previsional rige en Chile el principio de territorialidad, esto es, que a los trabajadores que se desempeñan en nuestro país, sean chilenos o extranjeros, se les aplican las leyes laborales y previsionales vigentes en Chile, salvo dos excepciones: a)

Que el trabajador se encuentre acogido a un Convenio Bilateral de Seguridad Social en calidad de desplazado, lo que le habilitaría para mantener el entero de cotizaciones en su país de origen; y b) Que el trabajador quede exento de cotizar, o bien, en caso de haber enterado cotizaciones, pueda efectuar el retiro de los fondos previsionales acumulados, siempre que dé cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ley N°18.156, sobre exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros.

A este respecto, explica que el artículo 1° de la Ley N°18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones regulan la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que cumplan con los requisitos prescritos en dicho artículo y en el Libro II, Título XI del referido Compendio. Por su parte, el artículo 7° de la misma ley otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, a los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del citado cuerpo legal.

Detalla que dichos requisitos son: a) Detentar la calidad de técnicos, entendiendo por tales a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados; b) Encontrarse afiliados a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza, que otorgue prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, con anterioridad a la fecha de su contrato en Chile, lo que debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada; y c)

Manifestar expresamente en el contrato de trabajo su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

En relación a la legalización de documentos, la recurrida cita el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, que regula la forma en que deben presentarse los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile, señalando que estos deben estar debidamente legalizados, entendiéndose por tales aquellos en que conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios correspondientes.

Enfatiza que, conforme a la normativa citada, los trabajadores extranjeros efectivamente pueden estar exentos de la obligación de cotizar en Chile, siempre que cumplan con los requisitos legales, entre ellos, encontrarse afiliados a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, debiendo el documento que acredite tal calidad encontrarse debidamente legalizado y apostillado.

En dicho sentido, sostiene que el rechazo de la solicitud se fundamenta en el estricto cumplimiento de la normativa vigente y no en criterios arbitrarios o restrictivos. Argumenta que la constancia presentada por la recurrente fue un documento erróneo en cuanto a su naturaleza, pues no acreditaba la afiliación efectiva ni la cobertura previsional exigida, y carecía de la legalización requerida para producir efectos legales en Chile. Asimismo, hace referencia al Oficio Ordinario N°NUM001 de fecha 17 de julio de 2025, emitido por la Superintendencia de Pensiones, que establece que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas ni apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para acreditar la exigencia en cuestión.

Por lo anterior, sostiene que AFP UNO S.A. en ningún caso ha obstaculizado el ejercicio de derechos por parte de la recurrente, ni ha efectuado una interpretación antojadiza, restrictiva o formalista del marco normativo aplicable, sino que ha actuado conforme a las disposiciones legales vigentes, en particular lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la Ley N°18.156, y los oficios emitidos por la División de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores y por la Superintendencia de Pensiones.

En cuanto a la verificación de documentos mediante enlaces web, argumenta que la simple remisión a un portal de internet no cumple con los requisitos formales exigidos por la legislación chilena para acreditar la validez de documentos extranjeros, citando lo señalado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el sentido de que la validez y eficacia de un documento extranjero para producir efectos legales en Chile está condicionada a su presentación debidamente legalizado o apostillado.

La parte recurrida cita también el Oficio Ordinario N°NUM001 de fecha 17 de julio de 2025, emitido por la Superintendencia de Pensiones, que aclara que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentren firmadas por quien emite el documento ni estén apostilladas o legalizadas, no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión.

Finalmente, la parte recurrida argumenta que acceder a lo solicitado por la recurrente implicaría apartarse del principio de igualdad ante la ley y otorgar un trato diferenciado e injustificado sin respaldo legal suficiente, vulnerando la igualdad de trato que corresponde a todos los afiliados en circunstancias similares.

En virtud de lo expuesto, la parte recurrida solicita el rechazo en todas sus partes del recurso de protección interpuesto en su contra, con expresa condenación en costas, fundado en que no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal, sino que ha dado estricto cumplimiento a la ley y a la normativa previsional vigente de la Superintendencia de Pensiones.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

QUINTO: Que, conforme a lo señalado, el acto impugnado en estos autos consiste en la comunicación de fecha 15 de julio de 2025 mediante la cual la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por la recurrente en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 18.156, fundándose dicha decisión en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios exigidos para acceder a dicha devolución.

SEXTO: Que, según el artículo 7 de la Ley N° 18.156, los trabajadores extranjeros que hubieren registrado cotizaciones previsionales en una administradora podrán solicitar su devolución, siempre que hayan cumplido previamente con las condiciones del artículo 1° del mismo cuerpo legal. Entre estas, se contempla que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social extranjero que otorgue prestaciones, al menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que haya expresado su voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo. Esta normativa ha sido complementada y precisada por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones emitido por la Superintendencia de Pensiones.

SÉPTIMO: Que, en la especie, del mérito de los antecedentes allegados al proceso, se observa que la recurrente acompañó una constancia electrónica de cotizaciones ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Si bien este documento pretende acreditar su afiliación al sistema previsional venezolano, el mismo no cuenta con la debida apostilla o legalización exigida por la normativa vigente, requisito esencial para que dicho documento produzca efectos legales en Chile.

OCTAVO: Que, adicionalmente, la recurrente pretendió validar la autenticidad del documento mediante su presentación ante la embajada durante el periodo en que se encontraba operativa. Sin embargo, dicha verificación no sustituye la exigencia legal de legalización o apostilla establecida expresamente en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil que dispone que "Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas. La autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarios se comprobará en Chile por alguno de los medios siguientes: 1°. El atestado de un agente diplomático o consular chileno, acreditado en el país de donde el instrumento procede, y cuya firma se compruebe con el respectivo certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores; 2°. El atestado de un agente diplomático o consular de una nación amiga acreditado en el mismo país, a falta de funcionario chileno, certificándose en este caso la firma por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores del país a que pertenezca el agente o del Ministro Diplomático de dicho país en Chile, y además por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República en ambos casos; y 3°. El atestado del agente diplomático acreditado en Chile por el Gobierno del país en donde se otorgó el instrumento, certificándose su firma por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República". En dicho sentido, la legalización o apostilla constituye una formalidad sustancial que permite dotar de autenticidad y fuerza probatoria a documentos públicos emitidos en el extranjero, razón por la cual no puede reprocharse a la AFP recurrida el haber desestimado el documento por carecer de esta formalidad.

NOVENO: Que, en este contexto, la resolución de rechazo dictada por la administradora no se presenta como un acto ilegal, en la medida que encuentra sustento en normas legales y administrativas expresas. Tampoco se divisa arbitrariedad en su emisión, toda vez que se han aplicado de manera razonable y objetiva los requisitos previamente establecidos por el ordenamiento jurídico, sin apreciarse elementos de discriminación, irracionalidad o desvío de poder. Por el contrario, el actuar de la AFP Uno S.A. se ajusta a las facultades que le otorga la ley para verificar el cumplimiento de las condiciones necesarias para proceder con la devolución de fondos previsionales.

DÉCIMO: Que, por lo demás, no se priva a la recurrente de la posibilidad de obtener la devolución de sus fondos en el futuro. En tal sentido, el rechazo actual no constituye una afectación definitiva o irreparable de sus derechos, sino una negativa basada en el incumplimiento de requisitos objetivos que pueden ser eventualmente subsanados.

UNDÉCIMO: Que, en atención a todo lo anterior, no se configura en la especie la existencia de un acto ilegal o arbitrario que justifique acoger la acción de protección intentada, la cual, como ha sido señalado reiteradamente por la jurisprudencia de los tribunales superiores, exige la existencia de un derecho indubitado, actual y evidente, cuyo ejercicio se vea afectado por una acción u omisión contraria a derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-16716-2025