nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro.

Visto:

1°) Que los abogados Matías Daniel Serey Guerra y Jaime Nicolás Jaramillo Chahuán, en representación de nombre reservado, chilena, abogada, domiciliada en domicilio reservado, accionan de protección contra la Tesorería General de la República, representada por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto que estiman arbitrario e ilegal consistente en compensar una acreencia contra el Fisco con una deuda CAE, afectando sus garantías Nros.2 y 2 del artículo 19 4 de la Constitución Política.

Explican que en el recurso de protección Rol 72.876-2022 se dictó sentencia -actualmente firme y ejecutoriada- que ordenó a la recurrida pagar la totalidad de las remuneraciones y cotizaciones devengadas en su favor mientras duró la separación de los servicios y hasta el día 31 de diciembre de 2022; recurso que había sido interpuesto contra la resolución exenta RA Nro.119302/100/2022, de 21 de abril de 2022, emanado de la Subsecretaría de Prevención del Delito, poniendo término anticipado a su contrata. La recurrida en dicha acción constitucional dictó la resolución exenta Nro.2544, de 30 de octubre de 2023, ordenando pagar $18.591.946, en un monto líquido de $15.132.740; sin embargo, dicha cantidad no le ha sido entregada porque la Tesorería General de la República, mediante respuesta en la Oficina Virtual TGR, caso Nro.887998, le informó el 10 de noviembre de 2023 que había compensado dicha cantidad, el día 9 de ese mes, con la deuda morosa por Crédito con Aval del Estado (CAE) de la recurrente.

Estiman que se ha vulnerado el derecho de propiedad de su representada, sin que exista norma alguna que permita compensar remuneraciones percibidas por los funcionarios públicos, las cuales son inembargables en virtud de lo establecido en el artículo 57 del Código del Trabajo, así como en los artículos 95 y 96 de la Ley Nro.18.834.

Del mismo modo afirman que se transgrede el derecho de igualdad ante la ley en relación con otros funcionarios públicos, respeto de quienes bastaría constatar que son deudores del mencionado crédito para rebajar de sus remuneraciones su pago.

Y añaden que la Tesorería General de la República no tiene facultades para retener los montos derivados de remuneraciones, sino solamente la devolución de impuestos de conformidad con el artículo 17 de la Ley Nro.20.027. Si bien el artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley Nro.1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del estatuto orgánico del Servicio de Tesorerías, establece la posibilidad de compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, en el presente caso, existen normas de rango legal, especiales y específicas, referidas a la remuneraciones, las cuales impiden tal compensación, mismas que deben primar sobre la norma general y de carácter reglamentario.

Piden declarar ilegal y/o arbitraria la compensación o retención efectuada de las remuneraciones de su representada, ordenando su entrega inmediata, con los reajustes e intereses que procedan, más costas.

2°) Que informa el servicio solicitando el rechazo de la presente acción.

Primeramente, porque lo estima inadmisible atendido que en el recurso de protección aludido por la interesada, se pidió por esa parte el cumplimiento del pago de sus remuneraciones, lo que se tuvo por cumplido por la Corte el 12 de diciembre de 2023, por haber operado el modo de extinguir compensación.

En cuanto al fondo, sostiene que no existe acto arbitrario o ilegal porque la compensación de deudas del contribuyente es una facultad que asiste a Tesorería respecto de deudas de contribuyentes con los créditos que éstos tengan contra el Fisco y que, además de estar contemplada en el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, debe de concordarse con el artículo 1656 del Código Civil, cuyos requisitos se han cumplido en la especie.

Aclara también que no ha existido una “retención”, como se indica en el recurso, ni tampoco que Tesorería sólo está autorizada a retener la devolución de impuestos de conformidad al artículo 17 de la ley N° 20.027 porque el artículo 3° de la Ley Nro.20.027 dispone que el Estado por intermedio del Fisco, garantizará hasta el 90% del capital más los intereses de los créditos que otorguen las instituciones financieras a estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa del Sistema. El artículo 6° del mismo cuerpo legal agrega que la Garantía Estatal se hará efectiva en los casos que el beneficiario del crédito, habiendo egresado de la carrera deje de cumplir con la obligación de pago de éste; y el artículo 35 del Reglamento de la ley, contenido en el Decreto Supremo Nro.182, de 2005, establece que, para efectos del pago de la garantía, se entenderá que el beneficiario ha dejado de cumplir con su obligación, una vez que, agotadas las acciones de cobranza prejudiciales por parte de la entidad financiera respectiva que otorgó el crédito, el alumno haya dejado de pagar, a lo menos, cuatro cuotas consecutivas de su crédito.

Así, por haber incumplido la deudora con su obligación de pago, las instituciones financieras que otorgaron el crédito deben iniciar las acciones de cobro judiciales y extrajudiciales para obtener el pago del crédito que otorgaron; entre estas últimas se encuentra la establecida en el artículo 17 de la ley Nro.20.027, que consiste en solicitar a la Tesorería General de la República que retenga de la devolución de impuestos a la renta que les correspondiere a los deudores del crédito, los montos impagos que le informen las instituciones financieras acreedoras para que, una vez retenidos esos dineros, sean girados por Tesorería a la institución financiera acreedora del respectivo crédito.

Finalmente, aduce que el recurso es improcedente porque no le asiste a la recurrente un derecho indubitado pues la compensación ocurrió por una facultad que le ha sido otorgada expresamente por la ley y porque la presente acción constitucional fue establecida como un mecanismo de emergencia destinado a brindar tutela rápida y eficaz a determinados derechos básicos, frente a violaciones o atropellos manifiestos de los mismos, cuyo no es el caso.

3°) Que, en efecto, en el Rol N°72.876-2022 tenido a la vista, la Excma. Corte Suprema por sentencia dictada el 12 de junio de 2023, resolvió lo siguiente: “[...]se acoge el recurso de protección deducido por los abogados Matías Daniel Serey Guerra y Jaime Nicolás Jaramillo Chahuán, en favor de doña nombre reservado, por lo que se deja sin efecto la Resolución Exenta RA N°119302/100/2022, de 21 de abril de 2022, debiendo proceder la autoridad recurrida, en consecuencia, a pagar a la recurrente la totalidad de las remuneraciones y cotizaciones devengadas en su favor, mientras duró la separación de los servicios y hasta el día 31 de diciembre de 2022”.

El cúmplase de dicha sentencia fue dictado el 3 de julio de 2023 y el 13 de ese mismo mes, informando el Consejo de Defensa del Estado que la Subsecretaría de Prevención del Delito había dejado sin efecto el acto recurrido pero que, en lo relativo al pago de las remuneraciones adeudadas, la Corte debía proceder conforme establece el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil, por lo que acompaña una liquidación de remuneraciones para ser adjuntado al oficio respectivo.

Este último oficio fue remitido por esta Corte en el Rol 72.876-2022 al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el 11 de agosto de 2023, autoridad que por resolución exenta Nro.2544, de 30 de octubre de 2023, ordenó a Tesorería proceder al pago de un monto líquido de $15.132.739, más $1.611.560 por aporte del empleador, reteniéndose únicamente el Impuesto Único a la renta.

Luego de varias peticiones de informe, Tesorería finalmente responde a esta Corte que el 6 de diciembre de 2022, que ha procedido a compensar la cantidad ordenada pagar, con la deuda morosa ascendente a $19.754.280, que la recurrente nombre reservado tendría por concepto de Crédito con Aval del Estado. Todo ello, conforme a las facultades del artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley Nro.1, de 1994, del Ministerio de Hacienda en relación con las reglas generales que sobre compensación establecen los artículos 1656 y siguientes del Código Civil.

La Corte resuelve entonces, el 12 de diciembre de 2023, la petición de cumplimiento del fallo de la siguiente manera: “2° Que, de acuerdo a lo informado por la parte recurrida y la Tesorería General de la República a folios 41 y 45, respectivamente, resulta que, en la especie, se ha compensado la deuda fiscal por concepto de crédito con aval del Estado que la actora mantenía, con el monto que debía pagársele por concepto de remuneraciones y demás prestaciones, en cumplimiento del fallo de autos. 3° Que la parte recurrente ha cuestionado esta forma de cumplimiento. Sin embargo, teniendo presente lo dispuesto por el artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Hacienda, de 1994, que establece el estatuto orgánico del servicio de Tesorerías, dicha institución se encuentra autorizada para compensar deudas de contribuyentes con créditos de estos contra el Fisco, cuyo es el caso, por lo que no cabe sino concluir que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en esta causa. Por estas consideraciones, y no existiendo presentaciones pendientes de resolver, se tiene por cumplida la sentencia dictada en estos autos. Archívese”. La reposición deducida contra esta decisión fue rechazada el 20 de diciembre de 2023.

4°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Como se desprende de ello, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

5°) Que, respecto de la petición de inadmisibilidad, además de haberse resuelto tal cuestión previa por la Excma. Corte Suprema, según se lee en el folio 6, lo cierto es que se arguyen cuestiones de carácter sustantivo.

6°) Que, sobre este último aspecto, sin embargo, es necesario observar que el acto que ahora se denuncia como arbitrario e ilegal, esto es, la compensación que Tesorería General de la República efectuó de las remuneraciones de la afectada con la deuda CAE, ya fue analizada a propósito de la petición de cumplimento que -la misma parte que ahora recurre- hizo en el Rol 72.876-2022 y en donde con toda claridad se emitió un pronunciamiento dando la razón a esa entidad, validando la aplicación del modo de ese extinguir y lo que es más relevante aún, dando por cumplida la sentencia de protección.

7°) Que, frente a esta constatación, sin perjuicio del criterio diverso que esta Sala especializada ha venido sosteniendo acerca de la naturaleza de las deudas que la Tesorería puede compensar, lo cierto es que, a propósito de la acción cautelar incoada, la institución de la cosa juzgada ha operado como regla de clausura, atendido que ha existido un pronunciamiento previo sobre el fondo del conflicto, no obstante la diversa naturaleza de las resoluciones que se comparan.

Siendo ésta la forma en que el derecho procesal chileno ha diseñado esa institución, como mecanismo de control, no puede por esta segunda vía proteccional alterarse lo ya decidido, especialmente si la información necesaria estuvo también disponible del mismo modo que en el presente recurso, en el Rol 72.876-2022. Tratándose además de un punto de derecho.

8°) Que, por lo tanto, respecto del carácter indubitado de los derechos que se estiman amagados, no podría tenerse por conculcado el derecho de igualdad ante la ley de la recurrente porque justamente la garantía de protección opera, en los procesos judiciales, sobre la base de ser tratado por el ente dirimente conforme a las reglas que le legislador ha dado para todo litigante, incluyendo el respeto a la definitividad de las decisiones. De manera que si ya ha sido sometido a un tribunal una misma petición y esta ha sido resuelta con todos los elementos que la hacen equivalente, la decisión primigenia debe ser respetada.

Y, en cuanto al derecho de propiedad, tampoco puede estimarse violentado porque nunca se ha discutido que el derecho a la remuneración ingresó a su patrimonio, sino solamente el destino que -la interpretación en el Rol 72.876-2022- implicó otorgar a esos dineros.

Por estas razones y visto además lo dispuesto en el artículo 19 Nros. 2 y 24 y artículo 20 de la Constitución Política de la República; y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Recurso de Protección, se rechaza la acción constitucional presentada en favor de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por la ministra (S) señora Poza.

Rol Protección N°16.689-2023.-