Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, nacional de Venezuela y solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado, y deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000, de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, y del Oficio Ordinario N° NUM001, de catorce de julio de dos mil veinticinco, mediante los cuales la autoridad recurrida mantiene la paralización y el archivo de su procedimiento de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, fundado en una inasistencia a una entrevista de elegibilidad que afirma no haberle sido legalmente notificada, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N° 1 y N° 16 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que ingresó al territorio nacional el ocho de abril de dos mil veintiuno, registrando como primer domicilio de alojamiento el ubicado en domicilio reservado, y que el veinticinco de mayo de dos mil veintidós formalizó ante la autoridad migratoria su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, pese a lo cual la recurrida fijó erróneamente en sus registros la fecha de dicha solicitud el quince de junio de dos mil veintidós.

Expone que el siete de noviembre de dos mil veintidós se le hizo entrega de su primera cédula de identidad para extranjeros y que, habilitada su Clave Única, se registró en el portal digital del servicio, donde actualizó su domicilio primero a la comuna de Quinta Normal y luego a la comuna de Renca, junto con su número telefónico y su correo electrónico. Señala que en julio de dos mil veinticuatro tomó conocimiento, por información entregada por un funcionario del servicio, de que su procedimiento de refugio se encontraba archivado por no haber concurrido a una entrevista de elegibilidad, y que en el mes de agosto de dos mil veinticuatro se le hizo entrega de copia de la Resolución Exenta N° NUM000, en la que se consigna que mediante Oficio Ordinario N° NUM002, de catorce de junio de dos mil veintitrés, se le citó a entrevista para el primero de agosto de dos mil veintitrés y que, al no asistir ni justificar su inasistencia, se aplicó el apercibimiento de abandono del procedimiento. Afirma que dicha citación fue remitida por carta certificada a su domicilio antiguo de la comuna de Rancagua, pese a que el servicio contaba con su correo electrónico vigente y con un portal digital en el que había actualizado sus datos, y que el referido oficio ni siquiera figura incorporado en la copia de su expediente administrativo que le fue entregada el cuatro de mayo de dos mil veintiséis.

Pide, en definitiva, que se deje sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000 y todo acto administrativo posterior que fundamente el archivo de su solicitud de refugio, especialmente el Oficio Ordinario N° NUM001; que se ordene a la recurrida el inmediato desarchivo de su expediente administrativo y la fijación de nueva fecha para la celebración de su entrevista de elegibilidad dentro de quince días hábiles, con notificación a su correo electrónico vigente; en subsidio, que se le otorgue un visado de residencia temporal por el período de dos años; y, bajo cualquier evento, que se disponga la emisión inmediata de un documento o visado provisorio que lo habilite para trabajar formalmente.

SEGUNDO: Que comparece el Servicio Nacional de Migraciones y evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes.

Expone como antecedentes que el recurrente registra ingreso al país el ocho de abril de dos mil veintiuno por paso fronterizo no habilitado y que el quince de junio de dos mil veintidós manifestó ante la autoridad migratoria su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo curso se le otorgaron sucesivas prórrogas de visas temporarias de refugio por períodos continuos de ocho meses. Señala que mediante Oficio Ordinario N° NUM002, de catorce de junio de dos mil veintitrés, se le citó a entrevista de elegibilidad a realizarse el primero de agosto de dos mil veintitrés, documento que se remitió por carta certificada al último domicilio que el propio recurrente había registrado, esto es, DIRECCION000, comuna de Rancagua, y en el que se le comunicó que, de no poder presentarse, debía informar tal situación dentro de los treinta días siguientes, bajo apercibimiento de tenerse por declarado el abandono del procedimiento y de procederse al archivo de su solicitud.

Añade que consta en la información de Correos de Chile que dicha carta certificada fue recibida en la sucursal correspondiente el diez de julio de dos mil veintitrés, apareciendo con envío en reparto en esa misma fecha, y que el recurrente no concurrió a la entrevista ni realizó gestión posterior alguna, por lo que, verificado el abandono, se dispuso el archivo de la solicitud mediante Resolución Exenta N° NUM000, notificada al mismo domicilio.

Indica que el recurrente solicitó el desarchivo mediante cartas de catorce de agosto de dos mil veinticuatro y de diecinueve de mayo de dos mil veinticinco, las que fueron respondidas mediante los Oficios Ordinarios N° NUM003, de diez de enero de dos mil veinticinco, y N° NUM001, de catorce de julio de dos mil veinticinco, en los que se le informaron los motivos del archivo, la imposibilidad de desarchivar la solicitud y la posibilidad de consultar por otras alternativas migratorias que le permitieran residir en el país. Precisa que el cambio de domicilio a la comuna de Renca solo fue registrado ante el servicio el dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro, esto es, con posterioridad tanto a la citación como al archivo.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que la declaración de abandono y el consiguiente archivo constituyen consecuencias expresamente previstas en el ordenamiento para los casos de inactividad del solicitante, conforme al artículo 33 de la Ley N° 20.430, en relación con su artículo 30, y al artículo 52 del Decreto N° 837 de 2010, que faculta al servicio para ordenar el archivo de la solicitud por abandono del procedimiento, entendido este como la inactividad del solicitante por más de treinta días que paralice su tramitación. Añade que la entrevista de elegibilidad constituye, en los términos del artículo 40 del mismo reglamento, un elemento esencial del procedimiento de determinación, de modo que la incomparecencia injustificada impidió reunir los antecedentes indispensables para adoptar una decisión sobre el fondo de la solicitud.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que la notificación se practicó mediante carta certificada dirigida al domicilio informado por el propio solicitante, en conformidad con el artículo 46 de la Ley N° 19.880, aplicable supletoriamente en virtud del artículo 25 de la Ley N° 20.430, entendiéndose practicada a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda.

Precisa que a la época de la citación no existía obligación legal de notificar por medios electrónicos Añade que pesaba sobre el solicitante la obligación de fijar domicilio e informar oportunamente cualquier cambio, y que ha caducado su permiso de residencia temporaria, quedando sujeto a las normas generales de extranjería, sin que la autoridad haya dictado sanción migratoria alguna en su contra.

Solicita, en definitiva, que se tenga por evacuado el informe y se rechace la acción constitucional en todas sus partes, con expresa liberación de costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicha norma enumera, frente a los actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen su privación, perturbación o amenaza, mediante la adopción de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

CUARTO: Que corresponde determinar por esta vía si la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000 y del Oficio Ordinario N° NUM001, que ordenaron y mantuvieron el archivo del procedimiento, constituye un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace las garantías de los numerales 1 y 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, conforme con el mérito de los antecedentes, el actor informó a la autoridad migratoria como domicilio para efectos del procedimiento el ubicado en domicilio reservado y que posteriormente fue citado a entrevistas de elegibilidad mediante comunicaciones remitidas a dicha dirección, sin asistir a ellas y sin justificar su inasistencia.

Asimismo, consta que, aun cuando el recurrente afirma haberse trasladado con posterioridad de comuna, dicho cambio de residencia no fue oportunamente informado a la autoridad competente en los términos exigidos por la normativa especial que regula el procedimiento de determinación de la condición de refugiado, toda vez que el nuevo domicilio fue informado de forma extemporánea.

SEXTO: Que, en efecto, el artículo 33 N° 6 de la Ley N° 20.430 impone al solicitante la obligación de fijar domicilio e informar oportunamente cualquier modificación del mismo, mientras que el artículo 44 N° 6 del Decreto Supremo N° 837, que aprueba el Reglamento de dicha ley, establece expresamente que, de no comunicarse el cambio de domicilio dentro del plazo legal, se entenderán válidamente notificadas todas las comunicaciones y resoluciones remitidas al domicilio previamente informado por el solicitante. La misma disposición agrega que el incumplimiento grave o reiterado de tales obligaciones, cuando impida a la autoridad desarrollar adecuadamente el procedimiento, constituye antecedente suficiente para disponer el archivo o rechazo de la solicitud.

De esta forma, la circunstancia alegada por el recurrente, consistente en no haber recibido las comunicaciones enviadas por la autoridad debido a su traslado a otra ciudad, no puede ser imputada a la Administración, desde que fue precisamente su propia omisión en el cumplimiento de los deberes legales que le asistían la que generó tal situación.

SÉPTIMO: Que, asentado lo anterior, se debe precisar que el artículo 28 Bis de la Ley N° 20430 establece expresamente que si el solicitante no se presenta a la entrevista se archivará la solicitud por abandono del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del reglamento de la ley. A su turno, esta norma dispone que se podrá ordenar mediante resolución, el archivo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, de conformidad con lo establecido en la ley N°19.880, en los casos de abandono del procedimiento o de desistimiento de la solicitud, añadiendo que el abandono del procedimiento se producirá por la inactividad del solicitante por más de treinta días, que paralice el procedimiento.

Así, en el presente caso, la actuación de la autoridad recurrida se ajustó a las facultades que le confieren los artículos 28 Bis de la ley N° 20430 y 52 del Decreto N° 837 que establece su reglamento, en relación con los artículos 40 y 43 de la Ley N° 19.880.

En efecto, luego de la inasistencia del solicitante a las diligencias esenciales del procedimiento y de la prolongada inactividad que impidió continuar su tramitación, la Administración se encontraba legalmente habilitada para declarar el abandono del procedimiento y ordenar su archivo, decisión que, además, constituye una de las formas de terminación expresamente previstas por el legislador.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no existe acto ilegal o arbitrario susceptible de amparo constitucional, motivo por el cual la presente acción será desestimada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-16610-2026.