Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de enero de dos mil veinticuatro.

Al folio 15; a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece don nombre reservado, trabajador dependiente, e interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en el descuento en su remuneración de los meses de octubre y noviembre de 2023, de la suma de $168.619.- por crédito personal, vulnerando su garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho de propiedad.

Expone que, con fecha 31 de diciembre de 2018, suscribió el pagaré N°NUM000, en favor de la recurrida, por la suma de $4.179.672.- por concepto de capital, más lo intereses respectivos señalados en dicho documento, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 18.010, pagaderos en 60 cuotas mensuales y sucesivas por la suma de $131.494.-, venciendo la primera de ellas el día 28 de febrero de 2019.

Precisa que, las condiciones laborales y económicas del país lo llevaron a caer en mora con la obligación pactada con la entidad recurrida desde la cuota N°1, cuyo vencimiento corresponde al día 28 de febrero de 2018, y ante ello, la recurrida interpuso una demanda ejecutiva en su contra, ante el Juzgado de Letras de Tocopilla, Rol N° C-404-2019, la cual no ha sido notificada a la fecha.

Alega que esto constituye un acto arbitrario, ya que se trata del ejercicio abusivo de la facultad del artículo 22 de la Ley N°18.833, al pretender cobrar extrajudicialmente un crédito respecto del cual optó por la vía judicial, sin fundamentar las razones de reiniciar el cobro ni dar aviso previo, ejerciendo una forma de autotutela.

Además alega que jamás fue notificado previamente por ningún medio, ni se le comunicó la forma de determinación del monto del descuento, lo que, a su juicio, constituye una vulneración la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de nuestra Constitución Política de la República.

En virtud de lo anterior, previa cita de jurisprudencia, solicita que se acoja el presente recurso de protección, y se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración; restituir los descuentos efectuados, así como también los que puedan efectuarse durante la tramitación; con costas.

Segundo: Que, al evacuar su informe, la recurrida expuso que el 13 de diciembre 2018 otorgo al señor nombre reservado

nombre reservado, la operación de crédito código N°NUM000, por un capital inicial de $4.179.672, a una tasa de Interés de 2.2%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $120.763, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 28 de febrero 2019.

Precisa que las cuotas de los meses de febrero 2019 a octubre 2022, cuotas N° 1 a la N° 45, fueron pagadas entre los periodos comprendido entre el 15 de abril 2020 al 10 de diciembre 2023. Indica que, a la fecha, el crédito se encuentra en proceso de cobranza judicial, manteniendo impagas las cuotas de los meses de noviembre 2022 a noviembre 2023, cuotas N° 46 a la N° 58 de 60.

Tras referirse al carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación y al mecanismo de cobro según el artículo 22 de la Ley 18.833, argumenta que la obligación es actualmente exigible y que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, lo que en el caso no ha ocurrido.

Niega que exista vulneración a los derechos de la recurrente y luego de citar jurisprudencia de esta Corte y de la Excma. Corte Suprema, en apoyo de sus argumentos, solicita el rechazo del recurso.

Tercero: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que en cuanto al conflicto planteado, es un hecho de la causa que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, el 13 de diciembre 2018, otorgó al recurrente un crédito social por el monto total de $ $4.179.672, pagadero en 60 en cuotas iguales y sucesivas de $ 120.763, con vencimiento a partir del 28 de febrero de 2019.

Asimismo, a partir del mes de octubre de 2023 el empleador procedió a descontar de las remuneraciones del recurrente la suma de $168.619, lo cual se repitió en el mes de noviembre.

Por otro lado, consta también de los antecedentes que con fecha 10 de septiembre de 2019, la entidad recurrida interpuso demanda ejecutiva contra el recurrente en causa Rol C-404-2019, ante el Juzgado de Letras de Tocopilla, esgrimiendo como título ejecutivo el mismo pagaré individualizado; en la cual la recurrida cobra la totalidad del crédito que aduce como no pagado, acelerando el mismo, e incluyendo las cuotas que hasta esa fecha no se habían devengado. Siendo la fecha de interposición de la demanda ejecutiva anterior a la de los descuentos de octubre, noviembre y diciembre de 2023 citados y acreditados.

Quinto: Que se tiene presente que se trata del mismo crédito social y habiendo optado el acreedor por iniciar el cobro judicial de la obligación, debe instar por esa vía, sin que sea procedente el descuento de cuotas cuando el recurrente como trabajador dependiente se incorpora al sistema formal de trabajo, pues tal mecanismo a través de sus remuneraciones por parte de su actual empleador, se torna arbitrario por cuanto la recurrida decidió una posición jurídica como vía de cobro legítima que ahora debe respetar, sin que pueda revivir el sistema anterior previsto para relaciones laborales vigente y obligaciones pactadas en cuotas exigibles mes a mes.

Sexto: Que de esta forma, los descuentos unilaterales efectuados a las remuneraciones del recurrente, en los términos en que se hicieron, afectan su patrimonio y, por ende, el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

Séptimo: Que por los fundamentos referidos se acogerá como se dirá en lo resolutivo el recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por lo que la recurrida deberá abstenerse de efectuar los descuentos y, en consecuencia, deberá restituir todas las sumas descontadas al recurrente desde el mes de octubre de 2023 en adelante, que le fueron remesadas y que sean consecuencia del crédito social materia de esta causa.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Este fallo contiene criterios definidos en el Acta N° 44 de la Corte Suprema.

N°Protección-16669-2023.