Protección contra Departamento de Extranjería y Migración por la dilación injustificada en dar res

Santiago, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós.

Al folio N°30: a lo principal, téngase presente; al primer otrosí, a sus antecedentes; al segundo y tercer otrosí, téngase presente.

Al folio N° 31: a lo principal, primer y segundo otrosí, téngase presente; al tercer otrosí, a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 7 de marzo de 2022 a folio 1 comparece doña nombre reservado, cubana, run RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, y recurre de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración por la dilación injustificada en dar respuesta a su solicitud de visa definitiva recepcionada el día 4 de agosto de 2020, siendo víctima de las decisiones de la recurrida que ha modificado continúa e inexplicablemente el proceso solicitando documentos que fueron ingresados correctamente desde el momento inicial.

Indica que a la fecha del recurso su rut se encontraba bloqueado por el Registro Civil desde el día 28 de febrero del año en curso impidiéndole realizar trámites fundamentales, además de generarle la obligación de pagar una multa por estar de forma irregular en el país pese a tener un proceso de Visa en Análisis Resolutivo.

Expresa como derechos vulnerados por este actuar aquellos que consagran los numerales 2°, 4°, 16°, 17° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, agregando que estos hechos no solo la han afectado a ella sino que a su hija y padres, ya que con el bloqueo de su Rut por parte del Servicio de Registro Civil se ha visto imposibilitada de enviar dinero a su hija y sus padres (adultos mayores) y que se encuentran en Cuba. Asimismo, refiere que esta situación le ha impedido optar a un mejor trabajo pese a ser Licenciada en Estudios Socioculturales y Técnico Medio en Comercio y otro en Trabajo Social y también frustrado las posibilidades de solicitar créditos con instituciones bancarias.

Adjunta a su recurso una carta explicativa de su situación en el país y otros antecedentes tales como correos electrónicos recibidos, imágenes de su cuenta de Facebook, y en síntesis, solicita a modo de medida de protección se le otorgue su Visa Definitiva en el país considerando que cumple con los requisitos necesarios para aquello, se desbloquee su Rut por parte del Servicio de Registro Civil y se reconsideren las multas exigidas por causas ajenas a su voluntad como es la dilación en la tramitación de su Visa por parte de la recurrida.

Segundo: Que a folio 13, con fecha 18 de abril la recurrida Servicio Nacional de Migraciones evacuó el informe solicitando el rechazo en todas sus partes del recurso por haber perdido oportunidad y eficacia al haberse pronunciado el Servicio sobre la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente doña nombre reservado.

Señala que mediante Resolución Exenta N°349.013, de fecha 31 de octubre de 2018, se regularizó la situación migratoria de la recurrente y, en consecuencia, se le otorgó visación temporaria, por el período de un año, vigente hasta el 20 de noviembre de 2019.

Relata que luego, con fecha 04 de agosto de 2020, la recurrente solicitó ante esa autoridad permiso de permanencia definitiva, fuera de los plazos estipulados en el artículo 129 N°3 del Reglamento de Extranjería.

Agrega que atendido el período de residencia irregular de la recurrente, previo a su solicitud de permanencia definitiva, la propia recurrente efectuó el cálculo de multa de conformidad a lo establecido en el artículo 71 del DL 1.094, Ley de Extranjería vigente en ese momento. Que, no se interpuso recurso administrativo al respecto, no siendo la vía idónea hacerlo mediante recurso de protección, considerando su extemporaneidad, habiéndose realizado el cálculo de multa señalada con fecha 16 de marzo de 2020.

Sostiene que mediante la Comunicación electrónica folio N°20122999, de fecha 10 de noviembre de 2021, del Departamento de Extranjería y Migración, enviada al correo electrónico aportado por la solicitante correo reservado, se informó a la recurrente que su solicitud era incompleta o insuficiente porque el certificado de antecedentes del país de origen acompañado no estaba vigente, encontrándose vencido de acuerdo a los plazos estipulados, otorgando un plazo de 5 días hábiles para subsanar su solicitud bajo apercibimiento de tenerla por desistida de su petición por aplicación del artículo 31 de la Ley 19.880, sin que la recurrente diera cumplimiento a aquello en el plazo otorgado, de manera que mediante la Resolución Exenta N°22145753, de 21 de marzo de 2022 la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente se declaró desistida.

De esta forma, citando la normativa pertinente para la tramitación de las visas definitivas en el país esto es, artículos 41, 80, 125 y 127 del Decreto Supremo N°597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, solicita el rechazo del recurso interpuesto por haber perdido este oportunidad y eficacia.

Tercero: Que con fecha 27 de abril, la parte recurrente a través de su representación letrada, quien asumió el patrocinio con posterioridad a la interposición del recurso, solicitó una ampliación del informe de la recurrida fundado en haber recibido un certificado de antecedentes que acababa de recibir la recurrente desde Cuba, acompañando dicho documento al proceso con fecha 19 de abril.

Cuarto: Que esta Corte mediante resolución de 4 de mayo ordenó una ampliación de informe al Servicio Nacional de Migraciones, continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, para que fuera evacuado en el término de cinco días.

Quinto: Que dicha ampliación fue finalmente evacuada con fecha 5 de agosto de 2022, y en ella se señaló por parte de la recurrida que al tratarse de una solicitud de visación, correspondía entonces aplicar aquellas reglas de procedimiento contenidas en los artículos 125 y siguientes del Decreto Supremo N°597 Reglamento de la Ley de Extranjería, el Decreto Ley N°1.094, vigentes a la época, y que en ese contexto, se procede a realizar aquella primera revisión de los antecedentes acompañados por un determinado solicitante para efectos de continuar con el análisis o bien, si es necesario, otorgarle los 5 días hábiles del artículo 31 de la Ley N°19.880, para que la interesada proceda a subsanar la falta o acompañar aquellos antecedentes faltantes.

Manifiesta que en el caso del Sra. nombre reservado fue posible notar que su solicitud no había sido realizada de la manera correcta, ya que no había acompañado el certificado vigente de antecedentes penales de su país de origen, debidamente legalizado o apostillado, en conformidad a lo establecido en los artículos 345 N°2 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, lo que motivó que se le otorgará el plazo de 5 días hábiles para efectos de subsanar su solicitud y de esta manera continuar con la tramitación hasta llegar a la etapa resolutiva de la misma, bajo el apercibimiento de tenerse por desistida su solicitud si no lo hiciera en el plazo indicado.

Reitera que tras no haber subsanado el defecto señalado en el plazo conferido el Servicio Nacional de Migraciones dio por concluida la tramitación decretando el desistimiento de su solicitud, a través de la Resolución Exenta N° 22145753, de fecha 21 de marzo de 2022, según lo dispuesto en el artículo 31 inciso final de la Ley N° 19.880, sosteniendo que la recurrente tiene a su disposición aquellos recursos administrativos de la normativa especial de marras, como también aquellos contenidos en la Ley N°19.880, que para este caso se aplica de manera supletoria según lo indicado en las normas de procedimiento administrativo.

En razón de lo expuesto solicita se rechace en todas sus partes el recurso de protección intentado, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria desplegada por dicha autoridad migratoria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio y goce de las garantías constitucionales incoadas por la recurrente.

Sexto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley-, o arbitrario producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y, que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Séptimo: Que el hecho que motiva la presente acción constitucional de acuerdo a lo expuesto por la propia recurrente es la excesiva demora, en la decisión a su solicitud de permanencia definitiva, que fue presentada ante la recurrida el 4 de agosto de 2020.

Octavo: Que de acuerdo a los antecedentes aparejados a la causa, con fecha 10 de noviembre de 2021 se notificó a la recurrida que su solicitud era incompleta porque el certificado de antecedentes del país de origen acompañado no se encontraba vigente y se le otorgó un plazo de 5 días hábiles para subsanar su solicitud, y por no haber dado cumplimiento a lo ordenado por la autoridad administrativa, según se advierte en la Resolución Exenta N°22145753 de 21 de marzo de 2022 la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente se declaró desistida.

Noveno: Que, en consecuencia, esta Corte, respecto de la recurrente nombre reservado, no vislumbra medida alguna que pueda ser adoptada para restablecer el imperio del derecho, por cuanto, su pretensión ya ha sido satisfecha. Por tanto, el recurso de protección deberá ser rechazado en este extremo, por haber perdido oportunidad.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, se rechaza, el presente arbitrio interpuesto en favor de doña nombre reservado.

II.- Cada parte soportará sus propias costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Ingreso Protección N°1668-2022.- Pronunciada por la Primera Sala, integrada por los Ministros señor Inelie Duran Madina, señora Maria Paula Merino Verdugo y el Abogado Integrante señor Jose Ramon Gutierrez Silva.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.