nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES ONES

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de octubre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, actuando por sí y a favor de nombre reservado, empleada, de nacionalidad venezolana, e interpone Acción Constitucional de Protección de Garantías Constitucionales en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la Notificación Código de Trámite N°64723340 de fecha 6 de junio de 2025 que declara no acogida a trámite su solicitud de Residencia Definitiva. Actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello el derecho fundamental de la Igualdad ante la Ley, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se admita la acción y en definitiva se restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto la referida resolución y ordenando dar curso a su trámite de residencia definitiva.

Sostiene que la protegida, previo al vencimiento de su visa temporal y encontrándose dentro del plazo que prevé la ley, con fecha 6 de mayo de 2025, realizó la solicitud del beneficio migratorio de residencia definitiva, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile. Posteriormente, con fecha 06 de junio de 2025, recibió la notificación recurrida, la cual declaró no acogida a trámite su solicitud, señalando que no cumple con los requisitos para optar al permiso de residencia solicitado al no cumplir con el Art. 65 N°4 del Reglamento de la ley de Migraciones y Extranjería, y que se remitieron sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales para analizar la tramitación de una solicitud de residencia temporal.

Añade el recurrente que la notificación recurrida es contraria a derecho puesto que no se especifica cual es la sanción migratoria por la que se declara la no acogida a trámite, a pesar de que la recurrente, desde su ingreso a Chile, ha realizado todos los requerimientos solicitados por el Servicio Nacional de Migraciones y postuló dentro de los plazos establecidos en la norma.

Señala que el acto recurrido carece de un estándar mínimo de especificación del derecho alegado y los hechos que se invocan, infringiendo el Artículo 11 (Principio de Imparcialidad) de la Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos, que exige que los hechos y fundamentos de derecho se expresen siempre en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares. En esa misma línea, el recurrido decretó la no acogida a trámite sin permitir subsanar, lo cual, según el recurrente, es una obligación legal que surge del artículo 31 de la Ley N°19.880, en cuanto la autoridad debe solicitar documentos adicionales si los que tiene no son suficientes.

Así las cosas, de lo expuesto se desprende la ilegalidad y arbitrariedad de la resolución impugnada, basándose en hechos que no corresponden a la realidad de la recurrente, quien ha dado cumplimiento a todos los requisitos, reprochando al servicio recurrido el no haber realizado una valoración exhaustiva para darle continuidad a la solicitud de residencia definitiva, toda vez que la recurrente cumple con los requisitos en función del periodo de vigencia de la anterior ley y los derechos adquiridos en función de la misma.

Concluye el recurrente que la acción u omisión ilegal y arbitraria deducida en la notificación código de trámite N° 64723340 de fecha 6 de junio de 2025, vulnera la garantía constitucional de la Igualdad ante la Ley, prevista en el Artículo 19 N°2 de la Constitución Política. Lo anterior, al establecer el Servicio recurrido una diferencia arbitraria y darle un trato desigual respecto de otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias y siendo titulares de visas de residencia vigentes al momento de la postulación, se les ha reconocido su condición legal en el país.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene dejar sin efecto la resolución recurrida por ilegal y arbitraria, a los fines de que se decida conforme a derecho, ordenando dar curso a su trámite de residencia definitiva, restableciéndose así el imperio del derecho, todo ello con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, comparecen nombre reservado y Stephanie Andrea Pinto González, abogados, mandatarios judiciales del Servicio Nacional de Migraciones, evacuando el informe requerido en la presente acción constitucional de protección, solicitando el rechazo en todas sus partes de la acción constitucional de protección, ya que a su juicio no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Para fundamentar su solicitud, el Servicio expone que la recurrente, de nacionalidad venezolana, ingresó por primera vez al país el 3 de julio de 2018. Posteriormente, se le otorgó una residencia temporal sujeta a contrato por un año (vigente desde el 15 de julio de 2019 hasta el 15 de julio de 2020). Con fecha 23 de agosto de 2022, la extranjera realizó voluntariamente una solicitud de cálculo de multa por haber residido en el país de manera irregular, según el artículo 119 de la Ley 21.325. Luego, el 24 de abril de 2023, se le otorgó un nuevo beneficio migratorio de residencia temporal por dos años (vigente desde el 5 de julio de 2023 hasta el 5 de julio de 2025). Mediante Resolución Exenta N° 22370580 de fecha 26 de abril de 2023, el Servicio aplicó una multa a la recurrente por infringir el artículo 119 de la Ley 21.325, luego de que declarara expresa y voluntariamente 769 días de residencia irregular, multa que fue pagada el mismo 26 de abril de 2023. Finalmente, con fecha 6 de mayo de 2025, la extranjera solicitó la Residencia Definitiva.

Continúa exponiendo el Servicio que, luego de analizar la solicitud, mediante comunicación electrónica Folio N°79974244 de fecha 6 de junio de 2025, se le informó a la recurrente la no admisión a trámite de su solicitud de residencia definitiva. Dicha decisión se fundamentó en que no cumple con el Artículo 65 N°4 del Reglamento de la Ley de Migraciones y Extranjería, esto es, el plazo de residencia regular exigido por el legislador. Se tuvo especialmente presente que la recurrente cuenta con una sanción pecuniaria por haber infringido el artículo 119 de la Ley 21.325, al haber residido en el país por un plazo superior a ciento ochenta días corridos con su permiso de residencia temporal vencido.

En cuanto a los fundamentos de derecho, refiere que ese Servicio es la autoridad competente para resolver las solicitudes de residencia, según el artículo 157 N° 5 de la Ley 21.325.

Respecto del trámite, la residencia definitiva se otorga a extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile indefinidamente, conforme al artículo 78 de la Ley. El Servicio argumenta que la recurrente no cumple con los requisitos establecidos, ya que el artículo 79 de la Ley N° 21.325 exige un periodo de residencia como titular de un permiso de residencia temporal de a lo menos veinticuatro meses. Sin embargo, el mismo artículo en su inciso segundo, en relación con el artículo 65 N° 4 del Reglamento, establece un periodo de residencia mayor cuando existe la comisión de infracciones migratorias graves. En el caso de una infracción grave aplicada mediante acto administrativo firme, como la del artículo 119 (permiso vencido por más de 180 días, Párrafo II del Título VII de la Ley N° 21.325), se exige un periodo de residencia de cuarenta y dos meses. Dado que la recurrente fue sancionada pecuniariamente por 769 días de residencia irregular (infracción migratoria grave), el plazo exigido es de cuarenta y dos meses, el cual no cumple.

Finalmente, el Servicio indica que la decisión de no acoger a trámite no obedece a un actuar antojadizo o fuera de toda legalidad, sino al cumplimiento de lo mandatado por el legislador y la observancia objetiva del cómputo del plazo de residencia temporal idónea.

Además, no obstante, la inadmisibilidad, se derivaron los antecedentes al Departamento de Residencias Temporales con el objeto de analizar y dar curso a la tramitación de una solicitud de residencia temporal, en cumplimiento del principio de protección para una migración segura, ordenada y regular. Por ello, la recurrente mantiene una solicitud de residencia temporal en trámite (ID 73458617) en etapa de solicitud de documentos adicionales, lo que le permite acceder a un certificado de Residencia en Trámite) que la mantiene en una situación migratoria regular en el país. Dicha condición migratoria regular le asegura la libertad para entrar y salir del país y mantiene la vigencia de su cédula de identidad por el solo ministerio de la ley, aun si estuviere vencida, lo que ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema. Por consiguiente, no existe vulneración de garantías fundamentales ni acto u omisión ilegal o arbitraria.

Por lo expuesto, el Servicio Nacional de Migraciones solicita que se rechace la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto de la extranjera recurrente por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a ese Servicio.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que según consta de los antecedentes de convicción acompañados, es posible tener por establecidos los siguientes hechos:

a.- Doña nombre reservado, nacional de Venezuela tuvo residencia temporal sujeta a contrato de trabajo vigente hasta el 15 de julio de 2020.

b.- La recurrente solicitó voluntariamente a la autoridad migratoria el cálculo de multa por residencia irregular, lo que resultó en la aplicación y pago de una multa por 769 días de residencia irregular (Infracción art. 119 Ley 21.325).

c.- Posteriormente, le fue otorgada una nueva residencia temporal vigente del 5 de julio de 2023 al 5 de julio de 2025.

d.- El 6 de mayo de 2025, la extranjera recurrente solicitó el beneficio migratorio de residencia definitiva en el territorio nacional registrada bajo el ID 64723340.

e.- La solicitud de residencia definitiva fue notificada como no acogida a trámite el 6 de junio de 2025, al no cumplir con el artículo 65 N°4 del Reglamento de la ley de Migraciones y Extranjería, esto es, el plazo de residencia regular exigido por el legislador para obtener el beneficio migratorio de residencia definitiva.

f.- Sin perjuicio de lo anterior, los antecedentes fueron al Departamento de Residencias Temporales, con el objeto de analizar y dar curso a la tramitación de mencionado beneficio migratorio.

5. Actualmente, la recurrente mantiene una solicitud de Residencia Temporal en trámite (ID 73458617) en etapa de Solicitud de documentos adicionales.

QUINTO: Que de conformidad con los antecedentes allegados al expediente computacional se advierte que el rechazo de la solicitud de residencia definitiva se sustenta en que el recurrente no cumplió con los requisitos que le exigían el artículo 65 del Decreto N° 296 del Ministerio del Interior, es decir, el Reglamento de la Ley 21.325 sobre Extranjería y Migración, específicamente, lo señalado en el numeral 3° del artículo mencionado, que indica: “Para postular a la residencia definitiva se necesitará un periodo de residencia mayor al referido en el inciso precedente, en mérito de los antecedentes personales del interesado, en los siguientes casos:

3.- Ausencias del país y su duración, conforme a la siguiente tabla.

Rango de meses de ausencia Cantidad de meses residencia Dos meses de ausencia o menos, continuos o discontinuos Al menos veinticuatro meses de residencia Desde más de dos meses hasta seis meses de ausencia, continuos o discontinuos Al menos treinta meses de residencia Desde más de seis meses hasta doce meses de ausencia, continuos o discontinuos Al menos treinta y seis meses de residencia Más de doce meses de ausencia, continuos o discontinuos Cuarenta y ocho meses de residencia SEXTO: Que como ha quedado demostrado, al momento de requerir su solicitud de residencia definitiva el recurrente registraba 769 días de permanencia irregular en el país, con lo cual, atendidos los meses que registraba de residencia de Chile, no cumplía con el requisito de no contar con el mínimo plazo de permanencia continua o discontinua en el país;

SÉPTIMO: Que luego de lo dicho sólo cabe concluir que la autoridad recurrida actuó con estricto apego a la normativa legal que regula la materia, no existiendo actuación ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio del derecho que invoca el actor, por lo que la presente acción constitucional debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin costas, Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-16661-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, el Ministro (S) señor Daniel Eduardo Aravena Pérez y el Abogado Integrante señor Cristián Parada Bustamante.

En Santiago, veintitrés de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.