nombre reservado con DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, veinte de marzo de dos mil veinticuatro.

A los escritos folios 34 y 35: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña Lorena Sandoval Mundaca, abogada en representación de don nombre reservado, Suboficial de Carabineros en retiro, e interpone recurso de protección en contra de la Dirección General de Carabineros de Chile, representada por su General Director don nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en Resolución N°1568, de fecha 10 de agosto de 2023, por el cual se re liquidó la pensión de retiro por una de invalidez de segunda clase, vulnerando las garantías constitucionales consagradas en los artículos 19 N°2 y 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Relata que se desempeñó como Suboficial de Carabineros durante 31 años y 9 meses, hasta que el día 6 de marzo de 2011 sufrió un grave accidente mientras se encontraba en servicio, resultando con múltiples lesiones que lo dejaron con una discapacidad física severa de un 50%. Producto de dicho accidente se instruyó un sumario administrativo, en el cual la Comisión Médica Central de Carabineros propuso en el Informe Técnico Reservado N°652 de 26 de agosto de 2016 otorgar al recurrente una invalidez de segunda clase.

Posteriormente, el 15 de septiembre de 2021 se dispuso el retiro absoluto del recurrente mediante Resolución Exenta N°475 de la Prefectura de Carabineros El Loa. Luego, el 14 de diciembre de 2021, el Departamento de Pensiones de Carabineros le concedió pensión de retiro voluntario e indemnización por desahucio mediante Resolución Reservada N°2601.

No obstante lo anterior, con posterioridad, se modificó la causal de retiro del recurrente a invalidez de segunda clase mediante Resolución Exenta N°528 de 25 de mayo de 2023. En consecuencia, el Departamento de Pensiones de Carabineros reliquidó su pensión mediante la Resolución Reservada N°1568 de 10 de agosto de 2023, acto que motiva el presente recurso de protección.

Sostiene que dicha Resolución N°1568 es ilegal y arbitraria, ya que en el cálculo de su pensión de invalidez de segunda clase no se consideró la totalidad de los conceptos de remuneraciones que establece el artículo 65 b) de la Ley N°18.961 y el artículo 95 b) del DFL N°2 de 1968, omitiéndose ítems tales como sueldo base, mayor sueldo, movilización, bono 20 años y asignación zona.

Lo anterior, en opinión del recurrente, vulnera su derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución, toda vez que se le ha dado un trato distinto respecto a otros funcionarios de Carabineros que se encontraban en su misma situación y a los cuales sí se les consideró la totalidad de los conceptos en el cálculo de sus pensiones de invalidez, entrega tres ejemplos de funcionarios que sirven de apoyo a su argumento.

Asimismo, estima que se vulnera su derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, al privarle de percibir los montos completos de pensión que le corresponderían conforme a la ley.

En mérito de lo expuesto, solicita que se acoja el presente recurso, se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución N° 1568, se ordene recalcular su pensión de invalidez incluyendo todos los conceptos que indica y se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que evacuó informe la Dirección de Justicia, de la Subdirección General de Carabineros de Chile, y solicitan el rechazo del recurso por los siguientes motivos:

En primer lugar explica que la pensión del recurrente fue determinada conforme al criterio vigente de la Contraloría General de la República sobre la materia, contenido en el dictamen N°38.235 de 2017, aplicable a funcionarios que cesen a partir del 30 de octubre de ese año. Dicho dictamen establece que en las pensiones por invalidez de "segunda clase" no deben considerarse los estipendios de naturaleza compensatoria que no sean inherentes al cargo, por cuanto se requiere que el funcionario se encuentre en servicio activo para impetrarlos.

Sobre la base de lo anterior, se excluyeron del cálculo de la pensión las asignaciones de casa, movilización, zona y otras, por su carácter compensatorio. Ello en concordancia con los principios de irretroactividad de la ley y de que los derechos previsionales se rigen por las normas vigentes al momento del retiro del funcionario. Así, asevera que la autoridad recurrida procedió conforme a derecho y no existe acto ilegal ni arbitrario en su proceder.

Por otro lado, las situaciones de otros funcionarios mencionadas en el recurso difieren del caso en análisis, ya sea en la fecha de retiro o en la naturaleza de los actos administrativos, por lo que los ejemplos citados no resultan atingentes.

En segundo lugar, alega la falta de legitimación pasiva, dado que el acto administrativo recurrido no corresponde al General Director de Carabineros sino a la Jefa del Departamento de Pensiones en virtud de la normativa aplicable, por lo que la acción debió dirigirse en contra de esta última autoridad. En tal sentido, pide el rechazo de la acción de protección constitucional, con expresa condena en costas, en atención a que Carabineros de Chile no ha vulnerado derecho alguno, actuando conforme al ordenamiento jurídico.

TERCERO: Que evacuó informe el Departamento de Pensiones de Carabineros de Chile, y solicitan el rechazo del recurso por los siguientes motivos:

Indican que al mencionado Suboficial (R), mediante Resolución “R” N°2601 de fecha 14 de diciembre de 2021, al acogerse a retiro voluntario, se le concedió sus derechos previsionales, a saber, Pensión de Retiro, Indemnización de Desahucio y Asignación Familiar.

Posteriormente, mediante Resolución “R” N°1568 de fecha 18 de agosto de 2023, dicho Departamento procedió a reliquidar la Pensión de Retiro del recurrente, considerando el cambio de causal de retiro, por invalidez de segunda clase, de conformidad al Informe Técnico (R) N°652 de fecha 26 de agosto de 2016 de la comisión médica Central de Carabineros, la Resolución Exenta N°194 de fecha 14 de mayo de 2022, de la Dirección General de Carabineros, y la Resolución Exenta N°528 de 25 de mayo de 2023 de la Prefectura El Loa.

Dicha Resolución fijó el nuevo encasillamiento de la pensión sobre la base de 30/30 de la renta del grado 12° de empleo de Suboficial grado 10° de mayor sueldo, 10 trienios (34%), 35% Sobresueldo Suboficial Graduado; 26% Bonificación de Mando y administración; asignación especialidad al grado efectivo; 35% Asignación Policial; 28% Bonificación de Riesgo; 39% Asignación de Permanencia, y 38,9% Asignación Especial. Precisa que aun cuando la Resolución Exenta N°194 del 13 de mayo de 2022 de la Dirección General de Carabineros concedió al interesado en su letra e) los beneficios establecidos en el artículo 72 de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, estos no producen beneficio previsional alguno, pues en su primitivo encasillamiento ya cuenta con segundo mayor sueldo grado 10°, décimo trienio 34% y 30 mensualidades de indemnización de desahucio, en virtud al total del tiempo trabajo en Carabineros, hasta el 1 de junio de 2021 fecha de su retiro voluntario con el carácter de absoluto.

Añade que el procedimiento de cálculo de la referida pensión, se determinó acorde al criterio actual de la Contraloría General de la República en la materia, contenido en Dictamen N°38.235 aplicable a contar del 30 de octubre de 2017, respecto de los funcionarios que cesen a contar de esta misma data. En tal sentido, indica que debió atender a los principios rectores de seguridad social y de irretroactividad de las leyes, conforma a los cuales los derechos previsionales se fijan en consideración a las leyes vigentes a la fecha de expirar los servicios del funcionario, lo que tuvo lugar el 1 de junio de 2021.

Destaca que las Resoluciones “R” N°218 de 28 de marzo de 2008 y N°2420 de fecha 3 de diciembre de 2017 citadas en el recurso, las cuales avalarían a su juicio el trato desigual, son de fecha anterior al 30 de octubre de 2017, fecha del aludido dictamen de la Contraloría General de la República, por lo que no sería la misma hipótesis del recurrente.

En definitiva, estima que la Resolución de reliquidación “R” N°1568 de 18 de agosto de 2023 obedeció al mandato de la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen N°38.235 vigente a contar del 30 de octubre de 2017, no están habilitados para apartarse de tales pautas doctrinarias, por lo que dicha resolución puede estimarse ilegal ni arbitraria. En tal sentido, pide el rechazo de la acción de protección constitucional.

CUARTO: Que es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

QUINTO: Que sobre los componentes de la retribución por los servicios del personal, el artículo 33 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros detalla: “El personal de Carabineros tiene derecho, como retribución por sus servicios, al sueldo asignado al grado de su empleo y demás remuneraciones adicionales, asignaciones, bonificaciones, gratificaciones y estipendios de carácter general o especial que correspondan[…]”, como asimismo el artículo 46º del Decreto 412 -que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile- en cuanto establece: “El personal de Carabineros gozará, además del sueldo y mayores sueldos asignados a su grado, de los siguientes beneficios y derechos, en la forma que lo establezca el reglamento respectivo […]”.

La descripción transcrita permite avizorar el carácter eventual de ciertas asignaciones establecidas por criterios diversos al “grado” y “antigüedad”, cuyo sustento legal es racional en base a funciones que se ejercen en condiciones distintas, como ocurre tratándose de las asignaciones de zona.

SEXTO: Que para la resolución del asunto controvertido, corresponde poner el acento en los términos del artículo 65 de la Ley Orgánica de Carabineros y 95 del Estatuto del Personal de la misma Institución, en cuanto consignan que el monto de la pensión de invalidez de segunda clase se determinará en base a: “[…] una suma igual al sueldo y demás asignaciones y bonificaciones de que disfruten sus similares de igual grado y años de servicios […]”.

Conviene observar aquí que el criterio aludido para la determinación de la pensión de invalidez de segunda clase, difiere de la conformación de aquel estatuido para la pensión de retiro establecido para el personal que ha cumplido veinte o más años de servicios, para cuya determinación el artículo 58 de la Ley Orgánica del ramo, fijó: “La pensión de retiro se computará sobre la base del 100% de la última remuneración imponible de actividad en razón de una treinta ava parte por cada año de servicio.[…]”, prescribiendo expresamente artículo 59 inciso final, que “[…]se entenderá por remuneración en actividad la que represente el total de los haberes, excluidas las asignaciones familiares, de movilización, pérdida de caja, de máquina, rancho o colación, casa, de zona y de cambio de residencia, viáticos, horas extraordinarias y gratificaciones especiales.”

SÉPTIMO: Que del tenor literal del artículo 65 de la Ley Orgánica de Carabineros, ya transcrito, se desprende que los parámetros considerados por aquella no se han establecido en base a la remuneración del beneficiario o sus similares, conformada por su propio sueldo y sumadas las gratificaciones o asignaciones de carácter general o especial, sino en base a los sueldos que se devenguen para los “similares” según grado y antigüedad.

De manera tal que la base de cálculo preestablecida, en lo debatido, no se asienta –en general- sobre las asignaciones personales a las que accedió el funcionario, o a beneficios de carácter circunstancial no inherentes a determinado grado o antigüedad, a los que tienen la posibilidad de acceder sus similares en razón de consideraciones eventuales, tales como el lugar de desempeño o la efectiva asignación o no del beneficio de casa, las que se devengan cuando corresponda, esto es, cuando pertenezcan o sean concernientes a determinadas circunstancias en el ejercicio de las funciones que el personal desarrolla, criterio que es corroborado, además, por la circunstancia que determinados rubros de la retribución se encuentran regulados por disposiciones legales particulares que establecen los requisitos o elementos que deben concurrir para que se devenguen.

OCTAVO: Que, por consiguiente, la exclusión de los conceptos reclamados por el actor, para el cálculo de la pensión de invalidez de segunda clase, tiene sustento legal toda vez que fue adoptada por la autoridad recurrida, en obediencia del artículo 65 de la Ley N° 18.961, según se analizó, ciñéndose así a sus facultades constitucionales y legales y a los criterios fijados por el Dictamen N° 38.235 de 30 de Octubre de 2017 de la Contraloría General de la República, instrucción que por lo demás resulta vinculante para los órganos de la Administración del Estado.

Por ello, aquélla no puede estimarse ilegal ni antijurídica.

NOVENO: Que, en vista de lo señalado no cabe sino concluir que el acto denunciado no configuró una amenaza o vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, razón por la que el arbitrio en análisis, deber ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por don nombre reservado en contra de la Dirección General de Carabineros de Chile.

Se previene que el ministro (S) Sr. Valderrama Martínez, concurre al rechazo de la acción constitucional intentada en autos, teniendo únicamente presente para ellos los siguientes fundamentos:

1.- Que es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

2.- Que en ese entendido, surge que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, naturaleza que no comparten aquellos que han sido invocados por la recurrente.

En efecto, el procedimiento reglado en el artículo 420 letra c) del Código del Trabajo, otorga a las partes las garantías para hacer valer y acreditar sus peticiones y derechos, por lo que el asunto materia del presente arbitrio debe ser conocido en un procedimiento ordinario seguido ante el órgano competente para ello, esto es, un Juzgado del Trabajo.

3.- Que, en consecuencia, y en opinión de quien previene no es dable concluir que la parte actora haya sufrido una privación perturbación al legítimo ejercicio de ninguna de las garantías del Artículo 19 de la Carta Fundamental que reclama como vulneradas, pues los hechos alegados en el arbitrio en comento, configuran un conflicto que dice relación con una cuestiones derivada de la aplicación de las normas de previsión planteada por un pensionado, que debe discutido en el procedimiento ordinario correspondiente como consecuencia del ejercicio de los medios que la ley concedía al recurrente, por lo que no son indubitados respecto de la recurrente, razón por la que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito es -como ya se ha dicho- que esta Corte tome medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-16615-2023.

En Santiago, veinte de marzo de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.