Protección contra Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Inva

C.A. de Santiago Santiago, trece de junio de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Comparece don nombre reservado, por sí mismo, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, debido al rechazo de sus licencias médicas.

Acompaña Resolución Exenta N°R-01-IBS-147630-2023, de 09 de noviembre de 2023 la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), quien conociendo de la reconsideración solicitada por el recurrente, confirmó lo resuelto por la COMPIN, en relación al rechazo de las licencias médicas folios N°58136731-7, 59544175-7, 60842395-8, 62382686-4, 63974364-0 y 65276337-5, extendidas por un total de 180 días, a contar del 02 de septiembre de 2021, bajo causal de reposo injustificado.

Considera que el acto señalado es ilegal y arbitrario, dado que además acompañó los documentos solicitados, y que vulnera su derecho de igualdad ante la ley.

Solicita que se considere su petición de pago de todas las licencias médicas mencionadas.

SEGUNDO: Que evacua informe don nombre reservado, en su calidad de Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana (SEREMI DE SALUD R.M.), y a su vez en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M).

Expone que las licencias médicas indicadas en el recurso fueron rechazadas, por reposo no justificado. Añade que la justificación del rechazo, por parte de esta COMPIN R.M., quedó ingresada en el expediente administrativo, y registrada en la cartola médica del usuario.

Detalla que la licencia médica N° 58136731-7 fue rechazada debido a que el periodo de reposo es prolongado, sin aportar antecedentes médicos suficientes y actualizados que permitan justificarlo. Rechaza también el recurso de reposición interpuesto, en base a que “Adjunta informe médico complementario (IMC) con fecha 02/09/2021 del CESFAM I. Frei de CID, donde describe se encuentra en espera de valoración en el Hospital San José sin adjuntar lista de espera sin argumentos…”.

En cuanto a las licencias médicas N° 60842395-8, 62382686-4 y 59544175-7, refiere que la resolución al recurso de reposición señala que “se mantiene rechazo, adjunta el mismo certificado descrito en cartola, emitido por médico general del CESFAM, sin información ni antecedentes adicionales que expliquen lo extenso del reposo…”.

Asimismo, la licencia N° 63974364-0, mantuvo el rechazo, “debido a que no se cuenta con nuevos antecedentes que justifiquen prolongación del reposo. Art 16 DS3”, rechazando también el recurso de reposición, fundamentado en que “…Hombre de 49 años, con reposo laboral desde el 28/01/19, por M51 (trastorno de disco lumbar). Informe de médico de Cesfam de Quilicura, del 01/02/22, señala que el paciente tiene Hernia de Núcleo Pulposo, con indicación quirúrgica y se encuentra esperando evaluación en Hospital San José. Los antecedentes son insuficientes para justificar la prolongación del reposo más allá de los 2 años y 8 meses ya autorizados…”.

Por otra parte, las licencia N° 65276337-5 y 0744 se rechazan, “…ya que no hay antecedentes nuevos que justifiquen la continuidad del reposo...” y “…Sin nuevos antecedentes médicos que justifiquen reposo prolongado, se mantiene criterio descrito en cartola...”, respectivamente, resolviendo al recurso de protección “antecedentes médicos adjuntados no permiten justificar la prolongación del reposo otorgado por el diagnostico descrito, IM escueto e insuficiente con fecha 29/10/2021, no establece rol terapéutico de la LM. A pesar del tiempo en reposo no se informa probable recuperabilidad. Sin lista de espera u otro antecedente que justifique…”

Añade que la Superintendencia de Seguridad Social confirmó el rechazo resuelto por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA de las licencias médicas, previo análisis de los antecedentes a disposición, y del expediente administrativo, Concluye afirmando que las actuaciones realizadas por la COMPIN R.N., al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica, se enmarcan dentro de los parámetros objetivos que se han dispuesto por la Ley y las Normativas vigentes.

TERCERO: Que, informando en estos autos, la recurrida Superintendencia de Seguridad Social solicita el rechazo del recurso de protección deducido en su contra, invocando en lo principal la improcedencia de esta acción constitucional tratándose de materias relacionadas con el derecho a la Seguridad Social, y en subsidio de esa alegación, exponiendo los fundamentos y antecedentes que a su juicio justifican el rechazo de las licencias médicas del recurrente.

En cuanto a la alegación de improcedencia de la acción de protección, la recurrida argumenta latamente que la materia sobre la que realmente versa el recurso dice relación con un derecho integrante del Sistema de Seguridad Social, reconocido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra comprendido dentro de la enumeración taxativa de derechos y garantías amparados por el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tal sentido, sostiene que la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas extendidas conforme al artículo 149 del DFL N°1 de 2005 del Ministerio de Salud y el DS N°3 de 1984 sobre Autorización de Licencias Médicas, así como las reconsideraciones y apelaciones deducidas respecto de las resoluciones dictadas por los organismos administradores de este derecho -Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) e Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES)- y el consiguiente pago del subsidio por incapacidad laboral, constituyen materias que inequívocamente pertenecen al ámbito de la Seguridad Social.

Agrega que al ser la acción de protección un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, procedente su aplicación sólo en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República, debe dársele una aplicación restringida.

De esta forma, concluye que en atención a que la materia se encuentra relacionada con una garantía constitucional, que no se encuentra protegida por la acción interpuesta, solicita que se declare su improcedencia, con expresa condena en costas.

En subsidio de la alegación precedente, informa en cuanto al fondo del asunto, refiriéndose en primer lugar al marco juridico-normativo de la materia del presente recurso.

Luego, en relación a las justificaciones médico-administrativas de la resolución recurrida, expone que el recurrente reclamó por primera vez, mediante presentación de fecha 03 de febrero de 2022, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región Metropolitana, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 58136731-7, 59544175-7, 60842395-8 y 62382686-4, extendidas por un total de 120 días a contar del 02 de septiembre de 2021, por reposo no justificado. En razón de lo anterior, refiere que la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó, según consta en Resolución Exenta N° R-01-UME-62873-2022, de 18 de mayo de 2022, que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado, fundado en que los antecedentes analizados, el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 18 de agosto de 2017, en conformidad al D.L. N° 3500, de 1980, del M.T. y P.S., concluyó en un porcentaje de menoscabo igual a 34%, el cual no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez, sin embargo, reconoce que presenta lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado por 941 días.

Complementa, informando que con fecha 10 de noviembre de 2022, se presenta reconsideración de la citada Resolución, junto con reclamación por el rechazo de las licencias médicas N°s 63974364-0 y 65276337-5 extendidas por un total de 60 días, bajo la misma causal de rechazo. Respecto a esa presentación, la Superintendencia informó que el reposo prescrito no se encontraba justificado, conclusión que expone se basó en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado. Agrega que el interesado informó inicio de un segundo trámite de invalidez, con fecha 4 de marzo de 2022, el que no fue posible evaluar por no comparecencia del interesado, de acuerdo al dictamen de la Superintendencia de Pensiones de 04 de julio de 2022. Lo anterior, según Resolución Exenta N° R-01-IBS-32030-2023, de 09 de marzo de 2023.

Asimismo, informa que con fecha 03 de mayo de 2023 se presenta por tercera vez reclamo por la totalidad de las licencias médicas, dando cuenta la Superintendencia que el reposo prescrito no se encontraba justificado mediante la Resolución Exenta N° R-01-IBS-147630-2023, de 09 de noviembre de 2023, recurrida en esta acción, conclusión que señalan se basa en que los antecedentes adjuntos, permiten establecer que la parte reclamante presenta lesiones de carácter crónico, produciéndole una incapacidad para trabajar no susceptible de revertir, configurando así una incapacidad permanente. Cabe destacar, que la parte reclamante cuenta con un trámite de pensión de invalidez rechazado, ejecutoriado con fecha 18 de agosto de 2017, el que concluyó en un menoscabo de su capacidad de trabajo de un 34%, lo cual no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez, sin embargo, reconoce que presenta lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado.

Como antecedente adicional, consigna que los facultativos de la Superintendencia, consistente con lo señalado informaron, en resumen, lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: hombre de 49 años, más de 900 días autorizados con dg de HNP lumbar; según se indica en ficha clínica, estaría esperando qx en hospital de referencia, situación que no acredita; además tiene TPI de 2017 que configura patología columna lumbar y rechaza TPI. Se mantiene rechazo por irrecuperable.”.

En este orden de ideas, sostiene que el recurrente, ha presentado solicitud de calificación de invalidez conforme al D.L. N° 3.500, de 1980, la que fue rechazada por la Comisión Médica Central, de la Superintendencia de Pensiones, mediante Resolución N° 7563/2017, la cual le otorgó una 34% de incapacidad global, por el diagnóstico: Dolor Lumbar Crónico. Dicha Resolución, se encuentra ejecutoriada con fecha 18 de agosto de 2017.

Por todo lo anterior, concluye que habiéndose determinado, en base a parámetros técnicos y de conocimientos médicos por la citada Comisión Médica, que la patología presentada es de carácter permanente y, en consecuencia, no susceptible de recuperación, no es posible advertir que se cumpla el propósito último de la emisión de las licencias médicas reclamadas, esto es que, a través del reposo laboral prescrito, el trabajador pueda recuperar su capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral. De lo anterior, indica se desprende que el Sr. nombre reservado presenta una incapacidad permanente, es decir, no temporal durante el período de reposo de las licencias médicas reclamadas, por la cual ha hecho uso previamente. Por consiguiente, no resulta procedente hacer uso de licencia médica, ya que para ello es necesario que exista una incapacidad temporal, conforme a lo dispuesto en el D.S. N°3, ya citado.

Razona, en consecuencia, que lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir En cuanto a los fundamentos jurídicos de su proceder, la recurrida expone latamente que se ha ajustado en forma rigurosa a las normas legales y reglamentarias que regulan sus facultades y atribuciones fiscalizadoras en estas materias. Destaca, en primer término, el mandato conferido por la Constitución al Estado, en el inciso cuarto del N° 18 del artículo 19, en orden a supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Luego refiere que, según lo dispone el artículo 3 de la ley N° 16.395 que rige su funcionamiento orgánico, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde actuar como autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, comprendiendo dicha supervigilancia los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, y la calidad y oportunidad de las prestaciones que éstas otorgan. Agrega que, tratándose del Servicio Nacional de Salud/Servicio de Salud, el artículo 27 de la citada ley orgánica dispone que estará sujeto al control administrativo y técnico de la Superintendencia en lo que no se refiera a funciones derivadas del Código Sanitario. Por último, alude a las funciones que le asigna la ley N° 20.585 en orden a velar por el otorgamiento y uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de Fonasa y de Isapres, lo que en los hechos descarta cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario de su parte.

Sin perjuicio de lo expuesto, la recurrida argumenta que la pretensión del actor en orden a que se autoricen sus licencias médicas y se disponga el pago del subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo a los antecedentes y normas que se han expresado, desborda los límites de procedencia de la acción de protección, la que fue concebida por el constituyente como un mecanismo de tutela de derechos indubitados y preexistentes. En la especie, alega que el derecho a licencia médica y subsidio por incapacidad laboral invocado por el recurrente no reúne esas características, toda vez que tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esa Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Por último, la recurrida refuerza su argumentación reiterando que en la especie no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, por cuanto se ha limitado a resolver la situación del recurrente dentro del ámbito de su competencia y exponiendo fundadamente en el dictamen impugnado las razones médicas y jurídicas que se tuvieron en consideración para arribar a tal determinación, todo ello en concordancia con los criterios normativos y jurisprudenciales que resultan aplicables en la materia. Por consiguiente, descarta toda vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

En virtud de lo expuesto, y previas citas legales, la recurrida Superintendencia de Seguridad Social solicita en definitiva se desestime el presente recurso de protección en todas sus partes, con costas.

CUARTO: Que, en lo que atañe al asunto que es materia de este arbitrio, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes allegados al proceso, es posible constatar que el acto que el recurrente tilda de ilegal y arbitrario es la Resolución Exenta N°R-01-IBS-147630-2023, de 09 de noviembre de 2023, mediante la cual dicha Superintendencia rechazó la reconsideración deducida en contra del dictamen N° R-01-IBS-32030-2023 y, en definitiva, confirmó lo resuelto por la COMPIN Región Metropolitana en orden a mantener el rechazo de diversas licencias médicas del recurrente extendidas por un total de 180 días, a contar del 02 de septiembre de 2021, bajo causal de reposo injustificado.

SEXTO: Que la recurrida Superintendencia de Seguridad Social argumenta, además, que el recurso de protección sería improcedente toda vez que el derecho a la seguridad social, consagrado por la Carta Fundamental en el N° 18 del artículo 19, no se encontraría amparado por el recurso de protección. Sostiene, asimismo, que todas las cuestiones referidas a licencias médicas, incluido su otorgamiento, rechazo y proceso de impugnación serían cuestiones propias de la seguridad social.

Cabe desestimar dicha alegación porque de la lectura del recurso se puede advertir que se aludió a otras garantías fundamentales que se encuentran resguardadas por la presente acción cautelar.

SÉPTIMO: Que ahora bien, la actuación que se acusa ilegal o arbitraria es el rechazo de seis licencias médicas, por parte de la Superintendencia de Seguridad Social-, la que confirmó, a su vez, el rechazo de Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana de las licencias médicas N° 58136731-7, 59544175-7, 60842395-8, 62382686-4, 63974364-0 y 65276337-5, extendidas por un total de 180 días, a contar del 02 de septiembre de 2021,por reposo no justificado, lo que a su turno fue ratificado por la Superintendencia de Salud, tras concluir que el reposo prescrito por tales licencias médicas no se encontraba justificado, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-IBS-147630-2023, de 09 de noviembre de 2023.

OCTAVO: Que conforme se colige del mérito de los antecedentes que obran en el expediente computacional, es posible establecer que aunque la patología que adolece la parte actora no alcanza a configurar un grado de invalidez que le otorgue derecho a obtener pensión por dicha causa -que sea igual o superior a un 50%-, le produce una incapacidad laboral de carácter permanente, cuyas alteraciones son de curso crónico y no susceptibles de mejorar con reposo médico, situación por la que no procede la autorización de licencias médicas por tratarse éste último de un derecho esencialmente temporal y, en el caso de marras, la trabajadora es portadora de una patología irrecuperable, pero no invalidante.

NOVENO: Que, consecuentemente, llevan razón las instituciones recurridas cuando señalan que conforme a la recta y articulada interpretación de los artículos 149 y 156 del DFL N° 2/2005 y 1 del D.S. N° 3/1984, ambos del Ministerio de Salud, resultaba improcedente el pago de las licencias médicas cuestionadas.

Tampoco se advierte arbitrariedad en la decisión impugnada, pues no ha sido el capricho de las autoridades el motivo que la justificó, sino como se ha dicho, su estricto apego a la normativa especialísima del ramo;

DÉCIMO: Que, en estas circunstancias, no existiendo acto ilegal o arbitrario que pueda atribuirse a las instituciones recurridas, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional interpuesta por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Metropolitana.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-16.664-2023.