nombre reservado con MUTUAL DE SEGURIDAD CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN -

C.A de Santiago Santiago, diez de julio de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Felipe Gallardo Toledo, abogado, en nombre y representación del recurrente don nombre reservado, cesante, interponiendo Recurso de Protección, en contra de Superintendencia de Seguridad Social, en adelante “Suseso” representada por doña nombre reservado, o por quien haga las veces de tal, y, en contra de Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, en adelante “Mutual de Seguridad”, representada por don nombre reservado, o por quien haga las veces de tal, por el acto arbitrario e ilegal consistente en declarar la enfermedad del actor como de origen común y no profesional. Estima como vulneradas las garantías constitucionales de los numerales 1, 2, 3 y 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se declare que el actor tiene el carácter de enfermedad profesional y, no común como indican arbitrariamente ambas instituciones recurridas; se ordene acceder a las prestaciones y tratamientos médicos que correspondan con cargo al seguro de ley 16.744; con costas.

Expone que a la fecha de la presentación del recurso, su representado actualmente se encuentra cesante, toda vez, que, fue despedido por su ex empleador Operaciones Integrales Chacabuco S.A. a través de la causal del artículo 161 inciso 1 del Código del Trabajo, esto es, “Necesidades De La Empresa” el 07 de marzo 2023, precisando que detentaba la calidad de jefe operacional senior, con una antigüedad y trayectoria superior a 13 años de servicios, teniendo siempre a su cargo grupo extenso de trabajadores.

Indica que su cargo dependía exclusivamente del nombre reservado Gerente nombre reservado de la empresa, explicando que dentro de todo el tiempo que prestó servicios el actor nunca tuvo problemas con las personas que ostentaron el cargo de nombre reservado Gerente nombre reservado, que en el tiempo de 13 años, ese cargo fue ocupado a lo menos por 3 profesionales.

Asevera que a partir del mes de febrero 2022, asume una nueva persona en dicho cargo de nombre reservado Gerente nombre reservado, precisando que los inconvenientes laborales que llevaron a su representado a verse perjudicado en su integridad psíquica y física por largo periodo de tiempo, fueron bajo las órdenes del Sr. nombre reservado, su nueva jefatura, sin conocer la trayectoria y experiencia de del actor.

Refiere que el inconveniente que devino en el quiebre de confianza sobre el recurrente, y que genero una serie de hostilidades de su nueva Jefatura en el tiempo, fue partir que en el mes de marzo 2023 el Sr. nombre reservado toma conocimiento que el Sr. nombre reservado, fuera de mantener un cargo de confianza de la empresa, a su vez era Dirigente Sindical.

Expone que el actor no fue elegido en el nuevo directorio Sindical, y al cabo de 6 meses de su fuero, se ordenó su despido el 07 de marzo 2023. No obstante, indica que dentro de 1 año (2022 -2023), el Sr. nombre reservado fue víctima de hostilidad de Jefatura; mal diseño organizacional y liderazgo disfuncional del Sr. nombre reservado nombre reservado Gerente nombre reservado.

Señala que al momento de su despido, su representado experimentó una serie de síntomas que antes trató de manejar, que luego desencadenó afectación de su estado de ánimo, emocional y entró en un estado de angustia y depresión que originó aislarse de su grupo familiar, buscó ayuda Psicológica siendo indicado que mantenía anhedonia, cansancio físico y psicológico, alteraciones del sueño como insomnio de mantención con poca sensación de descanso, unido a sueños con contenido laboral, apetito disminuido con baja de 6 kilos desde marzo 2023 hasta ahora, alteración de la concentración, memoria y de la autoestima con diagnóstico de “EPISODIO DEPRESIVO MODERADO CON SINTOMATOLOGÍA ANSIOSA”, según da cuenta informe Psicológico, que acompaña.

Afirma que dicha profesional, entendiendo que el origen de su afectación era de origen Laboral, lo derivó a consultar posible enfermedad profesional a la Mutualidad que se encontraba adherida su ex empleador.

Precisa que el 17 de mayo de 2023, la Mutual de Seguridad extiende RECA folio Nº 5464731, resolviéndose el rechazo de enfermedad profesional, indicándose en dicho documento que corresponde a enfermedad común, siendo derivado a atención particular por su Isapre, sin fundamentar ni indicar la Mutualidad de Seguridad, si el trastorno declarado de adaptación, provenía de otro origen distinto al denunciado en su fuente laboral, lo cual no existe otro origen distinto, más que como consecuencia de todo lo relatado.

Agrega que el 19 de mayo de 2023, el Sr. nombre reservado ingresó vía página web de Suseso “Apelación” Folio Nº 743527, creándose expediente R-85987-2023, donde acompañó un relato exhaustivo de los hechos denunciados; informes médicos; declaración voluntaria por escrito de sus testigos, firmada por éstos y copia de RECA.

Asevera que con fecha 09 de febrero 2024, mediante correo electrónico, fue notificado por SUSESO el Sr. nombre reservado, adjuntándose RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-22866-2024, REF: Calificación origen de enfermedad. Salud mental. No procede otorgar la cobertura del Seguro de la Ley N°16.744, que escuetamente y sin mayor profundización son los fundamentos para su rechazo.

Estima como vulneradas las garantías constitucionales de los numerales 1, 2, 3 y 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, citando normativa internacional que apoya su tesis, concluyendo que la decisión de las recurridas lo fue en términos vagos, ambiguos, ilegales y arbitrarios.

Segundo: Que informando la recurrida, Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de La Construcción, por intermedio del abogado, señor Roberto Torres Rebolledo, solicita el rechazo del recurso, con costas.

En primer término, alega la improcedencia del recurso de protección, toda vez que el fundamento de la acción se basa únicamente en una supuesta afectación al derecho a la seguridad social, en donde lo que pretende es que por la vía de este recurso se revise el actuar de su parte y de la Superintendencia de Seguridad Social en cuanto a la calificación de su patología. Agrega que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, el derecho a la seguridad social no está amparada por la acción cautelar que motiva estos autos, razón por la cual el recurso es absolutamente improcedente.

Enseguida, alega falta de legitimación pasiva de su parte, ya que el recurso se interpone tanto en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, como de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, solicitando se declare como ilegal y arbitrario la Resolución Exenta N° R-01-UME-22866-2024, que es en virtud de la cual, establece el plazo para la interposición del recurso. En este sentido, considera que su parte carece de legitimación pasiva frente a los derechos que se intentan hacer valer en el presente recurso, ya que el acto denunciado como ilegal y arbitrario por la recurrente, ha sido dictado por la Superintendencia de Seguridad Social, tal y como reconoce en su propio recurso.

En cuanto al fondo, expone que atendido lo dispuesto en el Libro III, Título III del Compendio de Normas sobre el Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley N° 16.744, su parte procedió a evaluar al trabajador, efectuando los exámenes y estudios pertinentes, concluyendo que el trabajador sufría de un trastorno de adaptación, precisando que dentro de este proceso se determinó la ausencia de factores de riesgo, concluyendo el Comité de Calificación que la patología que presenta la recurrente era de origen común, toda vez que no tenía relación de causalidad directa con el ejercicio de sus funciones.

Agrega que la Superintendencia por su parte, y ante el reclamo del recurrente, confirmó el obrar de mi representada, mediante la Resolución Exenta N° R-01-UME-22866-2024.

Hace referencia al artículo 7° de la Ley 16.744.

Finalmente, indica que no se ha vulnerado garantía constitucional alguna del recurrente, ya que toda la actuación que efectúan los Organismos Administradores se encuentra regulada y fiscalizada por la Superintendencia de Seguridad Social, institución que debe calificar en última instancia respecto de la procedencia de estas prestaciones, lo que en la especie ha ocurrido.

Concluye aseverando que es precisamente por aquello que lo obrado por su parte no ha constituido un acto arbitrario o ilegal que infrinja o que implique perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguna garantía constitucional objeto del recurso de protección. Por el contrario, se ha ajustado a la normativa y procedimientos legalmente establecidos en relación con la materia.

Tercero: Que informando la Superintendencia de Seguridad Social, solicita el rechazo del recurso, por cuanto no ha existido de su parte una actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la recurrente la vulneración de un derecho constitucionalmente garantizado o siquiera su amenaza. Lo anterior, por cuanto su parte en el caso del procedimiento administrativo que tuvo por objeto la evaluar la situación que afecto al trabajador recurrente y, de acuerdo con los antecedentes administrativos que acompaña a su informe, se limitó a resolver sus reclamos, con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria que regula esta particular manifestación del derecho a la Seguridad Social.

Alega, en primer término, la improcedencia de la presente acción, por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

Refiere que la calificación de una enfermedad como de etiología común o laboral, cuestión de hecho relacionada con una materia de orden médico de la Ley N° 16.744, sus procedimientos de reclamos o apelaciones contempladas en los artículos 77 y 77 bis de la Ley N° 16.744, las implicancias de cobertura del seguro social en comentos, son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección, de acuerdo al artículo 20 de la Carta Fundamental.

Finalmente, sostiene que los artículos 77 y 77 bis de la Ley N° 16.744, en el marco de los procedimientos de reclamo que contempla, establece que su parte, resuelve con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, los reclamos relaciones con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos.

Alega ausencia de un acto ilegal o arbitrario emanado de la Superintendencia de Seguridad Social, toda vez que su actuación, se ajusta a las normas que regulan la determinación del origen, esto es, si es común o laboral, y que están contempladas en la Ley N° 16.744 y sus cuerpos reglamentarios.

Hace referencia al marco normativo que regula la materia de autos, precisando que la calificación de una enfermedad como profesional o común, según se cumplan o no los presupuestos contemplados en la definición del siniestro denominado “enfermedad profesional” prescrita en el artículo 7° de la Ley N° 16.744, las prestaciones médicas y económicas que contempla la cobertura del mismo, de resultar procedente, las eventuales secuelas que puede dejar en un trabajador o trabajadora y las prestaciones económicas que de ello se deriven, se inserta dentro del sistema de protección o seguridad social creado por el referido cuerpo legal.

En cuanto a la revisión del caso del Sr. nombre reservado, por la Superintendencia de Seguridad Social, asevera que no se verifica exposición a factores de riesgo de tensión psíquica en el ejercicio del trabajo, que pudiera explicar la emergencia de la sintomatología, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-UME-22866-2024, de fecha 09 de febrero de 2024.

Sobre la materia, destaca que en atención a los antecedentes médicos y administrativos aportados al expediente del recurrente, los facultativos del Organismo informaron: “Dra. nombre reservado. Ficha Médica Seguro Laboral (…) Fundamentos de la resolución: Se sugiere considerar como común. Se trata de paciente ex jefe de garzones. Consulta a mutualidad por sospecha de enfermedad laboral. Mutual considera comun y ahora paciente reclama por calificación. Señala hostilidad de jefatura, la que no aparece en EPT. incluso si existiese no hay criterio de cesación, ya que informes presentados son varias semanas posterior a desvinculación y señalan sintomatología intensa y en aumento”.

A mayor abundamiento, hace presente que, en los casos como el de la especie, en que se discute una cuestión de hecho que se refiere a una materia de orden médico, el procedimiento general de reclamo previsto en el citado artículo 77 de la Ley N° 16.744, que dispone que su parte resuelve estas reclamaciones, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. Alega ausencia de derechos vulnerados, precisando que lo que existe en la especie es un dictamen emanado de su parte, dictado dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con las facultades fiscalizadoras que le han sido entregadas por el legislador, por lo que tampoco existe un actuar ilegal o arbitrario.

Finalmente, asevera que no se trata de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en el Organismo de Control.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que, en primer término, las recurridas alegaron la improcedencia de la acción de protección al tratar el recurso de una materia relacionada con el derecho a la seguridad social, establecida en el numeral 18° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esta que debe ser desestimada, dado que si bien, resulta ser efectivo que dicha garantía no se encuentra amparada en el artículo 20 de nuestra Constitución, ante actos u omisiones arbitrarias o ilegales de autoridades o particulares que importen una privación, perturbación o amenaza, lo cierto, es que el presente recurso, fue interpuesto invocando las garantías que se estiman como eventualmente vulneradas, son las comprendidas en los números 1°, y 2º, del artículo 19 de la Carta Fundamental, y no aquella del número 18°.

Sexto: Que en cuanto al fondo, el recurrente, pretende a través del presente arbitrio constitucional que, se declare que la enfermedad del actor tiene el carácter de enfermedad profesional y no común como indican arbitrariamente ambas instituciones recurridas y se acceda a las prestaciones y tratamientos médicos que correspondan con cargo al seguro de ley 16.744.

Séptimo: Que al efecto, preciso es recordar, como se ha sostenido invariablemente por la jurisprudencia, para la procedencia de la acción constitucional de protección, que es indispensable que quien recurre ostente un derecho de carácter cierto, determinado e indubitado, que amerite su cautela en un procedimiento breve y concentrado, como el de autos.

En este caso, de lo informado por las recurridas, y el mérito de los antecedentes que se han acompañado, resulta evidente que el actor discrepa de la calificación que se ha hecho por los organismos competentes, en cuanto al carácter de la patología que presenta, no obstante que en todas las instancias administrativas han sido rechazadas sus alegaciones, calificando su padecimiento, como enfermedad común, al concluir, luego del análisis de los antecedentes clínicos y laborales, que la afección presentada por el actor no es de origen laboral.

Octavo: Que, en consecuencia, de lo dicho, desde ya debe señalarse que la calificación de una enfermedad o padecimiento como de origen común, laboral o profesional dice relación con una cuestión de hecho y es materia técnica y profesional, que pertenece al campo de la seguridad social, de competencia de un organismo experto, médico y especializado, a quien le corresponde determinar si la afección o patología de que se trata, constituye una enfermedad común o de carácter profesional, según se colige de los artículos 77 y 77 bis de la Ley 16.744, así como también, de la letra c) del artículo 2 de la Ley Nº16.395 que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social; reclamación que no consta se haya ejercido por la vía administrativa.

Noveno: Que de lo razonado, y como ya se dijo anteriormente, la discrepancia que somete el recurrente por esta vía cautelar en cuanto al origen y carácter de su patología, así como las peticiones concretas que somete a esta Corte, desborda los límites de esta acción constitucional la que tiene por objetivo garantizar y proteger derechos indubitados, debiendo ocurrir ante la sede que corresponda a hacer valer todas las probanzas que sean pertinentes, todo lo que conduce necesariamente a desestimar el arbitrio impetrado.

Décimo: Que ante la ausencia de un acto arbitrario e ilegal, se estima innecesario emitir pronunciamiento respecto a si se encuentran vulneradas las garantías que han sido denunciadas en su acción cautelar.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el deducido en nombre de nombre reservado, en contra de Superintendencia de Seguridad Social y de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1.658-2024.-