Protección contra Subsecretaría de La Mujer y la Equidad de Género

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve.

A los folios N°s 177045 y 177046: A todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

1°) Comparece doña nombre reservado y recurre de protección en contra de la Subsecretaría de La Mujer y la Equidad de Género, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el término de su contrata para el año 2019, acto que se materializa en la Resolución exenta N° 121583/32/2019, de 4 de febrero de 2019, lo que en su concepto vulneraría garantías constitucionales consagradas en los numerales 1° (integridad física y psíquica de la persona) 2° (Igualdad ante la Ley), 4° (Derecho a la Honra de la Persona) 16° (libertad de trabajo y su protección) del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile y los Tratados Internacionales suscritos por Chile en materia de Derechos Humanos, por considerar que el motivo de cesación de su contrata el 4 de febrero de 2019, del Ministerio de la Mujer, careció de la debida fundamentación y legalidad siendo éste un acto arbitrario e ilegal que priva y perturba el legítimo ejercicio de sus derechos y garantías.

Explica que se desempeñó en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género desde marzo de 2018, como Encargada de la Unidad de Transparencia y del Sistema de Atención Ciudadana, unidad creada mediante Resolución exenta Nº 555, del 1 de junio de 2018, la cual se adjunta. Además se acompaña Memorándum interno Nº D151-2018, en virtud del cual se envía al Sr. nombre reservado, Jefe de la División de Administración y Finanzas los perfiles de los cargos de los funcionarios de la Unidad de Transparencia.

Refiere que el perfil del cargo como Encargada de Transparencia consistía en la supervigilancia del equipo de la unidad en cada una de sus funciones, confección y tramitación de solicitudes de acceso a la información, confección de respuestas de carta a Presidencia, tramitar el proceso de transparencia activa, encargada de Gobierno Abierto.

Agrega que, el informe particular sobre su desempeño funcionario que fue suscrito por el Jefe de la División de Administración y Finanzas y en el cual se contienen los fundamentos de la decisión de no prorrogar su contrata, sería, a su juicio, arbitrario e ilegal ya que adolecería de “falsedad y falta de imparcialidad”. Por cuanto, no es responsabilidad de dicha Unidad de Transparencia, la autorización, cálculo de montos asociados al gasto de viajes de la autoridad, pago de los mismos, sino que su responsabilidad era solicitar la información oficial al Departamento de Administración y Finanzas, quien lo comunica a la Unidad de Transparencia en la que ella se desempeñaba para su publicación por vía correo electrónico, cuya tramitación habría generado un problema comunicacional conforme fue publicado en la prensa que, a su juicio, se relacionaría con los motivos que fundaron el cese de su contrata. Tampoco es responsabilidad de la Unidad de Transparencia, la decisión netamente política de la autoridad del Ministerio, en este caso en particular de la Ministra de Estado de decidir si solicitará o no el uso de viáticos que le corresponden por ley, haciendo uso de los gastos de conformidad al mérito que le corresponde como autoridad. La decisión en comento corresponde a una determinación exclusiva de índole política que deben determinar la Ministra y Subsecretaria con sus respectivos Gabinetes de asesores e informar de ella a la Dirección de Administración y Finanzas para que disponga o no del gasto respectivo.

Explica que a raíz de la situación ocurrida con ocasión de la asistencia de la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género al Consejo de Gabinete Anual, que se realizó en Quillota los días 7 y 8 de diciembre de 2018, en que ella habría indicado que no recibiría viatico, no obstante se habría cometido un error por el departamento de finanzas al entregarle la información a publicar por ley de transparencia, que el día 17 de enero de 2019, el Sr. nombre reservado y el Sr. nombre reservado, Jefe del departamento de finanzas, le habrían solicitado su renuncia voluntaria en virtud de lo ocurrido.

Indica por otra parte, que, se ha afectado su crédito personal y profesional, luego de más de una década de trabajo en la Administración Pública, con las calificaciones y trabajos realizados, con los aportes y sacrificios ejecutados, lo más doloroso de esta situación que ha afectado mi honra como profesional, ha sido la imposibilidad de volver a encontrar un trabajo en la Administración que representa el trabajo de toda su vida profesional. Con todo, una situación impresionante, violenta desde el punto de vista ético y de un nivel poco creíble para un Ministerio que vela por las políticas de género y la protección de la mujer en su entorno social y laboral, ha sido el Informe que contiene la Resolución Exenta Nº 121583/32/2019, de 4 de febrero de 2019, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ya que esta contiene información falsa, tendenciosa, parcial, directamente injuriosa que busca deshonrar, desacreditar y deshonrar mi calidad profesional y personal”.

Expresa además, que, dichas apreciaciones subjetivas e infundadas del Sr. nombre reservado hacia mí no hacen más que demostrar su ánimo de ensuciar, injustificadamente y denostar mi honra, respecto de la labor que cumplía en dicho organismo y de esta forma desvincularme de manera injusta y arbitraria. Es dable mencionar que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ha tenido durante el año 2018 y parte del 2019, como práctica habitual, la elaboración de informes injuriosos y falsos, para justificar la salida de funcionarios públicos quienes han realizado su labor con esmero y dedicación, incluso dedicando su vida al servicio público. Con ello, no sólo dañan su imagen, su honor y nombre, sino que además, los dejan sin trabajo y sin posibilidad alguna de encontrar uno nuevo. Para luego pasar a detallar como habría sido presionada por ellos para presentar su renuncia, lo que ella no acepto, y derivo en que presentara una licencia psiquiátrica, y estando con licencia, le fuera notificado el acto contra el cual recurre.

Finalmente, pide se deje sin efecto la Resolución exenta N° 121583/32/2019, de 2019, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que dispuso el término anticipado de la contratación de la recurrente, además de su reincorporación a esta Cartera de Estado, el pago de todo lo que supuestamente se le adeudare al momento de su reincorporación con los debidos reajustes y, por último, la expresa condena en costas, todo lo cual, debe ser rechazado, con costas.

2°) Habiéndose declarado admisible el recurso únicamente en contra de la Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, informando piden el rechazo del recurso, por cuanto el término anticipado de la contrata fue debidamente fundada, se ajustó al ordenamiento jurídico y a los criterios jurisprudenciales que al respecto ha determinado la Contraloría General de la República y nuestros Tribunales Superiores de Justicia, ya que aquel contiene de manera expresa los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta. No se advierte arbitrariedad ni ilegalidad en la Resolución Exenta RA N° 121583/32/2019, no siendo ilegal ya que ha sido dictado por la autoridad competente y dentro de sus facultades legales y, tampoco arbitrario, esto es, no es fruto del capricho, sino que se trata de un acto fundamentado, que ha expresado la razón por la cual se pone termino a una contratación.

Por otra parte señalan que la recurrente nunca detentó en propiedad el cargo público respecto del cual se dispuso su término anticipado ya que la función pública proviene de una relación jurídica pública de naturaleza estatutaria (artículo 1° del Estatuto Administrativo citado) y, en consecuencia, el cargo a través del cual se desempeña participa de tal carácter y constituye una clase de representación del Estado que no es posible incluir en el campo del derecho contractual de carácter privado para estos efectos. Además, fue contratado en calidad de “contrata” y no de “planta”, siendo dicho cargo esencialmente transitorio.

Explican que los funcionarios a contrata de dicha Secretaría de Estado tienen incorporada en sus resoluciones de nombramiento una cláusula que señala que la misma se mantendrá “MIENTRAS SEAN NECESARIOS SUS SERVICIOS”, lo que permite, con las exigencias normativas reconocidas, también, por la Contraloría en su jurisprudencia administrativa y los Tribunales Superiores de Justicia, terminar las mismas antes de la llegada del término de vigencia primitivamente establecido.

Refieren que la recurrente ejerció funciones en este Ministerio entre el 19 de marzo de 2018 y el 4 de febrero de 2019, es menester concluir que aquella no cumplió con el requisito temporal de la figura denominada “confianza legítima” que exige al menos 2 años de contratación ininterrumpida y sucesiva por parte del mismo organismo público. La recurrente no tiene confianza legítima.

Agregan que La CARRERA FUNCIONARIA no se aplica a la situación reclamada por la recurrente ya que esta, durante todo el tiempo que se desempeñó en esta Cartera de Estado, lo hizo en calidad de “contrata”, modalidad de designación a la cual no se le aplica en ningún caso el mencionado sistema de regulación del empleo público. No fue contratada en calidad de “planta”.

Arguyen que corresponde considerar, además de la Resolución Exenta RA N° 121583/32/2019, de 4 de febrero de 2019, de la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, que terminó anticipadamente la contrata de la recurrente, de modo justificado, el informe fundado particular sobre desempeño funcionarial de fecha 17 de enero de 2019, suscrito por el jefe de la División de Administración y Finanzas, don nombre reservado, el cual detalla los motivos y fundamentos de la decisión de no prorrogar la contrata de la Sra. nombre reservado. Lo anterior, además, guarda armonía con el Pre Informe de Auditoría de este Ministerio de fecha 7 de enero del año 2019 a la Unidad de Transparencia.

De todo lo expuesto precedentemente, se desprende que no existe acto ilegal o arbitrario alguno como alega la recurrente; no existe tampoco un derecho o garantía de la recurrente que actualmente se encuentre privado, perturbado o amenazado, con ocasión de la dictación de la Resolución Exenta RA Nº 121583/32/2019 de la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, de 4 de febrero de 2019, ni tampoco existe cautela urgente que proporcionar por la vía de este recurso y, por tales consideraciones, no concurren los requisitos que hacen procedente la acción de protección.

3°) Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal – esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil – o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él – y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

4°) Que, para la resolución de la presente acción constitucional, es del caso tener presente que, de conformidad a la Ley N° 18.834 sobre el Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, y que la diferencia esencial radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos, de conformidad a lo dispuesto en su artículo 3° letra c), que define el empleo a contrata como “aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. En este sentido, el artículo 10° de la Ley, dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. En armonía con el precepto anterior, el artículo 146 letra f) del mismo texto legal, señala que el funcionario cesará en el cargo por el término del período lega por el cual ha sido designado y el artículo 153 dispone que produce la inmediata cesación de funciones el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado.

5°) Que, la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”, está en armonía con el carácter transitoria que tienen los empleos a contrata, que según señala el artículo 3° de la Ley N° 18.834, contienen implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleo a contrata incluso antes de la fecha máxima de su vigencia. En efecto, la autoridad administrativa puede ponerle término en el momento que estime conveniente, a través de un acto fundado, lo que ha ocurrido en la especie respecto de la recurrente, toda vez, que teniendo a la vista la resolución impugnada, puede constatarse que ella expresa los motivos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustentan.

6°) Que, de todo lo expresado, no es posible formar el convencimiento que la recurrida haya incurrido en actos u omisiones arbitrarias o ilegales que permita a esta Corte adoptar alguna medida de resguardo a favor de la recurrente, ni es posible advertir la vulneración que se denuncia a los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al constatarse la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible al actuar de la recurrida, lo que resulta suficiente para desestimar la acción de protección.

7°) Que, además de lo expresado, no cabe examinar por esta vía la justificación, mérito o conveniencia en términos de la contratación, porque tales extremos exceden el propósito de una acción cautelar o de tutela de urgencia y porque en los términos que viene propuesta la acción constitucional se traduciría en la pretensión de que esta Corte sustituya a la Administración en gestión de sus recursos.

8°) Que, en cualquier caso, no existen en la causa antecedentes bastantes para asentar como efectiva la hipótesis alternativa que se sostiene en el recurso en cuanto a los que serían los motivos del término anticipado de la contratación, distintos de aquellos que se expresan en la resolución impugnada.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Subsecretaría De La Mujer y La Equidad De Género.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

N°Protección-16678-2019.